El pasado noviembre, el Gobierno español presentó un anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que impone cuotas de distribución a las grandes plataformas de comercialización de contenidos audiovisuales. En caso de salir adelante, servicios como HBO, Netflix o Amazon Prime Vídeo deberán dedicar un 5% de sus ingresos generados en España –y en el resto de países miembros– a la financiación de películas o series producidas en Europa. Estas plataformas se verán también obligadas a adaptar su esquema de contenidos para garantizar que, al menos, un 30% de su catálogo se compone de producciones europeas.

Algunos requerimientos de la nueva Ley, que transpone una Directiva europea, se inscriben en la tradición francesa de la política de cuotas a la industria cultural. Se trata de una política que tiene evidentes implicaciones económicas, en tanto que puede incentivar la producción cinematográfica local y favorecer la generación de empleo en este sector productivo. Pero también posee un registro constitutivo, ya que persigue diversificar las posibilidades de consumo cultural, otorgando un “piso” de importancia a las representaciones simbólicas propias de los actores nacionales y territoriales.

La evaluación de la “excelencia” en las artes ha conducido, en muchos casos, a la exclusión de grupos sociales ya minusvalorados

Dicha dimensión constitutiva fue uno de los ejes centrales del proyecto político-cultural bienestarista, nacionalista y civilizador desarrollado en Europa tras la II Guerra Mundial, que estuvo particularmente ligado al criterio de la “excelencia” artística. Desde entonces, el valor de la excelencia cultural ha sido integrado en la acción pública siguiendo principalmente dos modelos. Por un lado, diversos gobiernos de orientación socialdemócrata han asumido la perfección artística y el fomento de la identidad colectiva como parámetros secundarios y propios de ciertas esferas de la acción pública. Por otro lado, los enfoques liberales se han caracterizado por sostener una cierta primacía de las valoraciones estéticas en la toma de decisiones sobre la cultura, como es el caso del Reino Unido. La calidad artística –por ejemplo, en los concursos para la asignación de subvenciones– es entendida como un factor objetivo a ser considerado por el responsable de la política cultural y como un parámetro fundamental para la provisión de financiamiento a la creación.

Diferentes autores han apuntado los déficits del enfoque liberal para el diseño de las políticas públicas, debido a las definiciones siempre contextuales del valor artístico. La evaluación de la “excelencia” en las artes ha conducido, en muchos casos, a la exclusión de grupos sociales ya minusvalorados, bajo criterios instrumentales, románticos o idealistas. En este sentido, Dave O’Brien (en 2014) destacó las tensiones entre los valores asociados a las experiencias subjetivas de las artes y la necesidad de atender “formas más amplias de valor asociadas con la democracia y la rendición de cuentas”. Aquí subyace una disputa hegemónica entre las políticas culturales mayormente basadas en el valor intrínseco del arte y la cultura, por una parte, y aquellas desarrolladas bajo criterios instrumentales de eficiencia y de excelencia, por otra. 

Hoy, la digitalización de los bienes y servicios introduce nuevas variables en estos debates, especialmente en relación con el rol que debe jugar el Estado en la industria cultural. El escenario actual se caracteriza por la emergencia de nuevas barreras a la democratización cultural relacionadas con el avance de los intercambios virtuales en un mercado global. En este contexto, se ha hecho evidente la necesidad de una actualización de las estrategias de gestión pública de la cultura de orientación redistributiva. En particular, cabe preguntarse por la vigencia de los instrumentos político-culturales orientados al desarrollo local y a la protección del patrimonio simbólico comunitario en un mercado audiovisual crecientemente mediado por algoritmos.

En España, el 52,2% de la población dispone en su hogar de suscripciones a plataformas digitales de contenidos culturales

El procesamiento de datos masivos ha generado mecanismos más opacos y menos controlables de orientación del consumo, que nos obligan a repensar las relaciones entre Estado e industria cultural. Actualmente en España, el 52,2% de la población dispone en su hogar de suscripciones a plataformas digitales de contenidos culturales. El 38,9 % de estos contratos se corresponden con servicios de películas o series. La mayoría utilizan algoritmos de recomendación que “aprenden” de su interacción con los usuarios y usuarias, procesando múltiples datos, como sus programas más vistos, el tipo de dispositivo que utilizaron o su hora de conexión, entre muchos otros. Mediante técnicas de procesamiento de datos, estos modelos algorítmicos son capaces de adaptar la oferta audiovisual al perfil de los consumidores. Esto les permite “entender” sus gustos y preferencias, pero también predispone posibles sesgos, que pueden ser abordados según tres dimensiones principales.

En primer lugar, se encuentra la discriminación algorítmica. Un caso con cierta resonancia en este sentido fue el de la escritora negra Stacia L. Brown. Revisando la página principal de su cuenta de Netflix, Brown reparó en una imagen de la película Like Father. Se trataba de un lanzamiento protagonizado por Kelsey Grammer y Kristen Bell, dos actores blancos, pero que se presentaba con la foto de dos actores menos conocidos, Blaire Brooks y Leonard Ouzts, ambos negros. Aunque Netflix respondió a la polémica señalando que sus algoritmos de recomendación no utilizan la categoría “raza” para asignar contenidos, dicha forma de segmentación puede ser aprendida por el sistema sobre la base de otras fuentes de sesgo. El llamado “proxy bias” puede conllevar que un algoritmo que no ha sido entrenado en la categoría “raza”, la “aprenda” sobre la base del procesamiento agregado de otros atributos directa o indirectamente relacionados, como datos geográficos, de compra, movilidad o preferencia.

En segunda instancia, cabe considerar la dimensión estética de este fenómeno y los posibles efectos de la automatización de la oferta en el ámbito cultural sobre la construcción del gusto. La capacidad de captación y orientación de los patrones de consumo de una masa creciente de consumidores ha sido enmarcada dentro del fenómeno más amplio de la “cultura algorítmica”. El esteta Emanuele Arielli (en 2018) ha señalado que el proceso de clasificación algorítmica del contenido cultural y su correlación con nuestras predilecciones “no solo tiene la función de satisfacer nuestras preferencias de una manera cada vez más refinada, sino también redefinir cómo percibimos, disfrutamos e interpretamos esos productos”. Si bien la evidencia sobre las derivaciones de la inteligencia artificial sobre los procesos de valoración estética es todavía limitada, es necesario proyectar nuevas formas de desigualdad desde la esfera pública. Cabe examinar, particularmente, las posibles formas de elitización y desdiferenciación cultural promovidas por el uso de la inteligencia artificial en la distribución del contenido de plataformas.

En tercer lugar, otro aspecto importante de la extensión de la mediación algorítmica y la plataformización cultural es el de la desigualdad de clase en el acceso a distintas expresiones artísticas. En el caso español, cabría considerar, por ejemplo, en las características demográficas de los millones de espectadores y espectadoras que accedieron a la exitosa serie Patria, basada en el libro homónimo de Fernando Aramburu. En un contexto donde el 31,5% de la población declara no leer libros y donde las ratios de lectura en el resto de la población están estrechamente ligadas a los niveles de estudio, la recomendación algorítmica puede devenir en un mecanismo que tiene un impacto relativo sobre quiénes efectivamente visitan este contenido o sobre las formas de disfrute estético y de apropiación del mensaje implícito en estas obras. Teniendo en cuenta la estrecha relación entre el capital económico y cultural de las personas, la cual ha sido también advertida en el dominio del acceso a los servicios de plataformas, debemos entender las implicaciones más profundas de la extensión de estos sistemas automatizados para las prácticas de consumo artístico y de entretenimiento. Se trata de abordar los posibles mecanicismos e inequidades que puedan esconder sistemas cada vez más capaces de capturar con precisión la marcada subdiferenciación estética y cultural que caracteriza a la sociedad actual.

El anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual del que hablábamos al inicio contempla mecanismos de promoción de la producción audiovisual local, así como aspectos de género (Arts 6, 11) o de clase (Arts 5, 10), mediante la intervención en el mercado de plataformas. No obstante, cabe preguntarse sobre su incidencia constitutiva en términos de acceso efectivo, y por parte de los grupos sociales más desfavorecidos, a una pluralidad de contenidos audiovisuales. Este interrogante cobra mayor relevancia si tomamos en cuenta la situación institucional y social actual. Por un lado, el marco normativo español en torno al procesamiento automático de contenidos culturales se encuentra casi limitado a la protección de datos, como, por ejemplo, con respecto al derecho de oposición a las decisiones automatizadas, reflejado en la LOPD (Arts 11 y 18). Además, las iniciativas públicas en este terreno son escasas. Por otro lado, los estudios sobre la percepción de la inteligencia artificial en el país revelan una combinación de suspicacia con optimismo tecnológico. Una reciente investigación cualitativa con jóvenes de entre 15 y 29 años evidencia una cierta aceptabilidad de la inteligencia artificial como marco de toma de decisiones en sus prácticas culturales; una cosmovisión en línea con la noción de “inteligencia delegada” desarrollada por la filósofa Marina Garcés. Este escenario sugiere la necesidad de acompañar las políticas de cuotas y de promoción de la industria cultural con mecanismos de acceso a una oferta cultural y estéticamente diversa. Será central, con este fin, facilitar a la ciudadanía instrumentos que garanticen un mayor control sobre el procesamiento algorítmico y aseguren la demanda de rendición de cuentas a las grandes corporaciones.

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Mariano Martín Zamorano es doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio e Investigador del CECUPS, Universidad de Barcelona.