De la misma forma que bastaron pocas semanas para demostrar que el virus de la covid-19 no golpea con la misma dureza a toda la población –el 93% de los muertos durante la primera ola tenía más de 65 años–, tampoco han hecho falta demasiados meses para comprobar que la crisis provocada por la pandemia también está afectando de forma muy desigual a nivel económico y social. Así lo denuncia un reciente informe publicado por Oxfam Intermón, en el que se advierte que cerca de 800.000 personas han caído en la pobreza severa durante el año 2020. 

En un país que lleva tiempo atravesado por la desigualdad –ya antes de la pandemia, España era el quinto Estado de la UE con peores ratios de exclusión y pobreza–, el virus está funcionando como acelerador de muchos de los problemas estructurales de la última década. En este sentido, Oxfam alerta de la enorme brecha que se está abriendo, como ya ocurriese con la crisis de 2008, entre la población con menos recursos y la más acomodada. Proporcionalmente, las personas más pobres habrían perdido, según las estimaciones, hasta siete veces más renta que las más ricas en el contexto del coronavirus.

Y no se trata solo de un problema anclado a nuestro país. La ONG, que también denuncia en otro informe internacional el aprovechamiento que muchas grandes riquezas han hecho del virus y la crisis adyacente, asegura que “en tan sólo nueve meses, las mil mayores fortunas del mundo ya han recuperado las pérdidas económicas originadas por la pandemia de covid-19, mientras que los cerca de 200 millones de personas que, según el cálculo del Banco Mundial, podrían haber caído en la pobreza por la pandemia necesitarían más de una década para recuperarse”.  

Los dos documentos de Oxfam, que la organización publica anualmente de forma paralela a la celebración del foro de Davos, ofrecen bastantes más cifras sobre el duro impacto que está teniendo el virus en el tejido social y económico de nuestro país, al tiempo que repasa la efectividad de algunas de las medidas que se han adoptado durante 2020 para limitar los estragos de la crisis.

En términos proporcionales, las 800.000 personas que han caído en pobreza severa suponen que 5,1 millones de habitantes, uno de cada diez en nuestro país, viven ahora mismo con menos de 16 euros al día, mientra que la población que se encuentra en pobreza relativa alcanzan ya los 10,9 millones –un 23% de la población, la peor cifra en una década–.

Por su parte, de todos los motivos que explican el crecimiento de la inequidad, el estudio subraya que “el acceso al empleo se ha configurado como el principal factor de generación de desigualdad a lo largo de la pandemia”, siendo la población joven, las mujeres y las personas de origen migrante las que más han sufrido las dentelladas del coronavirus en el mercado laboral.

Entre los primeros, la desigualdad en los ingresos salariales ha crecido 1,6 veces por encima del promedio, y la tasa de desempleo ya afecta a más de la mitad de la fuerza laboral menor de 30 años. Además, la población joven no solo se concentra en los empleos más precarios, también en aquellos que más han sufrido los parones por el avance del virus. Tanto es así que la proporción de jóvenes trabajando en los sectores cerrados y con actividad limitada “se elevaba hasta el 22,62%, casi el doble que la proporción de jóvenes trabajando en el conjunto de la economía (13,77%)”. 

La ONG se muestra muy crítica con otras medidas de contención, como el Ingreso Mínimo Vital, que de momento solo ha llegado a 160.000 hogares, un 20% de los previsto

Otro de los colectivos que han sufrido con especial severidad los embates del coronavirus han sido las personas migrantes, un colectivo donde uno de cada cinco trabajadores se encuentra desempleado y donde el paro ha crecido más de cinco puntos si se comparan el tercer trimestre de 2019 y el de 2020. 

Las mujeres, por su parte, representan tres cuartas partes de la población que trabaja a tiempo parcial y casi el 60% de las que están subempleadas y han sufrido durante 2020 una mayor caída de las horas de trabajo remunerado que los hombres.

Frente a todas estas cifras, Oxfam subraya la capacidad protectora que han demostrado los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo puestos en marcha en marzo, que según cálculos de la organización, han evitado que aumentara la desigualdad y que 710.000 personas más pasaran a sufrir una situación pobreza este año. 

“La capacidad del Estado para reducir la desigualdad a través de las diferentes prestaciones durante los meses más duros de la pandemia ha resultado excepcional y crítica”, señala sobre esta circunstancia el documento, que pone como ejemplo el impacto de las políticas públicas durante 2019, cuando el Estado redujo en promedio la desigualdad en 4,3 puntos de Gini, y 2020, en el que la reducción fue en promedio de 8,2 puntos.

Pese a esto, la organización se muestra muy crítica con otras medidas de contención, como la implementación y el avance del Ingreso Mínimo Vital, que de momento solo ha llegado a 160.000 hogares, un 20% de los previsto. Según los cálculos de la ONG, si la ayuda se hubiera implementando en su totalidad habría evitado que 230.000 personas cayeran, como efectivamente han hecho, en situación de pobreza severa: “El actual diseño del IMV elimina la prestación por hijo a cargo que ya existía anteriormente y deja a millones de niños y niñas en pobreza relativa sin apoyo público”.