El sistema de transferencias y de protección social en España no está construido para ayudar a las capas más desfavorecidas y con menos recursos. Un año después del inicio del coronavirus y a la espera de conocer el impacto real de un Ingreso Mínimo Vital que sigue arrastrando deficiencias e importantes retrasos, esta es una de las conclusiones que se pueden extraer de un informe publicado recientemente por la OCDE, una de las organizaciones internacionales que durante los últimos meses más ha insistido en que nuestra economía será la más golpeada de los países desarrollados tras la debacle del virus.

Entre otros datos y mediciones, el documento señala que, a finales de 2018, cerca del 30% de las ayudas sociales que recibió la población en edad de trabajar fueron a parar al quintil más rico de la población, mientras que lo destinado a la población más pobre apenas rondaba el 12%. Las cifras, además de preocupantes en el contexto de la pandemia, contrastan fuertemente con lo que ocurre en otros países como Nueva Zelanda, Australia y el Reino Unido, donde “los hogares con menos ingresos reciben casi un tercio del total de transferencias, mientras que solo el 6% pasó al quintil superior”.

En 2016, las rentas mínimas apenas ofrecieron cobertura a algo más del 10% de la población con menos ingresos, pese a que la tasa de pobreza en ese grupo aún superaba el 85% 

¿Dónde está el origen de este desequilibrio entre la capacidad de protección de unos países y otros? Según la OCDE, una de las principales razones para que España ofrezca menos salvaguarda a su población más vulnerable es el excesivo peso que tienen las cotizaciones a la Seguridad Social dentro del sistema público, así como la escasa presencia de otras ayudas no contributivas que pasan casi de forma forzosa a un plano secundario. “La mayor recepción de ayudas entre los grupos de ingresos más altos refleja un sistema de transferencias poco o nada redistributivo, y que requiere historiales de contribución que los grupos de bajos ingresos a menudo no logran”, señala la organización internacional, que advierte que “no todas las transferencias sociales estén diseñadas para redistribuir la riqueza desde las capas ricas a las pobres”.

En este contexto, España aparece como uno de los países donde el sistema opera a dos velocidades y de forma especialmente disfuncional: más de la mitad de los ingresos que tienen los hogares más pobres provienen de ayudas públicas, pero la gran mayoría de ellas dependen de las cotizaciones que ha realizado cada ciudadano, lo que termina dejando fuera a amplias capas atrapadas en el desempleo de larga duración o en la falta de estabilidad laboral.

Estas deficiencias estructurales también son evidentes cuando la OCDE analiza la cobertura que han venido ofreciendo las rentas mínimas de inserción en los últimos años, de recuperación económica pero también de pervivencia de problemas de pobreza y exclusión. 

En 2016, último año con datos actualizados por la organización internacional para los doce países que aparecen en el estudio, las rentas mínimas puestas en marcha por las comunidades autónomas apenas ofrecieron cobertura a algo más del 10% de la población con menos ingresos, pese a que la tasa de pobreza en ese grupo aún superaba el 85%. 

Según Save The Children, más de la mitad de las familias en situación de pobreza ha solicitado el subsidio, pero solo un tercio está efectivamente recibiendo el ingreso

Si bien se ha anunciado con insistencia que el Ingreso Mínimo Vital podría reducir la baja cobertura que hasta el momento han demostrado estas ayudas, los últimos datos sobre su impacto apuntan a una problemática similar, tanto en el fondo como en la forma. Según una encuesta realizada por la ONG Save The Children a finales de año, más de la mitad de las familias en situación de pobreza ha solicitado el subsidio, pero solo un tercio de los que han conseguido iniciar los trámites está efectivamente recibiendo el ingreso. 

No es la primera vez que la OCDE advierte, en un breve periodo de tiempo, sobre el carácter regresivo del sistema de transferencias en nuestro país: a mediados de 2020, otro informe de la organización repasaba la baja capacidad que nuestras prestaciones ofrecen a la hora de aliviar la pobreza y la desigualdad. Recientemente, y también en el contexto de la emergencia económica provocada por la covid, otros estudios han subrayado la baja eficacia de las rentas de inserción que existen a nivel autonómico.