Follón en Las Gaunas. Todo un vicepresidente de España asegura que el suelo que pisamos no disfruta de plena normalidad democrática. Gritos de roja y expulsión. Un escándalo. No es para menos. Es tan poco habitual oír a un miembro del Gobierno en activo hacer una declaración de este tipo como escuchar en la radio un anuncio de Securitas Direct que no genere reflujo gástrico. Si la grada pide la tarjeta roja no es por lo que dice Pablo Iglesias. Quejas como las del vicepresidente las podemos encontrar en cualquier cafetería, supermercado o –haz consumo de cercanía– tienda de barrio. Hay estudios. En el marco del 40 aniversario de la Constitución Española, el CIS preguntó por el nivel de satisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia. El 54,8% de los encuestados se declaró poco o nada satisfecho. No he mirado la letra pequeña de aquella encuesta, pero me arriesgo a asegurar que de ese casi 55% habría algunos que no eran familia de Iglesias. En la encuesta sobre la monarquía de la Plataforma de Medios Independientes, realizada el pasado octubre, la satisfacción con la democracia obtenía una media de 4,5 sobre 10.

Tangana en el césped. El problema no es lo que se dice, algo que puede compartir tu vecina del segundo, sino que lo diga todo un vicepresidente que representa a España en este momento. Es intolerable, repiten las tertulias. Intolerable por mucho que ya estemos acostumbrados a ver declaraciones parecidas en este juego. Sin ir más lejos, el PP, que grita desde la grada penalti y expulsión, asegura esta misma semana que el juicio de la caja B del PP es un juicio político y que Bárcenas ha pactado con la Fiscalía un paripé para hundir a los populares. Decir esto y decir que España no es una democracia plena es exactamente lo mismo, pero no nos distraigamos de lo verdaderamente importante en este país: Pablo Iglesias. Mientras todo esto sucede, España se retuerce de dolor en el césped por la patada de Iglesias. Ojo que se lleva la mano al tobillo. Podría haber lesión, anuncia a pie de campo el diario El Mundo que ha contactado con unos cuantos diplomáticos para que confirmen los peores augurios: las declaraciones de Iglesias destrozan la imagen internacional de España. Una pena. Con lo bien que estábamos.

Hay que consultar el VAR. Si uno observa a cámara lenta a los principales poderes del Estado, encontramos un Poder Judicial controlado por la agenda de los partidos y, de propina, con el mandato caducado desde hace años. Vemos también una Jefatura del Estado en plena crisis tras los escándalos y huida del Borbón y un poder político que uno no es capaz de distinguir a veces del poder empresarial. Un poder empresarial que controla los medios de comunicación que deberían velar por la independencia y el servicio público y un poder político dispuesto, si hace falta, a crear una policía patriótica para destruir evidencias judiciales o difundir informaciones falsas desde esos medios de comunicación que controla y financia para atacar a rivales políticos. Como diría un cantante de reguetón, la gozadera. Si a esto le sumamos cien mil tipos tirados en cunetas o un candidato que se presenta este domingo a la presidencia de la Generalitat celebrando en Twitter el golpe de Estado del 36, el veredicto del VAR es claro si no te va el rollo sadomaso de ponerte una venda en los ojos: en España hay democracia, pero está bastante lejos de que nos pongan las cinco estrellas en TripAdvisor. Es decir, no hay falta de Iglesias, pero sí expulsión. No puede ser que todo un vicepresidente vaya por ahí diciendo la verdad.

Me contaba Julio Anguita en una entrevista que le hice hace años algo que he tardado tiempo en descifrar. Cuando un gobernante de izquierdas llega al poder tiene dos tareas por delante: la primera es representar a la institución y la segunda es impugnarla. Las instituciones, decía Anguita, tienen, como todas las estructuras de poder, una lógica de derechas y es responsabilidad del gobernante de izquierdas cambiar eso. El actual Gobierno es un buen ejemplo. Recién expulsado de la secretaría general del PSOE, Pedro Sánchez hablaba en Salvados sobre cómo el poder empresarial consiguió moverle la silla para intervenir en las elecciones democráticas de 2016 e imponer un Gobierno de Rajoy al que no le daban los números según lo votado. Los ministros socialistas de aquel mismo Pedro Sánchez salen hoy en tromba a repetir, consiguiendo no reírse, que la democracia española es plena. No una buena democracia con muchas cosas mejorables, no una democracia simpática, no: una democracia pleeeena. Plena como un pleno al 15 acertando el Eibar-Getafe, plena como la batería de un móvil en ese delicioso momento en el que alcanza el 100% de carga. Democracia plena: el musical.

El PSOE representa como nadie el respeto a las lógicas de derechas cuando toca poder. Lo correcto es lo correcto independientemente de la realidad. Responsabilidad institucional. Es el nombre que, en algún momento de la historia posterior a los antiguos griegos, le dio alguien a esta curiosa patología democrática consistente en que lo responsable era engañarnos colectivamente. En el caso de Iglesias, y de ahí el follón en la grada, parece que ha decidido aplicarse el anguitismo y cambiar las lógicas de la institución para, desde ella, hacer algo nuevo y por tanto escandaloso: decir una verdad evidente que no debería sorprender a nadie. Declarar, desde el mismísimo Gobierno y aunque genere ampollas, que la democracia española está, como diría el frutero de mi barrio –poco concienciado el hombre con los micromachismos–, como el coño de la Bernarda. Fin del encuentro. “Partido feo y sin goles, pero con polémica en el césped”, titulan los periódicos locales. En lugar de poner los problemas reales en el centro, es uso y costumbre que el debate público español consista en esto. En escandalizarse, un día sí y otro también, por obviedades. Incluso porque alguien diga una obviedad como que tenemos problemas de calidad democrática. Este nivel de debate público es otro elemento que hace que estemos a años luz de ser una democracia plena.