Con un nuevo impulso, los pañuelos verdes vuelven a flamear en el horizonte de la región en la lucha por la vida digna. Como fichas de dominó, un país empuja a otro país cuando se trata de ampliación de derechos. La despenalización y legalización del aborto en Argentina tuvo su efecto expansivo, como lo había tenido la discusión de 2018, porque el feminismo en América Latina y el Caribe tiene raíces transfronterizas y el feminismo local ha estado a la vanguardia desde la irrupción de Ni Una Menos. Ahora, algunos procesos legislativos que estaban ralentizados se aceleraron, pero no todos han avanzado: ante la conquista que llegó desde el sur hubo reacciones en contra de la vida y la salud de mujeres y todas las personas gestantes. La contraofensiva conservadora y antiderechos no se ha quedado inmóvil.

En un continente en el que el 97% de las personas en edad reproductiva habitan contextos restrictivos en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos, una ventana de oportunidad se abrió el pasado 30 de diciembre cuando el Senado argentino votó a favor del aborto legal. En Latinoamérica todavía cinco países prohíben el aborto sin excepciones (El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití) y es la única región del mundo donde los embarazos en menores de 14 años siguen aumentando. “Argentina ha dado un paso adelante en favor de los derechos de millones de niñas, mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar. Se han puesto a la vanguardia de la región latinoamericana”, dice Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos (CDR).

Las fichas en el tablero de ampliación de derechos tuvieron sus primeros movimientos del otro lado de la cordillera. En Chile, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas fijó fecha para discutir el proyecto de ley de despenalización del aborto consentido en las primeras 14 semanas de gestación. Era una propuesta preparada por Corporación Humanas que estaba estancada en el Congreso desde hacía dos años. Si bien en 2017 Chile había aprobado la interrupción legal del embarazo por causales, como ocurre en otras latitudes, las causales muchas veces son obstáculos y la criminalización persiste. En el país trasandino, a nivel nacional, la mitad de los médicos de hospitales públicos se declararon objetores. “No bastan tres causales” es el grito de las organizaciones feministas chilenas.

El proyecto de modificación del Código Penal había sido presentado en 2018 por un conjunto de parlamentarias y su discusión no había avanzado con el estallido social de por medio. La conversación sobre los derechos sexuales y reproductivos fueron una llama que las chilenas mantuvieron encendida en estos últimos años. Sobre todo en el recorrido de la nueva Constitución que tendrá un órgano paritario único en el mundo.

A diferencia del proceso que se dio en Argentina en 2020, en la gestión de Sebastián Piñera no hay voluntad política de acompañar esta iniciativa

Cuando habían pasado apenas 13 días del 2021, finalmente, comenzó la discusión. Las diputadas de la Comisión escucharon a la Corporación Humanas y a la Mesa de Acción por el Aborto en Chile como autoras de esta moción. En la segunda reunión, el 20 de enero, fue el turno del Gobierno: a diferencia del proceso que se dio en Argentina en 2020, en la gestión de Sebastián Piñera no hay voluntad política de acompañar esta iniciativa. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, básicamente desestimó la necesidad de una modificación a la legislación vigente. Y recalcó que la postura del Gobierno es creer que “la vida existe desde la concepción”.

“Claramente no son partidarios de este proyecto de ley. No lo consideran necesario. Consideran que la ley de tres causales es suficiente, que la apoyan y que la siguen implementando”, dice la abogada Camila Maturana, de la Corporación Humanas.

Las parlamentarias integrantes de la Comisión acordaron destinar dos sesiones más para escuchar exposiciones de especialistas en materia penal, dos reuniones más para recibir a representantes del área de la salud y tres encuentros para conocer la opinión de organizaciones de la sociedad civil. Con este cronograma de un total de siete audiencias, la Comisión retomó la discusión el 3 de marzo y terminará con las reuniones el 21 de abril, para pasar luego a la votación en general. En el medio, habrá elecciones de convencionales constituyentes el 11 de abril.

La esperanza verde está puesta en Chile pero también en Colombia donde puede haber avances. El 19 de septiembre de 2020, 91 organizaciones y más de 150 activistas nucleadas en el movimiento Causa Justa, interpusieron una demanda conjunta en la que le piden a la Corte Constitucional de este país que elimine el delito de aborto del Código Penal por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y del personal de salud. La demanda fue admitida en octubre y se presentaron más de 100 opiniones expertas nacionales e internacionales ante este tribunal. Las activistas calculan que entre abril y mayo puede haber novedades.

Aunque la sentencia C-355 de 2006 ha sido un logro importante para el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las colombianas, porque reconoció el derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos, se repite lo que ocurre en otros países: las causales son un obstáculo. “Casi 15 años después de trabajar por la implementación de tres causales que fueron reconocidas por la propia Corte Constitucional, estas causales se siguen quedando cortas para proveer un acceso efectivo al procedimiento de aborto para mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar. Durante todos estos años se han seguido presentando múltiples obstáculos para poder acceder al aborto, tales como requisitos adicionales, estigma contra las mujeres, niñas o las personas que buscan este procedimiento. Al igual que para los y las profesionales de la salud que lo proveen. Hay mucha desinformación que impide que las mujeres que están en las zonas rurales y más alejadas puedan acceder a este procedimiento”, dice Cristina Rosero, asesora legal para América Latina y el Caribe e integrante del Centro de Derechos Reproductivos (CDR). Las cifras del país cafetero muestran que las más pobres siguen siendo aquellas que son criminalizadas por este delito. En la actualidad hay más de 5.000 casos abiertos por delitos de aborto.

En México, con la discusión de 2018 en Argentina y el cambio de gobierno, se renovaron las energías y desde 2019 el esfuerzo para despenalizar y legalizar es paso a paso, estado por estado. En la Ciudad de México, la legalidad existe desde 2007 y en 2019 este derecho se amplió al estado de Oaxaca.En 2020 hubo intentos en Guanajuato que no prosperaron y 2021 empezó con expectativas sobre Quintana Roo, pero el pleno del Congreso rechazó el proyecto. También hubo presentaciones de proyectos en Michoacán y Puebla.

Las cifras del país cafetero muestran que las más pobres siguen siendo las criminalizadas; actualmente hay más de 5.000 casos abiertos por delitos de aborto

En Argentina, la ley que el Gobierno de Alberto Fernández promulgó el 14 de enero no fue un punto de llegada sino más bien un lugar de partida. La vigilia no se terminó. Como habían anunciado senadores opositores en el recinto en diciembre, la contraofensiva conservadora y antiderechos fue por la judicialización en distintos puntos del país. Además de la defensa de la ley, viene una etapa de pedagogía feminista para el ejercicio pleno de este nuevo derecho. Y habrá que trabajar en la liberación de aquellas que nunca deberían haber estado encerradas: un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) habla de 1.532 causas iniciadas por aborto y 37 por eventos obstétricos. Los pañuelos no se guardan en Argentina porque queda mucho por hacer. 

No se vale tanto odio

Sin embargo, no todo es avance de casilleros en el tablero de ampliación de derechos. También están los retrocesos. En Honduras, en un debate veloz, el Congreso aprobó el 21 de enero una reforma constitucional que blinda la posibilidad de discutir una ley de aborto legal. Honduras tiene una de las legislaciones más restrictivas a nivel mundial en materia de derechos sexuales y el aborto está penalizado en todas sus circunstancias. La anticoncepción de emergencia está prohibida por el acuerdo ministerial 2744-2009 de fines de 2009, después del golpe de Estado. Esto significa que la legislación vigente prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto. Tampoco existen protocolos de atención a víctimas sobrevivientes de violencia sexual.

La legislación vigente prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto

La propuesta surgió de parte del diputado Mario Pérez del Partido Nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Lo llamó “escudo contra el aborto” y tuvo el apoyo de legisladores de distintas bancadas que se reunieron con representantes de la confraternidad evangélica, miembros de la Iglesia católica y el “Comité Pro Vida” para sellar este blindaje. Lo ocurrido en Honduras no debería subestimarse y marca un punto de inflexión para toda la región porque señala el rumbo estratégico que tomarán las fuerzas ultraconservadoras ante los avances.

Entre 1994 y 2020, más de 50 países han liberalizado sus leyes en relación al aborto. Además, 176 han eliminado las prohibiciones totales según el mapeo que actualiza el Centro de Derechos Reproductivos (CDR) al ritmo de los avances y retrocesos. “Hoy empezamos a escribir otra historia: la historia de buscar más derechos donde los desequilibrios aún existen”, dijo el presidente argentino Alberto Fernández en el acto de promulgación de la ley 27.610 el 14 de enero de 2021 en el Museo del Bicentenario. “Ya no tendremos muertes en abortos clandestinos. Habrá menos lesiones en la salud de las mujeres. Habrá menos perforaciones de útero. Habrá menos humillaciones, menos sufrimientos y esa reparación que hace hoy el Estado nos enorgullece profundamente”, enumeró emocionada la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Parecía imposible hace algunos años escuchar estas palabras en boca de un presidente y una funcionaria de primerísima línea. Lo que la lucha sembró se sumó a una decisión a favor de la salud y la vida de parte del gobierno nacional. La experiencia argentina es difícil de exportar porque hay una historia y un linaje de lucha en cada país y cada territorio tiene sus temporalidades. Sin embargo, el horizonte de la vida más digna, ahora que es ley para las pibas, se hizo un poco más nítido para el resto de la región. 

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Florencia Alcaraz, residente en Buenos Aires, es periodista, cofundadora y codirectora de Latfem, portal latinoamericano de noticias feministas. Es autora del libro ¡Que sea ley! La lucha de los feminismos por el aborto legal (2019).