No tenemos todavía datos de los organismos oficiales de estadística sobre cómo afectará la pandemia covid-19 a los datos demográficos. Algunos medios han publicado en los últimos meses proyecciones del impacto esperado: la reducción de la esperanza de vida y de las tasas de natalidad y emigración, aunque es improbable que se modifiquen las tendencias demográficas a largo plazo.

El envejecimiento de la población es una de las variables de la fase actual de la transición demográfica en las sociedades occidentales. Nacen menos criaturas, aumenta la esperanza de vida, disminuyen las personas en edad de trabajar. La clásica pirámide de población está adoptando la forma de vasija y muchos de los recursos, instituciones y estereotipos de fases anteriores resultan ineficaces o insuficientes para atender los cambios en las necesidades y demandas de estas nuevas realidades. El grupo de personas mayores de 65 años crece continuamente, en términos absolutos y porcentuales dentro de las sociedades occidentales. A finales de 2018 eran un 20,3% de la población de la UE y un 19,20% de la española. En España, un 6,8% de la población era, a esa fecha, mayor de 80 años.

Que vivamos más años debería ser una buena noticia, pero vemos que el envejecimiento de la población está siendo tratado como un problema que debe “resolverse”. Podemos analizarlo, sin embargo, desde otro punto de vista. Se trata de una realidad a la que debemos adaptar recursos y discursos, ya que la población de esa edad no pierde sus derechos y tiene unas necesidades específicas que deben ser atendidas. Una vida digna en la vejez está ligada a unos ingresos mínimos y al acceso a servicios básicos que en este momento no están suficientemente garantizados. 

Los principales ingresos de los mayores de 65 años son las pensiones. El sistema actual de pensiones contributivas no está ligado a las necesidades de esas personas, sino a su contribución a la Seguridad Social durante la vida laboral. Un sistema adecuado a una sociedad “salarial”: con empleo estable y adecuadamente remunerado para gran parte de la población en edad de trabajar, con un salario considerado como ingreso familiar, una vida laboral que se inicia a edades tempranas y una renovación generacional que garantiza el futuro del sistema.

Nuestra realidad actual se aleja, parece que sin remedio, de ese escenario. Somos una sociedad “post-salarial”, con generalización del empleo inestable y precario, entrada tardía y difícil permanencia en el mercado laboral, y períodos grandes de desempleo. Un cambio que afecta a las pensiones presentes, porque no hay ingresos suficientes para financiarlas, y a las futuras, porque una gran masa de personas no conseguirán los mínimos de cotización para acceder a una pensión contributiva adecuada. 

Las pensiones no contributivas palían en parte esta situación pero su baja cuantía las hace inadecuadas como alternativa. Así que es necesario buscar una fuente de ingresos complementaria para garantizar un mínimo vital para las personas mayores. No tiene sentido que este nuevo sistema esté basado en la limitación del acceso o del recorte de la prestación, como se propone desde posiciones de la derecha política. Es necesario acudir a fuentes alternativas a los salarios para su financiación, vía presupuestos generales o impuestos específicos. Del mismo modo, es preciso revisar las incompatibilidades entre diferentes pensiones cuando su suma no supera ese mínimo vital, o con otros ingresos alternativos como la realización de trabajos esporádicos, que hoy por hoy están muy castigados y, o bien pasan al mercado laboral negro, o bien disuaden de mantener la actividad; beneficiosa en muchos aspectos además del económico.

Puede sorprendernos saber que en 2018 la mayor renta anual media en España era la de las personas mayores de 65 años, lo que tiene más que ver con el deterioro de las rentas salariales y el mercado laboral en general, que con el aumento de las pensiones. Explica que sean estas últimas el sostén de muchas familias que han visto precarizadas al límite sus condiciones de vida, sobre todo desde la crisis de 2008 y, previsiblemente, en esta nueva crisis. 

Menos sorprendente resulta saber que, aunque la mitad de las pensiones contributivas en España las cobran mujeres (más de cinco millones), se trata, en gran parte, de pensiones de viudedad. La gran brecha de género, entre la media de 1.178 euros de los varones y los 757€ de las mujeres, se hace más profunda al ser también mujeres el 65% de las perceptoras de pensiones no contributivas, de mucho menor importe.

El aumento de la esperanza de vida (en 2018 en España 80,4 años para varones y 86,1 para mujeres) no puede ser valorado sin tener en cuenta las condiciones en que se vive. Ya que, junto a esa esperanza, aumentan los años vividos con salud y autonomía, pero, en mayor medida, los vividos con limitaciones severas (3,5 años para los varones, 4,6 para las mujeres). Limitaciones en la salud y la autonomía para la vida en general.

La gran brecha de género, entre la media de 1.178 euros de los varones y los 757€ de las mujeres, se hace más profunda al ser también ellas el 65% de las perceptoras de pensiones no contributivas

En términos de recursos sanitarios, hablamos sobre todo de enfermedades crónicas que demandan cuidado personal y seguimiento permanente, pero que no tienen curación. El cuidado requiere recursos diferentes a la curación. La sanidad pública española, más centrada en la curación, no es capaz de atender con la misma calidad con la que cura enfermedades agudas esas diferentes necesidades para el cuidado de las enfermedades crónicas. Para hacerlo, se necesitarían más recursos en la Atención Primaria, fundamentalmente en enfermería y geriatría. 

Ya en 2019, el Consejo General de Enfermería advertía de la necesidad de crear 125.000 nuevas plazas de enfermería para acercar la ratio de atención de 5,8 profesionales por mil habitantes española a la medias de la UE, de 8,2. Po su parte, la geriatría es una especialidad relativamente nueva y, en cierto modo, no totalmente aceptada. En España, en 2018, había 850 geriatras entre la sanidad pública y la privada y las plazas MIR ofrecidas para ese servicio eran menos del 0,9% del total. Realizar este cambio de tendencia en el sistema sanitario público traería como consecuencia añadida la creación de empleo en el territorio, la posibilidad de fijar población joven y asalariada en nuevos lugares, incluidas las zonas rurales.

La salud es una parte importante de la atención a la dependencia, pero no la única. Al promover la economía de los cuidados, se debe tener en cuenta la diversidad de las situaciones de las personas dependientes y los distintos grados de dependencia. Desde la institucionalización a los hogares unipersonales, las parejas mayores o las familias cuidadoras. 

Priorizar que las personas mayores sigan viviendo en su casa el mayor tiempo posible no sólo es buena solución para esas personas, además es más barata para las arcas públicas. Pero hay que garantizar que estos cuidados en el domicilio se prestan en buenas condiciones. Si son las familias (mujeres en un 89%) quienes cuidan se debe remunerar y acompañar ese cuidado adecuadamente, con respiros familiares y otras prestaciones que anunciaba ya en 2006 la ley de dependencia. La recuperación del pago de la seguridad social a las cuidadoras familiares va en este camino, pero es insuficiente. 

Más de dos millones de personas mayores de 65 años viven solas en España. Un millón y medio son mujeres. Aunque sea en muchas ocasiones una soledad deseada y la atención domiciliaria, tanto presencial como telemática, proporcione cierta compañía y ayuda, no se pueden negar los problemas que acarrea la soledad cuando se junta con la dependencia. En estos meses de pandemia se han hecho más visibles. Debido al confinamiento, aparecen nuevas necesidades de ayuda, como hacer la compra o atender síntomas tempranos de enfermedad. En muchas ocasiones, estas necesidades han sido atendidas por la solidaridad de vecinas y vecinos, al no existir recursos públicos disponibles. Otra fortaleza de los hogares unipersonales, en términos de salud, frente a las personas institucionalizadas, es que las residencias son lugares especialmente sensibles a los contagios. Existen todavía pocas soluciones residenciales intermedias, de tipo comunitario, alternativas a las residencias, que mantengan la autonomía y combatan la soledad, pero es previsible que surjan después de lo sucedido los últimos meses.

Las consecuencias de la pandemia obligan a revisar el funcionamiento de los recursos residenciales para mayores, tanto centros día como residencias. A la escasez de plazas públicas, que seguirá siendo una debilidad del sistema, incapaz de atender la demanda, se suma ahora la constatación de un fracaso en su funcionamiento durante la crisis sanitaria, que se resume en cifras de contagios, enfermedad y muerte, inasumibles por cualquier sociedad. Debemos conocer en detalle qué falló y cómo remediarlo, para modificar su estructura y servicios y adecuarlos a las necesidades y riesgos de este tiempo. 

Esta nueva formulación de los centros para mayores tiene que servir también para ejercer mayor control sobre los de iniciativa privada que, según las estadísticas, afrontaron mucho peor la crisis sanitaria que los centros públicos. La iniciativa privada gestiona el 73% de las más de 384.000 plazas de residencias en España. El envejecimiento y la atención a la dependencia suponen una oportunidad de negocio para las empresas privadas, pero los poderes públicos deben garantizar que el afán de lucro no deteriore los servicios que presta el mercado, sea directamente o a través de concesiones públicas, porque están gestionando derechos básicos de personas vulnerables. 

Garantizar los derechos de las personas mayores, a la salud, a una vivienda digna, a unos ingresos suficientes, no es solamente una obligación marcada por la ley, no es solo cuestión de justicia o de solidaridad.  Priorizar en la agenda pública la economía de los cuidados afecta y beneficia a la sociedad en general. Unas pensiones dignas mejoran las rentas familiares de varias generaciones. Una atención sanitaria adecuada crea empleo (sobre todo femenino y joven) en el territorio, al igual que la atención domiciliaria a la dependencia. La creación de plazas públicas y el control estricto de las privadas en residencias mejora también las condiciones laborales en esos centros y mejora las posibilidades de conciliación de las familias.

Mejor que preocuparnos por el envejecimiento de la población, ocupémonos en serio de esa realidad y todas y todos saldremos ganando.

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Ana Luísa Bouza Santiago es socióloga.