Empiezan a ser recurrentes y significativas las filtraciones de posibles medidas fiscales del Gobierno español, que se convierten en “erratas” en cuanto las redes y los medios de comunicación recogen quejas aparentemente generalizadas contra ellas. ¡Qué contraste con el gobierno Biden, que presenta sus propuestas sin complejo alguno y con aplauso mayoritario!

En el ámbito fiscal, como en cualquier otro de la política, lo primero y fundamental es tener claros los objetivos, hacia dónde se quiere caminar. En el caso español, creo que no debería haber mucha discusión. 

Acortar la brecha fiscal

En primer lugar, hay que acortar la brecha estructural entre gastos e ingresos. La primera legislatura del presidente Zapatero presentó un inusual superávit presupuestario. Pero desde la crisis de 2008, el déficit se ha convertido en crónico y se ha disparado con motivo de la crisis del covid. Las previsiones para estos próximos años no parecen contar con su reducción sustancial si no se toman medidas correctoras. Más todavía cuando en los planes de recuperación se incluyen reformas que implicarán, previsiblemente, un incremento en gastos estructurales.

En paralelo, lógicamente, la deuda no ha dejado de crecer, sin que sirva de consuelo que nos superen algunos socios comunitarios. Las ayudas europeas van a suponer un incremento de ese nivel de endeudamiento, tanto por la parte que llegue como préstamo, como por la carga compartida que representarán el resto de los fondos.

Los bajos tipos de interés están suponiendo un cierto alivio en la carga de esa deuda. Pero esa ventaja tenderá a cambiar. En todo caso, absorbe un porcentaje creciente de nuestros gastos públicos. El pago de deuda e intereses se convierte en la principal partida de gasto, con lo que el margen que nos queda para el resto de los programas sociales, pensiones, seguridad, carreteras, etc. es obviamente menor.

Para acortar ese desfase entre gastos e ingresos la opción pasada fue, como es sabido, recortar gastos. La llamada política de austeridad se ha demostrado funesta. No hemos solucionado el déficit estructural y la pandemia ha evidenciado las carencias heredadas de esas políticas de recortes. Recuperar el terreno perdido va a exigir inversiones cuantiosas para revertir esos recortes y cubrir las múltiples lagunas pendientes en I+D+i, en la España vaciada, en las transiciones energética y tecnológica…

La conclusión es evidente: necesitamos incrementar la capacidad recaudatoria de nuestro sistema tributario. Este es el primer mensaje que debe enviar, inequívocamente y sin complejos, cualquier gobierno serio. La alternativa es reducir servicios públicos para poder hacer frente con recursos escasos a una carga creciente de deuda y a su necesaria reducción en el medio plazo.

Ninguna evidencia histórica o comparada sostiene la afirmación de que bajando impuestos aumenta la recaudación. Presuntos ejemplos como los que se aducen desde la Comunidad de Madrid son manifiestamente engañosos. Este caso se explica por una mezcla de situación de privilegio y de competencia desleal que merecerían un análisis específico.

Las experiencias norteamericanas han mostrado que las rebajas impositivas han favorecido a los más ricos, no han generado empleo y han llevado a enormes déficits fiscales. Por mucho que se repitan mentiras no se convierten en verdad cuando los datos son tozudos en dirección contraria.

Eliminar privilegios fiscales

Todos los análisis de nuestro actual sistema tributario muestran que está lejos de cumplir los principios de igualdad y progresividad que exige el artículo 31.1 de la Constitución española. La carga impositiva recae fundamentalmente sobre las rentas de trabajo y sobre las clases medias, con tratos de privilegio injustificados que suponen un enorme coste recaudatorio. 

Por ello, lo repetimos desde las plataformas por la justicia fiscal, la solución no es subir los impuestos de quienes ya soportan una carga homologable con la de los países de nuestro entorno. El camino está en reducir los privilegios existentes y hacer que todos paguemos realmente de acuerdo con nuestra capacidad económica, como exige el artículo constitucional citado.

A estas alturas todos sabemos que hay margen para incrementar nuestros recursos, que la media europea de presión fiscal está en torno a siete puntos porcentuales del PIB por encima de la española. Si queremos un nivel de derechos equiparable a los de esos países, tenemos que reducir esa diferencia. 

Las experiencias norteamericanas muestran que las rebajas impositivas han favorecido a los más ricos, no han generado empleo y han llevado a enormes déficits fiscales

La lucha contra el fraude y la evasión, el adecuado tratamiento de la imposición sobre las grandes sociedades (nacional e internacional, de nuevo Biden como ejemplo), la equiparación del trato fiscal de las rentas y patrimonios financieros frente a otras fuentes de ingresos u otro tipo de bienes, un mínimo de tributación para las herencias elevadas, el gravamen de transacciones financieras… son ejemplos del amplio margen que existe para incrementar recaudación sin tocar a trabajadores ni clases medias. La mayoría de las reformas que se proponen afectan tan solo al 5% (o menos) de la población, a aquellos que, con una gran capacidad económica, están tributando muy por debajo de lo que se espera de un sistema tributario progresivo. Y están siendo defendidas con curiosa unanimidad por instancias internacionales nada sospechosas de izquierdismo.

La propaganda liberal suele argumentar que la presión normativa española es perfectamente comparable con la europea. Los tipos impositivos aplicados, se dice, son semejantes. Este argumento refuerza la idea de que la presión soportada por la mayoría de la población puede considerarse suficiente. Pero oculta el análisis de la carga final efectiva de impuestos. 

El sistema tributario español padece una maraña de beneficios fiscales al servicio de los lobbies más influyentes, que alteran la carga real de los impuestos y tiene una incidencia notablemente regresiva.  Quienes tienen medios para usar y abusar de la ingeniería fiscal son quienes consiguen reducir sus cargas impositivas sin consecuencia alguna sobre el bienestar general. Es significativo que las grandes empresas soporten una carga tributaria notoriamente inferior a la de las pequeñas y medianas. 

Es necesaria una reducción de la gran mayoría de esos beneficios fiscales que suponen una sangría muy importante a la recaudación de ingresos públicos, que tienen en su mayoría una escasa justificación social (en términos de eficacia real, más allá de presuntas buenas intenciones) y un impacto especialmente favorable para los hogares con más renta. Además, complican enormemente la gestión de los tributos, con molestias para la mayoría de los contribuyentes y distracción de los sistemas de inspección, absorbidos por el control de miles de pequeñas partidas en vez de centrarse en las grandes bolsas de defraudación.

Así lo señaló un estudio de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que analizó una parte, solo una parte, de esos beneficios fiscales y apuntó líneas de reflexión absolutamente necesarias. Entre otros, los referidos a la tributación conjunta que, curiosamente, benefician (según sus estimaciones) el doble a las rentas altas que a las bajas. Es absolutamente normal que se citara su posible revisión en un informe en el que se informa a Bruselas de las líneas futuras de ajustes fiscales.

Pues bien: se filtra (convendría saber por qué concretos intereses) en medios de comunicación, se desatan los comentarios en las redes… y el Gobierno rectifica alegando que se trata de una errata. Un error que se suma a otros tantos.

No más complejos fiscales

Es un error que la información aparezca como filtración, en vez de responder a una presentación formal y global por parte del Gobierno. Las filtraciones son siempre parciales y sesgadas. Lo que se espera de un gobierno es que las haga innecesarias porque informa previamente de lo que se pretende y de las razones que le asisten. Tenemos un muy serio informe técnico que aconseja reflexionar sobre este y otros aspectos y lo vamos a hacer. ¿Es para avergonzarse? Más lo sería decir que se desprecia ese estudio y se mira para otro lado.

Y es un error igualmente reaccionar cobardemente, alegar una supuesta errata y borrar la alusión. Asustarse y achicarse ante la prensa hostil significa renunciar a cualquier reforma sensata de la tributación. El sesgo mayoritario de nuestros medios de comunicación es evidentemente contrario a cualquier intento de imposición sobre las grandes rentas o fortunas. Y asustarse ante las redes es estar a merced de muy pocas personas activas que son capaces de incendiarlas con enorme facilidad.

Lo que necesitamos es que el Gobierno pierda el miedo, tenga claras las ideas y los objetivos y lidere a la opinión pública. Un gobierno que plantee hacia dónde queremos ir y por qué es imprescindible hacerlo en esa dirección. Arrugarse ante el ruido es rendirse en la batalla ideológica que las fuerzas conservadoras y neoliberales tan eficazmente libran desde hace años en contra de la imposición a los ricos y de la acción pública en favor de los más necesitados.

Tenemos nombrada una comisión de expertos de indiscutible prestigio y categoría profesional que ayudarán a orientar las medidas concretas. Confiemos en que tanto la comisión como el Gobierno sean valientes y capaces de proponer y explicar las medidas que son necesarias.

Confiemos en que las propuestas empiecen a aplicarse con celeridad. Buena parte de ellas afectarán marginalmente a personas que no van a reducir ni su consumo ni sus inversiones productivas (todo lo más, algunas especulativas). Es decir, que no supondrán ningún freno a la recuperación sino todo lo contario: trasvasaríamos recursos de fines asociales e improductivos a gastos de interés general y a incentivos de recuperación.

El liderazgo implica ir por delante de la opinión pública, mostrando caminos de futuro, informando y convenciendo. Desgraciadamente, parece confundirse con un seguimiento acomplejado de lo que dicen las encuestas. Que es tanto como seguir cobardemente a una opinión pública mediatizada por la propaganda de los lobbies ligados a los contribuyentes privilegiados. 

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Juan A. Gimeno es exrector de la UNED. Miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y de Economistas sin Fronteras.