Las modificaciones y exenciones que ha sufrido el impuesto de sucesiones durante los últimos años han mermado tanto su potencial que la capacidad recaudatoria de este tipo de tasas se ha reducido a cerca de la mitad respecto a lo que sucedía hace cinco décadas. Esta es una de las conclusiones que se puede leer en un reciente informe publicado por la OCDE, donde se advierte que este tipo de tasas podría –y debería– convertirse en una herramienta importante a la hora mejorar la igualdad y la redistribución de la riqueza, tras la crisis provocada por el coronavirus.

Los datos recopilados por la Organización de Estados Desarrollados son elocuentes y contrastan poderosamente con el alarmismo que se proyecta desde determinados sectores económicos y políticos: la recaudación fiscal por sucesiones y donaciones apenas representa un 0,53% de los ingresos totales que llegan a las arcas públicas de los Estados pertenecientes a la OCDE, mientras que en el caso de España el porcentaje solo es unas décimas superior, del 0,58%.

En un momento en el que la acumulación de riqueza por grupos cada vez más pequeños de población no deja de superar hitos, el documento recuerda que, en los años setenta, el peso de estas tasas sobre la recaudación fiscal superaba, de media, el 1% en la región económica de Estados desarrollados, un valor al que ahora solo llegan países como Francia, Japón, Bélgica o Corea del Sur. 

“Las generosas exenciones fiscales y otras formas de alivio son un factor clave que limita los ingresos de estos impuestos... Además, las desgravaciones benefician principalmente a los hogares más ricos, reduciendo la progresividad efectiva de los impuestos sobre sucesiones y sucesiones”, precisa el informe, que también recuerda algunos de los datos más llamativos sobre la concentración de riqueza que se ha experimentado en los últimos años. En la actualidad, el 10% de la población más acomodada de la OCDE acumula más de la mitad de la riqueza que hay en la región económica, mientras que el 1% más adinerado concentra en sus manos el 18% de la riqueza total. En España, estos porcentajes llegan al al 46% y 16%, respectivamente. 

Pese a esto, y a que los impuestos sobre sucesiones y donaciones ofrecen “costes de eficiencia más bajos” y “ventajas administrativas” sobre otro tipo de tasas al patrimonio, 12 de los 36 países de la OCDE analizados en el estudio no cuentan con ningún gravamen sobre las herencias en la actualidad, y nueve lo han abolido de forma directa desde los años setenta. En el resto, asegura el documento, el denominador común ha sido la introducción de deducciones cada vez más generosas y de bases imponibles más pequeñas.

En este sentido, el informe de la organización internacional también advierte de que, lejos de suponer un alivio común para la población de menos recursos, son las capas ricas las que, con mucha más frecuencia, declaran recibir herencias y donaciones. Y también son las que, con aún más diferencia, reciben los patrimonios más cuantiosos. En España, por ejemplo, aunque el peso de las herencias sobre la riqueza de los hogares más desfavorecidos es el más elevado de la OCDE, menos del 15% de este grupo de población declara haber recibido patrimonio a través de sucesiones o una donación significativa. Un porcentaje que entre las capas más pudientes llega a cerca del 55%. 

En el conjunto de la OCDE, por su parte, “la herencia promedio que recibieron los hogares del quintil de riqueza más bajo osciló entre los 300 y los 11.000 dólares. Para el 20% más rico de los hogares, el promedio de la herencia declarada osciló entre los 30.000 y los 526.000 dólares”. En este punto, España se sitúa como el tercer Estado de la OCDE donde se reciben herencias más elevadas, por encima de países como Alemania o Francia. 

Dentro del debate sobre la reactivación y la armonización redistributiva de este tipo de impuestos que recomienda llevar a cabo la organización internacional, el documento reserva un espacio para tratar el caso de la Comunidad de Madrid, donde estas tasas se bonifican prácticamente en su totalidad. Según las cifras y conclusiones recopiladas por la OCDE, las exenciones y bonificaciones a la sucesión han provocado que el número de población rica que viven en la región haya crecido en los diez últimos años un 10% más que otras comunidades, con los consiguientes desequilibrios territoriales que esto puede suponer.