Me he propuesto escribir algo sobre la Comunidad de Madrid y cómo ha gobernado el Partido Popular. Para ello quiero huir de la crítica basada en ridiculizar las declaraciones de quien gobierna esta región. No por respeto, sino porque ese escarnio no conduce a nada, salvo al consuelo de los maltratados. Es difícil decir más estupideces y mentiras de las que suelta por la boca Isabel Díaz Ayuso. Pero criticarla, escandalizarse o simplemente reírse de ello no revela lo que ha hecho el PP en Madrid. Han sido 26 años al servicio de los negocios de constructores y acaparadores de servicios públicos, privatizados o en régimen de concesión.

La lista de destrozos al bien común es larga, pero me voy a centrar en tres  asuntos clave: la bajada de impuestos, la entrega del derecho a la vivienda a especuladores y constructores y los recortes en sanidad. Todo ello para favorecer la actividad privada de estos servicios públicos y por tanto el negocio.

Dice Javier Fernández Lasquetty, consejero de Hacienda de Madrid, que entre 2004 y 2020 la bajada de impuestos de la Comunidad ha hecho que los madrileños se ahorren 48.000 millones de euros. Se puede expresar de la forma correcta si se le da la vuelta a la frase: entre 2004 y 2020, la Comunidad ha dejado de prestar servicios a los madrileños por valor de 48.000 millones de euros. Y atribuyo todo ese dinero a servicios públicos, porque los gastos innecesarios, como la subvención del espectáculo taurino, o el sueldo que cobró el líder fascista español, Santiago Abascal, por no hacer nada, no se dejaron de pagar. Según el consejero se benefició a cada contribuyente en 15.000 euros. No es cierto, porque no todo el mundo paga lo mismo a Hacienda y por lo tanto la rebaja no fue igual para todos.

El que declaraba 13.300 euros tuvo una rebaja de 69 euros en el impuesto. El de 260.000 euros en cambio fue mucho más afortunado, Ayuso le rebajó 3.170 euros

Por ejemplo, en 2019, último año en el que ha concluido la recaudación del IRPF. Partimos de la base liquidable (la que queda después de todas las deducciones) y comprobamos cuánto había que pagar en cada uno de los seis tramos de renta. Tomo como referencia 13.300 euros para la renta más baja y 260.000 euros para la más alta. A la Comunidad de Madrid, como al resto de las autonomías, le corresponde la mitad del impuesto y ahí puede bajar o subir la tarifa impositiva. En este caso, Madrid bajó los tipos impositivos de cada tramo de renta. ¿Cuál fue el resultado? El que declaraba 13.300 euros tuvo una rebaja de 69 euros en el impuesto. El de 260.000 euros en cambio fue mucho más afortunado, Ayuso le rebajó 3.170 euros. Una rebaja 46 veces mayor que la primera. Un premio por ser rico. Cuanto más gana cada contribuyente más se beneficia de la rebaja. Y así en todos los ejercicios en los que el PP presumió de bajar los impuestos. 

En el siguiente gráfico se muestran, expresados en euros, los seis tramos seleccionados, desde 13.300 euros hasta 260.000 de base liquidable. Es aquella a la que ya se han descontado las deducciones.  Se muestra también la escala, tanto de la mitad que corresponde al Estado, como de la que corresponde a la Comunidad de Madrid. Es la cuantía a partir de la cual se aplica el tipo impositivo por cada tramo, que figura en la columna siguiente. La cuota líquida es lo que finalmente tiene que pagar el contribuyente. La última columna refleja cuánto supone la rebaja aplicada por la Comunidad de Madrid, respecto a los tipos establecidos por el Estado. La rebaja para quien tiene 260.000 euros de base liquidable es 46 veces mayor que para el que declara 13.300. La rebaja es más elevada cuanto más se gana.

 Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Tributaria.

Pero hay más, Madrid es la única comunidad en la que no se tributa por tener riqueza. Perdona 900 millones de euros. El PP decidió no aplicar el impuesto de patrimonio, que solo pagan algo más de 27.000 personas en todo el país, las más ricas de los 19 millones de contribuyentes que hay en España. Y en Madrid, no hace falta decirlo, es donde más ricos hay. Otro premio a la riqueza que han otorgado Ayuso y sus antecesoras a quienes tienen más dinero. Además, si estos fallecen, sus herederos directos no tendrán que pagar por el impuesto de sucesiones, como en otras partes. Y claro, son especialmente beneficiados los más ricos, que por lógica son los que más heredan. Las rentas medias heredan poco y las bajas casi nada. Hay que recordar para los que usan el falso argumento de que con el impuesto mucha gente no podría pagar por la casa heredada, que la vivienda familiar donde se reside no tributa en ningún caso, está exenta.

Esto, que constituye la base de los impuestos que maneja el Gobierno autonómico, explica que a la comunidad madrileña se la considere como una especie de paraíso fiscal, solamente para los ricos, he de apostillar siempre. Por eso no debería extrañar a nadie que un beneficiado por una gran rebaja del IRPF y por no tener que pagar el impuesto de patrimonio, Kike Sarasola, regalase a la presidenta Ayuso un número indeterminado de días en una suite de un establecimiento de su propiedad. Ayuso le ha regalado mucho más, vía rebaja de impuestos, con el dinero de los madrileños. Sí extraña, en cambio, que el candidato del PSOE en la comunidad madrileña, Ángel Gabilondo, no sea partidario de modificar la fiscalidad que he descrito.

La vivienda

En 2013, la Comunidad de Madrid vendió a un fondo buitre 3.000 viviendas sociales que tenía alquiladas a otras tantas familias de renta baja. Fue en uno de los peores momentos de la crisis, cuando gobernaba Ignacio González, detenido poco después por corrupción, como tantos otros. Ahora libre, como tantos otros. Los buitres del fondo comenzaron a expulsar de sus casas a los inquilinos: 1.213 familias se quedaron en la calle. Muchos otros estaban en procesos de desahucio, paralizados gracias a las sentencias que declararon nula esta venta masiva de un bien social público. La Comunidad de Ayuso recurrió la decisión judicial en un claro acto de connivencia y reafirmación con la tropelía de Ignacio González. La justicia falló en su contra y el fondo buitre devolverá a la Comunidad de Madrid las viviendas que aún tiene en su poder. Las otras habrá que reclamarlas a los nuevos compradores. La comunidad asegura que devolverá las casas una a una a sus inquilinos originarios solo si lo solicitan vía judicial. Esta información, recogida de diversos medios, es la representación más fiel de la política de vivienda del PP en la Comunidad de Madrid. No se perpetró solo por el órgano autonómico: el Ayuntamiento con Ana Botella hizo lo propio con 1.860 viviendas sociales. En Tres Cantos, 1.000 viviendas de protección oficial para alquiler corrieron la misma suerte.

El último presupuesto de la comunidad madrileña, el de 2019, dos veces prorrogado por Ayuso, contempla la construcción de 44 viviendas de protección pública para alquiler. A ese ritmo, completar un parque de viviendas públicas para alquiler como el que vendió el gobierno madrileño del PP llevaría ¡67 años!

Ese mismo presupuesto destina dinero para actuaciones de vivienda: ayudas a la construcción, rehabilitación o alquiler por un total de 66 millones de euros. Pues bien, de ellos la mayoría, el 65 por ciento, es dinero que pone el Estado con el Plan Estatal de Vivienda.

Esto no quiere decir que no se hagan viviendas en Madrid. Claro que se hacen y más que en ningún otro sitio. En los últimos dos años completos 2019 y 2020, se terminaron en la Comunidad de Madrid 31.670 viviendas, superando a todas las demás, incluso a Andalucía y Cataluña, con más población. Hablamos, claro está, de viviendas libres, de puro mercado. Además, en toda la región hay más de 43.000 viviendas nuevas sin vender. El grueso procede del boom del ladrillo en 2008, pero en el caso de Madrid, en lugar de descender, el stock va en aumento, algo casi único. Ese exceso de vivienda no significa que los precios se hayan moderado. Desde 2014, el precio por comprar una vivienda en la autonomía madrileña ha subido un 52 por ciento y el alquiler el 40. En ese tiempo, desde 2014, fueron expulsadas de sus casas 44.545 familias por no poder pagar la vivienda, la gran mayoría inquilinos. Con ello se completa el círculo del mercado de la vivienda: más casas vacías, casas más caras y más gente expulsada de sus casas.

La sanidad

Son conocidos los desatinos acompañados de propaganda indecente que está padeciendo la gestión de la sanidad madrileña durante la pandemia. No voy a dedicar este artículo a todo lo derivado de la covid. No creo que pueda aportar más de lo ya dicho por otros. Solo recordaré que la preocupación de Ayuso, real o simulada, es dar prioridad al negocio (lo que llaman la economía) sobre la salud. Este principio puede considerarse el paradigma de la política sanitaria del PP, en este caso, el negocio de unos pocos frente a la salud de todos.

Durante el mandato de Ignacio González, el PP pretendió hacer una privatización completa de la sanidad pública madrileña. Javier Fernández Lasquetty, actual consejero de Hacienda, lo era entonces de Sanidad. 

En 1996, el año en el que el Partido Popular llegó al poder en la Comunidad de Madrid, la sanidad pública disponía de 14.000 camas hospitalarias. 26 años después tiene 800 menos. Mientras disminuían las plazas para ingresar en un hospital, la población madrileña ha aumentado en 1.600.000 personas.  En esto, como en tantas otras cosas, se comprueba el “ahorro” del que hablaba el consejero de Hacienda de Ayuso y que más correctamente, dándole la vuelta, supone el abandono de parte de los servicios públicos.

El cuidado de la salud es una de las obligaciones que tiene encomendada la Comunidad de Madrid. Sin embargo, lo mismo que al resto de los servicios básicos, se le puede sacar partido, se puede conseguir que sea un negocio.  La carencia de hospitales públicos se ha suplido con más privados, gran parte de los cuales son un negocio. Pero esa es la parte más pequeña de la tarta del negocio sanitario. Esperanza Aguirre acordó la construcción de ocho hospitales para lo que destinó 2.280 millones de euros. Los construyeron empresas en su gran mayoría del sector del ladrillo a cambio de quedarse con la gestión de los hospitales y recibir un canon durante casi 30 años. No fue suficiente y muchos reclamaron más dinero, que la Comunidad de Madrid les pagó. No hay ni que decir que muchas de las empresas concesionarias o sus dueños figuran en la relación de investigados por las conocidas redes de corrupción del PP, Gurtel o Púnica. Tampoco aporto novedad alguna al recordar que los dos consejeros de Sanidad de esos años, Manuel Lamela y Juan José Güemes, ocuparon puestos directivos en empresas de sanidad vinculadas a estos negocios.

La Paz tiene un coste de 526 millones de euros al año y 1.308 camas (400.000 euros anuales por cama). La Jiménez Díaz cuenta con 659 camas y recibe 372 millones (564.000 euros por cama)

La colaboración público-privada en el campo de la sanidad no es nueva y se justifica por considerarla más eficiente y por tanto menos costosa para el ciudadano. Es un argumento falaz, porque no tiene en cuenta la calidad o falta de calidad del servicio que se presta a los pacientes. Pero, con todo y con eso, también es falaz el argumento de que es más eficiente el sector sanitario privado. He tomado los dos hospitales más emblemáticos de cada sector: La Paz y la Fundación Jiménez Díaz. Este último, por cierto, es propiedad de una multinacional alemana del sector sanitario: Fresenius. Lo de fundación es un adorno proveniente del pasado. 

A lo que voy, La Paz tiene un coste de 526 millones de euros al año, según los presupuestos de la Comunidad de Madrid y dispone de 1.308 camas. El coste por cama es de 400.000 euros anuales. La Fundación Jiménez Díaz cuenta con 659 camas y recibe 372 millones. Eso es, un coste por cama de 564.000 euros. La conclusión: sale mucho más caro el gran hospital privado de Madrid que el público. Eso sin tener en cuenta la calidad y medios y profesionales de que dispone La Paz frente a la FJD.

Se pueden contar otras muchas cosas sobre el papel del Partido Popular al frente de la sanidad madrileña. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la atención primaria es la más pobre de España en la región más rica en renta. Sólo dispone de 6,3 centros de salud por cada 100.000 habitantes frente a los 16 de Cataluña, por ejemplo. Es la segunda con menos hospitales públicos por habitante, detrás de Baleares. 

Acabo. Mientras el PP siga gobernando, solo o en compañía de otros, lo hará como hasta ahora en favor de los ricos y en detrimento del resto. De paso, claro, se llevará una buena tajada para sí mismo. Lo que he explicado parece una demostración palpable. 

Hay que echarlos.