Presentado ya el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021 se pueden atisbar algunos cambios en las prioridades de política económica. Aquí nos centraremos en el análisis de algunas medidas tributarias que afectan al Impuesto de Sociedades (IS). Es bien conocida la situación de insuficiencia de ingresos públicos respecto al PIB de la economía española. A modo de ejemplo, si tomamos los ingresos públicos medios y el gasto público medio 2010-2020 (Gráfico 1), podremos observar que España ha tenido unos gastos por encima de sus ingresos sistemáticamente. Es cierto que la crisis financiera hizo estragos en todos los países de la UE, pero como se puede observar, el caso de España ha sido paradigmático. 

Ningún país en la UE sufrió una caída de ingresos públicos como España, y sobre todo, ninguno conserva una diferencia tan intensa y prolongada entre ingresos y gastos. No hay lugar ahora para recorrer los problemas del sistema tributario en España. Así que nos centramos solo en la acuciante situación del Impuesto de Sociedades (IS) –en efecto, hay varios indicadores que muestran una evolución negativa de este impuesto– y las medidas incluidas en el proyecto de PGE 2021. 

En primer lugar, hay que señalar la caída en la contribución al crecimiento de los ingresos públicos del IS desde la crisis del 2008. El verdadero problema es que dicha contribución no se ha recuperado más de 10 años después de la crisis financiera. Una explicación para este último hecho hubiera podido ser que las empresas no hubieran recuperado sus beneficios respecto a la situación pre-crisis (2008), pero es precisamente esto lo que más choca. En términos reales, mientras el resultado contable de las empresas (los beneficios brutos de explotación) se han incrementado un 34% desde la crisis financiera hasta 2018, el impuesto recaudado ha caído un 56%, como se ve en el Gráfico 2.

Hay razones generales que afectan a diversos países de la UE, y también operan en España, que ayudan a explicar este comportamiento del IS. Quizá la que más ha captado la atención, debido a su volumen, es la capacidad de las grandes multinacionales para trasladar beneficios desde países como España, con tributaciones normales, hacia países como Luxemburgo u Holanda. En efecto, estos dos países concentran el 50% de las “inversiones fantasmas” en todo el mundo, esto es, inversiones hechas a través de empresas pantalla sin actividad económica, que solo sirven para trasladar beneficios a paraísos fiscales con el fin de reducir la tributación en países como España. Si añadimos Hong Kong SAR, British Virgin Islands, Bermuda, Singapur, Islas Caimán, Suiza, Irlanda y Mauricio, estos 10 países concentran el 85% de dichas inversiones según datos del FMI.

Esta traslación de beneficios se realiza principalmente a través de tres técnicas diferentes. Una, la modificación de los precios de transferencia, esto es, los precios internos entre filiales del mismo grupo. Así por ejemplo Apple manipula los precios entre sus filiales en todo el mundo para que el beneficio declarado en Europa sea muy pequeño y por ende su tributación. En segundo lugar, las multinacionales manipulan los precios a los que se prestan dinero entre filiales, de forma que las filiales en países europeos pueden tomar prestado de sus filiales en países con baja tributación, reduciendo así el beneficio en países con tributación normal como son la mayoría de los europeos. En tercer lugar, las multinacionales mueven sus activos intangibles (marcas, logos, algoritmos, portfolios financieros…) a países de baja tributación. Este tipo de activos no tienen un precio real porque nunca han salido ni saldrán al mercado (¿cuánto vale el algoritmo de Google, el logotipo de Nike o de Apple?). De esta forma, por ejemplo, Google trasladó en 2003, un año antes de salir a bolsa, su tecnología publicitaria y de búsqueda (el núcleo de generación de beneficios de Google) a las islas Bermuda. Google ingresó en 2017 Bermudas 22.000 millones de dólares, al ser esa filial la poseedora de la tecnología que genera la mayor parte de los beneficios de esta compañía.  Así, Google España, Francia o Alemania pagan miles de millones de dólares en concepto de royalties a sus filiales en Bermuda para usar la tecnología “bermudense”, reduciendo su base imponible y su impuesto devengado en España,  Francia o Alemania, aunque esos beneficios hayan sido generados en dichos países. ¿El tipo impositivo en Bermuda? Cero.

Mientras el resultado contable de las empresas se han incrementado un 34% desde la crisis financiera hasta 2018, el impuesto recaudado ha caído un 56%

Además de lo anterior, existen razones específicas en España que ayudan a explicar este desacople entre beneficios generados e impuesto recaudado. Concretamente, se estima que la reforma que el PP implementó en 2015 (reduciendo tipos, eliminando pagos fraccionados) supuso un coste de unos 3.000 millones de euros de caída de recaudación en IS. Existe un elemento importante de esta reforma, y es que incrementó la capacidad para declarar rentas exentas por doble imposición (las traídas desde el extranjero), lo que facilitó, según el informe de recaudación de la AEAT 2015, “una mayor distancia entre el resultado y la base”. Por supuesto, estos cambios normativos afectaron principalmente a las grandes empresas. 

Por ello las medidas implementadas respecto al IS en el proyecto de PGE 2021 son muy importantes, porque van dirigidas precisamente a intentar revertir esta última reforma, y reducir la capacidad de las grandes empresas para declarar rentas traídas del exterior como exentas. Así, en el título VI, sección 3ª, artículo 65 se modifica el Impuesto de Sociedades para limitar la capacidad de las empresas para declarar rentas exentas del 100% al 95%, para empresas con facturaciones por encima de 40 millones de euros. Ese pequeño 5% de las grandes empresas tributará al tipo normal del 25%. 

Sin embargo, queda un gran recorrido por hacer respecto al IS, tanto a nivel internacional como a nivel nacional para que las grandes multinacionales se acerquen a la tributación que les correspondería. El porcentaje de beneficio que estas empresas realizan fuera de su territorio supera ahora el 20% (a principios de los 2000 era del 5%). Igualmente, la crisis de la covid-19 ha generado un incremento espectacular de los beneficios de los gigantes digitales. La pandemia ha concentrado los beneficios en unos pocos sectores y eso sin una tributación justa generará incrementos de la desigualdad a medio plazo. Por ejemplo, Amazon ha incrementado tanto sus beneficios durante la pandemia, que su propietario, Jeff Bezos, podría haber repartido un bonus de 100.000 dólares a sus más de 700.000 empleados en el mundo, según Oxfam, y seguir siendo igual de rico que antes del inicio de la crisis, en marzo de 2020.

Existe la necesidad imperiosa de reducir este déficit impositivo de las grandes corporaciones, esto es, establecer mínimos de tributación nacional de forma que, si las multinacionales españolas no pagan suficiente en el extranjero, lo paguen en España. De esta forma los países europeos harían tributar a sus empresas por el beneficio generado, artificialmente, en países que actúan de paraíso fiscal. Imaginemos una multinacional española que obtiene 1.000 millones de beneficios en Irlanda y 1.000 en Bermuda. Si en Irlanda está tributando, digamos, al 5%, debería tributar en España por 1.000 al 20%, esto es la diferencia hasta llegar al tipo en España, el 25%. Si tributa al 0% en Bahamas, debería tributar al 25%. Es decir, España podría imponer impuestos correctores de forma que las MTN españolas tengan un tipo efectivo del 25% en todos los territorios donde operan. Si un país, por ejemplo Suiza, se niega a grabar a sus grandes compañías, por ejemplo Nestlé, los demás países deberían recaudar aquello que Suiza se niegue a recaudar. No es algo muy lejano al mundo real, hoy en día los 44 estados en Estados Unidos tienen un impuesto de sociedades adicional al federal, y calculan cuánto tienen que pagar las corporaciones en sus territorios de esta forma: estiman la proporción de ventas realizada en su territorio y las compañías tributan por ello.

El IS en España ha de ser reformado de manera completa para que responda a la realidad productiva y recupere su capacidad recaudatoria. El proyecto de PGE 2021 revierte la tendencia. No obstante, si la coordinación internacional es necesaria, hasta la fecha ha sido utilizada para reforzar el inmovilismo a nivel nacional. Los países pueden actuar desde ya. España debe actuar desde ya.

-----------------

Iván H. Ayala es profesor de economía aplicada de la URJC.