Hay que decirlo alto y claro: se trata del Estado. Y es necesario subrayarlo con precisión: se trata del Estado español como Estado social y democrático de derecho. Y es el Estado que alberga realidades nacionales diversas –“nacionalidades y regiones”, en términos de la Constitución vigente–, estructurado como Estado autonómico, hoy en grave crisis institucional y en su articulación territorial, debido especialmente al conflicto que se vive en Cataluña, proyectado al conjunto de España, a causa de las reivindicaciones independentistas, planteadas desde el mismo Govern, y todo ello agravado por la interferencia de la situación de los líderes que condujeron el “procés” hasta la convocatoria de un referéndum no reglado el 1 de octubre de 2017 y que por ello fueron condenados a penas de cárcel que siguen cumpliendo al día de hoy. Es esta última situación la que objetivamente constituye un serio obstáculo –cabe decir que insalvable en tanto no se remueva– para que fluya el necesario diálogo político que permita trazar una vía de salida a dicho conflicto y, con ella, delinear para el mismo Estado español un horizonte de futuro en condiciones de convivencia democrática adecuada para ciudadanas y ciudadanos, así como para las naciones de las que forman parte –hecho político insoslayable. 

Estando en el punto en que nos hallamos, el gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ha manifestado su voluntad de proceder a tramitar los indultos para los independentistas catalanes presos. Explicitada tal intención, se ha desencadenado una tormenta política en la que los vientos huracanados de ácidas críticas, máxime si son expresadas con palabras gruesas con pretensiones de descalificación total –así se hace desde las derechas–, pueden poner en difícil aprieto al ejecutivo y a los partidos que lo sostienen –recordemos que también a Unidas Podemos y no sólo al PSOE. Además, dado que es tema espinoso, se convierte en una propuesta sobre la que amplios sectores de la sociedad española, incluyendo parte de electorados de izquierda, pueden decantarse hacia su rechazo…, si a esta cuestión ciertamente delicada no se le da un tratamiento adecuado en sede parlamentaria y en el ámbito de la opinión pública. 

Como la ciudadanía tiene memoria y hemerotecas, es imprescindible que el presidente haga un discurso claro para dar cuenta del porqué de la decisión

Contando con los inconvenientes que presenta una decisión como la avanzada por el presidente Sánchez, hay que poner al lado sus ventajas de cara al aludido encauzamiento del conflicto catalán –sus antecedentes históricos se remontan muy atrás; su activación más próxima arranca, como bien sabemos, de la resolución del Tribunal Constitucional en 2010 recortando el Estatut a la sazón ya aprobado, al pronunciarse a consecuencia del recurso interpuesto por el PP. En ese sentido, es obligado reconocer la importancia de los pasos dados hasta llegar a la posición en la que ahora se sitúa el gobierno de España, empezando por el recorrido hecho por su mismo presidente, el cual, de apoyar el cumplimiento íntegro de las condenas por parte de los líderes presos, ha pasado a ser adalid del indulto a los mismos, acogiendo al cabo del tiempo la tesis en el campo socialista muy en solitario defendida por Miquel Iceta, hoy ministro de Política Territorial de dicho gobierno, cuando era primer secretario del PSC. Como la ciudadanía tiene memoria y las hemerotecas están disponibles –incluso para el uso torticero que puedan hacer de ellas unas derechas dispuestas a ir a degüello–, es imprescindible que el mismo presidente haga al respecto un discurso lo más claro y bien argumentado posible para dar cuenta del porqué de la decisión a la que aquí y ahora se muestra dispuesto. 

Necesidad de argumentación política en torno a indultos

Son las buenas razones que se pueden y deben esgrimir para desbloquear la crisis de Cataluña las que han de llevarse al debate político, haciendo ver su solidez y pertinencia, a la vista de todo lo que está en juego. No se trata de hacer pedagogías infantilizadoras, sino de construir buenos argumentos, susceptibles de ser compartidos –si pensamos que para ellos aún hay lugar en la vida política–, o, al menos, capaces de resistir los intentos de las derechas por echarlos abajo, demasiadas veces a base de aquellas embestidas de cabezas que se niegan a pensar y que hace casi un siglo Antonio Machado encontraba que en España se daban en demasía. Tales buenas razones han de ser, obviamente, razones políticas, pues éstas son las que los asuntos en juego reclaman. No basta, por ello, hacer apelaciones moralistas a la generosidad o a la necesidad de eliminar sentimientos de venganza o revancha, ya que se trata de exonerar del cumplimiento de una pena establecida en sentencia firme y conforme a derecho, por más que se está en desacuerdo con ella –algo, por otra parte, que el hoy presidente del gobierno no manifestó en ningún momento anterior. En este caso, los sentimientos morales más nobles hay que filtrarlos por un código ético que obliga a manejarse correctamente conforme a la legalidad. Es a este respecto que desde el gobierno, del cual no cabe poner en duda su capacidad legal para indultar, ha de observarse una especial habilidad para afrontar el informe negativo sobre los indultos en cuestión emitido por la sala correspondiente del Tribunal Supremo, informe no vinculante, por más que deba considerarse relevante –y en algún punto decisivo, como es en lo tocante a recusar un indulto total y en todo caso dejar la posibilidad de indultos parciales. A los argumentos jurídicos del Supremo hay que contraponer los argumentos políticos del gobierno, dejando en claro que no se promueve conflicto alguno entre los poderes del Estado y evitando, por consiguiente, entrar en lo que sería nefasta dinámica de descalificaciones mutuas, con efectos deslegitimadores para ambas partes. 

Como ha señalado el constitucionalista Pérez Royo, plantear una amnistía es algo que responde a una “cuestión de Estado”

Es verdad que en la decimonónica ley que regula el indulto aparecen requisitos que obligarían a una extraña, si no impertinente, comprobación, tales como la exigencia de arrepentimiento… ¿Cómo se traduce eso en relación a hechos tipificados como delitos sin que ello les quite la condición de ser hechos que responden a actuaciones políticas? A la complejidad que supone este interrogante –complejidad que ampara el silencio de los independentistas encarcelados en lo tocante a dicha cláusula–, se añade el recuerdo de indultos relativos a muy diferentes delitos –incluyendo indulto a militares implicados en el golpe del 23 de febrero de 198– concedidos por diferentes gobiernos con notable laxitud sobre tal extremo. Es eso lo que hace pensar que cuando ahora esa condición se pone enfáticamente sobre la mesa es por la índole política de los hechos juzgados y condenados, con lo cual, al obligarnos a reparar en ello, volvemos a lo inicialmente acentuado: se trata del Estado, aunque es necesario hacer ver que ese tratarse del Estado se tiene en cuenta desde izquierdas y derechas, centralistas y periféricos, bajo diferentes perspectivas. 

Precisamente, por estar todos ante una cuestión que afecta al futuro del Estado español, es eso lo que debe transmitirse al conjunto de la sociedad española y es ante la grave problemática que afrontamos que hay que poner a las derechas ante el espejo, de manera tal que no puedan quedarse en el ruido interesado por mor de réditos electorales ni refugiarse en el patrioterismo inane de un españolismo hueco, ajeno a lo que es cuestión crucial que en verdad afecta a España y a los españoles, que demanda una salida política dentro de las posibilidades que contempla nuestro ordenamiento jurídico. No estamos en momento para soflamas, sino para razones favorables al interés general –hasta podemos retomar la noción de “bien común”–, las cuales convocan a un ejercicio de responsabilidad política que no es incumbencia solamente del gobierno.  

Es razonable para el Estado proceder a los indultos o, mejor, acometer una amnistía, si fuera el caso

Llegados a este punto, sin compartir todos los supuestos desde los que el recién investido president del Govern, Pere Aragonès, insiste en que sería necesaria una amnistía para los independentistas presos por más que no le haga ascos a la vía del indulto, no me ahorraré decir que considero preferible ese camino de la amnistía al ya anunciado por el gobierno de España. Aparte de que la tramitación de los indultos va a ser una vía dolorosa con múltiples crucifixiones –Sánchez tampoco se librará de verse crucificado por destacados miembros del PSOE que ya han mostrado sus clavos–, partiendo de la evidencia de que los mismos indultos se deben a una motivación política se puede concluir que no dejaría de tener ventajas, sino todo lo contrario, promover una amnistía. Como ha señalado el constitucionalista Pérez Royo, plantear una amnistía es algo que responde a una “cuestión de Estado” –es justamente lo que tenemos entre manos–, mientras que un indulto es “asunto de gobierno” circunscrito a hechos determinados e individualizados. Desde tales consideraciones, llevar al parlamento una proposición de ley de amnistía en esta coyuntura no hubiera sido –¡cualquiera sabe lo que aún nos queda por ver!– ningún desacierto, sino una decisión de plena consistencia democrática, evitándose de camino las tensiones entre ejecutivo y judicial –no tendrían por qué darse, pero es de temer que no dejaremos de verlas, con mangoneos de la derecha política por medio. 

Cualquiera puede traer a colación el rechazo hace unos meses de la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar una proposición de ley de amnistía, con la excepción de los representantes en ella de Unidas Podemos. No extrañó tal decisión ni a los que la consideramos desafortunada, pues se debe más a los temores políticos tan  presentes en nuestra democracia a abordar de frente cuestiones cruciales que a una argumentación jurídica sólida. Me remito en este punto, una vez más, a la fuerza de los argumentos y conclusiones del jurista José Antonio Martín Pallín en su escrito “La amnistía es compatible con la Constitución”. En dicho artículo encontramos unas líneas de claridad meridiana que condensan perfectamente las razones que al respecto pueden traerse a colación: “No se debe confundir la naturaleza jurídica de la amnistía con la del indulto. Este se otorga por razones de justicia, equidad o de interés público que justifiquen la reducción, total o parcial, de la pena impuesta a una persona determinada, en un concreto proceso criminal. La amnistía tiene un carácter eminentemente político y normalmente abarca los hechos considerados como delictivos, cometidos durante un determinado periodo de tiempo y con unas determinadas connotaciones políticas, que afectan a una pluralidad de personas involucradas en procesos penales”.

El Supremo hace flaco favor a una memoria histórica que reivindica el papel de la Ley de Amnistía que acompañó a la instauración de la democracia en España

Desde argumentos como los brindados por Martín Pallín es de lamentar que el tribunal sentenciador del Supremo, que se ha pronunciado sobre indultar a los líderes del procés, remache su negativa diciendo que “en no pocos casos, las leyes de amnistía han sido el medio hecho valer por regímenes dictatoriales para borrar gravísimos delitos”. Es afirmación falaz por generalización abusiva y por descaradamente tendenciosa, encaminada a cerrar la puerta de antemano a una posible ley de amnistía, entrando en colisión con lo que pudiera decidir el legislativo, que es lo que se trata de impedir. Tal impertinente y extralimitada declaración del Supremo pone en bandeja recordarle, invirtiendo su lamentable argumento, cuántas veces los indultos han sacado de las prisiones a corruptos, golpistas y terroristas de Estado, por ejemplo. Por lo demás, el Supremo, con tal estrambote final en su declaración, hace flaco favor a una memoria histórica que reivindica el papel de la Ley de Amnistía que acompañó a la instauración de la democracia en España, atendiendo justamente a razones políticas impostergables. La dinámica de reconciliación política que impulsó aquella ley de 1977 es la que ahora vuelve a ser necesaria ante un conflicto político que da lugar no sólo a un problema de convivencia en Cataluña, sino a un enquistamiento del mismo que bloquea las posibles soluciones.

Por motivos políticos insoslayables será razonable, mediando una correcta tramitación, apoyar los indultos a los presos del procés. Va en la lógica política esperar que a tal medida le corresponda por el lado del independentismo una puesta en juego leal de la voluntad de diálogo necesaria por todas las partes, aun considerando que una amnistía sería lo procedente. La razón política convoca a aproximar posiciones, contando con el debate en torno a proyectos políticos distintos que han de confrontarse según una “gramática democrática”, lo que implica que cuentan con un grado suficiente de claridad programática –esto es algo que al día de hoy está por verificarse en ambos lados. Si desde el independentismo pueden presentar razones para dialogar y buscar un acuerdo que les permita algunos logros en función de sus objetivos, también desde posiciones no independentistas hay motivos sobrados para abrir camino a una negociación sin trampas, sabiendo que al facilitarla con medidas de gracia respecto a los presos nos movemos en el terreno de lo razonable para el Estado –de ahí el plus teórico de la amnistía. 

No estamos para invocar la razón de Estado al dar cobertura justificativa a indultos o amnistía si fuera el caso, pues son conocidas las historias de abusos que han acompañado a tal invocación, desencadenantes en nuestro tiempo de muchas prácticas aberrantes en las que la supuesta razón de Estado ha dejado atrás razones democráticas y de derechos humanos. En cambio, recordando incluso a aquellos clásicos del barroco hispano como Gracián o Saavedra Fajardo, que marcaban sus distancias críticas respecto a la razón de Estado que teorizaban Jean Bodin o Giovanni Botero tras la estela de Maquiavelo, bien podemos alejarnos de apelaciones grandilocuentes a una razón de Estado cargada de connotaciones excesivas para invitar prudentemente a considerar lo razonable para el Estado. De camino, si la noción de razón de Estado siempre, desde el mencionado Bodin, arrastra implicaciones relativas a una soberanía entendida en términos muy maximalistas no libres de connotaciones criptoteológicas, hablando de lo razonable independentistas y no independentistas podremos hallar puntos de encuentro incluso para en el futuro replantear cuestiones de soberanía en términos efectivamente laicos y radicalmente democráticos. Por lo pronto, lo razonable para el Estado, por lo que afecta a éste, si no se pretende desde una amnistía que ahora mismo no parece viable, sí se busca mediante indultos que han de hacerse factibles. A ello convoca, a pesar del vocerío que apunta en sentido contrario, una prudencia política, aliada de una audacia con la que no es incompatible, que bien puede entenderse poniendo en juego aquellas tres dimensiones que el mismo Saavedra Fajardo, metido hasta las cejas en el quehacer político de la España del XVII, ponía de relieve respecto a esa virtud que es “senda del ánimo en virtud de la cual, por la memoria de lo pasado, disponemos de lo presente y prevenimos el futuro”. Una prudencia temerosa se inclina por la escabrosa senda de los indultos. ¡Vale! Una prudencia audaz, para nada imbuida de una temeridad que acabaría con ella, habría elegido amnistía. Pero estamos donde estamos.