El Ministerio del Interior estudia ampliar el cerrojazo a los documentos clasificados que tengan relación con el golpe de Estado del 23F y el terrorismo de los GAL. La maniobra, que reforzaría aún más el candado de la Ley de Secretos Oficiales franquista –reformada en 1978–, además de mantener el ocultismo sobre asuntos de interés general impedirá esclarecer asesinatos como los de Mikel Zabalza o Juan Carlos García Goena. La posición del Gobierno no sólo ha generado tensión con el socio de coalición (es probable que sus diputados no voten a favor), sino incluso con ministros socialistas poco sospechosos de veleidades izquierdistas como Margarita Robles, que está a favor de abrir los archivos. Pero lo cierto es que el anuncio no sorprende. Se inspira en el comodín conocido como “responsabilidad de Estado”. Un eufemismo que, como muestra la historia, suele tener más que ver con enterrar la suciedad bajo la alfombra que con nada que se parezca a la responsabilidad.

El caso de los papeles secretos es una muesca más de un problema mayor llamado Ministerio del Interior. Cumplidos tres años con Fernando Grande-Marlaska al frente de la cartera, tal vez el análisis más preciso de su gestión consistiría en decir que resulta imposible diferenciarla de la que desarrollaría cualquier ministro de la derecha. Pasado este tiempo, sigue en vigor la Ley Mordaza y siguen produciéndose devoluciones ilegales en la frontera sur –como ha sucedido este mismo verano con los menores marroquíes–. Ambas promesas electorales suenan ya a broma. Además, seguimos asistiendo a actuaciones policiales en las calles que sobrepasan con demasiada frecuencia los límites del protocolo sin que esto conlleve sanciones internas. Actuaciones cuyo nivel de contundencia depende, sin disimulo alguno, de la ideología de los manifestantes que hay enfrente... El ministro tiene la opción de enviar al Delegado del Gobierno de turno a supervisar el operativo o no hacerlo. Pero Marlaska siempre prefiere que sean los mandos policiales quienes digan en sus informes si lo ocurrido se ajustó al protocolo. Por supuesto, siempre se ajusta. Sean cuales sean las imágenes que luego veamos en los medios o en las redes. Esos informes de parte provocan situaciones tan surrealistas en las posteriores “investigaciones internas” como la ocurrida en Linares: a pesar de existir grabaciones, el informe policial concluyó que fue imposible dar con el policía que disparó con munición real hiriendo de gravedad a dos manifestantes. 

El gran problema es que España sigue sin abordar, como han hecho en otros países europeos, la presencia de la ultraderecha en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Siguen formando parte del cuerpo numerosos participantes en la trama de las cloacas del Estado, y siguen vigentes las condecoraciones a torturadores franquistas. Sigue, en resumen, plenamente actual esa visión que promueve, por acción u omisión, que lo natural sea que el Ministerio de Interior sea una especie de coto de caza privado. De entre todas las tareas pendientes que tiene “el Gobierno más progresista de la historia”, quizá la que menos espacio ocupe en el debate mediático sea la que más urgencias acumula desde un punto de vista de calidad democrática: la limpieza y transparencia del Ministerio de Interior. Con una mayoría parlamentaria que permitiría sanear esas estructuras, el ministro y, por elevación, el presidente, han decidido que nada cambie. La ocasión desperdiciada por Sánchez y Marlaska es histórica. 

En CTXT llevamos años intentando conseguir que algún policía o guardia civil en activo cuente en público, como nos cuentan por privado, cómo son las anómalas dinámicas de politización y protección de quienes realizan malas prácticas dentro de la policía. Sin éxito. Nadie se atreve a dar su nombre en público. La omertá se ha impuesto como norma. Si Pedro Sánchez y Grande-Marlaska quieren jugar a la responsabilidad de Estado deberían empezar por asumir que no es aceptable permitir que esto siga sucediendo. Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que pagamos entre todos deberían ser de todos. Que hay que despolitizarlas. Y que toca, con urgencia, hacer frente a un sindicato ultraderechista y a los vicios sobrevenidos en los últimos años, sobre todo en las escalas más bajas, por deficiencias en la admisión o la formación. No hacerlo ahora sería un error que pagaremos durante lustros.