Luis Miguel Lorente (Palma de Mallorca, 1977) decidió ingresar en el cuerpo de Policía en 2004. Dieciséis años, una Cruz al Mérito Policial y varias operaciones de relevancia nacional e internacional después, este licenciado en Criminología es coordinador general y miembro fundador de la Agrupación Reformista de Policías (ARP), un sindicato creado en 2016 como respuesta, según afirma, al inmovilismo y conservadurismo del resto de las agrupaciones.

Hoy desempeña su labor dentro de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Alicante, en el servicio de custodias y conducciones, tras ser relegado de su puesto dentro del Grupo de Delincuencia Violenta (conocido como grupo de homicidios), donde llevaba nueve años. Lorente denuncia que su traslado es solo una demostración más del acoso sistemático del que es víctima por ejercer un sindicalismo que resulta muy incómodo a los altos cargos.

Hablamos con él cuando cumple confinamiento por un brote de covid en su unidad.

¿Cómo valora la gestión de los brotes dentro del cuerpo?

Hay bastante descoordinación. Nosotros, por ejemplo, custodiamos presos en calabozos, donde no se cumplen los requisitos necesarios. Desde que se tuvo conocimiento de que había al menos tres compañeros infectados, se tenía que haber hecho la prueba a todos los demás. Pero parece que era más importante que no se quedara descolgado el servicio así que tuvimos que ir a trabajar. Al final, algunos de nosotros decidimos acercarnos a nuestros centros médicos. En el momento en que te haces una prueba, tienes que estar 10 días confinado. Es decir, por parte de los jefes inmediatos, bien; desde jefatura, hay dejadez.

La ARP solicita un protocolo de actuación y formación a la hora de identificar personas por la calle. ¿Creo que eso reduciría el número de denuncias por violencia policial?

Cumplir la normativa que ya existe bastaría para evitar actuaciones no debidas, pero unos protocolos de actuación bien diseñados y una buena preparación inciden en un mejor servicio. No obstante, también hay que tener en cuenta que el Gobierno, que anunció modificar la Ley de Seguridad Ciudadana o “Ley Mordaza”, ha estado priorizando esta ley como herramienta coercitiva y en términos de sanción para quienes incumplen el confinamiento.

Apuestan por unificar a la Policía Nacional y la Guardia Civil en un mismo organismo civil. La primera consecuencia de esto sería apartar a Defensa. ¿Las fuerzas del orden están sobremilitarizadas?

Respetamos la labor del Ejército, pero queremos diferenciar visiblemente nuestra condición de instituto armado de naturaleza civil de la militarización encubierta que durante años se ha producido en la Policía.

No se está recogiendo el testigo de los sindicalistas y policías que hicieron un esfuerzo ímprobo para desmilitarizar la Policía y esperamos luchar para que no se retroceda en ese aspecto.

¿Por qué no se ha implantado ese modelo unificado en España?

La ambigüedad del PSOE en este tema y la clara determinación del PP para que no exista dicha unificación policial ha permitido que políticos y mandos policiales con vocación castrense generen situaciones no deseadas ni por la sociedad ni por miles de policías.

El marco de representación sindical en la policía es retrógrado y demasiado conservador

A esto hay que sumarle que el marco de representación sindical en la policía es retrógrado y demasiado conservador. Está diseñado para que sindicatos como el nuestro no puedan tener la capacidad de ser influyentes y desarrollar sus propuestas. Ampara a oportunistas que, aprovechando banderas, sentimentalismo y simbolismo patrio politizan la acción sindical de manera indeseable en una democracia joven.

¿Por qué no obtuvieron representación en las elecciones al Consejo de Policía de 2019?

Tuvimos problemas para dar a conocer la ARP en las comisarías. Por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció en Valencia nuestros tablones de información sindical, apoyándose en la Ley de Régimen de Personal aprobada por el PP. Aunque hay más de 120 comisarías de Policía donde las sedes sindicales contravienen esa ley de régimen de personal, aún estamos esperando que se aplique con el resto de los sindicatos.

El Consejo Policial, el comité de empresa de la policía, tiene representantes del Sindicato Profesional de Policía, del Sindicato Justicia Policial, del Sindicato Unificado de Policía,  de la Confederación Española de Policía y de la Unión Federal de Policía. ¿Si el cuerpo se decantó por propuestas más conservadoras significa que es conservador?

Sin lugar a dudas. En la Policía Nacional la mayoría conservadora es más influyente y esa imagen es la que se acaba transmitiendo a la sociedad. En la ARP defendemos que cualquier policía tenga libertad para expresar sus creencias políticas, siempre que no afecte a un desempeño profesional neutral. Desgraciadamente, a nivel interno es más sencillo que un policía diga que vota a Vox o al PP, que al PSOE o a Unidas Podemos. Y no es una cuestión coyuntural, sino que viene de atrás.

¿Hay falta de independencia en los sindicatos?

No puedo confirmar que haya una dependencia secreta entre partidos y el resto de sindicatos porque no tengo pruebas directas, pero es evidente que se han traspasado algunos límites. La relación cercana entre representantes de JUPOL y Vox es un hecho. Recordemos las fotos del abrazo entre el líder de ese sindicato y Ortega Smith en la concentración frente al Congreso del 3 de marzo.

Defendemos que cualquier policía tenga libertad para expresar sus creencias políticas, siempre que no afecte a un desempeño profesional neutral

Igualmente se pudo ver a la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la manifestación de la Plaza de Colón convocada por PP y Ciudadanos, a la que también se sumó Vox. Esta manifestación tenía un contenido eminentemente político, a favor del adelanto electoral y contra el PSOE por su gestión en Cataluña.

El secretario de Finanzas del sindicato Unión Federal de Policías (UFP) acompañó a Eugenio Pino, imputado exdirector adjunto de la Policía, cuando informó en una comisión de investigación del Congreso sobre la denominada Brigada Patriótica que, entre otras cosas, tenía órdenes de controlar a los sindicatos. Para llevar a cabo estos controles utilizaba a Fuentes  Gago, líder del Sindicato Profesional de Policía (SPP).

¿Son la única propuesta sindical rupturista dentro de la policía?

Más que rupturista somos reformistas y progresistas. Buscamos mantener lo que funciona, pero adecuándolo a una sociedad más moderna y avanzada. JUSAPOL, tras una fachada antisistema y moderna, sigue siendo continuista. No tienen un proyecto más allá de la reivindicación de la equiparación salarial. Tampoco apoyan aspiraciones sindicales que se salgan del modelo establecido ya hace 40 años.

Solo hay  cinco mujeres entre los 26 candidatos de la Agrupación Reformista de Policías...

No es por nuestro deseo, pero la verdad es que tenemos más hombres que mujeres. Nuestro órgano coordinador, sin embargo, está formado por dos mujeres y tres hombres.

La identidad de los representantes del Consejo Policial es confidencial, solo se facilita grado y sindicato. ¿Debería conocerse el nombre y los apellidos de los 14 consejeros en representación de la Policía Nacional o datos como el número de hombres y de mujeres, edades, si tienen denuncias de cualquier tipo…?

Afortunadamente la confidencialidad no es tan necesaria como hubiera podido ser en otras épocas. El hermetismo de las comisiones, plenos y decisiones del Consejo son ejemplo de un reglamento que habría que modificar. Incluso hay obstrucción para facilitar las actas de estas reuniones. En la ARP luchamos para que la Dirección General de Policía (DGP) sea menos opaca.

Usted acaba de reincorporarse de una baja que atribuye a presiones internas. Sonia Vivas o el exteniente Segura ya informaron en su día de casos de acoso desde dentro. ¿Hay mecanismos para garantizar la seguridad de aquellos que discrepan?

Por supuesto que existen esas presiones. Mi caso es sangrante. Me cesaron tanto de jefe de equipo de Investigación de Delincuencias Violentas como de la Brigada de Policía Judicial y me enviaron a la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante. Allí ostentaba la jefatura el comisario Andrés Gómez Gordo, imputado por la Operación Kitchen en el caso Villarejo y señalado como el presunto autor del informe PISA falso contra Pablo Iglesias. La ARP es el único sindicato policial que había denunciado ante la Fiscalía anticorrupción las corruptelas de Villarejo. Se puede entender que la presión que soporté en el destino provocara mi baja inmediata. Sin lugar a dudas, en la ARP hemos sido víctimas de la denominada “Brigada Patriótica”.

¿Qué opina de la adscripción de sindicatos de policías a sindicatos intersectoriales nacionales como UGT, CC. OO. o CGT?

Entendemos que la posibilidad de afiliación a sindicatos de clase acabaría con la endogamia y el control de la Administración del mundo sindical policial. La Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional debería revisarse. El PP y el director general de la Policía pusieron un “candado” que nos dejaba en inferioridad de condiciones respecto a las policías autonómicas, policías locales, etc. Las policías autonómicas (Mossos y Ertzaintzas) tienen un sistema de representación sindical que consigue verdaderos logros.

Tienen el derecho a la negociación colectiva y a formar parte de estructuras como CC.OO., UGT, CGT, etc. Pueden compaginar la representación mixta con sindicatos corporativos o de clase, lo que permite que sus afiliados obtengan unas condiciones más ventajosas que las nuestras.