En los últimos años se ha vuelto habitual en política exigir el pedido de perdón. Hace poco, el presidente de México solicitó al rey de España que pidiera perdón por la conquista de América. El Papa, a su vez, se disculpó por la participación de la Iglesia en esa empresa colonial. Por su parte, en España políticos del PP y también del PSOE vienen exigiendo hace tiempo a dirigentes como Arnaldo Otegi y a formaciones como Bildu que pidan perdón por la acción de ETA. 

El caso de la conquista remite a un pasado concluido, no repetido y quienes la protagonizaron no tienen relación con los actores actuales. Pero en el caso de ETA hay actores políticos que antes apoyaron la vía armada de ETA y ahora ya no. De hecho, colaboraron en la autodisolución de ETA. Sin embargo, quienes les exigen el perdón consideran que Otegi y Bildu siguen siendo ETA, aun cuando el primero ya haya pagado esa pertenencia con la cárcel y Bildu sea una formación política muy diferente de HB. Se supone que ese pedido de perdón obraría como prueba de la ruptura con aquella organización. No obstante, resulta curioso que quienes esencializan a esos actores como etarras esperen que se desprendan de esa condición a través de la palabra. Y que quienes suelen judicializar la política consideren insuficiente la ley para resolver los delitos de terrorismo.

Todo esto remite a un problema más profundo: la política no es la vida personal. Lo que vale en esta no necesariamente vale en aquella. La vida comunitaria no es la suma de las vidas de sus miembros. Como explicó Maquiavelo, ser generoso como persona no es lo mismo que serlo como gobernante. Como individuos podemos dar lo nuestro, pero no como gobernantes, porque en esa condición nada es nuestro, sino que cuidamos lo común.

Con el perdón ocurre otro tanto. El pedido de perdón puede estar lleno de buena voluntad y querer acercar la política a las relaciones personales, en las que perdonar significa a menudo el cese de la lucha. Pero la política es otra cosa. En ésta la lucha no cesa porque se pida perdón, pues es una lógica constitutiva, que no depende de la voluntad de los protagonistas. Excepto cuando pedir perdón es el modo que el actor escoge para rendirse, asumiendo el sinsentido de sus objetivos. 

El pedido de perdón no puede no ser un acto político, pues tiene efectos en las relaciones de fuerza entre los contendientes. Esto hace que su significado se vuelva el opuesto al que tiene en lo privado. De hecho, el pedido de perdón se usa para desafiar a un competidor calificado, poniéndolo en el brete de iluminar sus faltas para ver si se retracta o no. En esa situación, el desafiado siempre pierde. Si pide perdón, porque se somete a la voluntad de su adversario, concediéndole lo que disputa con él, ser la voz de la comunidad. Así, además, reconocería que es heredero del mal en cuestión, reactivando la identidad que quería dejar atrás. Y si no pide perdón seguirá apareciendo como un insensible respecto del mal cometido. Pero si no obstante lo hace, deja en manos del oponente rechazarlo por insincero. 

Si los actores pudieran saldar sus errores simplemente pidiendo perdón o declarándose culpables cada vez, la responsabilidad política habría desaparecido

La exigencia de pedido de perdón no parece entonces compatible con la lucha política, pues no puede colocarse por encima de ella, ni alcanzar por tanto los objetivos aducidos. Invocando la conciliación, el perdón termina inferiorizando al adversario. Y, en nombre de la ética de la amistad, acaba tratando al otro ya no como un adversario –al fin un par–, sino más bien como a un enemigo que debe capitular ante su vencedor.

La exigencia de perdón puede producir, además, consecuencias impensadas. Los partidarios de la formación que debería pedir perdón pueden sentirse humillados y reaccionar a la ofensa reivindicando ese pasado ya abandonado. Basta recordar la reacción alemana ante Versalles y sus consecuencias. En la segunda posguerra el tratamiento que recibió Alemania fue bien diferente. También sus resultados.

En política no se pide perdón, se asumen las responsabilidades. Primero, porque su objeto es el futuro. El pasado es usado para proyectar lo positivo y rechazar lo negativo, no es asunto de debate político, para eso están los historiadores. Cuando una organización armada acepta su derrota, cruza la frontera de la antigua enemistad y se incorpora al orden político que ayer combatía. Para ello debe cumplir con la ley y renunciar a su antigua identidad, a fin de garantizar la no repetición de su accionar. Segundo, porque la política es un asunto interior, de valores, al que sólo se accede por la conducta exterior, “corporal”. Por eso no resulta consistente exigir al otro que pida perdón para mostrar sus intenciones. Éstas, por definición, son incomprobables. 

El potencial desajuste entre creencias interiores y conducta exterior sólo puede resolverse interpretando esas acciones visibles: pocos palpan lo que eres pero todos ven lo que pareces, decía un florentino. La política (y la democracia) es el régimen de los ojos, no de las manos. ¿Ello conlleva un riesgo? Claro, la política siempre es una apuesta. En cambio, lo seguro es que intentar conocer el alma de cada ciudadano conllevaría una militarización inquisitorial de la vida social, aunque se invocaran los derechos humanos. Del mismo modo, si los actores pudieran saldar sus errores simplemente pidiendo perdón o declarándose culpables cada vez, la responsabilidad política habría desaparecido. Y seguiríamos sin palpar. 

La confianza es clave en la política, pero no porque se crea literalmente en el discurso del otro. La confianza no se consigue, sino que es dada por el ciudadano: es –como vio Weber– una creencia. Y, en democracia, el ciudadano es soberano.

La vida comunitaria no será mejor cuando sus miembros sean puros de alma, sino cuando todos actúen responsablemente respecto de lo común

No es evidente qué significa pedir perdón, en qué consiste, ni cuál es su medida La exigencia relativa de cada actor lo vuelve inconmensurable. ¿Qué ocurriría si para poder exigir al otro que pida perdón se requiriera antes pedir perdón por los propios pecados políticos? ¿Quién obraría de árbitro, si todos los actores son juez y parte? Tamaña rueda sería interminable y nunca llegaría a un buen fin. Más bien estaría siempre volviendo a la casilla cero.

La valoración de ese perdón por parte de las víctimas directas e indirectas (el resto de la sociedad) también es inconmensurable, incomprobable, indefinible. Las diversas formas de procesar el dolor –otra vez, íntimo– no deben mezclarse con las de la comunidad, ni ser su baremo. Por más desolador que resulte, las víctimas no son la medida privilegiada del daño comunitario. Porque, además, no todas las víctimas lo viven igual, ni exigen lo mismo. Entre ellas se  encuentran las posiciones más opuestas. La vida personal no es nada sin la vida colectiva, pero ésta no obstante se sitúa en otro plano, específico, común. Encorsetar la vida social en las lógicas de la culpa y el perdón es otro modo de  privatización y degradación de la política. De desreconocimiento de su especificidad.

El perdón parece otra pasarela por la cual la moral judeo-cristiana viene a sustituir a la ética política. Si aquella busca la pureza del alma, esta en cambio lidia con la impureza y sabe hacer grandes cosas con ella. La vida comunitaria no será mejor cuando sus miembros sean puros de alma, sino cuando todos actúen responsablemente respecto de lo común.

La exigencia de pedir perdón, además de impolítica, puede resultar, por todo lo dicho antes, contraproducente. Según se mire, resulta paradójico además que sea España la sede de tal exigencia, pues es el país que pudo construir un orden democrático y asegurar la no repetición del pasado franquista, autoritario y terrorista, aun cuando las fuerzas de la dictadura no pidieron perdón, ni se les exigió tal cosa. Es más, muchos de sus miembros se incorporaron al nuevo orden democrático como padres fundadores y pilar institucional. La democracia española es capaz, incluso, de convivir hoy con reivindicaciones oblicuas y no condenas explícitas de aquel pasado antidemocrático en la propia sede de la soberanía popular. En ese aspecto, quienes ahora exigen el pedido de perdón deberían seguir más consecuentemente lo hecho durante la Transición. 

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Javier Franzé es profesor de Teoría Política, Universidad Complutense de Madrid.