En el Pleno de la Asamblea del jueves 11 de noviembre, a una pregunta sobre las víctimas del covid de su negligente gestión de las residencias de mayores en Madrid, Díaz Ayuso estaba repitiendo su discurso de siempre y, de repente, pareció un muñeco que se queda sin pilas. Ella, hasta ahora inalcanzable a cualquier desaliento, terminó abruptamente diciendo con cara de asco: “Bueno, da igual, paso, hasta luego” y se sentó entre los aplausos de su grupo. Pudo ser su chulería habitual. La chulería con la que viene despachando a los muertos víctimas de su mala gestión, pero también dio la impresión de hartura con un asunto que empieza, por fin, a quemarla. Tarde, pero da la impresión de que comienza a sentir una cierta amenaza. No ha sido una buena semana para ella. En El Hormiguero, en una entrevista masaje, excusaba su gestión negligente con una frase de esas que también la van a perseguir siempre: “Cada cadáver ha sido tratado con cariño”. 

Es posible que la chulería habitual, esa chulería aprendida de su antigua jefa, Esperanza Aguirre, ya no sea posible exhibirla ante la realidad de los más de 7.000 ancianos muertos en la más absoluta dejación. Es posible que su chulería le haya valido mientras salíamos de una pandemia y estábamos todos en shock, pero puede que, una vez que nos hemos recuperado, esa chulería y esa impostada alegría suya le pase factura ante una sociedad que termine por pedir cuentas por unas muertes evitables y terribles por las que no sólo no ha perdido perdón, sino ante las que ha reaccionado con prepotencia y desprecio. También es cierto que esas personas muertas y sus familiares se merecen una reflexión por parte de toda la sociedad; una reflexión que, hasta ahora, se ha evitado pero que es necesaria. 

Entre marzo y abril de 2020 más del 70% de los ancianos que murieron en residencias públicas madrileñas no recibieron ningún tipo de ayuda médica: 7.291 personas. Murieron en sus habitaciones sin que nadie entrara a auxiliarlos, algunos murieron ahogándose, gritando, quejándose y en ocasiones esta agonía era contemplada por otro residente tumbado en la cama de al lado. Murieron y en algunos casos permanecieron sobre su cama varios días mientras sus familiares ignoraban qué pasaba y no podían hacer nada por auxiliarlos.  El documental La muerte más cruel, presentado en la Seminci de Valladolid,  dirigido por Belén Verdugo, da voz a los trabajadores de los centros y a los familiares de ancianos fallecidos, así como a los propios ancianos y ancianas: “Prefiero que me hagan la eutanasia antes que volver a pasar por ahí”; “nunca pensé que iba a vivir eso”; “nadie se acordaba de nosotros”. 

El altísimo índice de mortalidad (y no olvidemos que no importa sólo cuántos murieron, sino cómo murieron) se dio en toda España y en toda Europa, pero en Madrid se dan algunas circunstancias que lo hacen especialmente terrible. La más importante es que en Madrid muchas de esas muertes se produjeron por una decisión política de la presidenta. Aquí es ella la que decide que no se derive a los ancianos dependientes, con deterioro cognitivo o discapacidad física, a los hospitales y que tampoco se medicalicen los centros. Lo denunció el entonces consejero de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, que intentaba vanamente cumplir con su obligación y ayudar a esas personas. Suya es otra frase de esas que te acompañan, esta vez para bien, y que escribió en un email que envió a la Consejería de Sanidad: “Os pido médicos y me enviáis protocolos”.  Todo esto quedó explicado en la Comisión de investigación que se abrió en Madrid y que no pudo concluir sus trabajos debido a la convocatoria electoral y a que, posteriormente ya en esta legislatura, PP y Vox, aniquilado Ciudadanos, se han aliado para que no se volviera a abrir. 

Desde que esto ocurrió, los familiares de los fallecidos se han organizado en varias plataformas, se han manifestado, han presentado ante la Fiscalía más de 300 denuncias y no han conseguido ser recibidos por la presidenta y, por lo visto y oído esta semana, ni siquiera han conseguido ser respetados. El Partido Popular intentó enfangar la cuestión al máximo, echando la culpa a Pablo Iglesias, y todavía hay gente que lo cree, igual que hay gente que cree que Elvis no ha muerto. El periodista Manuel Rico ha investigado y denunciado el asunto en distintos artículos en Infolibre e incluso ha publicado un libro imprescindible sobre esa cuestión. Pero hasta ahora no ha pasado gran cosa.  Aunque es cierto que las comisiones de investigación se han negado en todas las comunidades en las que la oposición ha intentado constituirlas (en Cataluña, donde se produjo también una gran mortandad,  PSC, Junts y ERC tampoco han permitido su apertura) hay que decir que en ninguna Comunidad existió un protocolo semejante al de Madrid.  

Muchas de esas muertes se pudieron haber evitado, claro que sí, como se demostró cuando ya más adelante los enfermos sí fueron derivados a los hospitales o medicalizados y entonces la tasa de mortalidad bajó de 300 a 70 al día.  Eso mismo declaró en la Comisión de investigación la directora de una de las residencias, que explicó con claridad que muchas de estas personas se hubieran salvado de haber podido ir al hospital.  Las personas mayores murieron solas y en terribles condiciones pero, además, no se hizo ningún esfuerzo para tener a los familiares bien informados, más allá del que pudieron hacer las propias trabajadoras de los centros, sobrepasadas ellas mismas y en muchas ocasiones enfermando de covid. Es decir, hubiera sido necesario reforzar no solo las plantillas profesionales, sino también, por respeto a las familias y a los residentes, coordinar un servicio de información y contacto entre familiares y residentes.

El desprecio con que se trató a los usuarios y a los familiares de las residencias muestra una inconmensurable negligencia e incapacidad en la gestión, pero asoma también un tremendo clasismo

El desprecio con que se trató desde la Consejería a los usuarios y a los familiares de los usuarios de las residencias muestra una inconmensurable negligencia e incapacidad en la gestión, pero por debajo de todo esto asoma también un tremendo clasismo. Recordemos que los protocolos de no derivación en Madrid, en realidad fueron cuatro, hacían una excepción con quienes tuvieran un seguro privado que sí podían llamar a una ambulancia, también privada, para que les llevara a su hospital privado, donde serían y fueron atendidos.

Se tomó la decisión política de dejar morir a estas personas, y que esto no haya tenido más impacto político y social es un escándalo. No se ha conseguido que, hasta ahora, la sociedad pida cuentas por este crimen y me he preguntado a menudo por qué. Si esto mismo hubiera ocurrido en un colegio o en una residencia de estudiantes el escándalo hubiera llenado durante meses los medios de comunicación. Es aquí donde creo que es necesario hacer una reflexión que va más allá del caso concreto, aunque espero que Ayuso acabe pagando de alguna manera su actuación. No ha pasado nada (o por lo menos hasta ahora) porque las personas ancianas no le importan mucho a casi nadie, porque vivimos en una sociedad que desprecia y arrincona a los viejos y la suerte de estos depende del dinero que tengan al final de su vida para pagarse una buena última vejez y una buena muerte.

No se ha conseguido que, hasta ahora, la sociedad pida cuentas por este crimen y me he preguntado a menudo por qué

Las residencias públicas en Madrid, pero en general en todas partes, pueden ser lugares terroríficos para vivir la última etapa de la vida. Vendidas a fondos buitres que especulan a costa de la vida de los ancianos, en algunas escasea la comida, no funciona la calefacción y tienen tan poco personal que hemos visto a personas mayores caerse y que nadie se diera cuenta hasta el día siguiente. No es cosa del sufrido personal: muy escaso, mal pagado y agotado. Así son los lugares en los que muchos de nosotros vamos a pasar el final de nuestra vida.

En una sociedad en la que ser viejo o vieja es ser improductivo y estar fuera del mercado, en la que no hay ninguna compensación simbólica para esa etapa de la vida, no hay mucha gente que se preocupe por su suerte. Es el Estado quien debería procurar a las personas ancianas la comodidad que todos y todas merecemos al final de la vida. Vamos en dirección contraria. Los presupuestos de la Comunidad de Madrid, presentados recientemente, nos muestran que, por si fuera poco, el gobierno del PP ni siquiera se gastó en oxígeno o medicinas lo presupuestado para los ancianos en las residencias, como ha denunciado la diputada Paloma García Villa, que lleva trabajando en esto desde que ocurrió. No sabemos si no se ha gastado porque no quiso, por pura desidia, porque se ha gastado en otras cosas  o porque ya se habían muerto la mayoría. Tampoco hay ninguna intención de arrebatar a los fondos buitre ese nicho de negocio, por supuesto, un negocio que son ahora nuestros padres o abuelos y que seremos nosotros mismos. 

Como dije al principio  la frase: “Da igual, paso, hasta luego”  es un resumen perfecto de cómo Ayuso enfrentó esta cuestión. Afortunadamente hay familiares que van a seguir luchando, pero es necesario que nos impliquemos en construir una sociedad en la que cuando una persona deja de ser productiva lo que reciba sean los cuidados necesarios, y no el desinterés, el maltrato y la muerte prematura y evitable. Por ellas y ellas, desde luego y por nosotras mismas. 

Y creo que es posible que la suerte de Ayuso esté cambiando. Ahora que todos podemos salir de copas, puede que volvamos la vista a ese periodo y queramos saber qué se hizo con las residencias y por qué se trató de esa manera indigna a las personas ancianas de esta Comunidad.