Debo confesar que me siento incómodo con el título clickbait que preside este artículo. No obstante, la competición Madrid - Barcelona vuelve a estar de moda. En los últimos días han salido artículos titulados “Barcelona tiene madrileñitis” o “Catalunya, capital Madrid” junto a declaraciones comparativas como las de Piqué, Trueba, Ayuso o la respuesta televisada de Colau. Lejos queda ya la cooperación virtuosa del Madrid de Manuela Carmena con la Barcelona de Ada Colau. Personalmente, he vivido más de una década entre ambas ciudades y soy reacio a responder a la frecuente pregunta de cuál es mejor ciudad. Ambas son ciudades en donde vivir es todo un privilegio. Las comparaciones, sin duda, son odiosas. Ahora, si bien resulta odioso comparar ambas ciudades per se, resulta productivo comparar los distintos modelos de ciudad que sus dirigentes políticos defienden. Y si hay un tema donde encontramos modelos diametralmente opuestos es, sin duda, en vivienda. 

La desidia legislativa, dejación y claro incumplimiento del mandato constitucional de Madrid no sólo se observa a nivel legislativo, sino también en los resultados

Madrid no es ciudad para inquilinos. Desde la criminalización hecha por la propia Ayuso, calumniando a los inquilinos como morosos u okupas, o la afirmación de Almeida de que la política de vivienda de Madrid es no hacer nada, podríamos resumir la posición del gobierno madrileño, parafraseando al ilustre Solchaga: la mejor política de vivienda es aquella que no existe. Esta posición del Gobierno madrileño no sólo contrasta llamativamente con la del Gobierno barcelonés sino que es claramente anti-europea. Dos datos. El Parlamento Europeo, en 2021, aprobó una resolución recordando a los gobiernos europeos que “no regular el mercado inmobiliario y a los agentes financieros a fin de garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada significa el incumplimiento de sus obligaciones en relación con el derecho a la vivienda” mientras que hace sólo un mes, en el marco de Naciones Unidas-Europa y el programa Housing 2030, todos los ministros europeos confirmaron “el fracaso del libre mercado para proveer de vivienda a todos los segmentos socioeconómicos”. Sí, en vivienda, Madrid is different. 

Más claro. Las normativa de vivienda catalana y madrileña son la noche y el día.

1.  Ley de vivienda autonómica. Mientras Catalunya tiene una pionera Ley del Derecho a la Vivienda, aprobada en 2007 por el tripartito, la Comunidad de Madrid sigue inmersa en la procrastinación legislativa y no tiene ley alguna, ni se le espera.

2.  Ley estatal de vivienda. Mientras Barcelona es favorable a la aplicación de la Ley estatal para regular precios de alquiler y obtener beneficios fiscales –habida cuenta de la positiva experiencia inicial de la ley catalana de contención de precios–, Madrid ya anunció, sin siquiera haberse leído la Ley, su más profunda oposición. Madrid es como el perro del hortelano, ni regula, ni deja regular.

3. Descalificación vivienda protegida (VPO). Mientras el Gobierno catalán aprobó el Decreto Ley 5/2019 donde al fin prohibía la privatización de las viviendas protegidas, asegurando su calificación permanente, en Madrid no sólo habla por sí solo la privatización ilegal de casi 3.000 viviendas protegidas, sino que la normativa autonómica permite descalificar las viviendas protegidas a los 10-15 años.

4. Tanteo y retracto. Mientras en Madrid apenas se utiliza la compra pública, Barcelona lleva ya compradas más de 1.000 viviendas utilizando todos los instrumentos jurídicos disponibles.

5. Patrimonio de suelo público. Como materia prima y pilar fundamental de la política de vivienda, el Gobierno de Colau ha decidido proteger su suelo público, mientras que el Gobierno de Almeida ha vendido hasta 55 parcelas públicas.

6 Cédula de habitabilidad. Para garantizar la dignidad y adecuación de la vivienda, la norma catalana obliga al propietario a poseer una cédula de habitabilidad y se sanciona como muy grave su incumplimiento. En Madrid directamente se deroga la necesidad de la cédula, legalizando abusos inmobiliarios como aquella “coqueta buhardilla” de 5m2 útiles a 65.000€ en el barrio de Huertas.  

La desidia legislativa, dejación de funciones y claro incumplimiento del mandato constitucional de Madrid no sólo se observa a nivel legislativo, sino también en los resultados. La Comunidad de Madrid, competente principal de la materia, gasta 36,4€/habitante mientras Barcelona, sin tener la competencia principal, gasta 165€/habitante. ¡Casi 5 veces más! Esa inversión pública se traduce en la construcción de viviendas. En el periodo 2015-2021, la Comunidad de Madrid ha construido 1.232 viviendas con una población de 6’6 millones, mientras que Barcelona en solo un año está construyendo 2.329, su máximo histórico, para una población de 1’6 millones, ¡cuatro veces inferior! Si sumamos todo el periodo 2015-2021 llegamos hasta las 6.100 viviendas. De hecho, Barcelona es la administración líder tanto en inversión pública como en promoción de vivienda de toda España. Y no sólo en términos cuantitativos se aprecia la diferencia. Barcelona, por mencionar solo dos ejemplos, ha recibido hasta cinco premios de arquitectura por el recinto Can Fabra, y recientemente también el edificio industrializado APROP ha recibido el premio europeo New Bauhaus. Mientras que, por su modelo de política de vivienda, Barcelona ha sido premiada por Housing Europe en el Festival Internacional de Vivienda Social. ¿Han oído hablar de algún premio internacional de vivienda otorgado a Madrid?

Para terminar, es importante resaltar que no todo son diferencias. Tanto Madrid con su Plan Vive, como Barcelona con el operador metropolitano HMB, han apostado acertadamente por la colaboración público-privada para aumentar la oferta de alquiler asequible, un objetivo imprescindible para solucionar la crisis de vivienda. Hasta aquí, los parecidos. Si miramos con lupa, las diferencias se vuelven a agrandar. Los alquileres “asequibles” de Madrid pueden llegar hasta los 1.000€, mientras que los de Barcelona rondan los 600€. Las viviendas protegidas de Madrid se descalifican a los 15 años, permitiendo, al terminar el periodo de concesión (50 años) su privatización, suelo incluido. Para Barcelona eso es imposible. Las viviendas protegidas son de calificación permanente y el suelo se cede en derecho de superficie durante 75 años, retornando a patrimonio municipal al terminar la cesión. Madrid se desentiende de la gestión y no cuenta con mecanismos de control eficaces al externalizar al 100% mientras que Barcelona se incorpora en el consejo de administración en pie de igualdad con el privado, eso significa que cualquier decisión empresarial tendrá que ser fruto del acuerdo entre ambas partes y que por tanto los riesgos y beneficios se comparten equitativamente. Siguiendo a la economista Mariana Mazzucato, podemos definir la colaboración público-privada madrileña como potencialmente parasitaria, al permitir privatizar beneficios y socializar pérdidas, mientras que la barcelonesa se podría calificar como colaboración simbiótica, que riesgos y beneficios para cumplir fines públicos. 

Llega la prórroga. Última jugada:  las viviendas “asequibles” de Madrid van con piscina y están situadas en urbanizaciones PAU poco atractivas, poco sociales y poco ecológicas, como ya denunció Jorge Dioni en La España de las Piscinas, mientras en Barcelona se sitúan en barrios compactos, sociales y mixtos. Pauers vs. superblockers. Suena el pitido final. Fin del partido. Barcelona 1 - Madrid 0. 

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Eduardo González de Molina es investigador en la Gerencia de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona y doctorando en políticas de vivienda por la Universidad Pompeu Fabra.