Mucho antes de que se celebraran los comicios, había quedado claro que el proceso electoral nicaragüense no sería competitivo. No se ofrecía ninguna opción significativa en la papeleta. Siete líderes de la oposición que pretendían presentarse a la Presidencia fueron detenidos con cargos fabricados, tres partidos políticos fueron prohibidos y más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron y, por tanto, no podían votar. El partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se declaró ganador con 75% de los votos y habría obtenido una mayoría abrumadora en la Asamblea Nacional, capturando 75 de 90 escaños, lo que le dará nuevamente la capacidad de aprobar leyes e incluso de reformar la Constitución. Las cifras no han podido ser verificadas por la ausencia de una administración electoral transparente y de la observación electoral internacional.

El índice de participación nunca se conocerá porque el Consejo Supremo Electoral está controlado por el partido gobernante

Las colas en los centros de votación eran a veces largas, lo que, según el gobierno, es una prueba de que el voto fue libre y de que los ciudadanos estaban entusiasmados con la oportunidad de asistir a las urnas. Pero esto está muy lejos de la realidad. El índice de participación nunca se conocerá porque el Consejo Supremo Electoral está controlado por el partido gobernante. El voto no es obligatorio y el mes pasado un destacado obispo católico pidió a los fieles que boicotearan las urnas antes de arriesgarse a legitimar una dictadura, un sentimiento del que se hicieron eco muchos líderes de la oposición en el exilio. Sin embargo, dado que los derechos humanos y las libertades civiles ya no se respetan en Nicaragua, es poco probable que un boicot organizado tenga éxito. Los empleados del Estado informaron que se los había presionado para que votaran bajo la amenaza de despido. En las calles se decía que el gobierno podría interpretar la no asistencia a las urnas como un acto de resistencia y castigarla con una detención arbitraria. Ya hay más de 140 presos políticos y en la víspera de la votación se informó que otros 20 habían sido detenidos. Para cualquiera que no sea miembro del FSLN, y para algunos que sí lo son, el ambiente de amenaza reinante dejó en el ridículo a la insípida campaña electoral.

El declive de la calidad de las elecciones

El giro autoritario de Nicaragua y la transformación de Daniel Ortega en un dictador pueden sorprender a quienes apoyaron la revolución de 1979 y lo vieron entregar el poder pacíficamente tras perder elecciones libres y justas en 1990. El deterioro radical de la democracia comenzó en el año 2000, cuando un pacto político entre Ortega y el líder del Partido Liberal, el expresidente Arnoldo Alemán, con varias acusaciones de corrupción en su haber, dio a sus partidos el control de todas las instituciones estatales importantes, incluido el Consejo Supremo Electoral. Los cambios en la ley electoral aseguraron que, en las elecciones nacionales de 2001, todos los escaños de la Legislatura, excepto uno, fueran ganados por los sandinistas o los liberales.

Ortega volvió a la Presidencia en unas elecciones más competitivas en 2006, cuando el voto liberal se dividió entre los liberales tradicionales leales a Alemán y una facción de neoliberales. A partir de entonces, la calidad de las elecciones empeoró precipitadamente, lo que marcó la evolución de Nicaragua de una democracia débil a un régimen autoritario competitivo, de una dictadura blanda a un Estado policial. Mientras que en 2008 se denunciaron irregularidades generalizadas en las elecciones municipales, en 2009 los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia suspendieron los límites del mandato presidencial, lo que permitió a Ortega aspirar a un tercer mandato en 2011. Para entonces, el FSLN se había transformado en un vehículo personal para impulsar las ambiciones políticas de un Ortega que ya se había encargado de expulsar a sus rivales internos. Su discurso seguía poniendo el acento en el nacionalismo y “el pueblo”, pero el FSLN ya no estaba comprometido con el socialismo y sus líderes abrazaban el capitalismo de amigos y el enriquecimiento ilícito. Muchos nicaragüenses que se consideraban auténticamente sandinistas, incluidos algunos que habían luchado por la revolución de 1979 y la habían defendido en la guerra de la Contra, dejaron de apoyar al FSLN en su nuevo formato personalista.

El esfuerzo masivo de observación internacional que ayudó a garantizar elecciones limpias en 1990 no se repetiría. En las elecciones regionales de la Costa Atlántica de 2010, el Consejo Supremo Electoral degradó el papel de los observadores a un “acompañamiento” electoral, un tipo de actividad destinada únicamente a verificar que se produjeron las elecciones, sin permitir una supervisión o crítica independiente. Este nuevo estatus no se ajustaba a los principios de observación electoral internacional establecidos por los organismos de supervisión más importantes, entre los que se encuentran organizaciones no gubernamentales como el Centro Carter y organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea negociaron condiciones especiales para observar las elecciones de 2011, pero el Consejo Supremo Electoral saboteó sus misiones desde el principio, invitándolas solo cuando ya había terminado gran parte de la campaña y negando a algunos observadores el acceso a las urnas el día de las elecciones. Los resultados de los comicios se comunicaron de forma agregada, y fue imposible verificar los números con las copias de las actas de los partidos de la oposición. Nicaragua había caído en un régimen autoritario, pero la comunidad internacional reconoció a Ortega como presidente, concluyendo que habría ganado incluso sin fraude. Apoyándose en un crecimiento económico constante y en una ayuda exterior masiva de Venezuela, Ortega había reducido sustancialmente la pobreza. La oposición, por su parte, estaba desorganizada. Sin embargo, se expresaron dudas sobre el margen de victoria declarado por los sandinistas en la Asamblea Nacional, donde el FSLN obtuvo los escaños suficientes para reformar la Constitución de forma unilateral.

De la dictablanda a la dictadura

Entre 2012 y 2018 Nicaragua pasó del autoritarismo blando a la dictadura abierta. En 2014, el partido gobernante aprobó reformas constitucionales que concentraron el poder en la Presidencia y contribuyeron a asegurar que Ortega siempre resultara ganador. Las reformas abolieron por completo los límites de los mandatos y eliminaron el requisito de que los candidatos presidenciales obtuvieran al menos 35% de los votos para evitar una segunda vuelta. Las reformas también dieron fuerza de ley a los decretos presidenciales. En adelante, el presidente controlaría los impuestos. Desde ese momento, los legisladores se vieron obligados a votar con su partido o, en caso contrario, a arriesgarse a perder su escaño en la Asamblea Nacional. Esto evitó las divisiones dentro de las filas del FSLN. Además, se legalizó el ejercicio de cargos políticos por parte de policías y militares en servicio activo. La policía pasó a estar bajo la autoridad directa del presidente y se convirtió en un instrumento partidista.

Cuando se volvieron a celebrar elecciones nacionales en 2016, ya se habían perfilado los contornos de un régimen dinástico. Rosario Murillo, que había formalizado su matrimonio con Ortega en un esfuerzo por aplacar a la Iglesia católica antes de las elecciones de 2006, se convirtió ahora en la compañera de fórmula de su marido. Las decisiones del gobierno no se tomaban en las oficinas presidenciales, sino en el complejo de la familia Ortega-Murillo que servía de sede del FSLN. La familia Ortega también había comprado la mayoría de los medios de comunicación independientes y seguía controlando la televisión y la radio públicas, así como la prensa escrita afiliada al FSLN.

El FSLN había dominado durante mucho tiempo el brazo técnico del poder electoral, pero ahora asumió el control total de su órgano de decisión, el Consejo Supremo Electoral, que procedió a prohibir la participación de algunos candidatos populares de la oposición. En medio de denuncias de intimidación gubernamental y fraude electoral, y sin la presencia de observadores electorales internacionales, Ortega fue proclamado vencedor, obteniendo supuestamente 70% de los votos, un porcentaje mucho mayor que en el pasado. Al igual que en 2011, la victoria era plausible dado el sólido crecimiento económico de Nicaragua y la reducción de la pobreza, pero el total de los votos reportados no pudo ser verificado. Una vez más, la falta de transparencia y el rechazo de los resultados por parte de muchas figuras de la oposición no desencadenaron una revuelta popular ni impidieron que la comunidad internacional reconociera al gobierno.

La familia Ortega también había comprado la mayoría de los medios de comunicación independientes y seguía controlando la televisión y la radio públicas

El costo de unas elecciones sin Estado de derecho se hizo evidente en 2018, cuando el gobierno comenzó a violar sistemáticamente los derechos humanos y las libertades civiles. Ya en ese momento, el sistema judicial no ofreció recurso de contrapeso alguno. Después de que el crecimiento económico se ralentizara y el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtiera que el sistema de pensiones de Nicaragua podría quebrar, el gobierno anunció reformas impopulares, que incluían un aumento de los impuestos sobre los salarios y la renta, así como una reducción de 5% en los pagos de las pensiones con las que subsisten muchas familias pobres. Además, algunos nicaragüenses desaprobaron la gestión gubernamental de los devastadores incendios forestales y el contrato para construir un canal interoceánico a través de zonas ambientalmente sensibles.

El 18 de abril de 2018, una protesta pacífica contra esas políticas se tornó trágica cuando la policía disparó munición real contra manifestantes desarmados. La oposición se extendió y las demandas de los manifestantes se convirtieron en un llamamiento para que Ortega renunciara y adelantara las elecciones previstas para 2021. Los estudiantes universitarios se hicieron oír reuniéndose en los campus para exigir democracia. Se aliaron con trabajadores, campesinos y algunos clérigos. El gobierno respondió con una represión aún mayor, enviando a las fuerzas de seguridad y a las turbas de jóvenes afiliados al FSLN para que mataran a más de 320 personas, encarcelaran a cientos con cargos dudosos y expulsaran a decenas de miles al exilio.

Así, 2018 se convirtió en un año de inflexión política en el que Nicaragua se transformó en una dictadura en toda la línea. Los ciudadanos, finalmente, se mostraron dispuestos a oponerse al régimen de Ortega-Murillo. Y descubrieron que el régimen ya no toleraba la disidencia. En septiembre, el gobierno aprobó una nueva ley que exigía el permiso de la policía para organizar una manifestación pública. En los meses siguientes, las fuerzas de seguridad saquearon las oficinas de los medios de comunicación de la oposición, confiscaron sus bienes y amenazaron a los periodistas. En noviembre, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la Ley de Condicionalidad de las Inversiones en Nicaragua (NICA) para impedir que el país centroamericano obtuviera determinados préstamos hasta que se celebraran elecciones libres. El régimen de Ortega respondió cerrando por la fuerza las organizaciones de la sociedad civil que apoyaban la democracia y etiquetando a sus líderes como agentes extranjeros. En diciembre de 2020, ya con la cabeza puesta en las elecciones de este año, el FSLN impulsó en el Poder Legislativo un proyecto de ley que facultaba al gobierno a declarar a los ciudadanos “terroristas” o “traidores a la patria”  sin presentar pruebas, y así prohibirles presentarse a cargos políticos. Un diálogo facilitado por la Iglesia católica fue abandonado después de que el gobierno lo calificara de intento de golpe de Estado y persiguiera a algunos líderes de la Iglesia.

El costo de unas elecciones sin Estado de derecho se hizo evidente en 2018, cuando el gobierno comenzó a violar sistemáticamente los derechos humanos 

A pesar de los esfuerzos de los exiliados por llamar la atención sobre el surgimiento de un Estado policial en Nicaragua, la proximidad de las polémicas elecciones estadounidenses y la pandemia de covid-19 atrajeron la atención internacional en otras direcciones. El gobierno nicaragüense ignoró descaradamente un plazo de la OEA para reformar sus instituciones electorales antes de mayo de 2021 y, en su lugar, comenzó a arrestar a los líderes de la oposición que se esperaba que fueran nominados como candidatos presidenciales. El Tesoro de Estados Unidos respondió sancionando a funcionarios claves del régimen, incluyendo por primera vez a un líder de las Fuerzas Armadas, que son un pilar del poder de Ortega. La Unión Europea y Canadá siguieron su ejemplo. En septiembre, la mayoría de los países del hemisferio occidental habían llegado a la conclusión de que, independientemente de lo que pudiera ocurrir el día de las elecciones, el proceso electoral de Nicaragua ya era antidemocrático. El Congreso de Estados Unidos aprobó entonces la Ley RENACER, refrendada por el actual presidente Joe Biden, prometiendo revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de América Central y utilizar todos los recursos a su alcance para presionar por el retorno a la democracia. Sin embargo, en un cambio respecto a la década de 1980, Estados Unidos y la oposición nicaragüense en el exilio insistieron en que el cambio tendría que venir de dentro de Nicaragua y nadie abordó la posibilidad de una intervención armada.

Lecciones aprendidas

Uno de los rasgos más reveladores del proceso electoral de 2021 fue la disposición del régimen a actuar de manera descarada. La única pregunta es por qué tantos siguieron pretendiendo durante tanto tiempo que una hoja de parra electoral podría esconder el autoritarismo vigente en el país.

Una de las posibles razones es que las ideas que habían ayudado a los responsables políticos a entender la ola mundial de transiciones a la democracia siguieron condicionando las interpretaciones de la política nicaragüense. Aun cuando muchos académicos dieran cuenta del resurgimiento autoritario, la teoría de la democratización seguía vigente. Bajo esta lupa, Nicaragua era observada como una democracia débil que se enfrentaba a los típicos retos de la consolidación democrática, en lugar de un régimen autoritario emergente. Las elecciones de 1996 fueron, de hecho, vistas como comicios de consolidación que seguían de forma natural a las elecciones fundacionales de 1990, cuando en realidad el desorden de la transferencia y el almacenamiento de las papeletas en 1996 llevó a recuentos masivos y a la anulación de una parte importante de los votos.

El éxito de las elecciones de 1990 –que pusieron fin a la guerra contrarrevolucionaria– fue el de trasladar el campo de batalla a las urnas. La competencia electoral entre los liberales y los sandinistas parecía, así, una extensión natural de la revolución y la contrarrevolución. La reelección de Ortega en 2006 parecía demostrar que existía una alternancia pacífica en el gobierno y que la consolidación democrática había avanzado. Se esperaba que los miembros del FSLN aceptaran que un sistema político democrático los beneficiaba y que no era solo una superestructura que enmascaraba el ejercicio del poder capitalista.

En ese marco, la comunidad internacional brindaba a Nicaragua las cortesías propias de una democracia, incluso cuando todo el mundo sabía que ya no merecía ese apelativo. Nicaragua era un país pequeño y subdesarrollado y los acontecimientos que se producían en él atraían la atención internacional. La democracia era, además, solo uno de los aspectos que interesaban al resto de los países de Occidente. Mientras Nicaragua no generara demasiados emigrantes, proporcionara cierta cooperación en la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas ilícitas, y resultara un lugar lucrativo para la inversión, Estados Unidos estaba dispuesto a aceptar elecciones de calidad reducida como “democracia suficientemente buena”. Dado que el pueblo nicaragüense era pobre, se pensaba que era comprensible que concediera legitimidad a los gobiernos basándose en los resultados económicos, incluso si las irregularidades de procedimiento en las elecciones seguían multiplicándose.

Esto habla del hábito del “electoralismo”, definido como la tendencia persistente entre los políticos y algunos académicos de privilegiar las elecciones competitivas como la prueba de fuego de la democracia. El electoralismo ignora indicadores más sólidos que pueden ser difíciles de medir, como la vigencia plena del Estado de derecho, las garantías de las libertades civiles y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, Nicaragua no ha cumplido ni siquiera con ese estándar mínimo durante una década. Las elecciones de 2011 no fueron transparentes y la competencia se vio seriamente obstaculizada en 2016. Aun así, la comunidad internacional no hizo más que expresar su consternación y dejar que las relaciones diplomáticas pasaran de tibias a frías.

Tras la reciente farsa electoral, está previsto que la OEA se reúna en su Asamblea General y se espera que los cancilleres participantes aprovechen la oportunidad para declarar que la elección de Nicaragua se realizó por debajo de los estándares internacionales mínimos. Esto podría llevarlos a considerar la aplicación de políticas bajo el mandato de la Carta Democrática Interamericana. Si la OEA se limita a exhortar a Nicaragua a volver a la senda democrática, como ha hecho antes, la organización parecerá ineficaz. La OEA aún no está preparada para solicitar la expulsión de Nicaragua en virtud del artículo 21 de la Carta Democrática, ya que no existe un consenso regional para hacerlo. Incluso en caso de producirse la suspensión del país en el organismo, solo cortará un canal de comunicación multilateral y obligaría a los Estados a adoptar acciones bilaterales.

La conclusión es que las normas democráticas son difíciles de aplicar en regímenes que no se sienten afectados por la condena internacional. Tampoco hay zanahorias lo suficientemente fuertes como para tentar a la pareja gobernante de Nicaragua a entregar el poder y arriesgarse a ser procesados por la Corte Penal Internacional. Para los opositores al régimen, el rayo de esperanza que queda para el cambio es, irónicamente, la persistente dependencia de Nicaragua de Estados Unidos en materia de comercio, inversión y cooperación militar. La hegemonía estadounidense está en declive, pero la administración Biden parece dispuesta a apretar las tuercas a Nicaragua allí donde pueda. Sin embargo, suspender relaciones comerciales perjudicará más a los pobres de Nicaragua que a las elites políticas, y es poco probable que las sanciones económicas funcionen sin una adhesión universal. Otros Estados podrían optar por no reconocer al gobierno de Ortega y prohibirle a las instituciones financieras internacionales que sigan otorgándole dinero. Pase lo que pase, la demanda de democracia se articulará en términos de necesidad de elecciones libres y justas, pero los responsables políticos deberían aplicar una definición más gruesa de democracia, ya que no se pueden celebrar buenas elecciones sin reformas mucho más profundas para acabar con el miedo, reabrir el espacio político y desvincular al sandinismo del Estado.

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Este artículo se publicó originalmente en la revista Nueva Sociedad.