Parece cada vez más claro que el agotamiento de las principales fuentes de energía fósiles y la escasez de materias necesarias para la producción de energía con fuentes renovables, de menor retorno energético, nos sitúan a las puertas de un escenario de crisis energética global e inevitable decrecimiento. 

A este escenario de crisis energética y de materiales le acompañan dos aún más graves por sus características de irreversibilidad y de afectación estructural a la vida tal y como la conocemos: la crisis climática y la de biodiversidad. 

La conjunción de estas crisis conlleva, por un lado, la enésima situación de grave deterioro económico y social de miles de millones personas a lo largo y ancho del planeta, que ven agudizada aún más su lucha diaria por la mera supervivencia. 

Y, por otro, un desafío generalizado sin precedentes: la vida y las condiciones necesarias para su desarrollo en buena parte del planeta están en riesgo, cuando no directamente en vías de colapso.

Ante las consecuencias de la crisis ecológica y de limitación de recursos, la respuesta está siendo el acaparamiento y una concentración aún mayor del beneficio

Ni las responsabilidades, ni las consecuencias, ni las capacidades para mitigar y revertir esta situación son iguales entre todos los actores de la comunidad internacional. 

Sin embargo, nos encontramos una situación perversa: el pequeño grupo de actores con mayor responsabilidad y los que mayor capacidad de actuación tienen son, a su vez, los mayores beneficiados de la insostenibilidad del modelo económico y comercial hegemónico y los que dominan los foros de toma de decisiones. 

Conferencia de Partes tras Conferencia de Partes, COP tras COP (y van 26), vemos como unos pocos países enriquecidos y corporaciones multinacionales promulgan o mantienen vigentes laxas e ineficaces regulaciones internacionales que les permiten seguir agotando los recursos, incrementando las emisiones causantes del cambio climático e ignorando sus responsabilidades en la crisis ecológica.

Si bien la mitigación y lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requieren una acción conjunta de la comunidad internacional, los cambios estructurales que se necesitan dependen de la voluntad y ambición de los que menos predispuestos están realmente a abordar de manera global, ambiciosa y conjunta los desafíos que enfrentamos como civilización.

Las relaciones internacionales arrastran desde hace muchos años la necesidad de reforzar su democratización y el multilateralismo para dotarse de mayor legitimidad, conseguir mayor respeto y aplicación efectiva del derecho internacional o avanzar en la garantía de los derechos humanos. 

A esta necesidad histórica se suma ahora la de conseguir espacios de gobernanza internacionales eficaces y democráticos que permitan hacer prevalecer los intereses de la mayoría frente a las potencias políticas y empresariales que controlan actualmente los espacios de gobierno internacional.

Sin embargo, ante las consecuencias de la crisis ecológica y de disminución y limitación de recursos, la respuesta de facto está siendo el acaparamiento y una concentración aún mayor del beneficio y de la explotación de estos recursos, profundizando en el autoritarismo para poder controlar el incremento de la desigualdad y la exclusión que se genera.

Que los ejércitos vayan asumiendo la gestión migratoria supone reservarles un papel central frente a una de las consecuencias directas de la crisis ecológica

Así, desde la cumbre de Gales de 2014, todos los estados miembros de la OTAN se comprometieron a destinar al menos el 2% de su PIB a Defensa. Un compromiso y apuesta por la militarización tan clara que el incremento del presupuesto en Defensa no se ha visto mermado ni siquiera durante la grave crisis económica derivada de la pandemia.

A este incremento de los fondos destinados a los ejércitos le acompaña la normalización y expansión progresiva de las tareas que desarrollan los ejércitos: su despliegue por las calles de las grandes ciudades para hacer frente a la amenaza del terrorismo islamista; su participación cada vez más usual en las emergencias civiles provocadas muchas de ellas por el cambio climático (incendios, nevadas, inundaciones…); su papel protagónico inicial en la gestión de la pandemia…

Reseña aparte merece la militarización de la gestión migratoria. Que los ejércitos vayan asumiendo progresivamente el control y la gestión migratoria, dentro y fuera de las fronteras estatales, supone reservarles de facto un papel central en los próximos años frente a una de las consecuencias directas de la crisis ecológica, las denominadas migraciones climáticas: más de 140 millones personas migrarán por razones vinculadas al cambio climático antes del 2050. 

Llegados a este punto, buena parte de las posibilidades de hacer frente a las consecuencias de la crisis ecológica sin caer en el autoritarismo y la militarización de nuestras vidas y, por tanto, conseguir una salida satisfactoria en términos de justicia social, pasa sí o sí por democratizar las relaciones internacionales.

La caracterización de Jorge Riechmann del siglo XXI como “siglo de la gran prueba” (resultante del choque de las sociedades industriales con los límites biofísicos del planeta) es aplicable también a las relaciones internacionales y a su definitiva e impostergable democratización. 

Una democratización acompañada de un nuevo internacionalismo ecologista desde el cual rechazar cualquier acuerdo político o práctica económica o comercial que lleve aparejada, directa o indirectamente, el acaparamiento o el expolio de recursos naturales ajenos. 

Pero también –y sobre todo– que, en el marco de urgencia ecológica que estamos, permita defender los intereses de las generaciones futuras, evitando la explotación insostenible del planeta, sus recursos y seres vivos. 

Es necesario un marco que posibilite acabar la impunidad con la que unos pocos países enriquecidos y corporaciones se apropian de bienes medioambientales comunes

Entendiendo y asumiendo que no se puede externalizar ni imponer a otras personas –presentes o futuras– los costes ambientales y humanos del bienestar propio, es urgente actuar en consecuencia y desarrollar y fortalecer un internacionalismo ecologista que sirva de base para un marco de relaciones internacionales democratizado y fuertemente descentralizado.

Un marco que posibilite, por tanto, acabar la impunidad con la que unos pocos países enriquecidos y corporaciones multinacionales se apropian en muchos casos de bienes medioambientales comunes, vulnerando los derechos humanos y la soberanía de los pueblos sobre esos recursos y cometiendo verdaderos ecocidios en su explotación. 

Pero para ello, son necesarios nuevos modelos de relaciones internacionales que, desde parámetros de democratización política y económica, de apertura y participación política, de descentralización y respeto por la soberanía de los pueblos y territorios, reduzcan las desigualdades existentes en términos de poder y en términos socioeconómicos, entre clases, entre países y entre territorios. 

En definitiva, una apuesta por el internacionalismo ecologista democrático de la mano del refuerzo y la creación de espacios que, frente a las lógicas actuales de enfrentamiento, competencia y explotación, refuercen lógicas de colaboración y complementariedad en las relaciones internacionales para poder hacer frente al mayor reto de nuestra civilización.

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Jose Criado es activista y ecologista. Politólogo, experto en Participación Política y Cooperación Internacional.