Europa pretende ser el líder mundial de la transición a la economía verde de emisiones cero y la región que más se moviliza para salvar la Amazonia de las locuras de Jair Bolsonaro. 

Pero el viejo continente no solo importa enormes cantidades de soja de áreas deforestadas para alimentar a los millones de pavos, pollos y cerdos que han alegrado nuestra navidad tal y como se explica aquí. Europa es el mercado más importante también para toneladas de oro extraídas ilegalmente en áreas protegidas de la Amazonia brasileña con consecuencias catastróficas para los pueblos indígenas, la conservación de la selva y el futuro del planeta.

Este “oro de sangre” –responsable ya de la muerte de decenas de indígenas en la comunidad Yanomami, a manos de mineros ilegales (garimpeiros)– se destina principalmente a Suiza, Italia y Londres. Pero también puede acabar en España. Es decir que ese collar Swarovski que tu novi@ te ha regalado para Reyes puede estar hecho de oro de sangre de la Amazonia brasileña.

De las 110 toneladas de oro exportadas desde Brasil en 2020, casi veinte toneladas –con un valor de 1.000 millones de euros– están contaminadas con oro ilegal, según un informe reciente del Instituto Escolhas en Sao Paulo. Gran parte de esa mercancía llega a Europa, principalmente a Suiza, donde se encuentran las refinerías de oro más importantes del mundo, que compran el 20% del oro brasileño.

Ese collar Swarovski que tu novi@ te ha regalado para Reyes puede estar hecho de oro de sangre de la Amazonia brasileña

Italia es una importante puerta de entrada para el oro ilegal y una de las empresas europeas directamente involucradas en el negocio es Chimet SPA, una refinería con sede en Badia al Pino, en Arezzo. Según una investigación de la Policía Federal brasileña, Chimet participaba en una red de extracción, blanqueo de dinero y comercialización de oro, procedente de una mina ilegal en la Tierra indígena de la etnia Kayapó, que se extiende a lo largo de 3.300 hectáreas de selva en el sureste del enorme estado de Pará, en el norte de Brasil. En el momento de publicar este artículo, Chimet no había respondido al correo dirigido a sus oficinas en Badia al Pino.

Según un comunicado policial emitido tras llevarse a cabo la llamada Operación Terra Desolata (tierra devastada en italiano), los mineros ilegales en la reserva de los Kayapó –la única área de esta parte de la Amazonia que aún tiene bosque– extraían una tonelada de oro al año –casi 50 millones de dólares– para la exportación a Italia. Al mando de la lucrativa actividad minera en la Amazonia estaba la empresa CHM, de los empresarios brasileiro-italianos Mauro y Giacomo Dogi (padre e hijo) –este último exempleado de Chimet– con sede en el estado de Goiás, colindante con la capital, Brasilia.  

Según informó hace unos días el diario O Estado de Sao Paulo, Chimet y CHM mantienen una asociación empresarial desde hace décadas. Chimet presuntamente pagó a la empresa de los hermanos Mauri más de 2.000 millones de reales (unos 400 millones de euros).  

Chimet, en su página web, resalta su compromiso con la sostenibilidad del refinamiento del oro en su planta. Se autocalifica como una “fábrica ecológica” y subraya las medidas adoptadas para proteger el medioambiente en el entorno de su refinería en Arezzo, donde emplea “sistemas sofisticados […] para no causar contaminación”, según los comunicados de la empresa. Chimet ha obtenido varios certificados europeos de gestión medioambiental y cuenta con el beneplácito del London Bullion Market que, en teoría, no debería comercializar oro ilegal.

Pero el medioambiente de los 4.500 indígenas Kayapó parece ser menos prioritario para la empresa italiana. Los ríos de la región –afluentes del Amazonas y el Tocantins–  están cada vez más contaminados de mercurio, que se usa para separar el oro de la roca y del barro. “El río Fresco está totalmente envenenado y ya no podemos comer el pescado”, dijo Patykore Kaiapó, uno de los líderes Kayapó, en una entrevista con la ONG Asociación de la Selva Protegida, en Tucumã.

Los Kayapó ya compran cada vez más alimentos en Ourilandia do Norte –escena de una destructiva fiebre de oro en los años setenta y ochenta– y en Tucumã, los dos municipios más próximos al límite norteño de la reserva indígena.   

Un hombre kayapó compra en un supermercado de Ourilandia do Norte. | Fuente: National Geographic

El mes pasado se podía ver a decenas de familias Kayapó, los cuerpos pintados de los pies a la cabeza, algunos con tocados de plumas, que compraban alimentos en un supermercado de la cadena Giro, en Ourilandia.   

La minería ilegal de oro –que bate récords de precio en el mercado internacional mientras Jair Bolsonaro hace la vista gorda– está devastando tierras indígenas en la Amazonia brasileña con consecuencias desastrosas para la salud de los indígenas, y también para la protección de la selva. 

Los principales afectados son los Yanomami, en el norte del estado de Roraima, próximo a la frontera con Venezuela; los Kayapó y Xikrin, en los alrededores de Ourilandia, y los Munduruku, más al oeste, en los alrededores de la capital garimpeira de Itaituba. Casi todas las minas violan el código minero y, en el caso de las minas en reservas indígenas, la propia Constitución. 

Pero la desesperación en Brasil –donde 19 millones de personas ya sufren desnutrición– es tal que el garimpo (minería ilegal) es cuestión de vida o muerte para muchos: “No hay trabajo, si no fuera por el garimpo nos moriríamos de hambre”, cuenta la mujer de un garimpeiro que draga en busca de oro en el río Madeira, más al oeste. Un garimpeiro entrevistado en Ourilandia do Norte el mes pasado explicaba que cobra 7.000 reales (1.400 euros) al mes. Otros, como los hermanos Dogi, en Goías, y sus socios en Arezzo, ganan mucho más.

Las operaciones policiales en territorio Kayapó y otras áreas han levantado ampollas en la comunidad de los garimpeiros, una parte importante de la base bolsonarista en la Amazonia. “Yo participo en algunos grupos en internet y los garimpeiros aquí se sienten traicionados”, explica la dueña de un hotel cuyo coche está adornado con una pegatina de apoyo al presidente.

En asambleas en las que lucen camisetas con el eslogan “El garimpeiro no es bandido, es trabajador”, los mineros ilegales en Ourilandia se quejan también del trato diferencial que sufren frente a las dos minas cercanas de la multinacional brasileña Vale, una de níquel y otra de cobre y oro. Es irónico porque son los Kayapó los que han luchado en el pasado contra las grandes minas de Vale, como la de Carajás –a 200 kilómetros de Ourilandia–, una colosal mina a cielo abierto que suministra hierro a la industria siderúrgica china tal y como se explica en el primer capitulo de este libro .

Furiosos con la policía, los garimpeiros han bloqueado carreteras y crecen las amenazas de violencia. “Ten mucho cuidado al pasear por el pueblo porque la gente está furiosa”, avisó un investigador de la ONG Kayapó en Tucumã, fundada en los años setenta, un proyecto de urbanismo utópico en la colonización la Amazonia pero desbordado cuando miles de pobres llegaron durante la primera fiebre de oro a Ourilandia y a la Serra Pelada, más al norte, inmortalizados en las fotos de Sebastião Salgado.

Miles de pobres llegaron durante la primera fiebre de oro a Ourilandia y a la Serra Pelada. | Fuente: Sebastião Salgado

Bolsonaro –que de niño iba con su padre, Percy, ex garimpeiro de Serra Pelada, a batear en los ríos en busca de oro– está haciendo lo posible para aplacar a los garimpeiros. Si se aprueba el nuevo código minero y el proyecto de ley 191/20, se dará luz verde a 90.000 solicitudes de apertura de minas, a lo ancho de una superficie de seis millones de hectáreas de selva en áreas protegidas e indígenas –dos veces la superficie de Catalunya–.   

Mientras, el ministro y militar Augusto Heleno ha autorizado siete proyectos de minería en el entorno del río Negro, en el noroeste de la Amazonia, una área de selva protegida donde viven 23 etnias indígenas, según informó hace unos días el diario Folha de Sao Paulo.

Confiados en que el garimpo pronto será legal, unos 20.000 garimpeiros han invadido el territorio protegido del pueblo Yanomami, que ocupa unas 10.000 hectáreas en el norte de la Amazonia, un pueblo que ha hecho frente a todo en las últimas décadas, desde antropólogos sociales darwinianos y misioneros a cientos de miles de mineros ilegales.

El resultado: decenas de líderes indígenas asesinados, contaminación con mercurio de los ríos más importantes del planeta y una deforestación descontrolada. Las minas ilegales se extienden por 632 kilómetros a lo largo del río Tapajós, convertido ya en un paisaje lunar. Otro efecto colateral de la llegada de decenas de miles de garimpeiros es la propagación de la covid en la Amazonia, donde pueblos indígenas– víctimas de epidemias mortales traídas desde fuera desde hace siglos– son especialmente vulnerables. 

Si se aprueba el nuevo código minero y el proyecto de ley 191/20, se dará luz verde a 90.000 solicitudes de apertura de minas en áreas protegidas e indígenas

La tentación de los millones de reales, ofrecidos por los intermediarios del negocio de oro ilegal, es a veces imposible de resistir para las comunidades indígenas. Algunos de los caciques kayapó estuvieron involucrados en la extracción del oro. “Ven el oro pero no ven la destrucción, la prostitución, la violencia”, dice Patikore Kaiapó. En fincas colindantes a la tierra de los Kayapó, la policía acaba de descubrir 28 minas ilegales en las que trabajaban cientos de esclavos, en Ourilandia do Norte. “Dormían bajo lonas en temperaturas de 40 grados sin baño y sus cuerpos contaminados del mercurio”, dijo un testigo polical citado en la revista Carta Capital.  

Lo cierto es que el negocio del oro en la Amazonia es tan lucrativo que permite “pagar a los garimpeiros, elegir a los políticos, seducir a los indígenas y financiar la recompra de las máquinas destruidas por la policía”, resume la ONG Imazon. Todo gracias al dinero recibido de Europa. Hay muchos indicios de que la delincuencia organizada y el narcotráfico ya son los dueños del negocio del oro de sangre. En agosto, la Policía Federal brasileña incautó seis helicópteros, 10.000 litros de combustible y cientos de armas de fuego en áreas de minería ilegal dentro de la Tierra Indígena Yanomami. 

Es un tema que debería haber sido prioritario en la COP-26 de Glasgow. A fin de cuentas, los 900.000 indígenas de Brasil, repartidos en 254 pueblos, la mayoría habitantes de la enorme selva del Amazonas, son los verdaderos guardianes del gran pulmón amazónico. “La deforestación en las zonas indígenas demarcadas es infinitamente menor que en el resto de la selva”, explica Danicley de Aguiar, de Greenpeace, en Brasilia. 

Los países europeos “deben exigir a Brasil que adopte controles”, dice Larissa Rodrígues, autora principal del informe del Instituto Escolha sobre el oro contaminado. “Es difícil que Brasil actúe sin presión internacional. El Gobierno brasileño está incentivando la minería ilegal de oro”. 

Sin embargo, la Unión Europea no ha incluido el oro en la lista de materias primas que serían boicoteadas en caso de comprobar que proceden de áreas deforestadas (sí incluyó el cacao, pese a que es un producto que, al menos en la Amazonia, sirve como barrera a la deforestación y no de catalizador). 

Las refinerías suizas, lideradas por Argor Heraeus y Cendres Métaux, ya utilizan un proceso químico para averiguar el país de origen del oro que refinan. “Pero saber de dónde viene no resuelve la cuestión. Si tienes una situación geográfica en Manaos, por ejemplo, tienes que desplazarte hasta allí para saber cómo fue extraído; nadie hace eso”, explica Mark Pieth, experto en Derecho de la Universidad de Basilea y autor del libro Gold laundering, the dirty secrets. “La refinería del oro lava todos los sucios secretos del origen del oro y de quienes sufrieron por el camino”, añade Pieth. 

Chimet no es la única empresa que compagina alardes de sus políticas de sostenibilidad medioambiental mientras participa con la compra de oro extraído en tierras indígenas. Otros participantes en el negocio del oro de sangre son los  fabricantes de las excavadoras que se utilizan para extraer la tierra en los ríos para luego lavarla y buscar oro. Son todas marcas multinacionales –Caterpillar, Hyundai, Volvo, Sany, New Holland. 

Tal y como denuncia el excelente medio brasileño de investigación Reporter, estos fabricantes multinacionales de excavadoras no adoptan ningún control respecto al uso de sus máquinas en áreas de destrucción como Ourilandia do Norte, donde la marca que más se ve es Hyundai. Lejos han quedado los prototipos de los nuevos automóviles de hidrógeno de Hyundai, expuestos en la cumbre de Glasgow, y la promesa del consejero delegado de la multinacional coreana, Jay Vhang, que hace unos meses proclamó que “bajo la nueva visión de nuestra compañía del progreso por la humanidad, Hyundai está determinada a hacer todo lo que debe por el mundo”.  

En la zona de la destrucción amazónica, Hyundai tiene otra visión. Roberto Katsuda, representante de Hyundai en Itaituba, es uno de los estrechos aliados de Dirceu Sobrinho, presidente de la Asociación Nacional del Oro, cuyas minas se consideran responsables de la deforestación de 9.000 hectáreas de selva. Sobrinho se ha reunido con miembros del gobierno para hacer lobby en favor del mencionado proyecto de ley 191/20 e instar a Bolsonaro a “legalizar plenamente la minería en tierras indígenas”.