La “hammada”, la zona más dura, árida y pedregosa del Sáhara, es, desde hace casi 50 años, el único hogar de buena parte del pueblo saharaui. Allí, bajo el amparo de Argelia, han sufrido la guerra y también han conocido días de esperanza, como el alto el fuego del 6 de septiembre de 1991 a raíz del plan de paz de Naciones Unidas, aceptado por las partes, Rabat y Madrid incluidas, y que debía culminar en un referéndum de autodeterminación.

Hoy, más de 30 años después, el soñado regreso a sus lugares de origen, a Smara, a las costas de Dajla, a las calles de El Aaiún, Auserd, Bir Lehlu… parece más lejano. En un ambiente internacional más tenso, con la MINURSO (Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental) sin autoridad en el territorio, inoperante desde hace años y desprestigiada, parece imponerse una política de hechos consumados, de silencioso respaldo a una ocupación ilegal y de olvido de los derechos de un pueblo.

La política internacional es un tablero duro y sin escrúpulos a la hora de defender intereses, aunque, para justificar determinadas acciones, se apele a altos principios. Hoy, en medio de un conflicto en el corazón de Europa, cuando la guerra en Ucrania centra buena parte de la atención internacional, este antiguo asunto pendiente en el continente africano, frente a las costas de Canarias, vuelve, de forma inesperada, a ocupar las portadas de los medios españoles: el Sáhara, el Sáhara Occidental, aquel antiguo Sáhara que el Estado español abandonó por la puerta de atrás, sin cumplir sus compromisos internacionales, y dejó en manos de Hassán II, y sobre el que ahora su hijo y sucesor, Mohamed VI, exige el reconocimiento de su dominio.

En la arena internacional es entendible, sobre todo en tiempos revueltos, que todo Estado intente defender sus propios intereses, pero también es exigible que no vulneren ni los derechos humanos ni principios básicos del derecho internacional y de las Naciones Unidas. Y uno de ellos es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y el Sáhara Occidental, aunque se nos olvide subrayarlo, es desde 1963 para la ONU y, por tanto, ante el derecho internacional, un “territorio no autónomo”, es decir, pendiente de descolonización. Y, pese a que se obvie, este es un punto clave del conflicto, ya que la solución, ya sea la independencia o una fórmula de autonomía, no pueden decidirla de forma unilateral los Estados interesados o implicados. El único titular del derecho de autodeterminación es el pueblo de dicho territorio (art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En 2007, Rabat presentó a la ONU un plan de autonomía para el Sáhara dentro del reino alauí, con ciertas competencias en economía, desarrollo social y cultura y la existencia de varios órganos de gobierno propios, pero descartando de plano cualquier posibilidad de independencia. Esta propuesta, según Rabat, se sometería a referéndum entre la población del territorio. Y en este punto, el censo de votantes es una cuestión clave, al igual que en el referéndum propuesto por Naciones Unidas. ¿Quién tendría derecho de voto? ¿Toda la población que resida en el territorio?, ¿los nacidos en él?, ¿sólo los saharauis o con antepasados saharauis?

El Sáhara Occidental es, desde 1963 para la ONU, un “territorio no autónomo”, es decir, pendiente de descolonización

Esta propuesta, rechazada de plano por el Frente Polisario, hasta ahora no ha prosperado en Naciones Unidas, aunque ha contado con el apoyo de Francia, el gran aliado europeo de Marruecos, y recientemente del Gobierno de coalición alemán, encabezado por Olaf Scholz.

Pero el gran respaldo a las ambiciones de Rabat se produce el 10 de diciembre de 2020. Ese día, quizás elegido con sarcasmo, ya que en esa fecha, pero en 1948, se publicó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el presidente Donald Trump presenta dos decisiones de gran calado y complementarias: Washington reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y anuncia el establecimiento de relaciones diplomáticas entre el reino alauí e Israel.

Entre los críticos al reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara está un destacado republicano y secretario de Estado durante la presidencia de George Bush, James Baker, y muy buen conocedor del conflicto. En un artículo publicado en el Washington Post, James Baker subraya que la decisión de Trump es “un asombroso retroceso en los principios del derecho internacional y la diplomacia que Estados Unidos ha defendido y respetado durante muchos años. Esta precipitada medida disfrazada de diplomacia contribuirá a agravar el actual estancamiento en la resolución del prolongado conflicto entre Marruecos y el pueblo del Sáhara Occidental sobre el estatus de ese territorio. Además, amenaza con complicar nuestras relaciones con Argelia, un importante socio estratégico, y tiene consecuencias negativas en la situación general del Norte de África”.

James Baker fue durante 7 años representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental y visitó los campos de refugiados saharauis en Tinduf. Pero, pese a su peso político, ni siquiera su mediación logró avance alguno en la resolución de este conflicto. Es más, desde entonces, la situación se ha ido agravando e incluso el alto el fuego, que entró en vigor en septiembre de 1991 y fue lo único efectivo del Plan de la ONU, se rompió a mediados de noviembre de 2020, tras varios incidentes en el paso de Guerguerat, en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania.

La decisión de Trump parece, además, haber marcado rumbo en la política exterior de Estados Unidos, ya que ha sido ratificada por su sucesor en la presidencia, el demócrata Joe Biden. A principios de julio de 2021, apenas siete meses después de su toma de posesión, la Administración Biden confirmó que mantiene el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

En la Unión Europea, la postura marroquí ha tenido y tiene decididos defensores, pero, hasta ahora, Bruselas no ha tomado una posición similar a la de Washington. Considera al Sáhara Occidental como “un territorio no autónomo administrado de facto por Marruecos” y aboga oficialmente por “una solución justa, duradera y mutuamente aceptable”.

En cuanto a los socios comunitarios, Francia es el país más favorable a los intereses de Rabat, dispuesta a vetar siempre en el Consejo de Seguridad de la ONU las propuestas contrarias a los intereses marroquíes. Así, por ejemplo, en 2013 impidió que la Misión de Naciones Unidas (MINURSO) supervisase las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental.

En los asuntos económicos, la posición comunitaria es mucho más ambigua. En sus acuerdos comerciales con Rabat, la Comisión y el Consejo Europeo le permiten incluir el territorio del Sáhara Occidental y, por ello, beneficiarse de sus recursos, entre ellos la pesca y los fosfatos. Sin embargo, esta explotación es ilegal según el derecho internacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado en contra de estos acuerdos, y se espera que haga lo mismo con el acuerdo de pesca vigente.

Una pieza clave en las relaciones con Marruecos y Argelia

¿Y España? Sin duda, su posición es la más complicada en un escenario además muy complejo, ya que precisa mantener buenas relaciones con sus dos grandes vecinos del sur, Marruecos y Argelia, enfrentados entre sí por la cuestión del Sáhara, causa por la que han roto sus relaciones diplomáticas. La presión migratoria, la pesca y la amenaza del terrorismo islamista hacen imprescindibles unas buenas relaciones con Rabat. El gas argelino es hoy, a raíz de la guerra en el corazón de Europa, más estratégico y vital que nunca para Europa y, en particular, para España.

Cualquier relación entre estos tres países mediterráneos está condicionada, para bien o para mal, por un elemento clave, aunque a veces se subestime u olvide: el conflicto del Sáhara Occidental. Argelia es el gran aliado y soporte del Frente Polisario. La “marroquinidad” del Sáhara es uno de los pilares del reino y la monarquía alauitas.

Cualquier relación entre España, Marruecos y Argelia está condicionada por el conflicto del Sáhara Occidental

Las dos últimas graves crisis entre Rabat y Madrid están relacionadas, de una forma u otra, con el conflicto del Sáhara. Hace casi un año, la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, para ser tratado de un cáncer en un hospital de Logroño acabó con el relevo de la ministra de Exteriores y el caso está en los tribunales. Pocas semanas después, la “respuesta” de Marruecos mantuvo la presión con la avalancha de “inmigrantes” en Ceuta.

España tiene aún, aunque casi nunca se señale y pese a que sus gobiernos tiendan a desentenderse, una responsabilidad internacional. Para las Naciones Unidas y el derecho internacional, España es aún la potencia administradora de iure del territorio del Sáhara Occidental, ya que la descolonización de este territorio sigue pendiente.

Por ello, la carta enviada por el presidente del Gobierno español marca una radical ruptura con la posición mantenida hasta ahora, un consenso con independencia del color del gobierno respecto a este conflicto. Según la carta de Pedro Sánchez, cuyo contenido ha hecho público el Gabinete Real marroquí, el Ejecutivo español ha dado por buena la propuesta de autonomía del Sáhara como “la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa”. Indica, además, que el objetivo es “construir una nueva relación basada en la transparencia y la comunicación permanente, el respeto mutuo”, así como “garantizar la estabilidad y la integridad territorial de los dos países”.

La Presidencia del Gobierno, en un comunicado publicado el viernes 18 de marzo, ha subrayado que se inicia “una nueva etapa de la relación con Marruecos”, cuyo objetivo es “garantizar la estabilidad, la soberanía, la integridad territorial y la prosperidad de nuestros países”.

También se hace mención a la cooperación de los flujos migratorios en el Mediterráneo y el Atlántico. Y en este punto hay que recordar la masiva llegada de migrantes a las costas canarias en pateras y precarias embarcaciones que, en la mayoría de los casos, partieron de las costas del Sáhara Occidental.

Por su parte, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, en una rueda de prensa, confirmó este cambio de posición y apoyo al plan de autonomía de Marruecos. Y añadió que confía en que no habrá represalias de Argelia, a la que define como socio fiable, estratégico y vital para el suministro de gas.

Este cambio radical de posición en una cuestión tan sensible como el conflicto del Sáhara Occidental ha suscitado una lluvia de críticas, tanto de Unidas Podemos y otros socios del Gobierno, así como de la oposición, donde tanto el PP como Ciudadanos y Coalición Canaria han pedido la comparecencia de Albares en la Cámara. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recordado que España debe respetar los principios básicos del derecho internacional, entre los que se encuentra el derecho de autodeterminación de los pueblos, y los derechos humanos.

El Sáhara Occidental, no se olvide, es según el Comité Especial de Descolonización de la ONU y, por tanto, ante el derecho internacional, un “territorio no autónomo”, que la Carta de Naciones Unidas, en su capítulo IX, define como “territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. El Sáhara Occidental es el mayor de los 17 territorios no autónomos. Y es el que nos es más cercano. No lo olvidemos.

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Yolanda Sobero es periodista de TVE. Ha escrito Sáhara. Memoria y olvido (Ed. Ariel) y forma parte del Consejo de Informativos de TVE.