Una manera sensata de sacudirnos parte de la pesadumbre que la guerra de Putin añade a la que ya nos embargaba por los durísimos efectos de la covid es apreciar las relaciones que existen entre la una y la otra. En esas relaciones encontramos respuestas eficaces y plausibles: soluciones compartidas y multiplicativas que son útiles para paliar los efectos sindémicos de la guerra, la pandemia y la crisis social que sufrimos desde, al menos, 2008. Una sindemia es el resultado de varias pandemias (ahora, social, epidemiológica, ambiental y bélica), con causas y efectos parcialmente comunes, que interaccionan y se multiplican las unas con las otras. En este caso: Gran Recesión x covid x emergencia climática x guerra.

¿Cuáles son las respuestas más relevantes para progresar y evitar el derrotismo populista y reaccionario? Aun con dudas e incertidumbres, gran parte de la ciudadanía desea fortalecer tanto a las instituciones democráticas como las políticas sociales más eficientes en aras de preservar la paz y el bienestar de los ciudadanos, la capacidad productiva, la justicia, la convivencia, la calidad ambiental y la calidad democrática.

Madurar con ambición y aplicar a gran escala estas ideas es fundamental por sus propios efectos positivos, sistémicos y concretos. Y es también una buena estrategia para ampliar las coaliciones ciudadanas formadas por quienes sentimos rechazo hacia los efectos que tienen las políticas populistas de caudillismo, tantas veces al servicio de cleptócratas y cautivas de intereses inconfesables.

Por ejemplo, constatamos ya los efectos perversos que se producen en algunas zonas de España con la ‘latinoamericanización’ o parasitación de la sanidad pública por parte de multinacionales que se lucran al recibir, desde las autoridades ultraliberales, a los segmentos de población más sana y a los pacientes menos complejos. Reaccionar supone reactivar de inmediato la actividad asistencial de calidad que la covid –y puede que ahora también la guerra– ha paralizado en numerosos ámbitos de la sanidad pública. Y no tanto subvencionando tecnología sino, sobre todo, invirtiendo en los maltrechos recursos humanos y en aumentar la agilidad funcional de la atención primaria (AP) y de los dispositivos preventivos. Se ha de invertir para renovar un edificio clave de nuestro estado del bienestar: el sistema nacional de salud pública de cobertura universal, con financiación pública y basado en la AP. Con una agencia estatal de salud pública bien conectada con Europa que potencie las actuales redes de cooperación supra autonómicas. Son objetivos ambiciosos, pero también factibles y con un profundo impacto social y político. Y electoralmente son atractivos.

¿Tenemos fuerzas para llevar a la práctica lo que hemos aprendido tras estos dos años de la Primera Pandemia Planetaria y estas semanas de la Primera Guerra Europea del siglo xxi? ¿En plena convulsión de los siempre frágiles equilibrios geopolíticos, económicos y climáticos? El momento histórico es muy grave: la potencia de la reacción democrática debe ser insólita, con impactos sociales proporcionales a los retos. En algunos casos lo está siendo.

No es fácil actuar, pues en ocasiones la nefasta demagogia y una comprensible emotividad nos alejan de las políticas transformadoras. Pero hay indignación y ambición. Por la paz, la justicia social, la salud, la Tierra. Está presente en grandes sectores de la ciudadanía. Aquí están las respuestas a la guerra (son muchas, emocionales a la vez que prácticas, y en todo caso audaces). Hay ganas de promover otras políticas de transformación real del mundo. Tenemos la certeza de que en estos dos años infinitos los ciudadanos hemos aprendido mucho; para empezar, de los errores. Hemos aprendido un montón de ética, economía, derecho y epidemiología, por ejemplo. Cuántas personas sabemos ahora interpretar información sobre incidencia acumulada, o ERTE, o solidaridad. Hemos vivido aprendizajes incluso más importantes que los científicos y técnicos: los que han surgido en condiciones muy difíciles tras compartir con generosidad y sabiduría práctica qué comporta vivir en sociedad. No dejemos que el derrotismo caudillista amordace mediática y políticamente esas experiencias personales y colectivas. Todas ellas políticas.

Durante años, los científicos sociales (economistas, ecólogos y epidemiólogos, entre otros) hemos recordado que la peor amenaza para el estado del bienestar, la naturaleza y la salud pública es la guerra. Seguida, en tiempos de relativa paz –el bien público por antonomasia–, por la desigualdad económica y las malas condiciones de trabajo. Estas razones explican que la reforma laboral aprobada en febrero sea la decisión política más favorable para la salud pública en décadas. Y su atrabiliaria aprobación, un ejemplo de la necesidad de procesos democráticos más sólidos y con mayor apoyo electoral. 

Barack Obama y otros muchos vaticinaron cuán probable era que se produjera una pandemia, y buscaron consensos para modernizar los aparatos de Estado que pudieran prevenir o anticiparse a esta situación. Por otra parte, desde hace años estamos experimentando de manera cotidiana grandes crisis de migraciones provocadas por tensiones geoestratégicas vinculadas a injusticias sangrantes, a la desregulación ultraliberal, a la crisis climática, a dictaduras, a guerras y a los efectos multiplicativos de todos esos procesos. Vemos a diario cómo la economía, la energía, el medio ambiente, la guerra, las pandemias e incluso las mismas poblaciones son gestionadas de un modo lamentable por dictadores y nacionalpopulistas, todos de parecido pelaje. Las soluciones exigen fortalecer las instituciones democráticas globales, regionales y locales. Esto incluye la transformación de las componentes más disfuncionales de nuestro estado autonómico. Utilizando una expresión del economista Alejandro Esteller, necesitamos gobiernos e instituciones de alta capacidad a todos los niveles. Podemos promover un mayor apoyo ciudadano a esos procesos, revalorizando la política como una actividad noble, difícil y útil.

Además, durante los últimos dos años, la cacofonía de expertos y opinadores ha sido negativa, pues no ha estado equilibrada por instituciones científica y técnicamente potentes, bien dotadas de recursos humanos y materiales, trabajando con datos válidos, respetadas por las autoridades políticas y por una ciudadanía que confiase en ellas. La instrumentalización de supuestos expertos por algunos políticos –y viceversa– ha sido nefasta. En una crisis pandémica es necesario, casi exigible, que los expertos cooperen de manera leal con las instituciones. Sin perjuicio del debate social, al contrario. Además, hemos vivido otro rasgo de estos tiempos convulsos: para pilotar una pandemia no basta con la ciencia y la tecnología. En algunas zonas de España la aplicación Radar Covid complementó el trabajo de los rastreadores humanos, pero la débil colaboración entre tecnólogos e instituciones, y su escasa capacidad de persuasión, limitaron el impacto de la app. La misión de un tecnólogo con visión social no termina cuando entrega la tecnología. Debe trabajar desde instituciones cuyos profesionales conocen cómo se expanden las enfermedades en las sociedades reales; un pleonasmo necesario cuando algunos grupos de interés promueven tecnolatrías socialmente estériles.

Tampoco podemos olvidar la actual debilidad y fragmentación del sistema estatal de salud pública, necesitado tanto de modernización técnica como de una reforma en sus bases jurídicas, de autonomía e incluso de sus procesos de trabajo. Por ejemplo, se precisa potenciar la cooperación supra autonómica y la coordinación europea. Es notoria la escasa documentación disponible sobre los fundamentos técnicos de las decisiones del Consejo Interterritorial del sistema nacional de salud. En cualquier caso, hemos de valorar los consensos y avances que están logrando distintos ministerios y Comunidades Autónomas en los sistemas de información y en las estrategias de salud pública, pues son una parte importante de las respuestas progresistas a la sindemia.

Vivimos tiempos disruptivos que exigen políticas con la mayor eficiencia social posible. Necesitamos mejorar nuestro marco institucional para facilitar esta respuesta, aprovechando al máximo el conocimiento científico, técnico, jurídico y humanístico del que disponemos. El economista Vicente Salas Fumás, uno de los mejores académicos españoles, ha escrito en el texto de la ceremonia de su Doctorado Honoris Causa en la UAB: “Los estados no deben replegarse en su función de defensores del bien común; por el contrario, deben reforzarse en un contexto de mayor coordinación continental y planetaria”. 

Son motivos concretos, globales y profundos para afrontar los retos sindémicos con seguridad, así como para mejorar nuestras instituciones y nuestras políticas sociales, sanitarias y ambientales. Hay ganas de que la potencia de la reacción democrática sea proporcional a estos retos.

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Miquel Porta es médico y epidemiólogo, y Francesc Trillas es economista. Ambos son profesores en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).