Un fantasma recorre la Europa urbana: una crisis masiva de la vivienda, provocada por la creciente incapacidad de los salarios medios de los ciudadanos para hacer frente al coste del metro cuadrado. Frente a los pocos que obtienen altos ingresos y pueden permitirse adquirir (y acumular) capital inmobiliario en los centros de actividad económica y social de las ciudades, amplios sectores de la población que carecen de los medios necesarios se ven empujados a los márgenes, tanto geográfica como socioculturalmente. La proliferación de pisos y habitaciones turísticas en ciudades como Barcelona tienen mucho que ver con este proceso.

Los estudiosos de la gentrificación destacan una evolución fundamental: por ejemplo, el geógrafo Manuel Aalbers destaca factores como la tendencia a la migración de las élites transnacionales en el mercado laboral pero también, de manera fundamental, la creciente financiarización de los inmuebles, gracias a la cual el capital internacional se “fija” en lugares donde se asegura una alta capacidad de retorno, alimentando los procesos especulativos. El resultado de este proceso no es simplemente una sustitución de pobres por ricos, sino más bien de residentes a largo plazo por poblaciones a corto plazo; y la transformación del suelo urbano de un recurso que determina las posibilidades de vivienda, a un activo especulativo que alimenta las actividades de extracción de rentas.

El resultado de la gentrificación no es simplemente una sustitución de pobres por ricos, sino más bien de residentes a largo plazo por poblaciones a corto plazo

Una dimensión clave de esta evolución ha sido el éxito y la altísima penetración de la llamada hospitalidad colaborativa, a través de la cual las plataformas digitales de alquiler turístico de corta duración han facilitado enormemente la movilización y circulación del capital inmobiliario, poniendo en el mercado enormes cantidades de viviendas en un mercado de alta rentabilidad y bajo riesgo como es el turístico. Como resultado, se ha producido un déficit de vivienda igualmente enorme para los ciudadanos estables, y una inflación evidente tanto de los precios de alquiler a largo plazo como de las tendencias especulativas en el mercado de compra. La lógica original de “llegar a fin de mes” con los ingresos adicionales obtenidos del alquiler esporádico de la casa de la abuela o de la vivienda extra en el propio domicilio ha sido superada por un proceso de concentración de la propiedad y de profesionalización de la práctica del alquiler turístico, a través de las adquisiciones por parte de las empresas promotoras inmobiliarias y del crecimiento de nuevos sistemas de gestión del parque de alquiler, reforzando así la dinámica de expulsión de residentes. El crecimiento del alquiler de habitaciones en los últimos años forma parte del mismo fenómeno.

Barcelona es posiblemente la ciudad en la que los fenómenos relacionados con la “turistificación” de la vivienda se advirtieron antes que en ninguna otra gran ciudad europea y se estudiaron en profundidad; también en la que el problema pasó rápidamente al debate público y a la agenda política. De hecho, en un momento especialmente duro para las clases medias y trabajadoras de la ciudad tras las reformas anticrisis de principios de la década de 2010, una agenda crítica con el crecimiento turístico y sus impactos sociales puede haber sido la cuestión determinante que hizo que Ada Colau y los Comunes ganaran las elecciones municipales de 2015, manteniéndose en el poder hasta hoy.

La capital catalana tiene una historia bien conocida de grandes transformaciones urbanas, empezando por las reformas democráticas de los años 70 y el megaproyecto olímpico de 1992. La gentrificación no es un fenómeno nuevo, y la historia de muchos barrios embellecidos con nuevas funciones y centralidades en el origen de estas reformas es también una historia de luchas por la vivienda y los servicios públicos por parte de una clase trabajadora que siempre ha sido muy activa en el debate político sobre la ciudad. El panorama post-crisis en torno a 2010 está marcado por las iniciativas de austeridad y liberalización económica promovidas por la Unión Europea, que precarizan significativamente tanto el ámbito laboral como el de la vivienda; en esta situación, la innovación disruptiva del alquiler turístico mediada por las nuevas plataformas digitales entra como un cuchillo. Los que pueden salvan los muebles transformando las casas heredadas o vacías en una actividad económica al margen de las regulaciones y normas existentes; los que no, pagan los gastos. Se ha calculado que en el periodo 2010-2014, el 15% de la población del Barri Gòtic, el antiguo corazón turístico de la ciudad, se marchó; en algunas zonas censadas se alcanzaron picos del 40%. Lo mismo sucedió en el Raval o Gracia, donde se dio una progresiva sustitución de propietarios e inquilinos por migrantes de nueva generación de origen europeo, en parte no estabilizados como residentes, que utilizan la táctica del alquiler turístico para poder mantenerse en una ciudad que para este segmento de población móvil, educado y sin grandes lazos familiares, sigue ofreciendo excelentes oportunidades en sectores que han resistido las crisis, como el turismo, la restauración y el comercio.

La crisis de la vivienda, endémica en una ciudad que históricamente sufre un déficit de viviendas públicas o protegidas y que tiene pocas posibilidades de expansión en una trama urbana ya densa, alcanza su punto álgido en torno a 2015. Se estima que en ese momento 30.000 familias, y el 40% de los jóvenes menores de 25 años, no ganaban lo suficiente para poder permitirse una vivienda digna y eran expulsados progresivamente a distancias cada vez mayores de los centros de trabajo. La densidad de la trama urbana de Barcelona ha obligado al Ayuntamiento a multiplicar las estrategias para revertir el histórico déficit de vivienda pública, combinando cifras récord de construcción tradicional con la promoción de la vivienda industrializada, un convenio con cooperativas de vivienda y entidades del tercer sector y también acuerdos con el sector privado, como la creación de un operador metropolitano de vivienda.

La densidad de la trama urbana de Barcelona ha obligado al Ayuntamiento a multiplicar las estrategias para revertir el histórico déficit de vivienda pública

La administración de Colau comenzó inmediatamente a intervenir en relación al alquiler turístico, en primer lugar promoviendo un Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que regula y zonifica la concesión de nuevas licencias para hoteles y pisos turísticos. El PEUAT entró en vigor en 2016, con una fuerte oposición de los lobbies de promoción inmobiliaria y otros sectores a los que la transformación turística de los barrios dio alas. Las mismas plataformas se han negado durante mucho tiempo a reconocer su papel formal como distribuidoras de un servicio, las viviendas de alquiler turístico, ante el que deberían velar por el cumplimiento de la normativa vigente (en este caso la concesión de una licencia cuyo otorgamiento está sujeto a la normativa urbanística y, por tanto, muy restringido por el citado plan). Se suceden interminables batallas legales, que finalmente se resuelven a favor de la ciudad, aunque el Ayuntamiento se ve obligado a redefinir parcialmente el PEUAT. En el lado de la ilegalidad, el Ayuntamiento de Barcelona está actuando de forma contundente, con controles cruzados con la administración tributaria y las comunidades de propietarios, lo que ha provocado un gran número de denuncias y multas, y finalmente la retirada casi total del stock “no regulado”. La recuperación del sector turístico después del parón provocado por la pandemia amenaza con resucitar el alquiler turístico ilegal. Para evitarlo, el consistorio ha revisado más de 21.000 anuncios, detectando 360 pisos ilegales, y ha reactivado la inspección.

El caso de Barcelona no es único en Europa, pero tal vez sea emblemático de las tendencias observadas en muchos lugares: el turismo, y en particular el uso turístico de la vivienda, se ha convertido en un problema social de difícil solución, relacionado como está con muchas otras tendencias inherentes a la economía neoliberal sobre las que los gobiernos municipales y estatales tienen muy poca capacidad de incidencia. Afortunadamente, Barcelona ha sabido alzar la voz y forjar alianzas con otras ciudades (Ámsterdam, París, Berlín, Nueva York, Seúl, etc.) para que la cuestión del derecho a la vivienda, y la dimensión problemática del crecimiento turístico en este contexto sea reconocida como uno de los problemas fundamentales para la resiliencia urbana y la cohesión social: entre ellas, el Consejo de Iniciativas Urbanas de ONU Hábitat o la red mundial de ciudades contra el cambio climático (C40), del que el crecimiento turístico es un motor fundamental con importantes impactos locales.

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Antonio Paolo Russo es profesor de la Universidad Rovira i Virgili.