Los desorbitados precios de la electricidad, el gas y los carburantes amenazan con vaciar no sólo los bolsillos de los ciudadanos y las cajas de las empresas que se dedican a producir y no a especular, sino también con esquilmar las cuentas de los Estados decididos a compensar esa fuga de dinero. Los precios del gas, del petróleo y de la electricidad se han disparado a niveles insoportables, sin que haya aumentado de forma significativa la demanda de cada uno de ellos ni se haya registrado una caída del suministro (al menos de momento) tan notoria que lo justifique. Las explicaciones de que el consumo se ha disparado tras la pandemia no son ciertas: los consumos de gas, luz y petróleo han crecido menos que la actividad económica y están en niveles inferiores a los meses previos al estallido de la crisis del coronavirus.

Pero la subida de precios es tan escandalosa, y tan peligrosa para la actividad económica y para la convivencia social, que por primera vez las autoridades de la Unión Europea han anunciado una intervención de emergencia en el mercado eléctrico y una reforma estructural del sistema que fija los precios de la electricidad. Lo anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 29 de agosto, al tiempo que convocaba a los ministros de Energía a una reunión el 9 de septiembre en la que deberá acordarse la primera intervención de emergencia y alcanzar un acuerdo para una reforma completa del sistema.

Esto, si se llegase a cumplir, sería el abandono del principio neoliberal de mercado libre que rige como un dogma inalterable el funcionamiento económico de Europa. Las autoridades europeas o alemanas, que es lo mismo, se negaban hasta ahora a cualquier cambio mínimo que supusiese tocar un pelo al tinglado establecido. Ahora, cuando los precios de la energía están forzando el cierre de muchas empresas en Alemania, claman por hacerlo. Así de mal está la cosa.

El sistema eléctrico creado hace poco más de 20 años ya no vale para lo que estaba pensado, dijo la presidenta de la Comisión. En realidad, no se sabe a ciencia cierta para qué estaba pensado, más allá de llenar los bolsillos del oligopolio eléctrico y de los especuladores financieros. En síntesis, el sistema dejaba todo al arbitrio del mercado. El precio de las materias primas, gas y petróleo se establece de acuerdo con los mercados en los que se compran y venden títulos de futuros, que representan petróleo o gas natural, e incluso así se negocia la compraventa de derechos de emisión para contaminar el planeta, del mismo modo que se invierte en acciones o bonos públicos. Solo hay que hacerse con ellos, esperar o contribuir a que suban y venderlos con la correspondiente plusvalía. “Es el mercado, amigo”. Y es la forma más común de enriquecerse en nuestros días. Luego, con esos precios del gas o del petróleo, los participantes principales de la subasta para establecer el precio de la electricidad, es decir, en España las compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy, apañan un precio con el que logran desproporcionados beneficios. Las tres eléctricas estatales ganaron en el primer semestre de 2022 un 24 por ciento más que el año anterior. En total, 3.548 millones de euros, limpios, descontados los impuestos.

El sistema estaba pensado para forrarse hasta que reventase, y ese momento parece haber llegado. Se aduce que la culpa es de Rusia por invadir Ucrania. Putin es sin duda responsable del inaceptable ataque y la invasión de un país vecino por razones estratégicas y de dominio territorial, y es cierto que la guerra, y las sanciones, pueden llegar a producir un shock de la oferta de gas. Pero este factor, siendo importante, no lo explica todo, porque la formación final del precio procede del mercado, lo mismo que la del petróleo. El mercado lo componen operadores que compran, venden y especulan como en cualquier otro mercado. Esto es así también para los bienes y servicios públicos y de interés básico. Y lo es bajo el dogma del libre mercado. La formación del precio de la electricidad sale de esa subasta artificial, carente de competencia real, donde lo que más pesa es el precio más alto del gas. España y Portugal lograron que en sus países se pusiese un tope máximo al precio de este combustible en las subastas. Ha sido un parche, pero nada más. Lo que las mentes pensantes del liberalismo económico no vieron venir fueron los límites biofísicos del planeta. Muchas materias primas han superado ya los máximos de producción que permiten la geología y comienzan un proceso de caída que, pilotado correctamente, debería durar décadas y permitir una transición ordenada. En vez de eso, la actitud saqueadora del oligopolio energético ve en esta crisis histórica una nueva oportunidad para el abuso, y en el proceso hace esta crisis más profunda y dura de lo necesario, y encima nos priva de los recursos imprescindibles para la transición.

Hasta ahora, las respuestas de las autoridades de la Unión Europea a esta escalada especuladora han sido inútiles, salvo en el caso de España y Portugal con su tímida excepción ibérica. Más que nada han estado plagadas de frases demagógicas o que animan a que en el mercado suba el precio, por ejemplo, cuando han llamado a prepararse para una posible interrupción del gas ruso. No hay nada mejor para un oportunista que ver cómo esto produce una subida inmediata del precio del gas en el que ha invertido.

Una reforma verdadera del sistema debería pasar por establecer y regular los precios en función de los costes reales de generación de la electricidad y no dejarlo al mercado. Si no se hace esto, el problema proseguirá, y los Estados no pueden seguir subvencionando continuamente a los usuarios y empresas para que ese dinero se traslade a las eléctricas o a los especuladores en materias primas, en vez de financiar una transición que ya es ineludible.

Hay otro asunto que no debe dejarse de lado: la reacción de los ciudadanos castigados por este tinglado. No parece que les consuele mucho el argumento de que la culpa es de Putín. En el Reino Unido se ha iniciado una campaña llamando a no pagar el recibo de la luz. En Nápoles la gente está quemando las facturas de la luz en la calle en señal de insumisión. Por anecdótico que parezca, las revueltas y las crisis sociales suelen empezar así. Y no siempre salen en una dirección progresista.