Cuando dentro de unos años se analice la magnitud de la campaña de desinformación y linchamiento moral que ha suscitado la tramitación de la llamada ley trans, nos resultará increíble que un fenómeno tal pueda producirse en una sociedad democrática. Cuando muchos de los hoy contendientes escuchen sus declaraciones dentro de unos años, probablemente sentirán vergüenza por sus palabras, pero quizás haya aún mayor vergüenza en quienes hoy callan. En el día de ayer la mesa del Congreso de los diputados admitió una prórroga más del plazo de enmiendas a la citada ley; nada más normal en la tramitación de una ley, se nos dice. Nada de qué preocuparse, nos indican los portavoces del PSOE. Se está tratando de mejorar su seguridad jurídica, afirma la exvicepresidenta Carmen Calvo. Resultaría un discurso creíble si no fuera porque la práctica totalidad de los ciudadanos ha recibido el aluvión de titulares escandalosos, en primera plana, las opiniones de los grandes gurús mediáticos, el discurso de preocupados psiquiatras del Opus y las airadas acusaciones de quienes dicen representar el feminismo “auténtico” e “ilustrado”. Aquí hay tema, lo percibe cualquiera. Una campaña de pánico moral que ha hecho presa en el partido socialista, de la que el Partido Popular, siempre refractario a la diversidad sexual, espera sacar tajada, y de la que Vox hace bandera contra “la ideología de género” y la “ingeniería social”.

Poco está importando la verdad y las muchas verdades tras este proyecto de ley. La idea de eliminar los requisitos médicos para reconocer a las personas trans fue ya un proyecto presentado en la legislatura pasada por el PSOE con voto unánime del informe de la ponencia, diputados del PSOE y del PP incluidos. La despatologización de las personas transexuales obedece a la desestimación del diagnóstico recogido en la ley de 2007, a diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a una posición unánime de las instituciones de defensa de los derechos humanos del Consejo de Europa y de la Unión Europea. Tanto el TEDH como nuestros Tribunales Constitucional y Supremo concluyeron que los derechos humanos básicos, entre ellos el derecho a la identidad, se disfrutan en todas las edades, y que sólo podemos cuestionar el procedimiento de reconocimiento, pero no el derecho en sí mismo. Tampoco está mal recordar que este proyecto fue sometido a información pública, con la mayor participación nunca vista, que ha sido negociado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el de Igualdad, y que el texto finalmente aprobado por todo el gobierno es el impuesto por la Vicepresidencia de Carmen Calvo con notables recortes y concesiones. El sistema de cambio registral que contempla la ley trans ha obtenido el visto bueno del Consejo Social, del Consejo de participación, del Consejo Fiscal, incluso del Consejo General del Poder Judicial…

Oímos clamar por los pobres niños confusos que detransicionan y van a ser sometidos a procesos irreversibles, ignorando que precisamente este proyecto libera a esos menores del chantaje de tener que someterse a procesos médicos para poder realizarse en sociedad conforme a su identidad. Ignorando además los estudios clínicos hechos por universidades y unidades de género que nos demuestran que sólo un 1 o 2% de los menores que comienzan un proceso de transición se echan atrás, y que algunos de ellos lo hacen por la presión social o porque no se identifican con ningún género. Se nos habla del contagio de transexualidad mientras se ignoran estudios hechos sobre más de diez mil adolescentes que lo desmienten. Y a todo esto se suma una criminalización de los padres de dichos menores, que al parecer son magníficos si niegan la identidad de sus hijos y los llevan a una terapia, pero son vagos, imprudentes y crueles si apoyan a sus hijos. Se nos alerta sobre la experimentalidad de los bloqueadores hormonales al tiempo que se ignora que se aplican bajo prescripción médica siguiendo el protocolo de la sociedad internacional de endocrinología y sobre la base de 50 años de datos científicos. Se nos pretende indignar sobre el fin de las competiciones deportivas femeninas y se omite que en la Olimpiada de Tokio ya hubo 32 atletas transexuales, ninguna de las cuales obtuvo medalla, y que su participación sigue unos protocolos de admisión fijados por el Comité Olímpico Internacional tras un decenio de debates.

Sólo un 1 o 2% de los menores que comienzan un proceso de transición se echan atrás, y algunos de ellos lo hacen por la presión social

Y es que en realidad las razones dan igual y un meme malintencionado borra todos los informes del mundo. A las personas trans se les ha declarado campo de batalla y poco importa lo que digan, sientan o sufran esta situación. La conveniencia política prima y, como decía cínicamente esta semana Felipe González, en política la verdad es lo que diga la mayoría. No importa si esa mayoría está o no correctamente informada o si es consciente del peso de sus opiniones. La realidad es que el partido socialista pide aire y trata de ganar tiempo mientras busca la forma de complacer a sus “feministas históricas” (a algunas), agrupadas sobre la idea del “borrado de la mujer”. Una labor imposible, si pensamos que la semana pasada presentaron su batería de peticiones a los grupos parlamentarios y entre ellas figuraban propuestas como la de mantener y agravar los requisitos de reconocimiento (años de vida sin reconocimiento legal, intervención médica, certificación psiquiátrica e incluso certificado de penales) para alcanzar la categoría de “transgénero femenino”; categoría que sólo se define por la negativa a que pueda disfrutar de ninguno de los derechos que tiene una mujer. Una propuesta inconstitucional que pretende crear un estatus de ciudadanía disminuida o un régimen de apartheid. Unas propuestas que revelan por qué la exvicepresidenta se negaba a reconocer que una mujer transexual pudiera ser una mujer como otras, como ella misma.

Cuando se negocia con un grupo anti-derechos es imposible contentarlo sin traspasar líneas en materia de derechos humanos que no calmarán a las demandantes, pero si abrirán el camino a discriminaciones legalizadas y a atropellos posteriores. Y la experiencia norteamericana es clara al respecto. Tampoco valdrá de mucho si, por buscar la paz interior, ceden a propuestas buenistas como añadir “pruebas suplementarias” que, en realidad, traspasarían a los registradores el peso de decidir sobre la idoneidad de las vidas trans, con grave riesgo de soluciones contradictorias e inseguridad jurídica para las personas destinatarias de la ley.

Los diputados del Congreso tienen en su mano tomar una decisión trascendente para la vida de una minoría históricamente maltratada, criminalizada y sometida a vida marginal. Pueden apostar por los derechos humanos y ponerse del lado de la inacabable lucha por la dignidad humana o pueden ceder a una campaña orquestada que, en el fondo, apunta no sólo contra el colectivo LGBTI sino también contra el feminismo supuestamente “no ilustrado”. Y pueden refugiarse en el silencio que mantienen desde hace meses, ceder al miedo a definirse en una votación, a la tentación de seguir tonteando la ley para que se pase la legislatura como ya hicieran en el periodo anterior. Pero esta vez no engañarán a nadie. La situación ha llegado a un punto en el que toca definirse y las medias tintas no pueden ser admitidas por las destinatarias de la ley, a las que se les ha prometido igualdad y garantía efectiva de sus derechos y a las que, al parecer, hay quien quiere disciplinar como si fueran un peligro social.