El cargo de ministro de Interior es importante. Es una figura que asienta la normalidad –o la anormalidad– democrática diariamente, a través de sus medidas, reacciones y declaraciones. Ese cargo es especialmente importante en España. Por tradición, pues, tradicionalmente, en España los ministros de Interior han sido importantes, esto es, excesivos en tanto poseedores de poca, o poco común, cultura democrática. También es importante porque, después de décadas de terrorismo, en las que el Estado no siempre jugó con cartas democráticas, el Ministerio empalmó inmediatamente, sin pausa, sin replantearse a sí mismo, con la posterior gestión gubernamental del Procés, sumamente arbitraria, polémica, y con rasgos, en ocasiones, mafiosos. Interior, las Fuerzas de Seguridad del Estado, viciadas, politizadas, sumamente autónomas, necesitaban a principios de esta legislatura lo que viene siendo un aggiornamento. Limpieza, transparencia, profesionalidad y un baño de cultura democrática. Para ello era necesario, por lo mismo, un ministro de Interior peculiar, decidido, valiente, conocedor de los problemas y de las carencias del área de su cartera. Ese hombre o mujer debe existir. En alguna parte, sin duda. Pero, en todo caso, y este es el caso que nos ocupa, no existe al frente del Ministerio de Interior del Gobierno Sánchez. Es más: fue un gran error de Sánchez nombrar ministro de Interior a un jurista cuya trayectoria jurídica se vio salpicada previamente por el hecho de haber sido cuestionado, en sentencia, por el TEDH. Un juez con esa trayectoria y cultura de los derechos era una garantía de que Interior continuaría siendo un agujero negro democrático. Lo que es una puerta a la inseguridad y al desorden, pues solo hay seguridad y orden a través de policías democráticas. Si bien la gestión de Marlaska en Interior no ha sido, en ese sentido, una sorpresa, sino una sucesión de actos previsibles, la gestión de los hechos –de la matanza– ocurridos en Melilla a finales de junio de este año ha supuesto un espectáculo singular, que excede a la figura del propio Marlaska, que afecta al mismísimo Estado y que, por ello mismo, afecta directamente al presidente del Gobierno, responsable primero y último de que Marlaska exista aún políticamente desde junio de este año.

Tras intervenir en el Congreso el pasado mes de septiembre, para informar sobre la actuación de las FF.SS., el 24 de junio, en el punto fronterizo de Melilla, esta semana Marlaska ha vuelto a comparecer, para repetir lo mismo, palabra por palabra, que en su anterior declaración. Si en todas las ocasiones el ministro ha repetido que el origen del conflicto, y su resultado sangriento, fue “un ataque a las fronteras españolas” –lo que es, sin duda, un análisis de la realidad defectuoso, cercano a las tesis de la extrema derecha; intentar entrar de manera ilegal en Texas, en Hungría, en Melilla… no es un ataque, sino intentar entrar a un Estado, sin papeles en regla–, en esta última ocasión el ministro negó las evidencias demostradas por un documental de la BBC y las conclusiones del Defensor del Pueblo, que afectan a la conducta de la Guardia Civil en aquel día, en el que murieron no menos de 24 personas –ni siquiera se sabe el número total de víctimas, aunque se cifra en 70 el número de desaparecidos–. La actuación de la Guardia Civil fue “absolutamente proporcional, profesional y ajustada a derecho”, dice el ministro, omitiendo que su trabajo como ministro no consiste en defender a la Guardia Civil de lo indefendible, sino a nosotros, e incluso a los inmigrantes que intentaban burlar, primero, a una Gendarmería marroquí sumamente violenta aquel día, y después, como parece quedar demostrado, a la Guardia Civil, al parecer muy sensible ante lo que su ministro califica como ataque, esto es, como invasión. La novedad, en todo caso, de esta emisión de excusas ministerial, ha consistido en aportar conceptos alejados no solo del Estado de Derecho, sino del derecho a secas, como ese momento en el que el ministro explicó, como excusa, que los sucesos violentos que pudieran afectar a la Guardia Civil se produjeron en “tierra de nadie”.

El ministro de Interior, y con él su presidente, parecen reivindicar el nacimiento localizado, nuevamente, de “tierras de nadie”, puntos negros en los que lo que ocurre no se ve y no se constata

Eso es importante. Definitivo, incluso. En todo el planeta, no existe “tierra de nadie”, entendido eso como una zona en la que es posible el ejercicio de delitos, como el asesinato, sin responsabilidad alguna. En el territorio del Estado español no existe ninguna “tierra de nadie” en la que la policía pueda excederse sin consecuencias legales. No existe la “tierra de nadie” para la barbarie. Sí, existió. Durante décadas, más de las comprensibles, hubo comisarías, cuarteles, que eran “tierra de nadie”, no sujetas a derecho, en cuyo interior sucedían también “ataques a las fronteras españolas”, duramente reprimidos. El ministro de Interior, y con él su presidente, parecen reivindicar el nacimiento localizado, nuevamente, de “tierras de nadie”, puntos negros en los que lo que ocurre no se ve y no se constata. Y por ello, no se somete ni a la ley ni a la ética.

La jugada de Sánchez con Marruecos, arriesgada, incomprensible, de la que carecemos de datos e información, ha consistido en cerrar en falso el conflicto del Sáhara, reconociendo a Rabat la soberanía del territorio, a cambio de que Marruecos frene por todos los medios el acceso de inmigración a la frontera española. Esa decisión es moralmente cuestionable y alejada de los DD.HH y además no está exenta de peligros.

Pone en peligro a personas que simplemente quieren huir del infierno del que vienen, y de Marruecos, el infierno que les frena y golpea. Para desviar la atención sobre la violencia inaudita que se vive en esa frontera española, Sánchez presentó lo que allí sucedía como una “lucha contra las mafias del tráfico de personas”. Lo que es pornografía, un análisis falso y, por lo tanto, inoperante, que no contempla lo que está sucediendo en la frontera. Una violencia inaudita, inhumana, vergonzosa. Y cuerpos de seguridad del Estado que, al menos puntualmente, en Melilla, en junio, participaron de esa violencia desmesurada. Una violencia que, en efecto, queda en “tierra de nadie”, en África. Impune, salvaje, como el africanismo en su día. Y, como el africanismo, esa “tierra de nadie” no tardará en llegar a la Península.