La respuesta rápida la encontrará usted en los manuales de uso de la democracia española: el Tribunal Constitucional está ahí para vetar cualquier legislación que sea contraria a la carta magna. La idea es preciosa. Un organismo aséptico, independiente, encargado de cuidar que nada ni nadie altere la armonía de una Constitución que es la de todos. We are the world, we are the children. La práctica nos dice otra cosa. Nos dice que la función del Constitucional es hacer política desde el poder de las togas. No lo digo yo, es la historia del tribunal. Y no la historia reciente, esta en la que el TC ha mutado a Minority report pretendiendo introducir la novedad de atreverse a declarar inconstitucional una legislación que aún no se ha votado. Es la historia de siempre. 1 de agosto de 1977. El Congreso de los diputados le encarga a siete de sus miembros –cinco de ideología conservadora y dos progresistas, por supuesto– la redacción de la carta magna. Son los conocidos como padres de la Constitución y van a construir la nueva política española sobre la lógica del reparto de parcelas. Para la derecha, las parcelas de peso, los artículos sagrados, los serios. España es una, el ejército salvará a España de ella misma si España se equivoca, aquí tiene usted a un rey de por vida, etc., etc. Para la izquierda, las parcelas más, digamos, festivas. Todo el mundo tiene derecho a la salud, a la vivienda y a un trabajo digno y a ser feliz como una perdiz, qué fantástica fantástica esta fiesta. El TC, por su parte, se encargará de que las escrituras de la linde que es la Constitución del 78 sean respetadas. Una labor política, ya que implica decidir qué parcelas tienen más derecho a ser respetadas que otras en caso de conflicto o qué recursos son susceptibles de que se pronuncie el Constitucional y cuáles no. Un ejemplo: ¿recuerdan –seguro que lo recuerdan porque fue muy sonado– cuando el TC declaró ilegal la privatización de la sanidad pública porque la salud es un derecho garantizado por la Constitución? Yo tampoco.

Las parcelas constitucionales de la zona noble, los artículos fetén, duermen tranquilos. Como en los mejores anuncios de Securitas Direct, tienen vigilancia 24/7. Las parcelas de la izquierda son, sin embargo, un descampado abandonado donde puedes organizar tranquilamente una rave inconstitucional cuando te apetezca sin que el TC acuda. A lo largo de su historia el Constitucional ha cumplido a la perfección su labor de impedir que se ponga un pie cerca de la linde de las parcelas protegidas. Si ha hecho falta, el Tribunal ha actuado como servicio de emergencia, llegando con la sirena y gritando aléjense de ahí pillando al caco in fraganti. Es el caso del procés, en el que el TC corrió a declarar inconstitucional todo lo que sucedía al tiempo que iba sucediendo. Para que digan que la justicia es lenta. Un tikitaka política-justicia –a Rajoy se le escapó decir que había llamado al TC para coordinarse– de una efectividad que ya hubiera querido Luis Enrique frente a Marruecos. Otras veces no hay tanta prisa. ¿Recuerdan cuando el PP llevó ante el Constitucional la ley de matrimonio homosexual? A pesar de que la Constitución dice bien clarito que todos somos iguales y que no está permitida la discriminación por cuestiones de sexo, es decir, que el asunto podía haberse despachado en dos cafés, el Constitucional tardó siete años en pronunciarse. ¿Hay algo más político que el manejo de los tiempos?

Si el TC se dedicase a la justicia, respetaría la ley y esperaría a que aprobasen la legislación necesaria para renovar un tribunal inconstitucionalmente caducado

De tiempos precisamente va la novedad Minority report. En España la justicia es lenta, pero no la política. La política es vibrante, inmediata. Y vibrante e inmediata es la reacción del TC como órgano político que es. Si el TC se dedicase a la justicia, respetaría la ley y esperaría a que el Gobierno y sus socios aprobasen la legislación necesaria para renovar un tribunal inconstitucionalmente caducado. Una vez aprobada la ley y renovado el tribunal, el TC resultante decidiría si el modo de hacerlo fue el correcto. Pero esto no es justicia, es política. Permitir la renovación, sacar a quienes ocupan sus puestos caducados, sería provocar un vuelco político en las mayorías del tribunal. Cosa que, en una lógica judicial, no tendría importancia alguna, pero que en una lógica política lo es todo. Cuando algo lo es todo, todo vale. Incluso que el Tribunal Constitucional se tire al monte actuando antes de que lo inconstitucional suceda. Incluso cuando dos miembros con mandato caducado, que son juez y parte en esto, se niegan a reconocer que su voto será un voto contaminado ya que responde a sus propios intereses. Puede pasar, es probable que pase y después no pasará nada. El organismo político que en última instancia vigila al Constitucional, la prensa, tiene mayoría conservadora sólida. Llegado el caso, no sólo lo darán por bueno, sino que aplaudirán la maniobra. Y usted, si ve los programas correctos, llamará democracia ejemplar a dar un paso más en dirección a una democracia de tercera en la que todo vale. Viva la Justicia.