Cristina Fernández de Kirchner, la figura central de la política argentina, fue condenada el 6 de diciembre por un tribunal federal a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Tras la divulgación de la sentencia, la actual vicepresidenta anunció que no aspirará a ningún cargo electivo en 2023, ni a presidenta ni a senadora, ni brindará a la oposición el argumento de que busca el aforamiento para no ir a la cárcel.

Desde su despacho en el Senado, la vicepresidenta se dirigió en un discurso transmitido en redes al principal accionista del Grupo Clarín-Telecom, a quien considera artífice de la condena. “Una muy buena noticia para usted, (Héctor) Magnetto, porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la [Corte de] Casación y de la Corte Suprema (dos instancias de apelación) de que me metan presa. Pero mascota de usted, nunca, jamás. ¿Entiende? Nunca, jamás”.

De esta manera, el martes 6 de diciembre en Argentina hubo dos novedades cruciales y entrelazadas. Una de índole judicial, ya que el Tribunal Oral Federal Número 2 de la Ciudad de Buenos Aires escribió la primera sentencia en contra de la vicepresidenta y expresidenta (2007-2015), y la otra, política.

Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la líder argentina con mayor intención de voto individual

En los últimos meses, allegados a Fernández de Kirchner aceleraron el clamor para que encabece la candidatura del peronismo en 2023 (primarias en agosto o septiembre; generales en octubre o noviembre) en un contexto en el que el actual gobierno presidido por Alberto Fernandez es percibido como ajeno por la militancia kirchnerista, y ella misma dio señales de que barajaba esa posibilidad. Aunque la dos veces presidenta tiene un alto índice de rechazo en la opinión pública, sigue siendo la líder argentina con mayor intención de voto individual. Cerca de un tercio de los argentinos reivindica su figura o, al menos, la considera como la principal bandera para resistir nuevos experimentos de “apertura económica” e “integración al mundo” que en Argentina suelen terminar en dramas sociales. La hipótesis de Cristina postulante a jefa de Estado, que reordenaría el sistema político, habría quedado descartada con la renuncia pública, aunque nada puede darse por descontado en la política argentina.

La confirmación de la sentencia por parte de la Cámara de Casación Federal y la Corte Suprema podría demorar años, de manera que lo decidido por el tribunal no afectará el actual ejercicio de Cristina como segunda del Ejecutivo y presidenta del Senado hasta diciembre de 2023. La abogada nacida en la ciudad de La Plata tiene 69 años. En el caso más gravoso para ella, es muy improbable que vaya a la cárcel aun cuando quede sin aforamiento dentro de un año, ya que la ley argentina estipula la posibilidad de la prisión domiciliaria para los mayores de 70, edad a la que la líder justicialista llegará el próximo 19 de febrero.

El 2 de diciembre de 2019, Cristina Kirchner desafió al tribunal que comenzaba a juzgarla tras el proceso de instrucción. “La condena está escrita”, dijo entonces en una sala del edificio de Comodoro Py, calle en la que funciona el fuero federal penal de la ciudad de Buenos Aires. Faltaban días para que asumiera el mandato como vicepresidenta, tras el triunfo electoral ante el conservador Mauricio Macri. Este martes, la vicepresidenta rememoró aquellas palabras y puso un título al proceso: “Estado paralelo y mafia judicial”.

El tribunal compuesto por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se limitó a dar a conocer ocho condenas por administración fraudulenta y cuatro absoluciones a otros imputados en la denominada causa Vialidad. Los fundamentos del fallo serán leídos en marzo, anunció Gorini, presidente del cuerpo. Los jueces, que comunicaron la decisión desde la sala de audiencias conectados de modo virtual, absolvieron a Cristina del delito de asociación ilícita que había sido imputado por el fiscal federal Diego Luciani y habría supuesto una condena de 12 años.

Uno de los absueltos fue el exministro de Planificación Federal durante los 12 primeros años de gobiernos kirchneristas, Julio de Vido, figura clave de la obra pública. En cambio, José López, viceministro de De Vido y famoso por haber intentado esconder unos nueve millones de dólares en un convento en el invierno de 2016, recibió una pena de seis años, como Fernández de Kirchner.

La misma pena recayó sobre Lázaro Báez, empresario condenado por lavado de dinero en otro proceso, y amigo del fallecido Néstor Kirchner, bajo la acusación de partícipe necesario de administración fraudulenta. El exdueño de Austral Construcciones y cliente de la familia Kirchner en negocios inmobiliarios en la Patagonia fue el que llevó a cabo las 51 obras en la provincia de Santa Cruz que se juzgaron en este proceso.

La sentencia no solo era prevista por Cristina Fernández de Kirchner, sino por todo el sistema político y mediático

La sentencia no solo era prevista por Cristina Fernández de Kirchner, sino por todo el sistema político y mediático. De hecho, el tribunal había filtrado cuál sería la horquilla de la pena y la exclusión del cargo de asociación ilícita, lo que tuvo amplio recorrido en la prensa conservadora antes de que se oficializara la decisión.

La relación de la familia Kirchner con Báez despierta muchos interrogantes, entre otros, cómo pasó de ser un directivo del Banco de Santa Cruz a convertirse en el principal contratista de la provincia patagónica en el mismo momento en que Néstor Kirchner asumía la Presidencia de la República, en mayo de 2003. No obstante, la acusación a cargo del fiscal Luciani no pudo encontrar ningún indicio de depósitos bancarios, empresas o propiedades vinculados a los Kirchner, ni siquiera en manos de testaferros, que reflejaran un retorno por los negocios otorgados.

El proceso estuvo envuelto en polémicas infinitas desde el inicio. Los fiscales apuntaron a Báez y lo que aparentaba ser un nítido direccionamiento de la obra pública, sospecha sumada al alquiler de hoteles de los Kirchner. El protagonismo de un puñado de contratistas locales en cada provincia argentina es casi una norma en el país, y a Báez pareció tocarle Santa Cruz en el período en que los dos políticos más importantes de la historia de la provincia patagónica se trasladaron a la Casa Rosada.

Más allá de los indicios, agigantados por la fortuna acumulada por Báez y el hallazgo de decenas de millones de dólares depositados en Suiza a nombre del empresario y sus hijos, los peritajes no acreditaron sobreprecios ni demoras excepcionales para la construcción de rutas y obras públicas en una provincia de condiciones climáticas extremas. Tampoco se demostraron sobreprecios en los alquileres pagados por Báez a los Kirchner. De hecho, ese vínculo comercial ya fue objeto de otro proceso que afectó a la vicepresidenta y que acabó sobreseído. La versión del kirchnerismo es que el empresario derivó a Suiza dinero evadido del pago de impuestos, no sobornos como supuesto testaferro.

En la mirada de Cristina y los suyos, la inexistencia de pruebas es evidencia de que la acusación era política y orquestada por el macrismo, el poderoso Clarín, los servicios de Inteligencia y los tribunales de Comodoro Py. Para el histriónico fiscal Luciani, se jugaba el destino de la República y el tribunal se hallaba ante la disyuntiva de “justicia o corrupción”. Vialidad se había transformado en una causa bisagra, luego de que en 2021 y 2022 cayeran otras acusaciones contra la vicepresidenta.

Durante el proceso se debatió que Cristina Fernández de Kirchner, como presidenta del país, no intervenía en licitaciones a cargo de la provincia. Luciani adujo, y el tribunal pareció corroborar el criterio, que la exmandataria benefició a Báez al enviar al Congreso presupuestos que incluían el pago de las obras millonarias requeridas por Santa Cruz. Ante ello, la vicepresidenta se defendió diciendo que mal podía delinquir mediante presupuestos anuales votados por ambas cámaras del Congreso, incluso por legisladores de la oposición.

En la mirada de Cristina y los suyos, la inexistencia de pruebas es evidencia de que la acusación era política y orquestada por el macrismo

Más allá de los argumentos, entra en juego la turbiedad tóxica de Comodoro Py, sede de la Justicia Federal. El juez de Instrucción (que arbitra el proceso, pero no sentencia) de la causa Vialidad, Julián Ercolini, es uno de los dos del fuero federal que centralizaron las múltiples acusaciones contra Cristina, algunas de ellas muy polémicas, como la muerte del exfiscal Alberto Nisman, expediente oscuro anclado en su despacho. Sobre Ercolini ya había datos de connivencia espuria con el macrismo, pero el pasado fin de semana se acrecentaron luego de que se revelaran detalles de un viaje organizado por directivos del grupo Clarín a una estancia en la Patagonia en el que participaron cuatro jueces, dos exagentes de Inteligencia y dos funcionarios del alcalde de Buenos Aires y precandidato presidencial conservador Horacio Rodríguez Larreta.

Por lo demás, el fiscal Luciani, el integrante del tribunal Giménez Uriburu y otro juez se vieron sorprendidos este año cuando se dieron a conocer fotografías de su participación en partidos de fútbol organizados en una quinta del expresidente Macri. Su equipo de fútbol se llama Liverpool y Macri le metió un gol de tiro libre, consta en las imágenes.

Cristina encontró en los últimos cuatro minutos de su discurso posterior a la sentencia la retórica brillante que le reconocen incluso sus enemigos.  “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta en 2023”, dijo la vicepresidenta, y volvió a desorientar a todos. “No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor a que la maltraten en el período electoral con una candidata condenada. No voy a tener fueros, pero mascota de usted (Magnetto), nunca”, declaró la jefa del peronismo de izquierda. “A mí, administración fraudulenta contra el Estado, y éstos, los amarillos (por el color del partido de Macri), que nos dejaron 45.000 millones de dólares de deuda con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín”, sentenció.

Durante buena parte de su alocución, de casi una hora, la vicepresidenta repasó el obsceno contenido del intercambio de Telegram en el que participó el citado Ercolini, que bien pudo haber sido difundido por un servicio de Inteligencia paralelo o por una interna del macrismo. El grupo debatió la estrategia para contrarrestar una noticia publicada en Página 12 el 17 de octubre, que revelaba el viaje a la estancia de Joe Lewis, un empresario inglés amigo de Macri.

En el diálogo, traman todo tipo de ilegalidades como fraguar facturas, trasladar la causa iniciada en su contra a los tribunales federales de Buenos Aires –su terreno–, detener ilegalmente a un funcionario actual a quien le atribuyen haber filtrado su presencia en la excursión y hasta ironizan sobre cometer un asesinato. Todo ello condimentado con frases machistas, homofóbicas y racistas.

El intercambio trasunta que los directivos de Clarín y organizadores de la aventura, Jorge Rendo y Pablo Casey, les hablan a sus contertulios –jueces, un fiscal, altos funcionarios del Gobierno de la Ciudad y agentes de Inteligencia– como si fueran sus jefes.

Si el lawfare necesitaba un guion perfecto, lo encontró.

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Este artículo se publicó originalmente en La Diaria.