Asisto con una mezcla de estupefacción y dolor, por la parte que me toca, a argumentaciones tan simples, ante las reivindicaciones del colectivo de letrados de la administración de justicia (LAJ), como “bueno, yo creo que, si estos funcionarios ganan entre 1.900 y 3.000 euros, ¿está bien no?” Normalmente esta argumentación procede o bien de cargos políticos, que suelen cobrar muchísimo más sin que quede claro su mérito y capacidad, o bien de personas poco informadas que se dejan llevar por la demagogia. 

Resulta realmente difícil explicar toda la indignación que sentimos, acumulada durante años en los que nos hemos dedicado a trabajar de manera prácticamente invisible, salvo para los operadores jurídicos que conocen la importancia de nuestra labor en los juzgados. 

Para empezar, diré que nosotros somos funcionarios del grupo A1 de la Administración de Justicia, al igual que jueces y fiscales, y también licenciados en Derecho. Llegamos aquí tras superar una dura oposición de casi trescientos temas que requirieron años de estudio. En mi caso, hice exactamente el mismo tipo de examen que un juez o un fiscal: dos exámenes orales de 75 minutos cada uno. A uno le puede gustar más o menos nuestra profesión, pero esa es la oposición que preparamos y aprobamos.

Sin embargo, tras ese largo esfuerzo, la diferencia de retribuciones con mis otros compañeros A1 era significativa. El motivo se remonta a la década de los noventa, cuando se aprobaron unas subidas salariales a jueces, fiscales y secretarios judiciales (ahora LAJS) en las que la última partida, la destinada a los letrados de la administración de justicia, se repartió entre el resto de Cuerpos de la Administración de Justicia… De aquí viene la gran brecha salarial con nuestros compañeros porque, históricamente, el porcentaje de retribución en relación a los jueces estaba en torno al 80%. Y de ahí se pasó a una proporción de entre el 61 y 65% aproximadamente. 

La cláusula de enganche que reclamamos, de la que ahora se habla tanto, no la hemos inventado nosotros, es algo establecido ya en la Ley de Retribuciones de 1966, que, tras la supresión de las tasas judiciales, hasta entonces gestionadas a modo de notaría por los secretarios judiciales, acordaba para estos el 80% de la retribución del juez. 

Una vez enmarcado el asunto, lo actualizamos. 

En 2009, se realizan una serie de reformas procesales que configuran la nueva Oficina Judicial y que se traducen, en la práctica, en un aumento no solo de nuestras funciones sino, lo que es más importante, de la responsabilidad que las acompaña y que hacemos nuestra con la firma. Hasta entonces estas responsabilidades estaban encomendadas al juez, pero, dada la preparación jurídica de los LAJ, se acordó atribuírnoslas para que el juez pudiera encargarse únicamente de dictar sentencia y ejercer la potestad jurisdiccional. Todas esas reformas procesales hacen alusión al compromiso retributivo que asume el Estado. En ese momento, la situación económica que se vivía en España hacía imposible una adecuación salarial, que se pospuso. 

Duele la desconsideración y el desprecio a todo nuestro trabajo

Los LAJS, con nuestra vocación de servicio público, asumimos a coste cero desde el año 2009 toda esa nueva responsabilidad con el único fin de mejorar la Administración de Justicia. Hay miles de informes elaborados que avalan con datos la ingente labor realizada desde entonces. Después han venido más reformas, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el año 2015, que siguen aumentando nuestras funciones y responsabilidades… Pero, además, en palabras del Ministerio, somos la “piedra angular” del funcionamiento del juzgado. Así adoptamos una actitud proactiva en todas las reformas que se realizan en los juzgados, como la digitalización de la Justicia. Somos los que dirigimos y organizamos el trabajo para que se vayan dando los pasos necesarios que acuerdan las autoridades competentes… Y, tristemente, ya parece haberse olvidado que, durante la pandemia, fuimos esenciales en la actividad de los juzgados. En ese momento, si no paró totalmente la actividad fue gracias a nosotros; fuimos el enlace para organizar diariamente, sábados y domingos, a cualquier hora, toda la actividad de lo que se podía hacer en el juzgado porque además éramos los únicos, en aquel momento, que podíamos teletrabajar junto al juez. Y qué decir de las guardias. Pese a no ser considerados personal esencial ni de riesgo tuvimos que trabajar, no estuvimos confinados y seguimos haciendo Entradas y Registros, sufriendo el terror de tener que acceder a viviendas para su registro sin apenas protección cuando se desconocían los efectos que podía tener para nuestra salud… Son tantas cosas que duele la desconsideración y el desprecio. Todo hasta ahora lo hemos hecho en silencio; nadie sabía de nuestra existencia hasta que hemos dicho BASTA YA. Se trata de una cuestión de dignidad. Somos un cuerpo esencial y eso lo sabemos todos, jueces, fiscales y funcionarios que trabajan en el juzgado. (Por supuesto, siempre existirá la excepción que confirme la regla). Por ello, no entendemos cómo nuestros “jefes”, el secretario de Estado de Justicia, entre otros, han podido menospreciarnos del modo que lo han hecho. Estamos atónitos.

Todos los gobiernos, desde 2009, se han aprovechado de que somos un cuerpo pequeño, desconocido, poco reivindicativo y hasta hace poco tiempo desunido, para no acometer aquella adecuación que ya previó el legislador. 

¿Por qué ha estallado nuestra indignación ahora? Es sencillo: se nos ha engañado. En la Disposición Adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 se consiguió (o eso parecía) la tan ansiada adecuación salarial. Esta se tradujo en una subida para todos los funcionarios de la Administración de Justicia. A los LAJ se nos subió el salario diez euros más que a los gestores procesales, uno de los cuerpos de funcionarios a los que dirigimos. Ello significaba que las responsabilidades que asumimos se valoraban en diez euros. Y fue negociado por los sindicatos, que a nosotros NO nos representan porque, salvo alguna excepción, estamos afiliados a asociaciones profesionales, como jueces y fiscales. Evidentemente, algo falla, por mucho que lo diga la Ley, cuando los intereses de los directores de los juzgados los negocian los representantes de las personas a las que dirigen. Así lo demuestra el que nuestras asociaciones consiguieron un Real Decreto para el pago de sustituciones (es decir, que, si sustituyo a un compañero en otro juzgado, con el consiguiente incremento de carga de trabajo, se me retribuya dignamente) y los sindicatos lo recurrieron y anularon porque ellos no habían opinado. O cuestiones nimias, como el hecho de que todos los cuerpos de funcionarios, incluidos jueces y fiscales, puedan disfrutar de sus días de asuntos propios hasta el 31 de marzo del año siguiente, menos los LAJS, que solo podemos hacerlo hasta el 31 de enero. Es sorprendente que los que dicen representarnos vayan en contra de nuestros intereses. 

El segundo engaño se produce porque, tras unas jornadas de paro hace más de un año, se llega a un acuerdo con el Ministerio de Justicia en el que se nos reconoce la adecuación salarial y esta se traduce, y así lo propone el Ministerio, en fijar nuestro salario al 85% de lo que cobra un juez o un fiscal. Esta es la famosa cláusula de enganche. Este compromiso, acuerdo o lo que quieran llamarlo, está publicado en la página del Ministerio de Justicia con fecha de 4 de abril de 2022. Es lamentable, que después de ello, el Ministerio lo niegue, llegando incluso a borrarlo (aunque después no haya tenido más remedio que volver a colgarlo en la web, ya que todos nosotros lo teníamos descargado, y NO podía negarlo). Pero lo peor de todo ha sido el desprecio hacia este Cuerpo Superior Jurídico. Nos han insultado, menospreciado y han lanzando mensajes totalmente distorsionados a la población para que piensen que somos unos privilegiados, que ya ganamos mucho dinero… Sólo tenemos que comparar las nóminas, en un mismo juzgado, del juez, del fiscal, del LAJ y del gestor, funcionario al que dirigimos técnico-procesalmente, para ver que no hay proporcionalidad alguna. Es cuestión de Justicia. No es lógico que cobremos entre el 60 y el 65% del sueldo de los otros grupos A1, y la diferencia entre sueldo del gestor y el LAJ sea del 5% aproximadamente. Y, en algunos destinos, el LAJ cobra incluso menos que un gestor.

Hoy en día, ser LAJ es asumir responsabilidades no pagadas 

No es proporcional porque la responsabilidad que tenemos, y que se traduce en los seguros de responsabilidad civil que pagamos, es igual que la de los jueces, si no mayor, mientras que un gestor no paga ningún seguro. Sin duda alguna estamos discriminados.

Ninguno de los gestores a los que dirijo tiene interés alguno en ser LAJ por pura lógica. Porque, hoy en día, ser LAJ es asumir unas responsabilidades no pagadas, pudiendo ejercer otras profesiones con escasa diferencia salarial y menor responsabilidad. 

Llegados hasta este punto, solo puedo pensar que lo que se busca realmente es hacer desaparecer una de las funciones esenciales de los LAJ, que es un pilar esencial del Estado de Derecho: la Fe Pública Judicial, concebida en su origen como garantía de veracidad de los ciudadanos frente a posibles abusos de los jueces canónicos inquisidores, y que se establece en la actualidad como la garantía cotidiana de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el proceso judicial. Habrá que preguntarse por qué hay interés en que desaparezca esta garantía para el justiciable. En estos últimos días se está poniendo en tela de juicio y esto daría para escribir mucho más. Solo puedo decir que, si se acaba con la Fe Pública Judicial, se acabará con el Estado de Garantías. No puedo creer que todo esto pueda hacerlo un Gobierno democrático y progresista… El tiempo lo dirá… La memoria es corta muchas veces, pero solo diré que del año 1992 al 1995 se prescindió de la Fe Pública Judicial en muchos registros domiciliarios (es decir, se prescindió de la obligada presencia de un LAJ como garante de que las actuaciones se desarrollan conforme a derecho y con total garantía para los moradores). Y en 1995, todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo en la necesaria presencia del secretario judicial (hoy LAJ) durante estas diligencias. Por algo sería… 

Asistimos perplejos al daño que el Ministerio de Justicia se empeña en causar a los ciudadanos y pido a la gente que reflexione. Nosotros estamos sufriendo un gran daño moral, económico y la situación, en muchos casos, está afectando a nuestra salud. Sin embargo, casi todos permanecemos unidos. Eso es porque estamos convencidos de la justicia de nuestras reivindicaciones, del maltrato que sufrimos desde distintos ámbitos en nuestros juzgados y de lo muy cansados que estamos. Se trata de una cuestión de DIGNIDAD. Y, por supuesto, hay otras muchas injusticias y causas por las que luchar… Pero esta es la nuestra.