Ya es oficial. No habrá derogación de la ley mordaza en esta legislatura. La promesa estrella de los dos partidos del Gobierno en materia de derechos fundamentales durante la campaña electoral no se va a cumplir. La ley más represiva, iliberal y contraria a las libertades públicas aprobada en democracia, esa misma a la que el New York Times calificó de “ley que nos retrotrae a los tiempos más oscuros” del franquismo, va a seguir en vigor. Es una noticia terrible para los derechos ciudadanos que además resulta incomprensible a la vista de las mayorías parlamentarias. El Gobierno que se dice de izquierdas va a tener que dar muchas explicaciones si quiere que la sociedad en general, y su electorado en particular, entiendan mínimamente este fiasco. 

En esta ocasión, el Gobierno no se enfrentaba a los poderes económicos ni había riesgo de desacelerar la economía; no había problemas presupuestarios, ni constitucionales, ni mayorías cualificadas que justifiquen la falta de valor a la hora de acometer algo tan sencillo como eliminar las restricciones de derechos y los poderes desproporcionados que el Gobierno de Mariano Rajoy le otorgó en 2015 a la policía. La reforma ni siquiera va a llegar al pleno del Congreso, después de que Bildu y ERC se negaran, con toda la razón, a tramitar una reforma puramente cosmética. Las propias fuentes del Gobierno eran incapaces de enumerar ningún cambio relevante en su última propuesta de reforma. Presentaban como una victoria, entre otras cosas, cambiar la palabra “tranquilidad” por “convivencia”. Como si en materia de derechos la propaganda sirviera de algo. Otras supuestas mejoras que traerían los cambios que proponían no eran tales: en la actualidad, por mandato del Tribunal Constitucional, no es ilegal una manifestación por el mero hecho de no haberse comunicado ni se puede sancionar la mera captación y difusión de imágenes de la policía, ni es tampoco posible sancionar a los organizadores de una protesta que no hayan actuado negligentemente. Cambiar la ley en esos aspectos que ya no se aplican son meras salvas al aire. Al final, la propuesta gubernamental se limitaba a reducir las multas por tenencia de cannabis y en los casos en los que los sancionados carecieran de ingresos y poco más. 

El fracaso de la tramitación ha impedido que se apruebe una reforma que no tocaba siquiera ligeramente la esencia antidemocrática de la ley

Frente a ello, Bildu y ERC se han empeñado en cuatro cambios sustanciales: prohibir las pelotas de goma en todo el Estado (tal y como sucede ya en Cataluña), eliminar la facultad de la policía de multar a quienes los agentes entiendan que los desobedecen y a quienes conciban que les faltan al respeto, y acabar con las devoluciones de inmigrantes en caliente. Dejando a un lado esta última exigencia, que se alinea absolutamente con las reclamaciones en materia de derechos humanos de todos los organismos internacionales, pero se refiere a algo que no se introdujo en la ley original, se trata de la esencia de la ley mordaza. Mientras cualquier agente policial pueda imponer una sanción a cualquier ciudadano que él entienda que no le obedece adecuadamente o no lo trata con el respeto debido nadie en este país puede sentirse libre a la hora de manifestarse, protestar o ejercer sus derechos políticos en público. La amenaza constante de arbitrariedad policial desalienta el ejercicio de los derechos fundamentales de un modo inaceptable en democracia.

No se trata de que los dos partidos disidentes hayan exigido el cielo y con ello nos hayan privado de un texto bueno, aunque no perfecto. Lo que el PSOE y Unidas Podemos proponían no enmendaba el carácter represivo y arbitrario de la ley ni mejoraba sustancialmente los derechos de los ciudadanos. El fracaso de la tramitación ha impedido que se apruebe una reforma fantasma que no tocaba siquiera ligeramente la esencia antidemocrática de la ley.

Un día antes de este fracaso, fuentes socialistas decían que no estaban dispuestos a desproteger a las fuerzas de seguridad prohibiendo las pelotas de goma o a desvirtuar la autoridad de los agentes en materia de respeto y obediencia. El Gobierno ha podido elegir entre proteger los derechos de la ciudadanía o mantener un sistema policial represivo y ha elegido la represión. No es la única decepción que el PSOE y Unidas Podemos han ofrecido a sus votantes en la legislatura, y seguramente vendrán algunas más. Pero incumplir la promesa consensuada que seguramente más apoyos suscitaba entre la ciudadanía progresista es de una torpeza formidable, y un auténtico regalo del Gobierno a la derecha y a la ultraderecha.