Cabildeo
PSOE y PP no se hablan, pero se amanceban
Los dos partidos mayoritarios siguen intercambiando cromos para ocupar las instituciones como si fueran suyas
Jesús López-Medel 1/05/2023
![<p>Justicia (in)dependiente.</p>](/images/cache/800x540/nocrop/images%7Ccms-image-000023686.jpg)
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Las instituciones tienen un gran valor en el funcionamiento adecuado del Estado de derecho. De modo especial, las que ejercen funciones de control y asesoramiento. Para asegurar el buen funcionamiento de esos órganos resulta fundamental su composición, que debería ser independiente y tener criterio propio. Requiere también que sus miembros sean elegidos por criterios de mérito, capacidad y prestigio y no por participar en piñatas entre políticos ya oxidados.
Sin embargo, se está produciendo una erosión progresiva que nos está conduciendo a altos niveles de podredumbre. La destrucción del prestigio de las instituciones del Estado es lamentable. Los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, se muestran incapaces de dialogar, conversar y evidentemente, concertar nada para la vida de los ciudadanos o el interés público. El principal partido de la oposición se ha instalado en un “No” rotundo ante cualquier iniciativa del Gobierno de coalición que pueda beneficiar a los españoles, y lo hace, además sin proponer nada a cambio. Hay una excepción: el abrazo de ambos en torno a la ley ‘del sí es sí’. El PSOE rectificó de manera vergonzante y decidió aliarse con el partido que no ha traído ninguna mejora a las mujeres, abandonando así a la totalidad de sus socios de investidura, salvo la derecha vasca.
Las otras excepciones, que se repiten en el tiempo, se refieren exclusivamente a la colonización de las instituciones del Estado, sobre todo las de control del poder, una función consustancial en un Estado que pretenda calificarse como plenamente democrático.
La cooptación de cargos en esas instituciones se produce por el habitual reparto entre PP y PSOE; y se hace cada vez de modo más obsceno y seleccionando a personas que tienen un perfil muy de partido, bien a modo de agradecimiento por los servicios prestados, como jubilaciones indefinidas o desde la seguridad de que van a ser “útiles al sistema”, en el peor de los sentidos.
Las instituciones sufren un progresivo deterioro y se llenan de perfiles sin prestigio. Acaban encogiéndose y devaluándose. Muestra de ello son órganos muy domesticados como el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, el CGPJ y muchos otros.
No importa ni la mediocridad, ni la ineptitud, ni la inadecuación para ejercer las funciones en estos órganos
No hay un nombramiento que se haga por criterios de cualificación y no tienen recato en mostrar la concepción patrimonial que tienen de las instituciones. Es como si fuesen los dueños del poder. El compadreo entre los dos partidos mayoritarios que han estado ejerciendo el sistema de un nombramiento para mí, otro para ti, ha llegado a un punto en el que no importa ni la mediocridad, ni la ineptitud, ni la inadecuación para ejercer las funciones en estos órganos. Es el trasunto actualizado del secular caciquismo hispano denunciado por Galdós y que ahora analiza con lucidez el profesor Jiménez Asensio.
Pero estos son los signos de los tiempos. Ya hace dos años se produjo una infamia institucional deplorable. Se trataba de la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Dos de ellos fueron asignados al partido de la oposición. El Partido Popular, en su línea, colocó en los puestos a dos candidatos impresentables jurídica, ética y socialmente, que no reunían ni los mínimos necesarios. El repudio, pese a la obediencia de voto, lo manifestaron algunos escasos diputados dignos, que después serían defenestrados. Esos dos nombres del PP fueron admitidos, sin recato, por el “negociador” del partido mayoritario. Los que conocíamos las trayectorias jurídicas o incluso éticas de esos personajes nos hacíamos cruces.
Entendimos las tragaderas e intenciones de ese “negociador” gubernamental cuando, al año siguiente, a finales de 2022, él procedió, con anuencia del gran patrón, a colocar como candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional a dos personas del PSOE que tampoco cumplían mínimos criterios de independencia. Dos personas cuyas vidas profesionales han consistido en ocupar cargos políticos, bien en Moncloa, o bien en abundantísimos puestos en instituciones varias, siempre representando al PSOE.
Esta crítica ya fue expresada en el artículo Colonización partidista y desprestigio de las instituciones, en el que se hacía referencia a la anomalía que iban a suponer las abundantes recusaciones y abstenciones a las que iban a tener que someterse. Como es sabido, para ocupar cargos que suponen ostentar elevadas dosis de independencia, tan importante como tenerla es haberla demostrado o, al menos, dar una apariencia de que se puede actuar con probidad y honestidad. Y esto no está nada claro. Sus votos, siempre predecibles, irán en función de los intereses (más que ideas) del PSOE, como los otros dos nombrados en 2021 serán no la voz propia sino la del PP.
Ya entonces criticaba el escogimiento o el juego de sillas que se había producido en el Consejo de Estado, en el que una política de larguísima trayectoria en el PSOE, tras varios años de actuar como presidenta del órgano, se guarecía de nuevo en la institución, por si acaso las próximas elecciones no fuesen bien, como consejera permanente, hasta el final de sus días. Se pidió a la prestigiosa catedrática de Ética Victoria Camps que renunciase a ese puesto para que la superpolítica pudiera ocuparlo.
Pues bien, para cubrir la vacante de la presidencia de este templo jurídico, pensaron –cómo no– en una militante del partido socialista. Concretamente en una ministra con dos años de experiencia, y cuya escasa actividad previa se limitaba a un puesto de funcionaria para el cual no se precisaba ser licenciada. ¡Muy meritorio! Yo entiendo que le den cariño tras haber sido ministra y que, después de cobrar la cesantía del puesto (80% del sueldo durante dos años) le consiguieran alguna cosilla, pero presidenta del Consejo de Estado era y es muy escandaloso. Me recuerda también otra canonjía que dio el presidente del Gobierno a una ministra que estuvo tres meses y tuvo que dimitir por plagio y falsificación de un máster. Pues bien, ella sería agraciada con el cargo de embajadora en Washington para la Organización de Estados Americanos que agrupa a 35 países, siendo España país observador. ¡Olé!
Ahora, vuelven a las andadas y el “negociador”, ha procedido a pertrechar otro dislate en el Consejo de Estado. Por un lado, ha sido relevada una jurista de prestigio, catedrática y exmagistrada del Tribunal Constitucional, Adela Asúa. Llevaba solo dos años y medio (con un nombramiento de por vida), cuando ha renunciado sin explicación, y el Gobierno ha designado en su lugar a una militante del PSOE, diputada ya en 2004 y que en estos últimos años fue también ministra del gobierno. Dos años en este cargo y otros dos más cobrando desde su cese 5.000 euros durante 24 meses más. Pues bueno, ¡larga vida también a esta otra agraciada para este puesto perpetuo en el Consejo de Estado!
Pero no sólo eso, sino que en unas renovaciones de los consejeros electivos por cuatro años (aunque luego algunos lleven dieciséis) han colocado cuatro personas cuya aportación a la democracia española es impagable.
¿Cómo no nombrar, para un órgano encargado de dictaminar anteproyectos de ley o sesudos asuntos administrativos a un licenciado en medicina que, entre otros varios cargos políticos, ha sido alcalde de A Coruña por el PSOE? O ¿cómo no, hacerlo también con un químico que empezó su carrera política con el joven prometedor José Mari en los noventa allí en Castilla y León y sería alcalde de Burgos y antes ministro hace veinte años de la mano de su guía juvenil en Alianza Popular? ¡Y qué brillante ha sido la aportación de un presidente de una pequeña comunidad uniprovincial durante largos años y que, aunque breve fuese su paso como maestro de primaria, ha prestado grandes servicios muchos años a España desde el PP! O ¿qué no decir de una licenciada en nada que ha estado durante muchos años llena de cargos orgánicos y de fontanería en el PSOE, escudera de quien fue secretario general que frustraría por muy poco la carrera de quien estaba en condiciones de haber hecho camino para llegar a ser la presidenta del Gobierno de España (me refiero a la recordada Carme Chacón) en lo que fue el primer intento de que fuese candidata una mujer? (Ahora va el segundo).
Me gustaría decir a quien corresponda, aunque sea inútil, que el Consejo de Estado es una institución de gran peso histórico, creada por Carlos V en 1522, con altas funciones de asesoramiento. En su evolución, incluso tuvo funciones jurisdiccionales. Configurada en la Constitución de 1978 como el “supremo órgano consultivo del Estado”, su Ley Orgánica de 1980 consolidó un modelo muy clásico donde no se hicieron apenas modificaciones con respecto a la etapa anterior.
Sobre ello, soy muy crítico con que se siga manteniendo la figura anacrónica de los consejeros permanentes o perpetuos en un lugar donde las mullidas alfombras y el caldito de los días de sesión semanal, garantiza larga vida. Además, la tarea está facilitada por un cuerpo de Letrados del Consejo, con gran capacidad jurídica, que sustenta la institución y elabora los dictámenes jurídicos. Subsisten, cada vez menos, pocos, consejeros de prestigio, pero algunos se van… o les hacen irse. Antes se nombraba a catedráticos o magistrados con gran bagaje. Hoy eso es historia. Junto al caso de la consejera antes mencionado, también es de lamentar la marcha ahora por no renovación de la consejera electiva Amelia Valcárcel, de tendencia progresista, pero que se atrevió a hacer una pequeña crítica a la mandamás y que nos dejaría de recuerdo en una entrevista del año pasado lo siguiente: “En los representantes políticos ya no cree nadie”.
Este concubinato PSOE-PP de reparto de cargos, con gran descrédito de las instituciones, debería terminar. Me consta que en Sumar no ha sentado bien este cambalache, que consideran contrario a su proyecto de regeneración democrática elaborado recientemente. Queda muy poco tiempo para las elecciones. Pero este asunto deberá ser, si aspiran a que las gentes les consideren fiables y coherentes, una de las exigencias que ese movimiento emergente plantee al socio ahora mayoritario: desterrar ese tipo de prácticas de cabildeo.
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Jesús López Medel ha participado en el grupo de trabajo sobre Justicia que elabora el Proyecto de País de Sumar.
Las instituciones tienen un gran valor en el funcionamiento adecuado del Estado de derecho. De modo especial, las que ejercen funciones de control y asesoramiento. Para asegurar el buen funcionamiento de esos órganos resulta fundamental su composición, que debería ser independiente y tener criterio propio....
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Jesús López-Medel
Es abogado del Estado. Ha sido observador de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la OSCE.
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