A veces, mis artículos contienen referencias personales y así será en este también. Quisiera recordar cómo me borré de Twitter. Utilizaba la plataforma para compartir mis ideas y pensamientos en el ámbito político, social y jurídico, junto con gustos personales sobre cultura, música, etc. Y a la inversa, para recibir lo mismo de personas que me parecían de interés. En general estaba contento.

Tuve suerte y no me vi zarandeado o insultado, lo cual ya era meritorio. Pero hubo algo que me llevó a dejar esta red en 2018. Fue la exhibición frecuente de juezas y jueces con fotos con toga, incluso con bandera al fondo, donde opinaban de lo divino y lo humano. Eso sucedía con cierta frecuencia. A mí me molesta bastante. En aquel tiempo, había acontecido el 1 de octubre anterior el procés en Cataluña. Desde ese otoño, todo ello bajaba por las redes como un aluvión. 

Me empezó a parecer obscena la exhibición y militancia activa acerca de unos hechos que, si bien pronto fueron judicializados, tenían un claro carácter político

Ya entonces me empezó a parecer obscena la exhibición y militancia activa de este sector acerca de unos hechos que, si bien pronto fueron judicializados, tenían un claro carácter político. El fervor a la hora de criticar las acciones de los líderes catalanistas y mostrar la “solidaridad” e identificación con el instructor Pablo Llarena en su empeño de incriminarles, incluso por delito de rebelión, estaba henchido de ardor patriótico. Y no se les ha curado.

Fue muy determinante la rápida acción del juez instructor de imputar por delito de rebelión a los participantes en el proceso soberanista, lo que suponía atribuir su enjuiciamiento al Tribunal Supremo en lugar de al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Posteriormente se advertiría que era evidente que no les era aplicable, pero esa imputación sirvió para desviar el asunto del juez natural al Supremo. Allí la gran abundancia de magistrados muy conservadores aseguraría que se sintieran no solo juzgadores sino también salvadores de la patria. Ese desvío del asunto hacia ese tribunal (que suponía, también, imposibilidad de recurso) fue uno de los varios déficits de lo que no sería un juicio imparcial.

Pero, más allá de la Sala II, me parecía muy peligrosa esa implicación partidista y entrometida de jueces ordinarios que en tuits prestaban apoyo solidario a otro juzgador, que estaba haciendo una instrucción penal muy severa e incriminatoria. En aquel tiempo, los presidentes de tribunales de justicia a nivel autonómico se juramentaban para pronunciarse individual y colectivamente en cualquier ocasión en la línea dura del instructor Llanera y en defensa de la unidad de España.

Todo ese tipo de manifestaciones, recogidas en los activistas medios de comunicación de una derecha cada vez más radicalizada, tenían reflejo, como antes indicaba, en las redes sociales. El gran vedetismo de muy diversos juezas y jueces, confundiendo sus ideas políticas legítimas con la exigible prudencia y neutralidad, me pareció tan impúdico que me empujó a abandonar Twitter. 

Fue el momento culmen de una locura colectiva judicial que consistía en hacer méritos patrióticos y exhibirlos, y que luego ha amainado, pero no desaparecido, según algunos amigos me cuentan. Pero lo que se ha incrementado notablemente es el “entogamiento”. El sobreempoderamiento producido por la llevanza de una toga con puntillas ha hecho que algunos leviten y se consideren en la práctica no como miembros de un poder que tiene sus equilibrios, como los otros, sino por encima del Legislativo y el Ejecutivo.

La finalidad era blanquear a Vox, convirtiendo a ese partido ultra en adalid de los derechos y las libertades

En los últimos años, esto ha tenido numerosas manifestaciones. Hay que recordar los pronunciamientos de varios juzgados unipersonales y tribunales superiores (el de Madrid, especialmente) donde enjuiciaban retiradas de denominaciones de calles a personajes funestos de la dictadura y la Guerra Civil. Eso, en cumplimiento de una ley, la de Memoria Histórica, se traducía en que jueces sin complejos echasen abajo las decisiones municipales de retirar varios de esos nombres, como el del General Millán Astray y otros, con gran alborozo del alcalde monaguillo capitalino. 

En algunos casos, el Tribunal Supremo ha enderezado algunos de esos disparates. ¿Y cuál era la razón “jurídica” de aquellos jueces? Pues que no consideraban justificadas o motivadas las retiradas del callejero de aquellos personajes. Es decir, se entrometían los jueces en funciones gubernativas, en este caso de los ayuntamientos, y despreciaban la ley aprobada por el Parlamento. 

Otros casos abundantes de intromisiones varias se produjeron con ocasión de las restricciones por la pandemia. Ahí están las muy surrealistas sentencias del Constitucional dictadas por algunos personajes de triste memoria, que hicieron un uso más que retorcido del derecho. La finalidad, además de criticar al Gobierno, era blanquear a Vox (igual que políticamente lo ha hecho el PP y los abundantes medios cavernícolas), estimando su recurso con una sentencia patética y muy política, inaudita en el mundo occidental, convirtiendo a ese partido ultra en adalid de los derechos y las libertades. 

Además, es sabido que las comunidades autónomas tuvieron que pronunciarse en varias ocasiones sobre la hora de cierre de los locales de ocio, sobre el máximo de personas que podían estar juntas, etc. Fueron sobre todo las asociaciones de hostelería quienes recurrieron ante los tribunales superiores autonómicos. Pues bien, el elenco de decisiones judiciales fue extraordinariamente variado. La mayoría de los tribunales no se limitó a decir si las decisiones gubernativas eran o no conforme a derecho (lo cual es únicamente su función) sino a opinar si podían ser diez comensales en lugar de ocho o si la hora de cierre de locales en la noche debía ser las dos de la madrugada o las doce de la noche. Estas decisiones, que podrían ser criterios opinables, escapaban absolutamente a la función de los jueces: juzgar según la ley la decisión administrativa y punto.

Llarena hizo varias referencias críticas muy políticas y totalmente fuera de lugar a las decisiones del legislador

Existen cada vez más ámbitos en los que se produce esa intromisión de los jueces en otras funciones que no les corresponden. Desde luego, habrá que reflexionar a fondo sobre la alimentación de ese ego y empoderamiento que reciben en la escuela judicial, que debería evitar fomentar efluvios de criptonita de quienes son poder judicial tras superar la oposición con solo dos ejercicios orales memorísticos, pero también son ya servidores públicos en prácticas. 

No voy a entrar a analizar por qué en la aplicación de la “ley del sí es sí” unos jueces han actuado con generosidad con los delincuentes otorgando reducciones automáticas de condenas y otros, la mayoría, silenciosa, no lo han hecho, aunque alguien tendrá derecho a pensar que las diferencias no son solo de carácter interpretativo jurídico. Pero sí, en cambio, voy a referirme a las intromisiones reiteradas y muy actuales sobre el primer caso que al principio señalé: el enjuiciamiento de los implicados en el procés catalán.

Tanto el magistrado instructor, Pablo Llarena, como el presidente de la Sala, Manuel Marchena, han dejado abundante testimonio de su actitud en todo momento en el enjuiciamiento mencionado, aplicándose con enorme celo y lengua (escritura) muy suelta que sobrepasa la exigencia del equilibrio e imparcialidad necesarias. 

Así, hace poco, en su reciente auto sobre los incriminados que se encuentran fuera de España, Llarena hizo varias referencias críticas muy políticas y totalmente fuera de lugar a las decisiones del legislador sobre la supresión del delito de sedición y la nueva regulación de la malversación. No es quien, por muy entogado que se sienta, para emitir sus opiniones en una resolución judicial. 

El Gobierno Rajoy no quiso buscar soluciones políticas al conflicto con Cataluña, se cruzó de brazos y encomendó a la judicatura la función de salvar a la patria

No constituye esto una sorpresa, porque en su actuación en todo el proceso era evidente que se dejaba llevar o, al menos, influía en él su ideología. Y como no le gusta lo que ha legislado el Parlamento, único representante de la titularidad de la soberanía, se lanza a criticarlo. Asimismo, como juez patriótico, se aplica a hacer manifestaciones sobre la unidad de España y el modo, a su criterio, de salvaguardarla. Un pronóstico que anticipo a los lectores: Pablo Llarena será promocionado en la próxima renovación del TC al capelo cardenalicio de este tribunal devaluado por el PP y PSOE. 

Por otra parte, la actuación de Manuel Marchena está siendo en todo este asunto un reflejo de su trabajo no solo jurídico sino también de su pensamiento militante muy conservador. El Gobierno Rajoy no quiso buscar soluciones políticas al conflicto con Cataluña, se cruzó de brazos y encomendó a la judicatura la función de salvar a la patria. Marchena y su legión de compañeros de Sala asumieron eso desde una aplicación contundente y con saña, sin reparos en hacer un uso tan hábil como retorcido de las normas procesales y penales para imponer su criterio ideológico. No les pudo condenar por un imaginario y más que inexistente delito de rebelión (ya sirvió la imputación del otro), pero aplicó la sedición y la malversación con la mayor gravedad que pudo.

Sobre el indulto, se podían haber pronunciado en contra, pero cargaron muchísimo las críticas. Reformados recientemente los dos mencionados tipos penales por el Parlamento, se suprimió la sedición y se rebajó la malversación. Pero no. ¿Quién es el Poder Legislativo para separarle de sus ideas políticas convertidas en sentencias y de su soberbia? Sobre ello, a pesar de las reformas normativas, buscaron una vía torticera e imaginativa para no tener que variar su pena inicial. Hay que reconocerle su habilidad ingenieril, eso de hacer justicia lo sustituye por ser justiciero y muy artero. Y, como su colega instructor, procede sin traba a criticar al Legislativo en su legítima capacidad de decisión política y normativa para dirigir la nación. ¡Vaya tropa! 

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Jesús López-Medel es abogado del Estado.