El deterioro de la calidad democrática en nuestras instituciones sigue creciendo. A buena parte de nuestros máximos dirigentes políticos esto les da absolutamente igual. Solo piensan en ellos mismos y en el sentido partidista y servil que van a mostrar aquellos a quienes designa su dedo caprichoso. Esto no es nuevo, ciertamente, pero es indudable que en los últimos años ha llegado a niveles más decadentes. ¿Pero a quién le importa eso? A muy pocos y, además, lo que sucede es que la mayor parte de las personas cualificadas profesionalmente y que son críticas con la colonización partidista institucional, lo dicen en privado pero no se atreven a hablar de ello. Guardan silencio públicamente. Saben que cualquier crítica al poder puede tener consecuencias respecto a cualquier posibilidad, aunque sea remota, de recibir en un futuro una encomienda, una distinción eventual o acaso un retroceso de sus encargos por otras entidades del mismo signo que el rey sol. 

No me voy a remitir al primer Tribunal Constitucional, cuya composición de muy eminentes juristas estaba también imbuida de unas cualidades enormes de sentido del Estado de la Justicia, con una verdadera independencia de criterio, que es una quimera para casi todos los que están ahora. El deterioro ha sido progresivo: se han mezclado magistrados cualificados con miembros con un perfil, cada vez, inferior. El paroxismo llegó con un tal Pérez de los Cobos, que alcanzó nada menos que la presidencia de la institución después de ser militante de uno de esos dos partidos y donante económico; por tanto, meritorio, del PP. El partido siguió dándole su apoyo y justificando su posición; incluso, intentó  colocarlo como juez de Estrasburgo. Su falta de idoneidad era palmaria. Otro nombramiento escandaloso fue el de Enrique López, cuyos únicos méritos eran haber servido al PP con toga y sin toga, y sin límite ni recato alguno.  

La siguiente vergüenza en el Tribunal Constitucional tuvo lugar hace poco más de un año. En una renovación parcial de las Cámaras, introdujo de nuevo este partido (y el PSOE consintió), a dos candidatos cuyo perfil horadaba aún más el nivel exigible. Una de ellos, la señora Espejel, había sido promovida desde el PP durante toda su vida judicial. Jurídicamente como ella había miles de candidatos mejores en línea conservadora, pero su posicionamiento e identificación constante, leal y sumisa al PP, le hicieron magistrada del TC. Ni una sola publicación ni mérito alguno.

El otro candidato elegido por este partido, ​​Enrique Arnaldo, fue, aún más si cabe, un escándalo extraordinario. Sobre todo, porque era también un colaborador intenso de ese partido durante muchísimos años pero también porque sus abundantes enredos, incluso penales, no le hacían merecedor de un reconocimiento de ética mínimamente exigible. Su nombramiento, propuesto por el PP, era una ignominia a la que se prestó el PSOE y tragó con ese nombramiento al igual que la anterior. 

Hay en el mundo jurídico personas progresistas con trayectorias de muchísimo prestigio, pero el perfil que ha querido dar el PSOE es de gente a la que agradecer los servicios prestados

Pero esos precedentes no podían legitimar lo que ahora ha hecho el partido gubernamental con unos nombramientos tan sorpresivos como vergonzantes. Tras el bloqueo sistemático y anticonstitucional del PP para la renovación del CGPJ y, por ende, el TC, el Gobierno ha designado recientemente sus dos candidatos. Los agraciados han sido recibidos con estupor en todos los círculos jurídicos, académicos y judiciales. Laura Díez y Juan Carlos Campo son personas de partido. No es que se trate de personas marcadamente progresistas. No. Su mérito ha sido hacer carrera a la sombra de un partido político. 

Respecto a Campo, no es simplemente que haya sido ministro con quien le nombra (el mismo perfil de la anterior Fiscal General del Estado), sino que ha estado casi toda su vida en diversos cargos políticos a propuesta del PSOE. El tiempo que ha ejercido labores de juez ha sido mucho más escaso. La segunda elegida, Laura Díez, presenta un muy breve recorrido profesional, siempre a cobijo del PSOE y de Moncloa. Además, es una persona crecida en brazos del muñidor personal de estos nombramientos. Será receptiva y le deberá agradecimiento eterno. No es que estén manchados por haber ocupado algún cargo político, sino que esto ha sido una constante en ellos. 

Hay en el mundo jurídico personas con planteamientos progresistas y abiertos con trayectorias de muchísimo prestigio: catedráticos, magistrados, abogados, etc. Pero no. El perfil que ha querido dar el PSOE es de gente a la que agradecer los servicios prestados al partido y así asegurarse total lealtad. No se desviarán nunca de la senda marcada. Esto es, lo mismo que la gran mayoría de los propuestos por el PP en otro tiempo.

Y digo la gran mayoría porque hay un caso singular, Andrés Ollero, que pese a haber sido diputado por el PP durante un tiempo antes de llegar al TC, era alguien con méritos acreditados fuera de la política: catedrático de Filosofía del Derecho y autor de muchas publicaciones. Y lo menciono no solo por esto, sino por el hecho de haberse separado en el voto del TC de su grupo conservador de origen en algunas ocasiones. Ahora se edita un libro con los 69 votos particulares en que él ha disentido de la mayoría. Y ello, además de haber sido el ponente de sentencias relevantes muy duras contra el Gobierno de Rajoy. Entre ellas, destaco la que tumbó por unanimidad el Decreto Ley que aprobaba la amnistía fiscal de Montoro. Ni a este ni a su jefe les pasó nada. Los agraciados por esa decisión arbitraria ya se habían beneficiado de la medida y solo quedan las palabras y expresiones muy contundentes y críticas del ponente, que fueron asumidas por todos los demás magistrados ante tal disparate.

Esta libertad de criterio, un tanto excepcional, no es esperable de los dos ahora designados por el Gobierno y que van en la línea de otro reciente nombramiento en otro órgano muy relevante: la presidencia del Consejo de Estado. Esto fue una maniobra para colocar de por vida a la exministra Magdalena Valerio, haciendo consejera vitalicia a la anterior, María Teresa Vernández de la Vega, que había sido vicepresidenta del Gobierno con el partido. Valerio es otra persona anodina jurídicamente (para el puesto de funcionaria que ostenta no se requiere ser licenciada en Derecho). Pero fue ministra del PSOE. Además, en brevísimo tiempo, ya hace uso del argumentario del partido en temas como el asunto Irene Montero, por supuesto en contra de esta. No sé quién le ha dado vela en este entierro, pero todos estos movimientos lo que hacen es prolongar el funeral por la calidad de las instituciones.      

Aparte de los nombramientos de candidatos que no están en condiciones de ejercer con independencia, imparcialidad y neutralidad, es especialmente triste que todo esto se asuma como algo inevitable. En otras cosas, como la de decir que todos roban, es falso. Sin embargo, en este asunto, lo de dignificar la composición de los órganos constitucionales buscando a candidatos idóneos, el PSOE ha vuelto a demostrar que es exactamente igual que el PP. ¡Vaya tropa! 

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Jesús López-Medel es abogado del Estado.