Las primeras grietas no parecían grietas, recuerda Rosario Ramos (70), eran como rayajos a lápiz, como si alguien dedicara sus noches a garabatear en la pared del comedor. Las líneas fueron haciéndose más largas, más profundas, hasta que empezaron a caer varios trozos de pared. Su casa se resquebrajaba. En septiembre del año pasado, la Comunidad de Madrid prometió que las reparaciones tardarían tres meses. “Dijeron que lo arreglarían sin problema, que iba a ser uno de los mejores edificios de Europa... y fíjate dónde estamos, mi casa hecha un solar, y nosotros en la calle”, cuenta con resignación esta vecina de San Fernando, municipio de unos 40.000 habitantes al este de Madrid donde la promesa del Partido Popular de traer el metro lleva dos décadas hundiendo, poco a poco, un barrio entero.  

Todos los que llevan una vida aquí saben que debajo de sus casas hay un depósito subterráneo de agua. Pistas ha dejado la sabiduría popular: en la calle de La Presa había un bar antiquísimo que se llamaba El Molino. Pero hay promesas electorales que no escuchan y, en contra de los informes técnicos, Esperanza Aguirre anunció por sorpresa en 2006 la ampliación de la línea 7b, a la que sumaba dos nuevas paradas: la del Henares y la del Hospital del Henares. 

Reportaje de Marta Maroto sobre el desastre en San Fernando de Henares, un barrio entero que se hunde por las obras de la línea 7B de metro.

Esta modificación en el trazado del metro, que en los primeros planos de 2004 no estaba contemplada, supuso en un primer momento un coste adicional de 38 millones a los 168 que ya se habían adjudicado a Dragados, la constructora de Florentino Pérez. Aguirre tuvo su inauguración por todo lo alto, con paellada y conciertos, aunque no hubo que esperar mucho para que comenzaran a aparecer los primeros problemas: la línea empieza a sufrir cortes parciales –hoy en día las estaciones de Jarama, Henares y Hospital de Henares no funcionan y hay tramos inundados– y las casas comienzan a agrietarse por el desnivel del suelo. En 2021 había paredes tan rotas que por las grietas cabía un brazo entero; empezaron los desalojos y varias viviendas tuvieron que ser apuntaladas. 

Esta semana se ha cumplido un año de la demolición del edificio de Rosario, el número 4 de la calle de La Presa. El mismo 17 de mayo también se tiraron abajo los números 1 y 3 de la calle Rafael Alberti. Después de tres meses esperando en los apartahoteles donde la Comunidad de Madrid había realojado a los vecinos con la promesa de reparar los desperfectos, los afectados pudieron regresar en enero, pero para coger sus cosas. “Tuve que recoger 40 años de mi vida en 30 minutos. A mí me tiraron la casa con todos mis muebles. Toda mi vida se ha quedado ahí, en los escombros, nos han roto la vida por completo”, lamenta Mercedes Carrasco (62), en el campamento de tiendas que los vecinos que han perdido sus viviendas han levantado en el parque Pedro Zerolo en señal de protesta. “El 17 de mayo hundieron nuestras #VidasRotas”, reza uno de los carteles. 

Mercedes Carrasco, también ha perdido sus casa. Posa dentro de la tienda de campaña donde ciertas noches a la semana duerme con su marido e hijo en el campamento de protesta levantado por los vecinos en San Fernando. / Marta Maroto

Hay al menos 600 viviendas afectadas y 34 han tenido que ser echadas abajo, mientras otros edificios ya han sido desalojados y esperan la misma suerte. La demolición se ha llevado comercios y servicios como guarderías, y se ha perdido el complejo dotacional de El Pilar, cerrado desde 2015, que alojaba una escuela oficial de idiomas y salas para asociaciones, “dejando a San Fernando de Henares sin unos espacios donde se prestaban servicios públicos a la ciudadanía”, denunció el alcalde socialista, Javier Corpa, que ha pedido a la Comunidad de Madrid que reubique estas prestaciones dentro del municipio. 

David Casado (45), padre de una niña de cinco años, lleva sufriendo el repiqueteo de las obras como banda sonora diaria desde hace dos años. Su terraza ofrece vistas privilegiadas a lo que ya es conocido como la ‘zona cero’, el perímetro acordonado por vallas metálicas donde se realizan las labores de reparación: por un lado se inyecta mortero, una mezcla con cemento, para rellenar las cavidades huecas subterráneas y prevenir que el suelo siga hundiéndose; por otro, se saca agua del acuífero, cuyo alto porcentaje de salinidad corroe las infraestructuras del metro ya construidas. “Vibra el suelo y las lámparas, no ha pasado nada gracias a Dios, pero vives con miedo”, señala David. 

Grietas en la pared del último piso del bloque de David Casado, un edificio que sin embargo no es considerado por la Comunidad de Madrid como afectado por la línea 7b de metro. / Marta Maroto

Tiene grietas todavía finas en las paredes del salón, la entrada y la cocina, donde se han roto un par de azulejos y la puerta de la entrada no se cierra correctamente. Sin embargo, es la infraestructura del edificio la que visiblemente está más dañada; en el techo del último piso hay una fisura que recorre el ancho del pasillo, dejando varios ladrillos al descubierto. Este edificio, contiguo a otro bloque que tuvo que ser desalojado por los bomberos a la carrera una noche de enero, no es considerado como damnificado por la Comunidad de Madrid, explica David, uno de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Línea 7b. 

El miércoles 17 de mayo, una marea de centenares de chalecos naranjas, distintivo de esta plataforma, se manifestó en las calles de San Fernando para pedir soluciones tras casi veinte años de lucha, y que las indemnizaciones, consideradas escuetas por los vecinos, sean al menos pagadas. “Pido una indemnización que me permita comprar una casa similar a la que tenía antes, recuperar lo que nos han quitado”, explica Raquel Pastor, en silla de ruedas, una de las vecinas cuya vivienda fue demolida. 

Desde la terraza de David, vistas de la que es conocida como la 'zona cero', la intersección de las calles de La Presa y Rafael Alberti. Aquí se han demolido más de 30 viviendas. / Marta Maroto

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había ofrecido en un primer momento entre 136.000 y 355.000 euros por las viviendas y de 10.000 a 33.000 euros por las plazas de garaje, lo que suponía siete millones de euros en total. Sin embargo, la presión de los vecinos, que piden que se incluyan daños morales y que se tenga en cuenta la devaluación que ha sufrido la zona por los fallos de la línea de metro, han logrado que en un anuncio en marzo Ayuso rectificase y añadiese entre 10.000 y 63.000 euros más. 

“Hay un pueblo hundiéndose por culpa de la corrupción institucional del Partido Popular en la Comunidad de Madrid por una línea de metro que no podía construirse, sabemos que Dragados recibió 60 millones de euros después de la construcción original para unas obras que acumulan al menos 160 millones de euros en sobrecostes”, contesta Alejandro Escribano, uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados, cuando es preguntado por la inversión de dinero público que está teniendo que realizar la Comunidad de Madrid para reparar sus propios errores. Una responsabilidad, por cierto, señalada por una sentencia de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

“¡Y si esto no se arregla!”, gritaba Alejandro, megáfono en mano, en la última manifestación vecinal. “¡Guerra, guerra, guerra!”, contestaban las voces enfurecidas, de todas las edades, de los vecinos de San Fernando.