Las consecuencias de la crisis ecológica, cada vez más profundas y evidentes, siguen copando una parte importante de la actualidad en España. Hace unas semanas, la discusión se centró en el Parque Nacional de Doñana, un espacio natural protegido, conformado por una gran extensión de marismas. Debido a unas políticas del agua del PP andaluz que subordinan la conservación de los ecosistemas a los intereses mercantiles, como contaba el editorial de CTXT, Doñana se está viendo gravemente afectada.

La repulsa de organizaciones ecologistas, sociedad civil y parte de la izquierda política se vio reforzada por las advertencias procedentes de instancias europeas, que pidieron retirar las propuestas del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, de legalizar los regadíos ilegales que están desecando Doñana. Sin embargo, lejos de provocar una rectificación, lo que ha ocurrido es precisamente lo contrario.

Inmerso en la campaña electoral autonómica, el candidato del PP en Castilla-La Mancha afirmó en un acto público que no solo aplaudía la gestión de Moreno Bonilla, sino que pretendía replicarla, en caso de alzarse con la presidencia de su región, en los comicios del 28M: “Es lo que yo quiero para Castilla-La Mancha: regularizar los pozos y garantizar el agua a los agricultores y ganaderos”.

Un estudio de WWF revela la realidad detrás de dicha promesa: “El nivel de explotación ilegal en La Mancha Occidental es incluso cinco veces mayor en volumen y diez veces mayor en superficie” que la de Doñana o el Mar Menor. Es decir, la intensificación de la extracción de agua, que llevó a la Comisión Europea a amenazar a España con sanciones, se vería incrementada de manera muy importante si el Partido Popular alcanzara el gobierno castellanomanchego.

“El nivel de explotación ilegal en La Mancha Occidental es incluso cinco veces mayor en volumen” que el de Doñana

La gestión actual del PSOE no es, ni mucho menos, más halagüeña. De hecho, el mencionado dato sobre el nivel de explotación ilegal de los acuíferos forma parte de una declaración en la que la propia organización WWF exige “un giro de la política agraria de Castilla-La Mancha y la transformación del modelo de desarrollo de la comarca”.

Máximo Florín Beltrán es profesor de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador especializado en ecología y gestión de los humedales mediterráneos, y ofrece el contexto necesario para entender qué es lo que está ocurriendo con dicho modelo: “Tanto en Doñana como en Castilla-La Mancha han aprendido muy bien de lo que se ha hecho en Murcia. Lo que han hecho allí con el trasvase es que, cuando había años secos, ellos reclamaban más recursos, con los que generaban más gasto, más superficie regada y más urbanizaciones turísticas. Una vez consolidados esos recursos, volvían a reclamar más en el siguiente ciclo seco. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha, en mayor medida incluso que en Doñana, y lleva ocurriendo desde los años ochenta del siglo pasado”.

Esta demanda creciente de recursos hídricos afecta a unos acuíferos que “ya fueron declarados sobreexplotados en 1985”, cuenta Beltrán antes de explicar la segunda “trampa” a la que se ven sometidos estos ecosistemas: “Ahora ha habido un proceso de industrialización más acusado, y es verdad que hay un programa de modernización de regadíos que consiste en utilizar riego por goteo y técnicas que economizan agua”, pero “estos programas de modernización, en realidad, consisten en ampliar las hectáreas en riego utilizando técnicas más ahorrativas con respecto del agua”. El resultado es que la supuesta economización de recursos se traduce en “un incremento del consumo de agua, porque aumenta muchísimo la superficie y se introducen otros tipos de cultivos” que multiplican la demanda.

“Hay otro problema adicional”, dice la voz del profesor al otro lado del teléfono, “y es que con otros sistemas de riego, más tradicionales, hay un retorno del agua a los acuíferos, ríos y humedales. Con riego por goteo, esta parte del agua que se infiltra y vuelve no existe: se están hurtando los retornos”.

La conclusión a estas explicaciones la ofreció Santiago Martín Barajas, coordinador del área de Agua en Ecologistas en Acción, en un artículo publicado el pasado mes de abril: “Podemos considerar la expansión del regadío como la mayor amenaza actual para nuestro medio natural, y que nos va a llevar directamente a un colapso hídrico”.

Un modelo especulativo, extractivista e insostenible

En Castilla-La Mancha, esta guerra del agua tiene lugar entre la legalización masiva del PP y un PSOE que, en palabras de Emiliano García-Page, se compromete a que nunca falte “agua en la región para inversión empresarial”. Es decir, entre dos expresiones diferentes del mismo modelo: la mercantilización de un recurso básico para la vida.

El marco discursivo durante la campaña electoral ha situado a los agricultores en el centro del debate. Francisco Núñez, candidato popular a la Junta, acusa al gobierno autonómico de maltrato, entre otras cosas por las restricciones hídricas, establecidas como medida de emergencia ante la dramática situación de las Tablas de Daimiel principalmente, aunque no solo.

Por su parte, el PSOE ha respondido a las exigencias de Unidas Podemos de poner en marcha una transición sostenible “que plantee recursos y energía para que se queden en las zonas rurales” con argumentos muy cercanos a los esgrimidos por su rival por la derecha. Blanca Fernández, portavoz de García-Page, aseguró que UP apela a “un voto urbanita en una tierra que no es urbanita, sino esencialmente rural”. Afirmación que culminó con lo que, para ella, parece implicar este carácter rural: la existencia de alcaldes “que van a misa los domingos” y son “taurinos y cazadores hasta la médula” sin dejar de ser socialistas. Porque, sigue Fernández, en Castilla-La Mancha no existe “esa división ideológica”.

“La agroindustria está especulando con recursos públicos como el agua para producir un máximo de beneficio en poco tiempo”

La aparente confrontación entre PP y PSOE, escenificada en cada acto público, torna en un entendimiento casi total –aunque siempre implícito– a la hora de respaldar un modelo de desarrollo que, según Máximo Florín Beltrán, forma parte de “un sistema endiablado”. “La agroindustria está especulando con recursos públicos como el agua o el territorio para producir un máximo de beneficio en un corto espacio de tiempo. Y después, si te he visto no me acuerdo. Ahora el proceso se ha acelerado muchísimo: los fondos de inversión están trasladando mucho dinero del ladrillo al campo”, relata a CTXT.

Este expolio se sustenta en una idea extractivista del territorio y sus recursos que hace que Beltrán distinga entre “agricultores de verdad” y “grandes perceptores de la Política Agraria Común, que son una minoría pero acumulan la mayor parte de las ayudas”. Estos últimos, “grandes corporaciones y terratenientes, que a lo mejor tienen su domicilio de recepción de las ayudas de la PAC en el centro de Madrid”, disfrutan de una libertad total para “imponer una agricultura industrial que obliga a los pequeños y medianos agricultores a seguir sus normas para no desaparecer”. Este camino lleva hacia la “concentración parcelaria, apostar más por la cantidad que por la calidad, el uso de fertilizantes…”, además de establecer qué cultivos se ponen en marcha según criterios únicamente economicistas. Las consecuencias saltan a la vista.

El tándem PP-PSOE cuenta con el respaldo de esas megaempresas y terratenientes, “que tienen bastante poder”, además de lo que el profesor define como “grupos de presión igualmente muy poderosos”, y que concreta en “ASAJA, un grupo de presión muy fuerte para mantener el statu quo”. Su capacidad para maniobrar es enorme como refleja este  ejemplo: “Ha habido dos comisarios de la confederación hidrológica del Guadiana que han sido cesados por las movilizaciones de esta gente. Fueron destituidos por intentar meter mano a los pozos ilegales”.

El medio rural como espacio perfecto para proponer alternativas sostenibles

Máximo Florín Beltrán está convencido de que “es mentira que haya una necesidad de agotar los recursos hídricos y contaminar el suelo y las aguas” para la producción agraria. Y no por optimismo, sino porque ha sido testigo de que “hay un modelo alternativo. Un modelo que se basa en la producción sostenible, de productos de buena calidad que además van a tener una recepción comercial muy buena, y hay algunas experiencias ya muy positivas. Por ejemplo, en la huerta de Valencia están poniendo en contacto a los agricultores, los de verdad, con las tiendas de Valencia, para facilitar que esto se convierta en un sistema unificado y haya una estructura”.

Es aquí donde entra en juego el medio rural. Susana Gómez Granell fue Asesora del área de Agricultura, Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria del Consejo Ciudadano Valenciano de Podemos, y cree que este estrés hídrico extremo al que se está sometiendo a algunos de los acuíferos más importantes de la península se enmarca en una crisis en la que “el cambio climático, el peak oil y un millón de cosas más” hacen que nos estemos dirigiendo “hacia una vuelta atrás que tiene que darse sobre el propio territorio”. Este regreso provocará que “la sostenibilidad venga por necesidad”; y así, en cuanto que espacio en el que tradicionalmente se han movilizado unos saberes y unas prácticas muy ligadas al territorio, el medio rural va a ser imprescindible.

Por su parte, el catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, Juan Luis de las Rivas, utiliza el concepto “territorios activos” para hacer referencia a un trabajo de detección de aquellas cosas que “pueden suceder en el territorio para arraigar población, acciones que incrementen el atractivo y la calidad de vida en el medio rural”, concebido este como un “hábitat más sano”, con un modo de vida que “ofrece más espacio, contacto con la naturaleza y serenidad, ofrece más bienestar cuando está dotado de servicios, y hay mucha gente que puede arraigar en el medio rural sin desconectar de la ciudad”.

Además, en un trabajo colectivo junto a María A. Castrillo, Miguel Fernández y Marina Jiménez, profundiza en esta idea del medio rural como espacio susceptible de “acoger mejoras muy sencillas, comprensibles por la gente (…) que consoliden sus valores como paisaje y su atractivo como hábitat sostenible”. En definitiva, los y las autoras ponen en valor lo rural “en cuanto entorno resiliente, capaz de sustentar nuevos, o renacidos, estilos de vida”.