La aparición de dos cabezas de lobo en la puerta del Ayuntamiento de Ponga (Asturias) el pasado mes de mayo parece ser solo uno de los ejemplos de la violencia desmedida contra la fauna salvaje en nuestro país. Según una investigación realizada por WWF en colaboración con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, la Universidad de Granada y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, menos del 7% de los crímenes contra las especies silvestres fueron juzgados entre 2015 y 2020. La mayoría de los casos quedan sin resolver o se tratan por vía administrativa. Concretamente, de los 4.902 casos registrados, sólo 327 obtuvieron sentencia judicial, es decir, un 6,67% del total. Además, el 20% de las 327 sentencias fueron absoluciones.

Según el informe de WWF, de los datos obtenidos de las comunidades autónomas, y a falta de una base de datos oficial que monitorice la mortalidad ilegal de la fauna protegida en España, únicamente se han podido confirmar 4.902 delitos cometidos contra especies protegidas, esto supuso la muerte de al menos 8.784 animales. Sin embargo, la ONG advierte que esta es solo una pequeña estimación puesto que la mayor parte de los casos no se detectan, o no son cuantificados por la administración. Un ejemplo de esto son los relacionados con el uso de veneno. Según distintas organizaciones, esta práctica supone la muerte de alrededor de 10.000 animales al año en España, de los que solo salen a la luz entre el 10 % y el 15 % de los casos. Las distintas administraciones sólo han cuantificado 1.899 muertes entre 2015 y 2020, de los que sólo 26 han sido juzgados. Una situación similar a la relacionada con la caza ilegal mediante armas de fuego: de los 1.773 casos tenidos en cuenta, apenas 15 llegaron a los juzgados. Así, el veneno junto a la caza ilegal son los delitos más detectados. Pese a ello, hay un alto grado de impunidad: un escaso 1,36% de los casos de envenenamiento y un 0,84% de los casos de caza ilegal registrados acabaron en sentencia.

De los 4.902 casos registrados, sólo 327 obtuvieron sentencia judicial. Además, el 20% de las 327 sentencias fueron absoluciones

El informe además analiza cuáles son las principales especies de fauna silvestre víctimas de estos delitos, teniendo en cuenta infracciones tanto directas (disparo o veneno) como potenciales (jaulas trampa en la que puede ser atrapada tanto una especie protegida como un animal no protegido). Aunque los datos varían según el tipo de delito, destaca la inclinación contra las aves, principalmente rapaces y fringílidos, y los zorros. 

Los delitos contra la vida silvestre, especialmente contra las especies amenazadas, son devastadores para la biodiversidad, y con ello para el medioambiente. Pese a que se siguen considerando delitos menores, el uso de veneno, la pesca y caza ilegal o el comercio ilegal de animales suponen un grave riesgo para la supervivencia de las especies protegidas. Según WWF, esto se debe a que las leyes frente a estos crímenes no siempre se aplican o se hace de forma incorrecta. Además, en comparación con otros delitos, se investigan menos y se condenan de manera insuficiente. Las administraciones lo justifican por la enorme extensión del territorio y la falta de medios técnicos y humanos dentro de los cuerpos de la policía, del SEPRONA y guardas forestales, así como del desarrollo de unidades especializadas que lo investiguen.

Este informe es parte del programa de la Unión Europea LIFE SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres). Un proyecto comunitario basado en recopilar información sobre delitos contra la fauna silvestre en once países de la UE y transferirla a bases de datos fiables, que contribuyan al trabajo de los juzgados europeos. Una práctica que actualmente se está negociando bajo la formación de una nueva Directiva Penal Medioambiental. Un nuevo marco normativo que recoja un nuevo sistema de sanciones y con un nivel de armonización que garantice que los delitos ambientales sean investigados y procesados de forma coordinada en todos los estados de la UE.