Resulta muy difícil hablar de las preferencias electorales de sectores laborales informales, cuyas actividades ni siquiera están reconocidas como trabajo y de los que existen pocos datos. ¿Qué piensan de las elecciones aquellos que habitualmente son dejados de lado por la política institucional y a los que los políticos ignoran en sus discursos? Manteros y trabajadoras sexuales tienen casuísticas muy diferentes, pero algunos rasgos comunes: están atravesados por las migraciones, la falta de derechos y la criminalización de sus actividades, pero sus ideas políticas y su relación con la participación electoral –en el caso de que puedan votar– son muy plurales.

Muchas de las medidas que se toman desde el Estado están asociadas al mundo del trabajo y a los derechos que genera el empleo. De hecho, buena parte de las políticas estrella del Gobierno progresista han estado relacionadas con este ámbito: la subida del salario mínimo, la reforma laboral o de las pensiones o los permisos parentales, entre otras; por tanto, solo afectan a aquellos que tienen un contrato con reconocimiento legal e incluso una relación laboral relativamente estable. Sin ir más lejos, la pandemia hizo aflorar la realidad de todos aquellos que se quedaron descolgados de las ayudas públicas por tener un empleo precario o irregular. No es extraño, pues, que estos ámbitos precarios se sientan más distantes de las reformas del Gobierno.

En principio, durante los últimos años, la economía sumergida se ha ido reduciendo desde el máximo alcanzado después de la crisis: unos 840.990 trabajadores en 2013 –un dato extraído a partir de la diferencia entre los datos de afiliación a la Seguridad Social y los de la Encuesta de Población Activa–. Hoy, sin embargo, se calcula en 282.000, la cifra más baja de los últimos diez años. Estas cifras también tienen algo que ver con la abstención. Trabajo informal significa pobreza, y la pobreza, en general, está relacionada con desafección política y baja participación electoral. Según el último informe de Foessa, en España existen barrios con un 75% de población que no vota y que están habitados por “ciudadanos y ciudadanas que tienen menos ingresos, menos recursos educativos, y están expulsados del mercado laboral y del de la vivienda”.

“Con papeles” o “sin papeles”, cientos de miles de personas migrantes carecen de derecho a voto en las elecciones generales en España

Esta realidad del trabajo en negro se extiende por muchos sectores. Por ejemplo, el de las empleadas del hogar y de los cuidados –se calcula que un 30% aproximadamente no están dadas de alta, según la OIT–, seguido de cerca por el sector de la hostelería –un 29%–, o entre los jornaleros de la agricultura, donde las cifras de trabajo en negro oscilan entre el 10% el 30%, según estimaciones de los sindicatos. (La OIT calcula que alrededor del 61,2% de la mano de obra agrícola de la UE tiene un empleo informal.) Todos estos sectores tienen en común un tanto por ciento elevado de trabajadores migrantes y niveles muy altos de explotación, posibilitados por la situación de irregularidad de muchos de ellos. Aunque su número es difícil de estimar, según un estudio de la organización Por Causa, unos 300.000 inmigrantes extracomunitarios ocupan hoy un empleo en la economía informal.

Todos ellos, donde se incluirían los manteros, están excluidos de la participación política, a pesar de que tanto su trabajo como su contribución social y económica, a través del consumo y los impuestos indirectos, son evidentes. “Con papeles” o “sin papeles”, cientos de miles de personas migrantes carecen de derecho a voto en las elecciones generales en España. Para poder votar hay que tener la nacionalidad, que se obtiene tras diez años de permisos de trabajo ininterrumpidos –que implica tener que encadenar trabajos todos esos años –o tener que comprar contratos para no tener vacíos–. (En el caso de los ciudadanos provenientes de América Latina se consigue en dos años.) Actualmente algo más de un millón y medio de personas migrantes han obtenido la nacionalidad española, según datos del Ministerio de Justicia, pero dentro de esta cifra existen preferencias políticas muy disímiles. 

Trabajadoras sexuales, realidad compleja

El de trabajadoras sexuales es un colectivo donde se entrecruzan realidades muy plurales: no es lo mismo trabajar en la calle que hacerlo en un club o de manera autónoma o cooperativa. La mayoría de las trabajadoras sexuales son migrantes, como explica Kenia García del Colectivo de Prostitutas de Sevilla –CPS– e integrante del movimiento Regularización Ya, que a través de una ILP está exigiendo una regulación extraordinaria. Sean nacionales o extrajeras, el trabajo sexual no solo no está reconocido sino que además se encuentra criminalizado y perseguido. En los clubs, gracias a la excusa de la lucha contra la trata que se utiliza como política de restricción migratoria, para controlar a las trabajadoras sexuales migrantes que pueden acabar en un CIE, deportadas o en prisión. Para reprimir a las de calle, actualmente se usa la Ley Mordaza mediante la imposición de multas. María José Barrera, también del CPS, recuerda la promesa del pacto de gobierno de acabar con esta norma impulsada por el PP en el 2014, que además criminalizó la actividad de los manteros. Esta pasó de constituir una falta a ser delito perseguido con penas de prisión de entre seis meses hasta dos años, lo que puede hacer literalmente imposible la regularización de los condenados. “Al PSOE sus votantes también le piden orden contra los okupas, los migrantes o nosotras”, explica Barrera.

García, migrante paraguaya, cree que no hay ningún partido que represente claramente los intereses proderechos en trabajo sexual

García no tiene derecho a voto por ser migrante paraguaya, pero si pudiese, dice, la decisión no le parece nada fácil. Hoy, cree que no hay ningún partido que represente claramente los intereses proderechos en trabajo sexual, salvo la CUP –a la que solo se puede votar en Cataluña–. Aunque tanto Bildu y En Comú Podem como el PNV, JuntsxCat, Cs y ERC se opusieron a los intentos de criminalización del gobierno progresista en la pasada legislatura. “Creo que si gana la supuesta izquierda tendremos más margen para el diálogo y más capacidad de incidencia para seguir batallando, con el PP o Vox el perjuicio puede ser mayor. Además, tengo que pensar también como migrante, no solo como trabajadora sexual”, explica García. Sin embargo, también reconoce que muchas compañeras no ven tan claro el voto a la izquierda, ya que la ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por Podemos, intentó incluir un articulado que introducía nuevas restricciones al trabajo sexual autónomo que hubiesen facilitado la persecución policial, como penalizar el alquiler de espacios y el proxenetismo no coactivo. Al final, gracias a la oposición de los socios de gobierno, solo se incluyó la prohibición de la publicidad de prostitución –a propuesta de ERC– que ha tenido efectos “muy duros” para ella y sus compañeras. Por su parte, el PSOE estaba impulsando su propia ley criminalizadora que no llegó a aprobar.

Por eso García explica que “ante las políticas punitivistas de la izquierda”, hay compañeras suyas que dicen que se van a abstener o incluso a votar al PP, ya que consideran que por ser liberal no va a proponer políticas abolicionistas. Ninfa es ecuatoriana y ya puede votar en España, pertenece a Afemtras, una asociación de trabajadoras sexuales de calle, y explica que mientras muchas de sus compañeras votaban izquierda habitualmente, por ejemplo, hicieron campaña por Carmena en el 2015, ya que tenía un programa electoral favorable a sus actividades, hoy las incertidumbres de la pasada legislatura han provocado posiciones más ambiguas. Esta campaña ha dejado imágenes sorprendentes. Hemos visto a Macarena Olona, hace poco miembro de Vox y hoy fundadora de su propio partido, iniciando su campaña electoral en un burdel, aunque su visión está “más próxima a la patronal del sexo que a los intereses de las trabajadoras sexuales”, recuerda Barrera. 

Por su parte, Sumar no se ha manifestado claramente sobre esta cuestión y en el programa electoral su única referencia a la prostitución está incluida en el apartado de lucha contra las violencias machistas, por lo que la propuesta parece más cercana al abolicionismo. 

Manteros

Los manteros también sufren constantes persecuciones y redadas, acusados de “violación de la propiedad intelectual”. Por eso, solo los que lo necesitan realmente se dedican a ello, normalmente porque no tienen papeles ni otras opciones mejores. Muchos compaginan esta actividad con otras donde pueden, en la hostelería o como jornaleros en agricultura, especialmente durante las temporadas de cosecha, para lo que se desplazan de una región a otra según las necesidades de mano de obra. Por tanto, a menudo estos trabajadores pueden sentir una considerable distancia del sistema de representación, fruto de la falta de derechos y también de las dificultades de su vida cotidiana: largas jornadas, infravivienda, hacinamiento, tener que huir de la policía, o problemas con el idioma. Además, buena parte de ellos quieren moverse hacia otros países europeos, de manera que para ellos España es solo un lugar de paso. “Como estamos excluidos, no estamos interesados en la política electoral, aunque eso no nos impide que tengamos una visión propia, por ejemplo, Vox no nos gusta, pero no podemos hacer nada”, explica Saliou, secretario general del Sindicato de Manteros en Sevilla.

“Como estamos excluidos, no estamos interesados en la política electoral, aunque eso no nos impide que tengamos una visión propia, por ejemplo, Vox no nos gusta”

Mamadou es senegalés, está regularizado por arraigo después de vivir tres años sin papeles y hoy trabaja de voluntario de diversas asociaciones de ayuda a los migrantes en Lavapiés. Asegura que las condiciones en las que tiene que buscarse la vida le dificultan seguir la actualidad política, aunque considera que es su deber cívico estar informado y le gustaría poder votar, en este caso al PSOE. Primero, para oponerse al PP, al que Mamadou considera “un partido más racista que no va a ser favorable a la inmigración”, pero también porque, además de los intereses relacionados con su condición de migrante, considera que su deber de ciudadano es apoyar a la formación que hará “mejores políticas sociales”.

Eso no le impide criticar la gestión de la inmigración irregular y de la frontera que ha hecho el gobierno, así como las dificultades que les impone la Ley de extranjería. “En Huelva las mujeres migrantes que trabajan en los frutos rojos están sufriendo violencia sexual, además del maltrato diario”, añade Mamadou, que conoce de primera mano la situación por haber trabajado en esas condiciones. Además de esta denuncia, de lo que más se queja él y sus compañeros es de la persecución policial. También lo hace Saliou, para quien estas políticas migratorias suponen “una violación de los derechos humanos”, como evidenció la Masacre de Melilla. Por eso afirma: “No somos de ningún partido, sobre todo nos interesa que se respeten los derechos humanos de los migrantes”. Además, asegura que las políticas de frontera no dependen solo de España, sino que están impuestas por la UE. “Pedimos a todos más facilidades para la regularización y la revisión de la Ley de Extranjería”, añade.

Los lateros, como los que viven en Lavapiés, sufren una situación parecida y pocos consiguen seguir la política española. Así lo explica Mohamed Fazle Elahi, presidente de la asociación Valiente Bangla, que sí tiene la nacionalidad y está haciendo campaña activa por Yolanda Díaz entre sus compatriotas que pueden votar, muchos de ellos propietarios de comercios. Le gusta esta candidata porque cree que representa “los intereses de los de abajo y es feminista”. “No solo soy inmigrante, también soy un ciudadano”, asevera. Si gana Sumar, cree que quizás se consiga mejorar la vida en Lavapiés, donde los alquileres han subido mucho por la presión inmobiliaria y turística: “Mi hijo no puede conseguir una casa en el barrio”, explica.

Por tanto, en todos estos sectores informales o no reconocidos podemos encontrar una cierta diversidad política –aunque en principio puedan parecer más afines a la izquierda–. En general, sí encontramos que se encuentran más excluidos de la participación política que otros sectores. “Las que podamos, votaremos a quien tengamos que votar, pero cuando llegue el momento de confrontar al gobierno también lo haremos, porque se va a volver a firmar la paz social sobre nuestros cuerpos, de putas y migrantes. Llegue quien llegue, la pelea para los movimientos y colectivos está garantizada”, concluye Barrera.