El delito en directo

EXTERIOR, CALLE DUQUE DE ALBA (MADRID) - DÍA

Una periodista joven se encuentra en una conexión en directo para el programa “En boca de todos” –Cuatro–. Un hombre con gafas de sol y algo macarra se le acerca por detrás, le toca el culo y seguidamente le pregunta para qué canal es. La reportera se aleja un poco y sigue retransmitiendo a pesar de la interrupción, mientras el cámara deja fuera de plano al citado personaje.

El presentador del programa la interrumpe para preguntarle si le acaban de tocar el culo. “Sí”, responde la periodista. “Es que no puedo entenderlo. ¿Me pones a ese señor delante? Este tío es tonto. Ponme a este tío tonto, por favor”. La periodista, con cara de circunstancia, se acerca al tipo y le pregunta el porqué de la agresión. El presentador le espeta: “Este tío es imbécil”.

En la siguiente conexión, al ser preguntada, la reportera explica que el joven sigue molestando a otras mujeres por la calle. “Esto es muy normal aquí”, responde una vecina que espera para ser entrevistada al lado de la periodista.

“Allí lo pueden ver”, la reportera se mueve hacia la acera donde se encuentra él para que aparezca en cámara. Mientras el joven camina hacia la periodista, el presentador le advierte: “Date la vuelta que se acerca”. “No me apetece nada darle protagonismo”, responde la periodista. “Venga, cortamos aquí”, responde el presentador.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"
Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI

— En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Reacciones: Los salvadores

Poco después en antena, el presentador comunica que se han puesto en contacto con la policía: “Les hemos llamado porque tienen que actuar. Esperamos las imágenes de la detención de este impresentable”.

A los diez minutos, una patrulla de la comisaría del distrito Centro de Madrid detiene al joven, le esposa y difunde en un tuit el vídeo de la detención. El joven pasará toda una noche detenido hasta su liberación por la jueza al día siguiente.

Las reacciones de repulsa no se hacen esperar. Diego Losada, otro periodista de la cadena, publica en redes: “El personaje ya está detenido. Que caiga sobre él todo el peso de la ley y que todo el mundo sepa que actos así no pueden quedar impunes (…)”. Otras muestras de apoyo a la reportera se suceden, desde la ministra de Igualdad hasta la Academia de la Televisión, la propia cadena y la Asociación de Prensa de Madrid –que emiten sendos comunicados–. En el último se habla de defender el derecho a la “libertad de prensa”. Numerosos tuiteros se congratulan de la detención y otros muestran desilusión cuando se enteran de que el joven ha quedado en libertad a la espera de juicio. “Este es el problema, no ha estado ni 24 horas detenido…”, valoraba Verónica Dulanto, presentadora de un programa de la misma cadena.

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“Un rumano agrede sexualmente a una reportera en directo”.

“Detenido un imbécil rumano por tocarle el culo en directo a una reportera de Cuatro”.

“En libertad sin medidas cautelares el detenido por tocar el culo a una reportera”.

Estos son algunos de los titulares de prensa que dan cuenta de los hechos los días posteriores.

La legislación

Desde la nueva ley del ‘sí es sí’, un acto de este calibre se considera un delito de agresión sexual –antes abuso–. La pena posible es de uno a cuatro años de cárcel –de dos a ocho si se da situación de “prevalimiento” –si hay parentesco, si lo hace tu jefe o si la víctima es expareja–. La opción más lógica para un caso así sería que se aplicase la pena en su tramo más bajo: una multa –o bien prisión de uno a dos años–, pero eso queda a discrecionalidad judicial. Por ejemplo, recientemente, una mujer latinoamericana de 23 años ha sido condenada por agresión sexual por tocarle el culo a un joven en una discoteca. Se ha producido un pacto, por lo cual la pena ha sido de seis meses de prisión, inhabilitación para cualquier trabajo con menores durante 18 meses –una novedad de la ley del ‘sí es sí’–, dos años de libertad vigilada y el pago de 300 euros a la víctima. Esta mujer tendrá antecedentes, con lo cual quizás tenga problemas para renovar su residencia si es que no la tiene consolidada. Antes del 2015, estos actos eran considerados falta en vez de delito y se resolvían mediante un juicio rápido y penas de multa.

La prensa

Algunas noticias recientes de este programa –“En boca de todos”– han sido: “Detenido por eyacular sobre los coches de sus vecinas en el garaje de la comunidad”; “Nacho Abad, ante la denuncia de una niña de seis años por abuso sexual en el colegio: ‘No puedes tener a niños de seis años sin vigilar en un patio’”, o “Una mujer de 71 años contrata un sicario para vengarse de la pareja de su ex: ‘Me da igual que la mates’”.

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¿De qué estaba informando la reportera cuando se produjo la agresión?

A veces los directos funcionan para crear sensación de urgencia

La noticia versaba sobre un intento de atraco que había tenido lugar el domingo previo por la noche –un día y medio antes–, en una tienda de alimentación, y que llevó a la detención tanto del hombre que había intentado robar la tienda, como de los dependientes, que le dieron una paliza. Los directos se usan para hablar de algo que está sucediendo en el momento, pero a veces funcionan para crear sensación de urgencia y hacer una noticia más trepidante.

El lugar del delito

La calle donde ocurrió el hecho es Duque de Alba, que se encuentra en las inmediaciones de la plaza Tirso de Molina, en Madrid, muy cerca de Lavapiés, plaza donde fue asesinada una mujer durante un atraco hace unos meses. “Furia y tensión vecinal en Tirso de Molina: ‘Es horrible lo que vivimos, he aprendido kárate para defenderme de los robos’”. Este es uno de los titulares de los últimos tiempos que la describen como un lugar “sin ley”, en noticias que recogen declaraciones de vecinos donde se dice que “aquí un comerciante se juega todos los días la vida”.

Junto con el propio barrio de Lavapiés, esta zona está sometida a muchos intereses contrapuestos, o más bien, simplemente, a las tensiones de la vida urbana cuando es realmente pública. Por un lado, la gente pobre que habita la calle, los que duermen y hacen vida en la plaza, los migrantes –muchos sin papeles–, también los trapicheos, el jaleo, la suciedad. Por otro, los fuertes intereses inmobiliarios condensados en una plaza de frontera, una zona céntrica colindante con un barrio pobre donde se venden pisos por 1,6 millones de euros y donde se acaba de habilitar un palacete para alquiler turístico. El precio medio de la vivienda es de 4.500 euros el metro cuadrado –500 euros por encima del precio medio en la ciudad en su conjunto–.

Algunos vecinos piden más policía. Es la primera solución que se les ocurre, pero se trata de un fracaso, porque ya son veinte años de constante presión policial que no soluciona nada. De poco han servido las cámaras, los nuevos efectivos o las redadas –que se lanzan periódicamente y de forma brutal sobre la población migrante, especialmente sobre los manteros–. En estos lugares, los nuevos delitos, como el acoso callejero –creado en la ley del ‘sí es sí’–, permiten aumentar la capacidad de represión policial del espacio público y sus efectos van a recaer en un perfil de gente muy determinado que ya está sufriendo esta represión.

Los nuevos delitos, como el acoso callejero, permiten aumentar la capacidad de represión policial

Aunque evidentemente este suceso es muy menor, pese a toda la resonancia que ha tenido, asociar pobreza y decadencia de un barrio que se quiere “regenerar” –es decir, gentrificar–, vinculándolo a pánicos sexuales, es una estrategia consolidada en las retóricas de la reforma urbana. Hay ejemplos que van desde permitir que sucedan violaciones como estrategia de desahucio, como narró la artista Jana Leo sobre su experiencia en una zona pobre de Nueva York, hasta la creación de un caso de pederastia en el barrio de El Raval de Barcelona a finales de 1990 con el objetivo de deslegitimar la lucha vecinal, que explicó Joaquim Jordá en un documental.

¿Qué pinta aquí Vox?

El marco securitario contra los pobres es un marco reaccionario representado bien por nuestra extrema derecha local –aunque no en exclusiva, también lo utilizan otros menos “extremistas”–. Vox trata de construir la inseguridad como el principal problema de nuestros barrios. Okupaciones, robos, agresiones a gays o violaciones formarían parte de este mismo magma que puede ser atajado cerrando fronteras, aumentando penas y reforzando las prerrogativas policiales y sus recursos. Este partido señala, por ejemplo, a los menores no acompañados como responsables de la inseguridad de “nuestros barrios convertidos en estercoleros multiculturales”, pero también de las violaciones –para las que pide cadena perpetua–. Por supuesto, Vox encuentra una inestimable ayuda en los medios que colaboran a la hora de crear pánicos sobre determinados lugares y sus habitantes: sobre los migrantes, los okupas… y la inseguridad de las mujeres. La agenda sensacionalista de los medios y la agenda reaccionaria de Vox –pero también de otros partidos– confluyen en la respuesta securitaria y en la propuesta de la policía como solución para cualquier problema. En la propuesta de la policía como salvadores de las mujeres.

La policía que nos salva

Esta misma semana se han producido dos hechos excepcionales en tanto descubren dinámicas y formas de actuación en las que se evidencia brutalidad policial y abierta discriminación racista y que normalmente permanecen ocultas. Por un lado, una grabación de las torturas de seis agentes de Mossos d’Esquadra a un hombre subsahariano al que le espetan: “Negro de mierda, hijo de la gran puta, tú eres un mono, la próxima vez que veas a la policía intenta irte muy lejos. Más lejos que África”, todo ello mientras le golpean y después de haber disparado al aire durante una persecución con el objetivo de aterrorizarle. Por otro, una agresión racista que tuvo lugar en Zaragoza y que fue perpetrada por unos policías que insultaron a una chica negra y después redujeron a su tío entre cinco agentes, con un evidente uso excesivo de la fuerza.

🚷Agresión policial racista en la estación de autobuses de Zaragoza

Edición de @MarSala___ pic.twitter.com/EaeTMplT7u

— El Salto (@ElSaltoDiario) September 15, 2023

La periodista June Fernández se preguntaba en Instagram: “Si un hombre me toca el culo por la calle, ¿tengo que llamar a la policía? ¿Me van a proteger de las agresiones sexistas normalizadas esos agentes de Zaragoza? (…) Probablemente me protejan, sí, igual (no creo) hasta gane el juicio. Ahora bien, ¿a qué mujeres va a proteger esa policía que hostiga a las trabajadoras sexuales, a los manteros y a toda persona racializada? (…) ¿Y qué hombres van a ser más fácilmente señalados, detenidos y condenados por agresiones sexistas cotidianas? ¿Cómo va a afectar, por ejemplo, a los chavales de origen magrebí no acompañados?”. Precisamente Fernández acaba de publicar en Píkara un texto sobre cómo los cuerpos policiales, en nombre de la lucha contra ETA, han utilizado el terror sexual y los estereotipos sexistas para someter a las mujeres detenidas.

Los actos de discriminación en los cuerpos de seguridad, o su habitual uso excesivo de la fuerza, no son realizados por “ovejas negras” que pueden ser identificadas y expulsadas redimiendo así a las fuerzas “del orden”, sino que están institucionalizados, forman parte constitutiva de las actuaciones policiales, como explica Paul Rocher en Qué hace la policía y cómo vivir sin ella (Katakrak, 2023). Una policía que puede parecer que nos salva, pero cuya principal función es obligarnos a aceptar –por la fuerza– la desigual distribución de la riqueza. Por eso pueden parecer útiles para “salvar” a algunas mujeres –pero esto siempre que formen parte de una determinada capa social de clase media–, mientras aumentan su presión sobre los de abajo, y sus rebeliones a medida que esa desigualdad aumenta. Por tanto, defender un sistema de garantías procesales –para todo el mundo sin distinciones– y un menor peso del sistema penal y represivo es también defender nuestro derecho a luchar contra este orden de desigualdad –en tiempos de la Ley Mordaza.–

La agresión como espectáculo, el punitivismo como solución

En esta historia, la televisión actúa como en tantas otras ocasiones construyendo un espectáculo sobre una agresión –aunque sea menor– que hace crecer la percepción de inseguridad. Se produce una clara sobreactuación que pone a los periodistas al servicio del bien: “Luchar contra el machismo”. Aquí, un problema social real –la violencia sexual– se transforma en espectáculo funcional a la construcción de pánicos morales y de una agenda que puede acabar sirviendo al autoritarismo y a la criminalización de determinadas categorías de personas. El problema es real, pero existen otras maneras de enfrentarse a él más transformadoras y menos dañinas para todos, también para las mujeres, porque el terror sexual es funcional a la restricción de nuestra libertad. El contexto, además, es de un claro marco de alarma social, y la alarma solo puede dar lugar a un tipo de soluciones: la policial y la penal. Se pide quemar en la pira a las personas que cometen agresiones, y hasta se ponen en cuestión los derechos de los detenidos o se insulta a los abogados que los defienden.

Un problema social real se transforma en espectáculo funcional a la construcción de pánicos morales

Numerosas juristas han resaltado en redes estos días lo desproporcionado de la detención –la noche que pasó encerrado, que parece poco a algunos–, de las esposas y de la grabación del vídeo o incluso la imposición de fianza. El delito no deja de ser menor y se podría haber resuelto con una citación para el juicio, ya que existe la figura del investigado no detenido. Pero la construcción de estos pánicos generan monstruos para los que tiene que caer “todo el peso de la ley”, lo que favorece el desarrollo y perpetuación de prejuicios y estereotipos de los delincuentes –hombre, joven, migrante o de alguna etnia minoritaria– y de las víctimas –dóciles, que denuncian, que se portan bien, lo que luego se utiliza contras las mujeres en los propios juicios si no encajan en esa imagen de buena víctima–.

Por supuesto, esta creación de agenda es selectiva, como lo es la representación del “delincuente”: ¿cuándo veremos imágenes parecidas de patrones siendo detenidos y esposados por explotación laboral? Así como también es selectiva la solidaridad: qué víctimas merecen apoyo o visibilidad. Por fuera quedan casos que siempre afectan a las que “no son como nosotras”, las temporeras de Huelva que denunciaron abusos sexuales de sus empleadores, las migrantes sin papeles cuyos casos solo salen en prensa cuando consiguen condenas –como las que fueron agredidas por policías– o las que denuncian abusos en los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

Muchas autoras feministas llevan tiempo investigando cómo el combate contra la violencia contra las mujeres puede convertirse en una poderosa agenda al servicio de la legitimación de la violencia estatal y la securitización global. Además, una parte del feminismo tampoco se siente representada en las soluciones penales, porque como nos enseña el feminismo negro, la opción represiva no resuelve el problema de fondo, no va a acabar con la violencia sexual ni con las desigualdades que estructuran el orden de género, pero además, genera más violencias –policiales, carcelarias– que tienen impacto también en las mujeres más pobres o discriminadas. Desde esos feminismos, se han elaborado también importantes aportaciones sobre otras formas de justicia no tan centradas en el castigo, como la transformativa o la restaurativa.

Sobre la denuncia y la agencia de las víctimas

¿La reportera quería denunciar o darle espacio mediático a su agresión? No lo sabemos. Sin embargo, el marco que se está imponiendo –por parte de periodistas, tuiteros, políticas profesionales y mesías de todo tipo– es que son otros los que vienen a salvarte, los que denuncian por ti o te empujan a hacerlo. El peligro, dice la penalista Miren Ortubay en un reportaje, es que se haya creado un contexto en que se sea buena o mala víctima dependiendo de si se denuncia o no. “Denunciar es duro, el proceso judicial lo es. Hay que preguntarse si Jenni Hermoso y otras víctimas se sienten obligadas a denunciar porque así sienten que su verdad es más verdad. El ámbito penal no puede ser la vía definitiva de reparación”, dice Ortubay.

Cuando el feminismo ha peleado para visibilizar las violencias sexuales –para que la sociedad dejase de mirar hacia otro lado, para que se dejen de justificar, para que podamos conseguir apoyo cuando lo necesitamos–, no pedía “salvadores”, no pedía que se nos quite agencia ni que se decida por nosotras. Tampoco que se nos diga cómo tenemos que interpretar lo que nos pasa, cuánto nos tiene “que doler”, una situación así. ¿Tenemos que quedar dañadas o traumatizadas por cualquier acto de este tipo? Sabemos que este tipo de agresiones en la calle han sido utilizadas para sacar a las mujeres del espacio público, un lugar que “no nos pertenece”, donde siempre vamos a estar en peligro, porque la subordinación de género se edificaba sobre la exclusión de lo público: de la producción, de la política, en ocasiones de la propia calle. El espacio público siempre ha sido un lugar donde pasan cosas, también a las mujeres, que llevamos no obstante mucho tiempo generando resistencias y formas de autodefensa para lidiar con los problemas que todavía genera habitarlo. Nuestra capacidad de lucha es parte de nuestro poder. No necesitamos que nos cuide el Estado porque muchas de las opresiones que sufrimos vienen de él; por ejemplo, cuando nos desahucian de nuestras casas. Me cuidan mis amigas, no la policía.

No necesitamos que nos cuide el Estado porque muchas de las opresiones que sufrimos vienen de él

Si hoy parece que se pretende que el derecho penal eduque a la sociedad –aunque su función no es cambiar la sociedad, sino controlarla–, ¿qué imagen está creando de las mujeres? Cuando la ley nos define a través de la “subordinación sexual”, aunque se pretenda liberador, esto en realidad reinscribe la feminidad solo en los términos de la vulnerabilidad sexual, e incide en que las mujeres somos seres desprotegidos y sin capacidad de agencia y respuesta propia, como explica Wendy Brown. El mejor ejemplo de esto es la prohibición de la mediación para las víctimas de delitos sexuales recogida en la Ley del sí es sí porque, una vez más, se las representa como incapaces de decidir por sí mismas, con la escusa de "protegerlas". (La mediación es un proceso –que puede darse en paralelo al juicio– por el que las partes dialogan y a veces, alcanzan acuerdos.)

Un historia sin moraleja (y algunas preguntas)

Es cierto que el feminismo ha conseguido que lo que estaba naturalizado genere un rechazo social casi unánime y eso implica un avance claro. Para ello, el papel de la conversación pública es fundamental, pero este marco –donde parece que la única solución pensable es la penal– genera nuevos retos y preguntas para un feminismo que se plantea transformar la sociedad en un sentido radicalmente igualitario.

¿Cómo informar o discutir sobre agresiones sexuales sin aumentar el terror sexual que atenta contra nuestra propia autonomía? ¿Cómo alertar de que son situaciones intolerables sin reafirmar la idea de peligro en la sexualidad y de irrecuperabilidad en las víctimas? ¿Se puede tener una discusión pública sin pánicos morales que inevitablemente conducen a salidas penales y policiales?

¿Podemos dar más autonomía a las mujeres que sufren estas agresiones para que puedan lidiar con ellas sin ponerlas en el ojo de un huracán mediático que igual no desean? Para las que necesitan denunciar, ¿cómo mejorar realmente el proceso para que sea justo y reparador?

¿Cuándo pondremos la situación material de las mujeres en el centro de los esfuerzos feministas para combatir la violencia machista? ¿Debemos asociar prioritariamente cierto acceso a derechos únicamente a aquellas que consigan la condición de víctimas?

¿Queremos legitimar a la policía o las cárceles a través de la lucha contra la violencia machista en vez de luchar contra la violencia social que estas mismas instituciones producen? ¿Qué sujetos –pobres, racializados– pueden acabar sufriendo las consecuencias de este refuerzo del sistema penal o policial? ¿Acaso el sistema penal puede ser la solución para las mujeres pobres, sin papeles, para las trabajadoras sexuales o las personas trans?

¿Cuándo vamos a hablar de lo que sucede en las cárceles, de las torturas, de las injusticias que producen, en vez de mirar para otro lado? ¿De qué lado quiere estar el feminismo: del control policial que sujeta el orden de desigualdad que nos oprime o del que lo impugna?