La distribución del gasto público en sanidad suele exponer con claridad la orientación ideológica de los gobernantes de las distintas comunidades autónomas. Una situación que, según el último informe publicado por la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública (FADSP), en el momento actual se define por un neoliberalismo generalizado orientado claramente a la privatización del sistema y la reducción de tratamientos preventivos en detrimento de la farmacología.

Según el estudio, realizado a partir de datos proporcionados por las CC.AA. y los ministerios de Sanidad y Hacienda, las políticas públicas practicadas en la actualidad en nuestro país evidencian el abandono de la atención primaria y el desvío de los pacientes a la atención especializada, concretamente hacia las urgencias hospitalarias. El porcentaje que supuso el gasto en atención especializada sobre el total del gasto sanitario público pasó del 57,28%, en 2010, al 63,64% en 2021. Hablamos de un aumento del 11%. La atención especializada en España integra la asistencia hospitalaria y las consultas externas de las correspondientes especialidades, ya sean en hospitales o en centros de especialidades. Según FADSP, un gasto adecuado en atención especializada nunca debería superar el 60% del total, siempre y cuando la inversión anual en sanidad por habitante fuese adecuada y se controlase el gasto farmacéutico hospitalario y la financiación pública del sector privado.

En el caso del gasto farmacéutico la situación es todavía más preocupante. Si antes hablábamos de que la inversión en atención especializada había aumentado del 57,28% al 63,64%, con los datos desglosados podemos observar cómo dicho aumento fue destinado principalmente a las farmacéuticas. En 2015, el gasto en atención especializada sin farmacia era del 52,2%. En 2021, este aumentó apenas un 1,91% (53,2%). Lo que muestra cómo la partida farmacéutica hospitalaria se ha duplicado desde 2015 hasta representar más del 10% del gasto público total en sanidad en la actualidad. En el caso de algunas regiones como Andalucía (del 52,5% al 51,8%), Baleares (del 56,1% al 54%) o Madrid (del 59,0% 58,4%), la inversión total dedicada a la asistencia hospitalaria y las consultas externas sin farmacia se redujeron mientras se aumentaba la partida de farmacología.

Por otra parte, aprovechando principalmente el contexto de la pandemia, el gasto dedicado a conciertos privados tuvo un incremento generalizado del 8% entre 2020 y 2021. Pese a que esta situación fue generalizada, el caso más destacado se dio en Madrid, con un aumento del 35%. Si atendemos al periodo total analizado en el informe (2010 - 2021), la situación es aún peor. La comunidad autónoma presidida por Díaz Ayuso es el territorio que experimenta un mayor incremento en la concertación privada de la sanidad pública (113%). Sin embargo, todavía no es la región con más servicios privatizados. Esta posición la ostenta Catalunya, con un porcentaje del gasto sanitario público dedicado a conciertos en 2021 del 23,9%.

A todo ello cabe agregar que el número de camas instaladas ha disminuido de 3,43 por cada 1.000 habitantes, en 2010, hasta las 3,29 de media nacional de 2021. Una caída que es mayor si atendemos al número de camas en funcionamiento actualmente (2,97 por cada 1.000 habitantes). Cifras terribles si tenemos en cuenta que la región más poblada del país (Andalucía) posee el menor ratio de camas por habitante (2,51/1.000 instaladas y 2,3/1.000 en funcionamiento) y que la población española aumentó en casi un millón de personas entre 2010 (46,58 millones de habitantes) y 2021 (47,42 millones).

Una caída que ha ocurrido tanto en la sanidad pública como en la privada, con una bajada del 0,21% y el 8,9% respectivamente en el caso de las instaladas, y del 1,35% y el 11,8% en el caso de las funcionales. Pese a ello, en el sector privado la Federación puntualiza que esa disminución se produce sobre todo en las camas de media y larga estancia y las psiquiátricas, aquellas que por lo general suelen representar un mayor gasto. En las camas de agudos el informe evidencia un aumento que parece mostrar una preferencia del sector privado hacia la asistencia de estos pacientes.

La actividad en urgencias tuvo una disminución en 2020 por la pandemia. Sin embargo, en 2021 el uso de este servicio aumentó un 4,96% con respecto a 2010 como consecuencia de las grandes demoras en la atención primaria. En 2021 la tasa global de ‘frecuentación’ a nivel nacional fue de 591,34 habitantes por cada 1.000, con unos más que preocupantes datos en el caso de Andalucía (718,1/1.000 habitantes). Cabe mencionar que la tasa de ingreso sobre el total en 2021 fue del 10,06%, un 5,53% menos que en 2010, lo que refleja un uso inapropiado de esta rama sanitaria.

Todo ello, y como bien apuntan desde FADSP, ha llevado a que la satisfacción de la ciudadanía con el sistema sanitario público haya descendido significativamente. En 2022, la mayoría de las CC.AA. apenas superaron el seis de media en la puntuación que hacen los pacientes sobre el funcionamiento del sistema sanitario público. En 2019, la mayoría de las regiones valoraban el sistema sanitario alrededor del siete. Una caída relacionada directamente con las medidas tomadas durante la pandemia, las repetidas privatizaciones de los servicios y el aumento de las listas de espera, que han representado una caída de medio punto a nivel nacional y de casi un punto en Aragón, Madrid, Navarra y La Rioja.