El caso de Almendralejo, donde varios menores han distribuido falsos desnudos de niñas realizados con inteligencia artificial, nos plantea una reflexión sobre por qué está pasando esto y quién es responsable de ello. Cuando aparecen, de forma periódica, casos como este, nos preguntamos por el síntoma en lugar de cuestionarnos el modelo que lo origina. ¿Cuántos jóvenes siguen siendo educados y socializados con un esquema relacional en el que valores como la reciprocidad, el respeto o el bienestar, siguen sin estar en el centro? El caso paradigmático de la violación grupal de los sanfermines suscitó un debate social sin precedentes sobre el consentimiento sexual, que dio un empujón importante al cambio social para erradicar muchas conductas normalizadas. Sin embargo, la ola de la exigencia de consentimiento sexual no alcanzó a las violencias sexuales digitales, probablemente debido a que, al no existir contacto físico, no sea tan tangible la necesidad de contar con un aval. Todavía no existe una cultura del consentimiento propia de las interacciones que se dan en el entorno virtual. Prueba de ello es la cantidad de accesos cotidianos no consentidos a los teléfonos de las parejas o la toma indiscriminada de fotografías de terceras personas. 

En el caso de los preadolescentes y adolescentes, estos pueden acceder sin ningún tipo de impedimento a dispositivos y aplicaciones que permiten fácilmente crear estas ficciones. La responsabilidad es del modelo relacional al que antes aludíamos, junto con el escaso control de sus referentes adultos. En relación a las conductas que afectan a la esfera sexual en esta etapa de la vida, se tiene una conciencia crítica aún en consolidación sobre dónde están los límites, propios y de los demás. No es fácil identificar qué conductas pueden encajar en formas de violencias y más cuando muchas de ellas son validadas o banalizadas por sus referentes adultos. Una parte importante de la construcción de la identidad masculina sigue basada en conductas y rituales que pasan por atentar contra la libertad sexual de las mujeres. También existe una percepción muy cortoplacista de las consecuencias derivadas de la exposición de la propia intimidad o de la de otras personas. Además, las dinámicas de grupo empujan a que el análisis de los límites se haga desde el juego o desde la broma, para poder retroceder cuando es difícil asumir el rechazo que pueda causar su conducta. El grupo también empuja a dinámicas de imitación y de despersonalización en las que el deseo de aceptación y de pertenencia pasa por encima de los factores inhibidores propios, como los valores, la cultura, etc. 

No es fácil identificar qué conductas pueden encajar en formas de violencias y más cuando muchas de ellas son validadas o banalizadas por sus referentes adultos

Cuando fallan todos los factores inhibidores sociales y del entorno de los jóvenes, la mirada se dirige hacia las soluciones legales y se buscan otros responsables. Ciertamente se puede realizar una crítica general a las empresas tecnológicas que desarrollan y comercializan sus productos sin prever impactos más que previsibles en los derechos de sectores sociales amplios, ni adoptar mecanismos de neutralización de estos riesgos. Ejemplo de ello es la futura ley europea sobre inteligencia artificial, que considera que las aplicaciones que permiten crear deepfakes son de bajo riesgo y, en consecuencia, sólo obliga a las empresas a informar de que la aplicación funciona con IA y a los usuarios a informar de que sus creaciones se han hecho en base a ella. Sin embargo, esta forma de violencia sexual se encuentra ya tan extendida que la futura directiva europea sobre lucha contra las violencias contra las mujeres en breve obligará a todos los Estados a castigar como delito la divulgación de contenidos sexuales, sean reales o deepfakes. 

El delito de divulgación de contenidos sexuales de forma no consentida está pensado para imágenes reales

Las herramientas legales de las que disponemos en el Estado español tienen sus limitaciones y son poco conocidas por la sociedad. Respecto del Código Penal, el delito de pornografía infantil permite castigar imágenes reales o realistas, pero el delito de divulgación de contenidos sexuales de forma no consentida está pensado para imágenes reales. Cuando la conducta no encaje en las exigencias concretas de cada uno de estos delitos, podemos optar por el delito contra la integridad moral (vejaciones) como delito paraguas. Además de la dificultad de estos encajes legales, cuando se trata de menores, la jurisdicción actúa a partir de los 14 años. Lo que implica que las familias de estas menores agraviadas deberían acudir a reclamar daños y perjuicios por la vía civil. Quizás el caso de Almendralejo dará la oportunidad a la Agencia Española de Protección de Datos, que según la Ley Orgánica 8/2021 de protección de la infancia es el agente encargado de proteger los datos personales de los menores en los casos de violencias, sobre todo digitales, de mostrar su efectividad ante este tipo de casos en los que los tribunales puedan no llegar a ser operativos. Sea como fuere, como ninguna red captura entera la mar, la educación sexual y digital, sigue siendo la mejor receta para combatir estos fenómenos.