Dejar atrás la guerra contra las drogas es uno de los grandes objetivos de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la historia de Colombia, el país que lidera la producción mundial de cocaína. En su discurso ante la ONU de 2022, el mandatario colombiano subrayó el fracaso de la política impulsada por Estados Unidos en los años 70. “Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas, para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la Selva y sus plantas. Han llenado de sinrazón los discursos y las políticas”.

Con la legitimidad de ser uno de los países que más ha sufrido la violencia ligada al narcotráfico, Colombia quiere girar el timón de las políticas sobre drogas. El encargado de llevar a cabo esta tarea colosal es el ministro de Justicia, Néstor Osuna (Bogotá, 1962). En octubre presentó junto a Petro la Política Nacional de Drogas 2023-2033, titulada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”. Osuna atiende a CTXT en Bogotá.

¿Se ha acabado la guerra contra las drogas en Colombia?

Hay un nuevo enfoque, de una política para proteger la vida y los derechos humanos. La estrategia de guerra contra las drogas no forma parte de la prioridad de este gobierno. Seguimos combatiendo penal y policialmente el narcotráfico, pero esta idea de que el fenómeno de las drogas es un asunto militar y de seguridad la hemos cambiado por una idea de que es un asunto de salud pública, de tránsito a economías lícitas, de apoyo a población muy vulnerable y de lucha contra las bandas del narcotráfico.

El documento de la nueva Política Nacional habla de “oxígeno” y “asfixia”. ¿A qué se refiere?

En el tema de las drogas hay dos eslabones débiles y un eslabón muy fuerte. Los dos eslabones débiles son los campesinos cultivadores de coca y los consumidores de droga. A ellos les estamos ofreciendo alternativas que hemos englobado bajo la palabra “oxígeno”, con la idea de darles una nueva oportunidad de vida. Y “asfixia” a las grandes estructuras criminales de narcotraficantes.

Los dos eslabones débiles son los campesinos cultivadores de coca y los consumidores de droga. A ellos les estamos ofreciendo alternativas

Eso quiere decir ofrecer a los campesinos cocaleros la posibilidad de tránsito a economías lícitas. Una posibilidad es salir de sus territorios y aceptar terrenos de la reforma agraria, terrenos productivos que les asignaría el Estado, con la exigencia de que erradiquen voluntariamente las matas de coca. Otra posibilidad es la sustitución de cultivos dentro de sus mismos predios. Ofrecemos asistencia técnica, proyectos agroindustriales, créditos con intereses blandos para que puedan transitar a esa economía.

La última es continuar cultivando hoja de coca para alguno de los múltiples productos lícitos que tiene. Ya tenemos fábricas de fertilizantes, de alimentos, de cosméticos, de textiles hechos a partir de hoja de coca, pero todo ello de modo muy precario, porque ha estado bajo ese estigma de guerra contra las drogas y de ilegalización de la planta. Estamos haciendo esfuerzos para facilitar el marco legal que les permita a estas personas que ya producen fertilizantes o alimentos hacer comercio con ellos.

¿Cómo contribuye la nueva política de drogas a detener la deforestación?

La palabra oxígeno también es proteger la naturaleza, evitar la deforestación de la selva, que se ha ido deteriorando por el cultivo de hoja de coca

La palabra oxígeno también es proteger la naturaleza, evitar la deforestación de la selva, que se ha ido deteriorando por el cultivo de hoja de coca. Casi la mitad de estos cultivos están en zonas ambientalmente protegidas, una buena parte en selva amazónica. Para los campesinos que quieran permanecer en sus predios, si se trata de terrenos en zonas ambientalmente protegidas, lo mejor que podemos ofrecerles es que pasen de cocaleros a guardabosques. El Estado les ofrecerá un salario semejante a lo que reciben por la venta de hoja de coca, para que erradiquen voluntariamente las plantas de coca y contribuyan a que estas zonas protegidas puedan recuperar su frontera natural.

¿Qué novedades hay respecto a las personas que consumen drogas?

Hasta hace no mucho tiempo en Colombia el consumo estaba penalizado. Ya no lo está, pero sigue estando estigmatizado. Aunque ya no sea delito, la policía por lo general sigue considerando que es una conducta digna de persecución. Queremos cambiar eso por una política que distinga entre el consumo problemático y el 70% del consumo que no es problemático (personas que fuman un cigarrillo de marihuana o que inhalan algo de cocaína). El consumo problemático debe ser enfrentado con centros de suministro controlado, con apoyo terapéutico, sanitario, para intentar que esa persona abandone el consumo adictivo. Para el consumo que no es problemático, debemos ser más consistentes con el postulado del respeto a la autonomía personal que está establecido en la Constitución y no actuar desde el Estado.

¿Qué cambios legislativos van a promover sobre el consumo de drogas en el país?

La reforma constitucional impulsada en 2009 por el gobierno de Álvaro Uribe incluyó en la Constitución la prohibición del consumo de drogas. La jurisprudencia desde ese momento ha venido restando rigor a esa prohibición, ha manifestado que no puede tener consecuencias penales de privación de libertad para el consumidor.

Dentro de ese marco tan restrictivo hay una propuesta de reforma de la Constitución para suprimir la prohibición de consumo de cannabis. Con otras drogas va a ser más difícil, más lento. Colombia no puede dar pasos unilaterales, necesitamos el cambio del paradigma internacional de guerra contra las drogas.

Usted dijo que estaban dispuestos a negociar con narcotraficantes que colaborasen con el Estado. ¿Cómo se relaciona la nueva política de drogas con la estrategia de ‘paz total’ del Gobierno, que incluye negociaciones con grupos armados ilegales?

Tienen una relación muy cercana. Ese proyecto de ley, que ofrece rebajas de penas a grupos armados ilegales, lamentablemente no tuvo aprobación en el Congreso. Pero si hablamos de tránsito a la legalidad quiere decir que no haya actividades de narcotráfico. Ahí el Estado combina las dos estrategias tradicionales: la persecución penal y en algunos casos habilitar para estas estructuras criminales una oferta de entrega a la justicia. Se trata de ofrecer una rebaja de penas y conservar una parte de sus recursos económicos, siempre y cuando desmonten la estructura criminal, devuelvan bienes, reparen a las víctimas y asuman responsabilidad penal. No es una amnistía, es una disminución de penas. Estamos en una etapa inicial de estos acercamientos. 

Colombia ha sufrido mucho con el narcotráfico y quiere librarse de las mafias y la violencia. Pero sabemos que eso solo se logrará con un abandono del paradigma prohibicionista

Esa guerra contra las drogas trajo tratados internacionales que obligan a la persecución criminal del narcotráfico. Colombia firmó y cumple esos tratados. Además, Colombia ha sufrido mucho con el narcotráfico y sí quiere librarse de esas mafias de narcotraficantes, de esa violencia. Pero sabemos que eso solo se logrará en plenitud con un abandono del paradigma prohibicionista.

En Colombia, como en muchos países, hay miles de personas en prisión por microtráfico de drogas. ¿Podrán salir en libertad o beneficiarse de alguna rebaja de penas con la nueva política?

Tenemos una ley ya vigente que puede beneficiar con una pena que no sea de cárcel sino trabajo comunitario, pero solo para mujeres que hayan sido condenadas por microtráfico u otros delitos con penas no muy altas, y que sean cabeza de familia. No está previsto en el plazo cercano ampliar eso a hombres porque políticamente no es fácil. Pero es posible que, si esta política con mujeres es exitosa, se pueda extender a varones.

En septiembre, el Gobierno colombiano convocó en Cali una Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. ¿Está avanzando en América Latina la perspectiva de superar la guerra contra las drogas?

No lo veo en este momento como un consenso de toda América Latina. Veo algunos países que quieren avanzar en ese sentido, como Bolivia; otros muy reacios, como Perú con su actual gobierno. Hay varias velocidades, no veo por ahora un bloque latinoamericano, pero sí veo el propósito de ir mirando cómo construir una postura latinoamericana común, que resuene más en el ámbito internacional.

En el caso de México veo una postura consciente de las limitaciones y del fracaso de la estrategia tradicional. Pero con mucha prudencia y a un ritmo muy lento de cambio de paradigma. Ellos están interesados en la sustitución de cultivos, pero siguen también muy interesados en una estrategia militar contra los narcotraficantes.

¿Estados Unidos es favorable al cambio de enfoque de Colombia?

Sabemos que si hay un cambio de gobierno en Estados Unidos nuestro panorama se puede complicar

El actual gobierno de los Estados Unidos ha tenido un diálogo muy fluido con Colombia, una mutua comprensión. Ellos también están más interesados en una política de salud pública; hay un entendimiento, con algunas diferencias comprensibles. Sabemos que si hay un cambio de gobierno en Estados Unidos nuestro panorama se puede complicar. 

¿Ve posible un cambio en la legislación internacional sobre drogas?

Hay países todavía muy reticentes a cualquier alternativa. Pienso en Rusia, el mundo árabe, el mundo chino; ahí hay un cierre rotundo a cualquier posibilidad de un cambio. Pero yo tengo la esperanza de que en un plazo mediano, en una generación, el mundo tendrá que transitar hacia un modelo de regulación sensata del consumo, el comercio y la producción de sustancias psicoactivas, y no este prohibicionismo que no le ha dado resultados a la humanidad. Ahí el líder ha sido Bolivia, que ha llevado a la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito propuestas vanguardistas de desclasificar la hoja de coca como sustancia prohibida, posturas interesantes que nosotros acompañamos. 

En Colombia tenemos graves problemas, pero en el resto del mundo también. El consumo de fentanilo en algunos países, el aumento del consumo de heroína, las mafias en algunos países europeos… Todo eso es el fruto de una estrategia fallida. Hay un temor a hacer cambios, hay intereses de que esto se mantenga porque produce muchísimo dinero.