La palabra “disminuidos” ya no será constitucional a partir de 2024. El año empieza favorable para toda la sociedad con este cambio que se está cocinando en el Congreso, porque hoy se tramitará la aprobación por la vía de urgencia para que en el artículo 49 de la Carta Magna se sustituya dicho término por “personas con discapacidad”. Si bien PP y PSOE llevan años con el tira y afloja a este respecto, la reivindicación de asociaciones y colectivos viene de atrás e incluso se puede contar en años con los dedos de las manos y los pies. Con esta reforma, la primera modificación de carácter social, se persigue también ampliar los derechos de todas las personas recogidas en el artículo.

Aunque la extrema derecha prefiere seguir llamándolos “disminuidos”; la proposición para la reforma constitucional ha contado con 315 votos a favor y 33 abstenciones de Vox, la única formación política que no se ha sumado por un nuevo texto más acorde al presente siglo, como se puede corroborar con aproximadamente 446.000 resultados al buscar en Google “Vox disminuidos”. Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha argumentado esta decisión con que la reforma de la Constitución “no se puede hacer a tontas y a locas”, una teoría de la misma escuela de Ana Botella cuando se posicionó en contra del matrimonio homosexual con una explicación con peras y manzanas propia de un cuadernillo Rubio de teoría de conjuntos de matemáticas.

La proposición para eliminar el término “disminuidos” de la Constitución ha contado con 315 votos a favor y 33 abstenciones de Vox

Disminuidos visuales y aprendizaje; Celebraciones con disminuidos psíquicos; El niño disminuido. Guía educativa y psicológica para los disminuidos orgánicamente o La integración del niño disminuido en la escuela ordinaria, son algunos de los títulos de una cantidad ingente de libros publicados a finales del siglo pasado con teorías, consejos y otros materiales para la formación religiosa y la celebración litúrgica para las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica. En prensa, el uso del vocablo también estaba a la orden del día: “La Reina inaugura la Conferencia Mundial de los disminuidos”; “Los disminuidos españoles se sienten marginados”; “Toxicómanos, alcohólicos, enfermos mentales y disminuidos físicos, los más olvidados”, y de lo más reciente, “Aznar y Almunia con los disminuidos físicos y psíquicos”. Con treinta y ocho años de diferencia, la denominación correrá la misma suerte que los términos “subnormal” y “subnormalidad” en 1986, políticamente aceptados hasta entonces, cuando se sustituyeron por “minusvalía” y “persona con minusvalía” en las disposiciones reglamentarias por solicitud del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bajo el Gobierno de Felipe González.

“Uno de cada cien españoles es subnormal. Hay más de 350.000 subnormales en España […]. Usted y la sociedad deben evitar que su hijo nazca subnormal”, dice la sinopsis del libro La subnormalidad (1977) de Enrique Buil, perteneciente a la colección “Los peligros de la Humanidad”. Coincide que un año después hubo un Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad que tuvo como objetivo prioritario realizar una serie de acciones relacionadas con la función preventiva en factores que influyen en el metabolismo y la genética, la nutrición infantil, y la salud durante el periodo perinatal. La subnormalidad era un gran mal tratado con absoluta benevolencia.

El citado libro sostiene que “la subnormalidad no es un diagnóstico médico ni hace referencia a ninguna enfermedad visible o invisible. Es tan sólo una categoría social y legal, una definición que la sociedad hace de algunos que no les sirven: aquellas personas que no dan el rendimiento que es preciso para ser considerado un ciudadano normal”.

Fue a partir de los años sesenta cuando emergió la literatura de esta temática y el término fue socialmente aceptado, con titulares sin complejos en prensa como “Un joven subnormal, apaleado y arrojado por un barranco”; “Urtain ayuda con autógrafos a los subnormales”; “En España existen aproximadamente 25.000 niños subnormales”; “Si la Medicina no lo remedia, para el año 2000 tendremos en España tres millones y medio de subnormales” o anuncios con reclamos del estilo “Piensa. Tu hijo puede ser subnormal”. Una condición que hasta gozó en España de un Día Nacional del Subnormal, cada 26 de abril, desde el año 1965, con un tratamiento comunicativo nada favorable, y un despliegue de folletines, material divulgativo y otros panfletos de numerosos colectivos como Asprona, Asociación protectora de Subnormales, con lemas como “Culpable, nadie. Responsables, todos”, con motivo de la semana de información sobre los subnormales, o las campañas de la Asociación Club “Ayúdale a caminar”, para contribuir a prevenirla conociendo las causas antes y durante el embarazo, durante el parto, en la primera infancia y por diversos factores.

La evolución del lenguaje institucional debe ir en paralelo con el de la calle, con respeto y dignidad

A propósito, el diputado socialista Emilio Sáez, afectado por poliomielitis desde su infancia, ha compartido en la sesión del martes en el Congreso para la eliminación de la la palabra “disminuidos” en la Constitución, que “en los años 70, por escrito, el Estado me denominó como ‘subnormal’. En los 80 ‘inválido’, en los 90 ‘minusválido’ […]. Se me llamó ‘minusválido’ el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990 […]”. Los años han ido pasando y, entre muchas demandas sociales, en 2018 la periodista Vicky Benito lanzó una campaña de recogida de firmas en Change.org bajo el lema ‘Soy sorda, no disminuida, aunque lo diga la Constitución’ para denunciar el artículo 49, así como para meter el dedo en el ojo a la Real Academia de la Lengua, institución que define ‘disminuido’ a la persona “que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en grado menor a lo normal”.

La evolución del lenguaje institucional debe ir en paralelo con el de la calle, con respeto y dignidad, porque del mismo modo que hoy es impensable colocar en televisión a un señor contando chistes como los de Arévalo, mofándose de los andaluces, “gangosos” y “mariquitas”, la Carta Magna de un Estado debe estar a la altura de lo que merecen sus ciudadanos. Como ha destacado Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: “Las palabras nunca son solo palabras, sino que tienen la capacidad de modelar nuestros pensamientos: son el vehículo con el que expresamos nuestra forma de ver el mundo y con el que acabamos dando forma a la realidad”. Porque el lenguaje nos define más como personas dependiendo de cómo lo utilizamos que según cómo nos encasillamos.