La Constitución española solo ha experimentado dos modificaciones desde que fue aprobada en 1975. La primera tuvo lugar en 1992 para que los residentes extranjeros en nuestro país pudieran presentarse a las elecciones municipales. La segunda llegó en 2011 para introducir en el texto el principio de estabilidad presupuestaria con el fin de evitar el endeudamiento de las administraciones públicas. Parecía que la tercera iba a producirse para atender la petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que pretende, desde hace años –en concreto desde 2005–, que se cambie el artículo 49 para eliminar la palabra “disminuidos”, que es la que aparece para definir a los integrantes del colectivo. De hecho, el Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2021 un proyecto de reforma que actualizaba la redacción del artículo, y proponía a usar el término “personas con discapacidad”. Sin embargo, más de año y medio después, el trámite está parado. ¿Por qué?

Para aprobar la iniciativa es necesario el respaldo de tres quintos de los miembros de las dos cámaras, el Congreso y el Senado, una circunstancia que, en el Congreso, implica obtener 210 votos, que solo se pueden alcanzar con un pacto entre PSOE y PP, imposible hasta el momento por la negativa de los populares, además de la de Vox. Los primeros están abiertos a llegar a un pacto para “abandonar un término arcaico, injusto e indigno”, como lo definió su líder, Alberto Núñez Feijóo, el pasado mes de octubre, pero argumentan que no se ha contado con ellos para consensuar el nuevo texto y, además, temen que los socios parlamentarios del Gobierno “utilicen dicha reforma constitucional para sus reivindicaciones territoriales y nacionalistas”, como expresó Feijóo en una reciente entrevista en Servimedia.

Los diferentes organismos que representan al colectivo de personas con discapacidad están cansados de que no se desbloquee la situación

Los dirigentes de los diferentes organismos que representan al colectivo de personas con discapacidad están cansados de que no se desbloquee la situación y reclaman una solución. Uno de los que está haciendo oír su voz en ese sentido es el Comité Paralímpico Español, seguramente por acoger a personas que son ejemplo de superación, esfuerzo y éxito, todo lo contrario de lo que supone la palabra “disminuidos”. En CTXT hemos hablado de este asunto con Alberto Jofre, uno de los fundadores del Comité, exdeportista paralímpico y actual director gerente de la entidad.

Jofre expresa que ninguna persona con discapacidad se siente cómoda con la redacción actual del artículo que les define en la Constitución. “Si hay una unanimidad en el colectivo de personas con discapacidad es que no somos disminuidos bajo ningún concepto, y por eso queremos que se modifique el texto para que aparezca la definición de personas con discapacidad. Es una cuestión importante para el 10% de la población, que son las personas que tenemos discapacidad, y que pensamos que el término que aparece actualmente no es apropiado. Las personas con discapacidad somos personas y la Constitución está referida a las personas, a todos los ciudadanos, y hay unos ciudadanos que están estigmatizados con la palabra disminuidos. Por eso, desde el deporte y desde el movimiento asociativo de la discapacidad pedimos a todos los grupos parlamentarios que se unan y que se cambie de una vez el artículo 49 de la carta magna”.

En el movimiento paralímpico entienden que una cuestión como esta debería ponerse por encima de cualquier otro interés político, pero están molestos porque ven que no está siendo así, como demuestra el retraso en su aprobación. Jofre confiesa que “es algo que nos preocupa. Lo que queremos es que este asunto no se politice. Nuestro deseo es que los partidos políticos se pongan de acuerdo y, de una vez por todas, salga adelante. Las personas con discapacidad somos pacientes y sabemos aguantar, pero es importante que se haga lo antes posible. Yo creo que si se habla con cada partido político por separado ninguno tiene inconveniente en esto, pero lo que hace falta es aunar esfuerzos y buscar ya el momento adecuado para hacerlo. Las personas con discapacidad no tenemos que pagar por otras cuestiones de interés político que no tienen nada que ver con nuestro problema”.

Centrando el debate en el ámbito de los deportistas, aunque sea una demanda necesaria para todo el colectivo de personas con discapacidad, no hay más que ver de lo que son capaces de conseguir en su actividad los paralímpicos españoles, que cada año baten varios récords europeos y mundiales y que en cada cita olímpica acaban con un alto número de medallas, siempre superior, por cierto, a las que logran los deportistas nacionales sin discapacidad, para entender que resulta incongruente e hiriente que la ley más importante española les catalogue como disminuidos. Al respecto, el representante del Comité Paralímpico asegura que “en el siglo XXI no se puede entender que una persona que es capaz de hacer un salto de altura de 2,04 con una sola pierna sea un disminuido. El 99,9% de la población española es incapaz de hacer estas cosas teniendo dos piernas y sin sufrir discapacidad. ¿Por qué llamarle disminuido? O que una persona ciega pueda correr los 100 metros en 10:50 y se le llame disminuido. ¿Cómo se puede definir así a cualquiera de los deportistas que tenemos que han logrado tantos éxitos a nivel mundial?”.

No hay más que ver de lo que son capaces en su actividad los paralímpicos españoles, que cada año baten récords europeos y mundiales

La fuerza y la visibilidad que tiene el mundo del deporte es uno de los puntos que ha motivado al Comité Paralímpico a poner su granito de arena pasando a la acción para que se hable de este asunto. Alberto Jofre reconoce que “el deporte se puede considerar el movimiento cultural más importante, y los deportistas, a través de las redes sociales, tienen, cada vez mayor capacidad de influencia. En nuestro organismo estamos sensibilizados con esta cuestión y por eso salimos a expresar nuestra opinión y nuestro deseo de que se cambie el artículo 49”. En este sentido, cabe plantear si se pudiera hacer algún tipo de campaña de publicidad por parte de los deportistas paralímpicos españoles más destacados para sensibilizar a la opinión pública y hacer más fuerza con el fin de desatascar la situación. “El Comité Paralímpico está dentro del Cermi, que es el que está dirigiendo toda la actuación y la negociación con los partidos políticos. Estamos a la espera de que nos den instrucciones”.

El proyecto de reforma que aprobó el Gobierno, y que fue consensuado con los representantes de Cermi, no se limita sólo a modificar el lenguaje para sustituir la palabra “disminuido” por “personas con discapacidad”, sino que el artículo pasa del único párrafo que tiene en la actualidad a incluir cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad, incluyendo una mención específica para atender “particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad”. Durante la defensa de la reforma en el pleno del Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, afirmó que “lo importante es anteponer la palabra ‘persona’. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad que no puede definirlas. El respeto a la dignidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un consenso básico del siglo XXI. Proponemos un cambio que afiance la Constitución, nuestros valores y nuestro compromiso como sociedad”.

Conviene recordar que ya en 2006, la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, estableció que el término adecuado es “personas con discapacidad” o “personas en situación de discapacidad”, una propuesta a la que España se sumó un año después. También la Unión Europea utilizó en 2010 las mismas palabras en el documento con el que presentó su Estrategia Europea sobre Discapacidad. Hasta la Real Academia de la Lengua, en la actualización que realizó en 2020 de su Diccionario de la Lengua Española, suprimió la palabra “disminuido” por la de “discapacitado”.

Los representantes de las personas con discapacidad confían en que a lo largo de este 2023 se culmine por fin la reforma del artículo, aunque el hecho de que estemos en un año con varias citas electorales provoca dudas. De lograrlo, para el Comité Paralímpico supondría una meta más alcanzada, tras lograr que la nueva Ley del Deporte, recientemente aprobada, “ponga a España en un nivel progresista en cuanto a deporte de personas con discapacidad, al ser muy transversal y hacer hincapié en temas como la accesibilidad, la no discriminación o la integración de cada deportista con discapacidad en la federación nacional de su disciplina”, y que el Plan ADOP (Plan de Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico) haya asegurado el mismo premio económico para los medallistas paralímpicos en los próximos Juegos de París 2024 que el que tuvieron en Tokio, “con la esperanza de poder elevar la cifra de 70.000 euros por un oro hasta los 94.000 que reciben los deportistas olímpicos, que es otra de nuestras aspiraciones, si en el tiempo que queda conseguimos más patrocinadores” afirma Jofre. La guinda quedaría en convencer al Comité Paralímpico Internacional para que acepte la propuesta del organismo español de que los deportistas con síndrome de Down sean incluidos en próximas ediciones de los Juegos Paralímpicos y, a nivel institucional, lograr una nueva sede propia que esté acorde con la importancia que está adquiriendo el movimiento.