Un grupo de periodistas hartos de contar calamidades en sus respectivos diarios decidieron montar un medio dedicado a dar buenas noticias. La primera buena noticia fue que la novedad del formato llamó la atención de los diarios generalistas que hablaron de ellos durante unos días dándoles la publicidad que necesitaban para arrancar el ambicioso proyecto. La mala que, pasados unos meses, la falta de materia prima con la que ir rellenando tanta página feliz diaria, les hizo tener que cerrar. Alimentando la melancolía de lo que pudo haber sido y no fue, la prensa española pone hoy sobre la mesa de estos periodistas una de esas noticias arcoíris tan difíciles de ver. Un fiscal conservador del Tribunal Supremo tiene respeto por su oficio. Ese sería el titular. Álvaro Redondo, así es como se llama este héroe hasta ahora anónimo, ha decidido que su ideología de derechas no debería influir a la hora de observar una realidad en la que acusar de terrorismo a Puigdemont es una opción respetable, pero sólo en otro universo paralelo que no es este. En el universo que habitamos, llegar a la conclusión de que el líder de Junts es penalmente equiparable al Bin Laden de los greatest hits porque un turista sufrió un infarto coincidiendo en el tiempo con unas protestas independentistas es, cuanto menos, una forma de entender la Justicia bastante discutible.

Las reacciones al notición –alto funcionario de derechas olvida su ideología para hacer su trabajo de forma decente a pesar de que no le guste que gobierne Pedro Sánchez– no se han hecho esperar. La prensa española se pregunta a estas horas dónde está la trampa y mientras lo descubre, o se lo inventa, va publicando la cara del osado fiscal como el Marca publica la del osado árbitro que alguna vez se atreve a no satisfacer plenamente los intereses del Real Madrid sobre el césped. El fiscal, en su escrito sobre si es procedente o no perseguir a Puigdemont por terrorismo como pide el actual líder del PP García-Castellón, viene a explicar que, aunque él sea de misa de doce los domingos y lleve el himno de España como tono de llamada en el móvil, opina que el epígrafe de terrorismo estaría bien reservarlo para cuando alguien ejerza violencia haciendo derramar la sangre de víctimas inocentes y no para protestas de ciudadanos en la calle que coinciden con el infarto de un guiri. Su exposición termina de una forma nunca antes vista, explicando que no ha sufrido presiones para llegar a la conclusión de que el agua moja: “Tengo 68 años, 46 de los cuales he estado al servicio del Derecho. Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad, y sin aceptar presión alguna de nadie”, justifica su posición el pobre fiscal Redondo.

Como descubrieron aquellos periodistas optimistas, las noticias arcoíris aparecen poco y nunca llegan solas, sino acompañadas de malas noticias. Y la noticia, en estos momentos, es que mientras los medios preparan una última hora consistente en decirnos dónde vive el fiscal Redondo, sus compañeros del Tribunal Supremo, de ideología conservadora como él, se reúnen para decidir si, como de costumbre, se respeta el criterio profesional del compañero dando por buena su actuación o si, por el contrario, se le acusa de cómplice del terrorismo y se le pone a los pies de los caballos por haber antepuesto profesionalidad a ideología. En un país psicológicamente estable, el criterio de este fiscal del Supremo que no aprecia terrorismo en un infarto de miocardio derivado de problemas congénitos debería prevalecer. Sería el juez que intenta retorcer la ley con fines políticos quien recibiría el señalamiento de unos medios que, a su vez, se dedicarían a hacer una labor de servicio público. Pero, malas noticias, estamos en la España actual.