“Tengo cinco hijos, cuatro viven conmigo. Cada vez es más complicado sostenernos: dos kilos de pan por día suman 2.500 pesos [2,80 euros], que son 75.000 pesos por mes [83,85 euros], un almuerzo muy básico implica 5.000 pesos [5,59 euros]: el paquete de arroz de medio kilo a 1.250 pesos [1,40 euros], el kilo de papa a 700 pesos [78 céntimos], el de azúcar a 2.000 pesos [2,24 euros]”, dice Daniela, del Barrio Constitución de la Ciudad de San Rafael, en la provincia argentina de Mendoza. El ingreso medio individual en Argentina es de 193.000 pesos mensuales, lo que equivale a 216 euros. Daniela continúa: “Uno de mis hijos, Lautaro, tiene 15 años y va al neurólogo particular una vez al mes (en el hospital público hay un solo médico y te da turno cada tres meses), la consulta me cuesta 20.000 pesos [22,36 euros] y la medicación, una caja de 30 pastillas que dura un mes, 30.000 pesos [33,54 euros]”, Con la inflación y el aumento de los precios de los alimentos, en los barrios populares el hambre es algo cotidiano.

En diciembre, la Canasta Básica Alimentaria subió el 30 por ciento, según informó el Instituto de Estadísticas y Censo (Indec), mientras que la Canasta Básica Total, conformada por bienes y servicios, subió un 27 por ciento en el mismo mes: una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó en diciembre 495.798 pesos [554,33€] para no caer bajo la línea de pobreza. El salario mínimo vital y móvil es de 157.000 pesos [175,5 euros]. Hay que tener en cuenta que ninguno de los dos índices de precios mencionados incluye el alquiler de la vivienda, que se disparó a las nubes, así como las condiciones para poder alquilar.

Para la mayoría de las familias argentinas, comer carne y tomar leche es un lujo

La inflación en diciembre fue la mayor registrada en los últimos años: 25,5%. Para la mayoría de las familias argentinas, comer carne y tomar leche es un lujo. La harina y el arroz subieron un 52%; el aceite, un 56%; y la leche, un 34%. La carne aumentó más del 40%, y los pañales un 45,8%. Según cifras del Indec, la pobreza llegó al 60% en menores de 16 años.

Y el escenario que se avizora es aún peor: desde que Milei llegó a la presidencia, junto a su ministro de Economía Luis Toto Caputo, llevan adelante un plan económico que hace pasar hambre a la población. En enero, en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, las tarifas del transporte público subieron un 250%. El Gobierno también prevé medidas que elevarán los precios del gas, la luz y el agua. Según estimaciones privadas, para 2024 el Producto Bruto Interno se retraerá un 2,8%. Lo que se conoce como estanflación (estancamiento más inflación) podría llevar a que la tasa de desocupación pase del 5,7% al 7,5%. La pobreza, sin embargo, no afectará solo a los parados, también hará mella en los trabajadores que no podrán llegar a fin de mes.

Pero los números tienen nombres. Carla, también de Mendoza, cuenta a CTXT: “Tengo un bebé de un año y ocho meses que aún usa pañales. Fui a comprar su paquete de 30 unidades, que la semana pasada costaba 6.500 pesos [7,27€] y la semana anterior 4.000 pesos [4,47€] y no pude comprarlos porque estaban a 11.500 [12,86€], entonces decidí coser a mano ‘pañales’ con tela que tenía en casa y comenzar a entrenar a mi bebé para dejar de usar porque no puedo pagarlos más. La leche también aumentó un montón, así que le estoy dando té para poder engañar su panza. El alquiler que pago es de 50.000 pesos [55,90€] pero en febrero se me va a 130.000 [145,35€], no sabemos cómo lo vamos a sostener”.

Sin alimento en los comedores

En esta situación de aumento de la pobreza y de la indigencia, la ministra de Capital Humano (con Milei este ministerio ha sustituido al de Desarrollo Social), Sandra Pettovello, dejó de entregarle alimentos a las organizaciones sociales y firmó un contrato millonario con las Iglesias Evangélicas y Cáritas, desconociendo el trabajo que las organizaciones vienen llevando adelante para enfrentar el hambre desde hace décadas. Frente a este nuevo atropello del gobierno de La Libertad Avanza, sindicatos y movimientos sociales como la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, la Coordinadora por el Cambio Social, Libres del Sur, la Garganta Poderosa, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Movimiento Argentina Rebelde reclamaron asistencia alimentaria urgente y la única respuesta que tuvieron fue un abusivo despliegue de las fuerzas de seguridad.

Foto: Fabian Piedras

“Este Gobierno, además de la devaluación, ha dejado a nuestros barrios, a nuestros comedores y merenderos, a nuestros niños y nuestras niñas, sin comida. Son los responsables directos del hambre, de nuestros pibes sin presente y sin futuro. Por eso le venimos a decir a Pettovello y al presidente Milei que cesen con esta cruel y brutal represión que es el hambre en nuestro país”, dijo Omar Giuliani, secretario general de la Federación Nacional Territorial de la CTA. “Venimos a denunciar el hambre que nuestros compañeros y compañeras pasan cada día en nuestros barrios por una decisión política de la ministra de Capital Humano, a la que llamamos de Capital Inhumano, porque ante la necesidad de las compañeras, la respuesta es la violencia y el hambre”, agregó la secretaria de Géneros y Diversidades de la Central y referente de la FeNaT, Leonor Cruz.

En los comedores y merenderos de todo el país (son más de 35.000), las cocineras y coordinadoras tuvieron que hacer malabares para poder brindar algo de comida a los 10 millones de personas que se alimentan en estos espacios populares: “Hace meses que no entregan los alimentos a los comedores, y mientras tanto los alquileres suben, la luz, el agua, todo sube, nos quieren tener de rodillas pero no podemos permitirlo, tenemos que estar de pie”, explicó Elsa Miranda, del comedor Todo Por Ellos.

Se contaron más de 20 cuadras de gente que se dirigió al Ministerio a pedir comida

Días atrás de esta movilización, la ministra había dicho por televisión que quien tuviera hambre se acercara a Capital Humano, que ella los recibiría uno por uno. Se contaron más de 20 cuadras de gente que se dirigió al Ministerio a pedir comida. Cuando eso sucedió, Pettovello negó lo que había dicho, no bajó de su despacho y llenó de policías los alrededores del edificio que queda en medio del centro porteño.

“La pobreza no la generamos nosotras, cómo creían que íbamos a comer si no entregan mercadería, queremos que nos auditen, que conozcan los comedores, que vean cómo funcionamos. Vivimos en la pobreza que generan ellos, los que hacen estas políticas, nadie quiere ser pobre ni nacer en la pobreza, pero ellos se llenan los bolsillos”, explicó Claudia Albornoz, cocinera y coordinadora de la Garganta Poderosa, mientras a su lado se leía un cartel que decía: “Pettovello vas a tardar 43 años en atender a los millones de personas que asisten a los comedores”.

También se movilizaron desde la Red de Comedores Populares de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP): “Fuimos a pedirle una audiencia a la ministra Pettovello porque no hay alimentos en los comedores, pero la respuesta fue represión, tiraron gas pimienta y se negaron al diálogo”, dijo Dina Sánchez, referente de la organización.

No hay ajuste sin represión

Fue unos días después de la movilización que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el secretario de Seguridad, Vicente Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, Guillermo Giménez Pérez, para anunciar un nuevo protocolo para las fuerzas de seguridad: “Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos: en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves, para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas, para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.

Por otra parte, la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, integrada por organizaciones sindicales, de juristas, de derechos humanos y contra la represión, denunció ante la Justicia el uso de sustancias tóxicas en los operativos de seguridad contra la población que se manifestaba mientras se trataba la llamada Ley Ómnibus frente al Congreso Nacional que finalmente volvió a comisiones por no alcanzar los votos suficientes. Las organizaciones señalaron que utilizaron un compuesto “altamente tóxico e irritante” al que calificaron como “instrumento de tortura”. Según informaron a la agencia de noticias estatal Telam, la denuncia fue presentada en el juzgado nacional Criminal y Correccional n° 44, e intervendrá la Fiscalía Criminal y Correccional n° 24. “Resulta imprescindible determinar qué autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación u otras áreas han autorizado su uso, lo que implica su previa adquisición por parte del Estado Nacional y/o de la Ciudad”, indicaron.

La Red dijo además que hay “una grave situación de violencia institucional que amerita que lo denunciado sea investigado, ya que arrojar sustancias químicas de alta potencialidad lesiva a las personas es altamente peligroso y dañino para la salud, y ello se potencia cuando quienes lo hacen son los integrantes de las fuerzas de seguridad estatales”, y responsabilizaron a Patricia Bullrich y a Waldo Wolff, jefe de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, por la represión, los heridos que hubo (285 personas, según la Comisión Provincial por la Memoria, 35 de ellas fueron periodistas y 5, defensores de derechos humanos) y las 23 detenciones arbitrarias.