¿Debe ser considerado un club de fútbol como un bien de interés cultural con el fin de conseguir la protección que los poderes públicos otorgan a un monumento o una obra de arte que tengan la misma catalogación? Colectivos de seguidores de distintas sociedades anónimas deportivas consideran que sí, y por eso han hecho esta propuesta ante las administraciones correspondientes con el fin de salvaguardar el patrimonio y la identidad de las entidades de posibles decisiones de los dueños que pongan en peligro los símbolos más importantes de los equipos e incluso su viabilidad. El precedente del Recreativo de Huelva ha animado a otras aficiones a seguir el mismo paso.

A priori puede resultar raro que un equipo deportivo comparta figura jurídica con la Sagrada Familia de Barcelona, la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o el Palacio Real de Madrid. Pero también lo haría con el flamenco, las fallas valencianas, la jota aragonesa y la Romería del Rocío. Manifestaciones culturales que representan a nivel nacional y mundial a una comunidad, una ciudad o una localidad, y en la que se ven identificadas miles de personas. Justo lo que representan muchos clubes para sus ciudades. Es un símbolo más de ese lugar, en muchos casos de los más reconocidos a nivel nacional e internacional.

Si el bien protegido estuviera en peligro por una mala gestión, los poderes públicos podrían incluso llegar a expropiar

¿Qué supone para un equipo de fútbol recibir el reconocimiento de ser Bien de Interés Cultural (BIC)? En líneas generales obliga a los propietarios a conservar y proteger sus bienes, su patrimonio, para evitar su destrucción, deterioro o pérdida. Es decir, un máximo accionista de una sociedad anónima deportiva no podría, de manera unilateral, cambiar los colores del equipo, el escudo, el himno o incluso llevarse el club a otra ciudad, como ya ha pasado en algún caso en el fútbol nacional (Ciudad de Murcia convertido en Granada 74) e internacional. Además, debe aportar toda la información que requieran los poderes públicos sobre el estado de los bienes y facilitar su inspección, y, en el caso de una posible venta de las acciones, la administración, regional o local, tendría un derecho de tanteo. En última instancia, si el bien protegido estuviera en peligro por una mala gestión, los poderes públicos podrían incluso llegar a expropiar el club deportivo.

Eso es lo que pasó en Huelva con el Recreativo en 2016. En este caso fue el máximo propietario del club, Pablo Comas-Mata, a través de la sociedad Gildoy, el que solicitó un año antes que la entidad fuera declarada Bien de Interés Cultural para obtener ventajas fiscales y evitar una posible liquidación por culpa de las deudas que la ahogaban, entre ellas una con Hacienda. Esa petición coincidió con el 125 aniversario de la fundación del club, que tiene la condición de ser el más antiguo de España.

Al estar en marcha el expediente de solicitud de BIC, la ley ya daba poderes a la administración para actuar aunque aún no se hubiera aprobado oficialmente. De esa manera, el 6 de junio de 2016, y ante la delicada situación financiera del club, el Ayuntamiento expropiaba por interés social el 75% de las acciones, en poder de Gildoy, y se quedaba con la entidad, de la que ya poseía el 23% del accionariado. Poco después, el 26 de julio, llegaba la aprobación de la Junta de Andalucía para declarar al Recreativo como BIC de interés etnológico, catalogación que también se otorgó al Real Club Recreativo de Tenis de Huelva, atendiendo a valores históricos, etnológicos y de bienes inmuebles.

Sin embargo, Comas-Mato recurrió la expropiación ante los tribunales. En primera instancia no le dieron la razón, pero el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó sentencia contra la expropiación llevada a cabo por el Ayuntamiento onubense. En el fallo se habla de que la decisión del consistorio fue “desproporcionada”. Antes de tomar esa decisión, el Ayuntamiento “podía haber impuesto un plan de ajuste, o aprobar una subvención como medida cautelar urgente o apoyar al club en sus reiteradas solicitudes a la AEAT de rehabilitar el plan de pagos ofreciendo algún tipo de garantía”. Además, el TSJA recuerda que el informe del interventor puso de manifiesto que “la situación financiera en aquel momento del Ayuntamiento, que estaba inmerso en un plan de ajuste, era incompatible con la expropiación”. El actual equipo de gobierno de la ciudad de Hueva, distinto al que había cuando se tomó aquella decisión, va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que de momento paraliza que se haga efectiva la sentencia del TSJA.

Colectivos de aficionados apuestan por conseguir la catalogación de BIC para sus equipos como un primer paso de protección

Esta circunstancia no ha desanimado a colectivos de aficionados de otros clubes, que apuestan por conseguir la catalogación de BIC para sus equipos como un primer paso de protección ante decisiones de los responsables de las entidades que puedan poner en peligro su identidad o estabilidad futura. Llegado el caso extremo de tener que plantearse una expropiación, seguro que los poderes públicos tomarán nota de lo sucedido con el Recreativo para no repetir errores. Pero antes, hay un camino que recorrer. El de la aprobación de las administraciones de la solicitud para que un equipo se convierta en BIC. Eso es lo que está esperando el colectivo Libertad VCF, plataforma de seguidores del Valencia CF que se muestran totalmente en contra de la gestión del máximo accionista del club, el singapurense Peter Lim.

La asociación planteó hace un año esta posibilidad a los representantes políticos del Ayuntamiento valenciano, que fueron receptivos, hasta el punto de que el Partido Socialista y Compromís presentaron una moción al pleno municipal para apoyar la declaración como Bien de Interés Cultural del Valencia CF y también del Levante UD, los clubes centenarios de la ciudad, que fue aprobada por unanimidad y que está la espera de ser presentada a la Consellería de Cultura de la Generalitat antes de ser elevada al Consell. Compromís también presentó una propuesta idéntica en el Ayuntamiento de Alicante para que el Hércules CF recibiera el mismo tratamiento, siendo también aprobada por todos los miembros del pleno. El pleno del Ayuntamiento de Murcia también aprobó en 2019 una moción para iniciar los trámites para convertir al Real Murcia en un Bien de Interés Cultural.

El vicepresidente de Libertad VCF, David Núñez, explica que el motivo principal para tomar esta iniciativa es “que la declaración de BIC proporciona una serie de garantías jurídicas para que, en caso de que el bien pueda entrar en riesgo de destrucción, se puedan tomar medidas desde la Administración para fiscalizar y evitar ese peligro. Es una medida preventiva, pero que también defiende ya de facto una serie de hechos relacionados con la identidad, como puede ser el cambio de municipio por la venta de la plaza o la modificación del escudo”.

Además, contarían con un arma jurídica a la que recurrir si la situación financiera de la entidad llegara a poner en peligro su viabilidad, algo que no descartan. “El club ha estado en riesgo de entrar en causa de disolución en dos ejercicios consecutivos y se ha evitado a través de una aportación extraordinaria del máximo accionista, haciendo una ampliación de capital, para no perder su inversión. La situación financiera del club es gravísima y, en un caso extremo, los poderes públicos estarían respaldados por la ley (artículo 21 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano) para poder intervenir y llevar a cabo una expropiación, evitando su desaparición. Lo que hemos hecho es un primer paso, es poner una tirita antes de que haya una herida mayor, pero el fin último sería el de poder llegar a ese extremo, porque no nos fiamos de la gestión económica”.

En el procedimiento para la tramitación de la declaración como BIC del Valencia y del Levante, los propietarios de ambos clubes han presentado alegaciones en la Consellería de Cultura en contra de esa posibilidad y han solicitado que sea denegada. El escrito del Valencia CF reconoce que esa catalogación “implica cierta dependencia de la administración pública, lo cual resulta del todo incongruente con el espíritu de privatización y autonomía financiera de una sociedad anónima, pudiendo incluso desvirtuar la naturaleza misma de esa sociedad anónima”. Al respecto, David Núñez afirma que “nos ha creado bastante indignación, porque llega a comparar el Valencia con empresas como Inditex o Codorniu y sobre el riesgo de disolución dice que es una posibilidad que está contemplada en la ley de sociedades de capital, es decir, no la descarta”. El portavoz de la plataforma define como “sospechosa” la paralización que ha experimentado la tramitación del expediente en los últimos meses, ya que “debería ir más rápido”.

En este mundo de las sociedades anónimas conviene hacer valer el sentimiento con una población

El último colectivo de aficionados que ha pedido la denominación de Bien de Interés Cultural para su club es el de Accionistas Unidos del Sevilla Fútbol Club, que hace unas semanas presentó esa solicitud con un expediente de 149 páginas ante la Delegación de Cultura en Sevilla de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Uno de sus promotores es Francisco López, que señala a CTXT que “creemos que el Sevilla debe ser considerado un BIC porque sería un reconocimiento más que merecido. Es una entidad que tiene 134 años de historia, que es fruto del trabajo y del seguimiento de miles de sevillanos y andaluces y que tiene seguidores en todo el mundo. Es parte de la ciudad, está intrínsecamente relacionado con ella y con la comunidad autónoma. Al margen de que se reconozca que es patrimonio de su gente. En este mundo de las sociedades anónimas, donde un inversor o cualquier fondo puede hacerse cargo de una entidad, conviene hacer valer el sentimiento con una población”.

López admite que esa consideración le daría al Sevilla FC “una protección ante posibles movimientos societarios que pudieran alterar la identidad del club y la vinculación con su gente. Estamos viendo que otros equipos pierden completamente el arraigo de la propiedad con la sociedad civil que lo promueve. Incluso que ha habido clubes que han desaparecido porque los intereses societarios de fondos de inversión o de personas adineradas que terminan haciéndose con ellos no van en consonancia con la afición”.

El portavoz de Accionistas Unidos SFC reconoce que para que esta iniciativa salga adelante se necesita “la implicación de los grupos políticos. Esto es una decisión política. Sería importante que haya una movilización social del sevillismo detrás de esta petición. Estamos abiertos a que colectivos de aficionados de otros clubes que se vean en la necesidad de reclamarlo contacten con nosotros para ayudarles en lo que podamos. Los clubes han surgido históricamente del pueblo, de la gente, no los han creado las empresas. Que la ley de sociedades anónimas deportivas haya desplazado completamente a los aficionados es algo muy grave. Y a la gente que le cueste entender que un club sea catalogado como un bien de interés cultural le diría que esto no va sobre gustos sino sobre reconocimiento. El flamenco, por ejemplo, es un BIC, pero no a todo el mundo le gusta el flamenco. Si miramos qué entidades tienen en Sevilla un movimiento tan importante en número de personas que la sigan, igual solo encontramos al otro equipo de la ciudad y a las hermandades”.