La poco alentadora Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) reveló que “en el año 2023, la anemia afectó al 43,1% de las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad” de Perú, lo que significa un retroceso con respecto a 2019. Esa media no permite ver que hay regiones del país que alcanzan picos de 70% de anemia infantil. Asimismo, la desnutrición crónica afectó al 11,5% de las niñas y niños menores de cinco años de edad, con picos de 26% en algunos territorios.

Estos datos son solo un ejemplo de los múltiples desafíos sociales que afronta un país que aún mantiene una macroeconomía sólida, alrededor de 80.000 millones de dólares de reservas internacionales (RIN) y una moneda, el sol, que desde otros países de la región respetan por su solidez. Cosas del capitalismo neoliberal, que solo ve cifras y no gente.

Y, en ese marco, todo puede pasar en el Gobierno, porque los que de verdad deciden, desde los grandes gremios empresariales y desde las mafias que controlan actividades delictivas como la minería informal, están tranquilos. Mientras se haga lo que dicen, qué siga el sainete. 

Dictadura congresal

Para nadie ya es un secreto que Dina Boluarte ni reina ni gobierna. Su agenda diaria consigna generalmente una o dos actividades, y luego no se sabe lo que hace. Donde sí trabajan es en el Congreso de la República, allí la alianza de grupos de extrema derecha, entre los que está el fujimorismo, la izquierda conservadora (eso existe) y una suma de partidos negocio (que representan a intereses muy precisos), se dedica a aprobar leyes como la reciente modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que libera la Amazonía para cualquier incursión y da facilidades para la minería más destructiva.

Ahora, aparece a la vista un casi clandestino decreto legislativo fraguado mientras la presidenta veía novelas turcas. Los ministerios, repartidos entre los grupos de la alianza congresal hacen lo suyo, como lograr una norma que privatiza no solo la distribución del agua potable, sino también las mismas fuentes de abastecimiento de agua, y permite su concesión hasta por 25 años. La libertad carajo, en tiempo real. 

Chicas y relojes

Los asesinatos, probadamente a balazos, entre enero de 2022 y diciembre de 2023 de 49 manifestantes, a los que se suman otros más, sobre todo campesinos, permanecen impunes y la ira popular no logró mover una astilla del asiento de Boluarte, ni le arrebató poder a su colaborador cercano, y quien de verdad dirige –o dirigía– todo: el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. 

De pronto todos los medios se hicieron eco de unos audios en los que Otárola hablaba cariñosamente con una mujer veinteañera y, al final, le pedía su CV. La confirmación de que la joven efectivamente había sido contratada por el Estado, inició una cadena de revelaciones sobre otras mujeres jóvenes que, igualmente, habían sido beneficiadas por Otárola. Hay un vídeo más explícito que circuló menos. El asunto es tan escandaloso, que impidió que sus mismos defensores habituales dijeran nada. Y Otárola renunció. No sin antes colocar a un allegado en el cargo que dejaba, lo que reveló que no perdía todo el poder. 

Y, entonces, en un programa de prensa alternativa, pero con varios cientos de miles de fieles seguidores, revelaron la extraña pasión de la presidenta por los relojes, y no cualquier reloj. Un paciente seguimiento de alrededor de 10.000 fotos oficiales, reveló que la señora había lucido, desde que asumió el cargo, al menos 15 relojes diferentes, entre los cuales están un Rolex de alta gama ya verificado, otros dos Rolex más según expertos relojeros, y algunos otros de marcas lujosas. 

El precio del Rolex ya identificado no baja de 14.000 dólares. Boluarte gana, como presidenta, el equivalente a 3.500 euros al mes, salario que se impuso su antecesor, el presidente Castillo. Cuando fue ministra durante un año, ganó el doble, no más. Su modo de vida, antes de ocupar un cargo público, era el de la clase media no acomodada. No hay por dónde saber cómo obtuvo dinero para comprarse esos relojes, o si se los regalaron y, si así fuera, a cambio de qué.

Una investigación posterior reveló que Boluarte poseería un joyero que podría estar valorado en unos 500.000 dólares. 

Lo inédito es que el asunto de los relojes hace que muchos comenten la posibilidad de votar la destitución –la vacancia, como dicen en Perú– de Boluarte. Como con Al Capone, un tema de fraude o de tráfico de influencias sería más eficaz que los crímenes de sangre para que hasta sus aliados discutan la caída de Boluarte.

En el congreso la pensarán bien, antes de votar la vacancia: si se va Boluarte, debe llamarse a elecciones anticipadas. Pero, decíamos, en el congreso –que trabaja a todo vapor– ya se encargaron de tratar de garantizar su propia permanencia. Aunque les falta aún para controlar lo que aún no logran: el Jurado Nacional de Elecciones y los organismos que del JNE dependen. Están en eso, y solo por eso, la vacancia puede esperar. 

La Fiscalía allana la casa de Boluarte y el palacio presidencial

En el colmo de la crisis de los relojes, tras excusarse la señora Boluarte de asistir a la Fiscalía para rendir declaraciones, y pedir una prórroga para la cita, el Ministerio Público, con apoyo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía Nacional, entidad protagónica en estas investigaciones, decidió allanar tanto la vivienda particular como el Palacio de Gobierno. El ingreso a la vivienda de Boluarte, con presencia de todos los medios, fue espectacular. Y mientras el primer ministro declaraba que era un escándalo y que todo era innecesario, circulaba la siempre bien informada revista Hildebrandt en sus trece narrando que un equipo de asistentes de la presidenta se había lanzado a las calles para comprar relojes de imitación iguales a los Rolex que ella luce.

La dictadora ha permitido al alcalde de Lima, contra toda prevención técnica del mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), endeudarse por 1.400 millones de soles (aproximadamente 350 millones de euros) para obras sin mayor sustento técnico, y con eso garantizó votos a su favor del grupo político del alcalde ultraderechista López Aliaga en el congreso. El fujimorismo tampoco da, hasta ahora, señales de inclinarse por la vacancia. Con otros dos grupos del muy variado congreso, Boluarte tiene relaciones muy especiales, incluso ministros en el gabinete.

Y, aunque esto parezca de terror para el país, tanto la mayoría de congresistas como su clientela suman varios cientos de personajes que quieren seguir en sus cargos y empleos para poder pagar compromisos asumidos y demás asuntos particulares. 

Eso agrega razón al cálculo político, para entender que Boluarte no caerá ni con relojes ni con joyería misteriosamente adquirida.

La reforma constitucional para reelegirse

Ya poco tiempo antes, luego de dos legislaturas necesarias para una reforma constitucional, la alianza congresal aprobó la modificación de 53 artículos, lo que en la práctica es una nueva constitución a la medida. Se restituye la bicameralidad –senadores y diputados –, donde lo importante no es si es mejor una cámara o dos, sino que ese cambio fue rechazado en referéndum por la población hace tan solo seis años. 

Pero eso no es lo más grave, la ley crea un senado reducido en número, que tendrá la última palabra en todo proyecto de ley, pudiendo archivarlo sin necesidad de debatir con los diputados, cuya cámara será –en la práctica– una mera reunión de trámite y debate que deberá suplicar a los senadores por la aprobación de lo que ellos aprobaron.

¿Qué planean los congresistas? Pues, como está prohibida la reelección, en su nueva norma los actuales congresistas podrán postular al senado, por ser una instancia nueva. Lo que hacen es cerrar más el control del Estado, con menos gente –apenas 60 miembros– en un senado inexpugnable desde donde se podrá administrar más fácilmente los intereses que ahora protegen. Con un detalle más: los candidatos a presidente y vicepresidente podrán, simultáneamente, postular al senado. Así, si a Keiko Fujimori no la eligen la próxima vez al Kongreso –como ya se escribe– podrá ser senadora. 

La reforma aprobada entra al detalle de muchos otros aspectos, como dejar al albedrío del fiscal de la nación si procede denuncia penal ante acusaciones constitucionales, contra la obligatoriedad que existía antes. Sin duda, para garantizar impunidad. 

Ese senado podrá remover a los directores del –hasta ahora– autónomo Banco Central de Reserva, al contralor general de la República “por falta grave” (sin definir falta grave), y acusar a cuanto funcionario se le cruce en el camino. Preparando los tiempos futuros de control de los entes electorales, la reforma declara que “no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral”. Es decir, que no hay manera de apelarlas, sean las que fueren.

Obviamente, la reforma constitucional también eleva el porcentaje máximo del presupuesto nacional para atender al Congreso de la República. 

¿Y la gente?

La pregunta del millón es sobre la facilidad con que los peruanos se van dejando arrebatar no solo libertades, sino también territorio. Las marchas de protesta no se han detenido, aunque más mermadas y desordenadas. El murmullo de disgusto prevalece, las encuestas no mienten. Pero la dureza de la represión anterior, la terquedad de la alianza en el poder que se escuda en mentiras y deformaciones, el control de los medios de comunicación que juegan hábilmente a la denuncia y la acusación para mantener la apariencia crítica mientras difunden lo que conviene al régimen, la fatiga de la población ante sus quejas sin respuesta, la habilidad de la dictadura para apelar al espíritu conservador de muchos en aspectos que interpelan al dogma religioso, y –sobre todo– la ausencia de una oposición con discurso alternativo que se identifique con el sentimiento expresado en las manifestaciones pasadas, y sin dudas la ausencia de un liderazgo unificador, pueden explicar esa inmovilidad. 

Pero, hay algo más. Este país de maravillosa macroeconomía y arcas llenas está en recesión. Las inversiones están estancadas, con pérdidas de empleo incluso en el abundante sector informal, que es el 80% de la economía que funciona. Y allí donde cada uno está buscando cómo sobrevivir, la cabeza está en otro lado.

Mientras, la serpiente sigue apretando.