Una trama muy planificada que permitió cooptar, de a pocos, los poderes del Estado en el Perú a una alianza congresal conformada por la ultraderecha, sectores con intereses particulares delincuenciales, y una izquierda conservadora, más el ejecutivo que preside Dina Boluarte, ha devenido hoy en una carrera acelerada por instalar una dictadura sin retorno.

Ello, frente a la respuesta de una plural oposición democrática que ha podido recurrir a los pocos espacios legales que aún le quedan para, por ejemplo, lograr la suspensión de la fiscal de la nación, pieza principal de la alianza dictatorial, y evitar, gracias a divisiones internas de la mafia, la destitución de la Junta Nacional de Justicia, otra pieza clave, pero para contener a la dictadura. 

Sin embargo, lo mismo que ha impedido, por el momento, a la dictadura congresal fortalecerse, también ha servido para arrebatarle lo poco que le quedaba de compostura.

Arremetida de leyes antidemocráticas

Un proceso de demolición total de garantías sociales, ambientales y democráticas, emprendido por la mayoría conservadora y ultraderechista en el Congreso de la República del Perú, derrumbó el resultado de años de luchas y esfuerzos ciudadanos, en apenas unas semanas.

Comenzaron con las reformas políticas. Primero desaparecieron las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que permitían la participación de todos en la selección de candidaturas. Enseguida, eliminaron a los partidos regionales, para favorecer a los nacionales. Elevaron el número de adherentes para registrar una organización política al 3% del electorado, lo que es una cantidad enorme: alrededor de 700 mil adherentes activos.

La minería informal produce cerca de 4 mil millones de dólares anuales, más que el narcotráfico

Enseguida, en el que es el segundo país amazónico luego de Brasil, reformaron la ley Forestal y de Fauna Silvestre, eliminando la necesidad de una autorización previa para cambiar los usos del suelo. Quitaron, además, al Ministerio del Ambiente la supervisión de dichas concesiones, que ahora dependerán exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, lo que deja total libertad para el avasallamiento y destrucción de la Amazonía. El gremio empresarial, presidido por un agroexportador, presionó para que se aprobara esta norma. Aunque, sin sorpresas, una de las impulsoras de esta reforma de la ley forestal es la congresista Medina Hermosilla, del grupo parlamentario castillista Bloque Magisterial, interesado en titular a los invasores de tierras indígenas, junto a otros de la alianza mayoritaria que tienen la misma clientela.

La minería ilegal es una plaga destructora que amenaza la floresta amazónica y otras regiones del país. El congreso amplió, por enésima vez, una ley que autoriza de manera temporal a los mineros ilegales a formalizarse. Lo que abre el camino para ampliar la depredación. La minería informal produce cerca de 4 mil millones de dólares anuales, más que el narcotráfico, de lo que el Estado no percibe ni un centavo, mientras que el territorio se destruye sin control.

El congreso, asimismo, redujo de 36 a ocho meses el plazo para la verificación de información aportada por los colaboradores eficaces –una figura fiscal que permite a imputados canjear información por reducción de pena–, tiempo que es insuficiente. Esta medida beneficiará a dirigentes políticos, como Keiko Fujimori, y otros que ocupan actualmente cargos públicos –entre ellos congresistas– que podrán así librarse de no pocas acusaciones.

Tanto las normas referidas al debilitamiento de la ley Forestal y de Fauna Silvestre, como la que favorece a mineros informales y la referida al debilitamiento de la ley de colaboración eficaz son una amenaza para la seguridad de los defensores ambientales que –con un número de asesinados elevado– quedarán mucho más al descubierto.

Unidas a las normas que evitan el control a las universidades, las que favorecen el nombramiento de docentes sin concurso, las autorizaciones de pesca incluso de juveniles en un país pesquero, las exoneraciones de impuestos y obligaciones sociales a empresas agropecuarias, exoneraciones a casinos y salas de juego, condonaciones de deudas a grandes empresas –como Telefónica– y otras medidas semejantes, queda claro para quién y qué gobierna la dictadura.

Política y vida cotidiana

Las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) le dan 9% de aprobación y 84% de rechazo a Dina Boluarte. Al parlamento le toca 5% de aprobación y 91% de rechazo. Más abajo queda el piso.

Las últimas encuestas del Instituto de Estudios Peruanos le dan un 84% de rechazo a Dina Boluarte. Al parlamento le toca un 91% de rechazo

Asimismo, el 70% de los peruanos considera que la situación económica ha empeorado. La recesión, que es consecuencia de la inestabilidad política, empieza a mostrar sus consecuencias en despidos y pocas contrataciones. Los comerciantes acusan reducción de sus ventas.

Y sin embargo, luego de las masivas movilizaciones de diciembre de 2022 y enero de 2023, de las que el mundo fue testigo, y que culminaron con el asesinato probado a balazos de 49 manifestantes por la policía y el ejército, y un total de 70 fallecidos, la población descontenta no da signos de movilizarse. Una tensa calma –cabe definirla así– se ha apoderado de la mayoría de la población. Las marchas que, aunque con menor intensidad, aún se producen en todo el país, han demostrado que por sí solas son ineficaces ante un régimen sin escrúpulos, que tiene el sostén de las fuerzas armadas y policiales, cuyos altos mandos no están exonerados de cuestionamientos. Pero que han aprendido a no hacer ruido con represiones escandalosas, y más bien invisibilizan las movilizaciones en los medios.

El Gobierno ha incrementado las penas por causas menores que se producen normalmente en las manifestaciones populares, como interferir el tránsito de vehículos que puede conllevar, ahora, hasta 15 años de cárcel. Pero, asimismo, en comunidades en las que la mayor parte de la población vive de obras estatales, los trabajadores han recibido bonos que son como las balas de azúcar contra las que previene todo manual revolucionario.

La oposición política

Hablamos con Verónika Mendoza, dirigente de Nuevo Perú, el frente más importante de la izquierda tradicional, y su excandidata presidencial. Recalcando el racismo inherente a la represión que se cebó en campesinos indígenas, afirma que es importante destacar que ya hay un 70% de peruanos que reclaman una nueva constitución. “Las izquierdas debemos encauzar esa vía de cambio”, dice. Se trata, según Mendoza, de “promover el ejercicio del poder constituyente desde los territorios, ir construyendo una institucionalidad popular, desde abajo”. Y, asimismo, con marcado optimismo, afirma que “ya se abrió, en la práctica, el proceso constituyente, al haberse visibilizado como actores políticos a amplios sectores campesinos e indígenas marginados”.

Susel Paredes, abogada y congresista muy combativa, nacida de las canteras del movimiento LGTB, electa por un partido centrista y hoy aliada del minoritario bloque de oposición de izquierda en el parlamento, cree más bien que el Gobierno de Dina Boluarte se va a sostener hasta 2026, y que se trata de preparar el recambio electoral para esa fecha. “A Boluarte la sostienen el empresariado que quiere reglas claras y sin sobresaltos para superar la recesión, los partidos de la alianza en el congreso que la necesitan, entre los que están los que no quieren dejar el cargo por razones personales (deudas, hipotecas, etc.), pues si Boluarte se va debe cerrarse el congreso, además de las fuerzas armadas y policiales”, pero agrega que “a los de Renovación Popular –el grupo más ideologizado a la extrema derecha– no les importa irse o quedarse, a ellos lo que les importa es que regrese la fiscal de la nación suspendida, Patricia Benavides, para retomar el control de la fiscalía que acaban de perder”.

“La fuerza de la alianza congresal se basa”, explica Susel Paredes, “no en alguna unidad ideológica sino en el intercambio de intereses. Allí no mandan ni la justicia, ni el derecho, ni la razón, sino la fuerza bruta de los votos basada en la negociación de cada punto específico”.

La gente y la otra izquierda

Mientras trocea pollos en un puesto de ventas en un mercado del distrito popular de Villa El Salvador, en Lima, Gerberth Tume, de 22 años, dice que algo ha oído de lo que está pasando “en la política”, pero que no tiene mucho tiempo para enterarse. Se acerca Navidad, le preocupan los regalos para su hija. Esta reacción de Gerberth no es infrecuente, pero contrasta con la de don Jesús O., hombre jubilado de 70 años en el mismo distrito limeño, que está siempre listo para salir a marchar. Mientras juega con su enorme perro de raza única, reflexiona, con rencor hacia la dictadura, sobre “cómo nos enyucaron”, expresión de calibre, muy peruana, que significa engañar.

No descuidemos un detalle: Gerberth vive bajo el apremio del día a día, don Jesús está más tranquilo.

En Chachapoyas, ciudad poblada hace décadas por colonos serranos en la Amazonía, la actitud ambigua es similar, pero más al norte, en Imaza y Condorcanqui, territorios del pueblo indígena amazónico awajún, guerreros jíbaros muy celosos de sus tradiciones, estos se preparan para la resistencia. Se han sumado a las declaraciones de varias organizaciones indígenas amazónicas, organismos no gubernamentales y organizaciones internacionales para oponerse tanto a las modificaciones a la ley Forestal y de Fauna Silvestre, como a la ampliación del plazo de autorizaciones para la minería ilegal.

Hay un pueblo que defiende y cuida la tierra y sus fuentes de vida, y otro que la invade y depreda en la ilegalidad

En el terreno, la confrontación es pueblo contra pueblo en esos asuntos graves. Tanto en el caso de los invasores de tierras, algunos para cocales, como de los mineros ilegales, se trata de poblaciones que huyen de la pobreza en zonas andinas, u otras, y que encuentran en esas actividades en la Amazonía una manera de liberarse de su situación. La palabra “pueblo” adquiere varias dimensiones. Un pueblo que defiende y cuida la tierra y sus fuentes de vida, y otro que la invade y depreda en la ilegalidad.

La ambigüedad de los castillistas y del grupo Perú Libre, que acogiera a Pedro Castillo como candidato, proviene de su formación socialmente conservadora, influencia del catolicismo muy arraigado en las provincias campesinas, sobre todo serranas, de una lectura muy superficial de manuales marxistas, y de la irreflexiva voluntad de representación de aquellas poblaciones dedicadas a la supervivencia mediante actividades depredadoras. Hoy los mayores destructores del ecosistema amazónico –sin restarles responsabilidad a los grandes empresarios– son los pequeños agricultores, los mineros ilegales, los cocaleros que invaden buena parte de la Amazonía. Aquellas referencias populares, sumadas a cuotas no desdeñables de intereses particulares y de corrupción, crean, para esa izquierda, un puente más fácil de transitar hacia la extrema derecha que hacia la izquierda citadina y cosmopolita que representa Verónika Mendoza, a la que suelen ver con desprecio.

La izquierda que perdió por la izquierda

“Las izquierdas debemos reconocer nuestra cuota de responsabilidad”, dice Verónika Mendoza, “hubo otros sectores que se decían de izquierda que solo se preocuparon por preservar su cuotita de poder. En nuestro caso, creo que nuestro principal error fue pedirle ‘por favor’ al presidente para que cumpliera sus promesas, cuidando de no presionarlo públicamente demasiado, por temor de hacerle el juego a la derecha golpista. Los cambios nunca se piden ‘por favor’, se luchan, se exigen, se conquistan. Cuando percibimos que Castillo jugaba a quedar bien con todos para sobrevivir, debimos haber impulsado con más fuerza el frente social constituyente para exigirle que cumpliera sus promesas. Y para enfrentar a la ultraderecha cuando él no quería hacerlo. Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido, estoy convencida de que nuestra decisión de apoyar con todo a Castillo, desde la segunda vuelta, planteando un programa de cambio, fue correcta”.

La decisión también fue suicida, más aún cuando luego de la salida de Nuevo Perú y aliados del Gobierno, presionados por el sector magisterial y el de Perú Libre que habían llevado a Castillo a la presidencia, –y que los motejaban de “caviares”, imitando a la ultraderecha– optaron por un “apoyo crítico”. Lo que terminó por vincular definitivamente a la izquierda tradicional con el descrédito del castillismo. Y alejar, quizá por varias décadas, la posibilidad de una alternancia de izquierdas. 

Boluarte impávida, país descontento, oposición invisible

El drama del Perú es que, en el marco de lo que –para seguir usando viejos lenguajes– es una situación revolucionaria (de cambio, aunque sea impredecible saber si giraría a la izquierda o a una derecha popular, “chola”), no aparece una alternativa política sólida. En el Perú se dice que si la tres veces perdedora Keiko Fujimori compite en segunda vuelta con un panetón, gana el panetón. La alianza congresal, y Boluarte, trabajan para que Keiko pueda ganarle al panetón. No se rendirán hasta lograr su objetivo.

Y mientras la oposición democrática no logre construir un discurso que sea expresión de las demandas mayoritarias, y un liderazgo convincente, es posible que aquel sea el designio al que el país se asoma.

Último minuto: El plazo abierto por la suspensión de la fiscal de la nación abre algunas puertas, sin embargo. La fuga de congresistas susceptibles de ser encausados penalmente comenzó ya con la huida a España de la beligerante congresista Patricia Chirinos, encausada por tráfico de influencias y otras imputaciones, y que acababa de declarar en sus redes que iban a allanar su domicilio y arrestarla. Ella acababa de regresar de Buenos Aires, donde fue a festejar a Milei, quizá sin saber que viajaría de nuevo tan pronto.