Ecuador vive una ola de violencia vinculada al narcotráfico. La tasa de homicidios ha pasado de seis por cada 100.000 habitantes en 2019 a 45 en 2023, muy por encima de las de Colombia, México o Brasil. El año 2024 comenzó con motines violentos en seis cárceles y la fuga de Fito, líder de Los Choneros, una de las principales bandas del país.

A principios de enero, un grupo armado de enmascarados irrumpió en las instalaciones de la televisión TC TV en Guayaquil y amenazó a los periodistas durante la emisión de un programa en directo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El presidente Daniel Noboa, recién llegado al cargo, declaró oficialmente que el país sufría un “conflicto armado interno” y decretó el estado de excepción, que supone la movilización del ejército, la supresión de los derechos de reunión e inviolabilidad del domicilio y un toque de queda nocturno. Una semana después, el fiscal que investigaba el asalto a la televisión y otras cuestiones relacionadas con el crimen organizado, César Suárez, fue asesinado a tiros.

Hablamos con Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador y especialista en políticas de drogas y derecho penal, sobre el desarrollo de la violencia criminal en Ecuador y cómo el Gobierno aprovecha para militarizar el país y profundizar las políticas antisociales.

¿Cuál es el contexto general en el que ocurre ese proceso del paso de un momento pacífico a esta explosión de violencia en el Ecuador?

Una cosa es el epicentro de la violencia, de dónde surgió, y otra es la causa de la violencia. El epicentro son las cárceles. Muchos opinólogos, académicos y políticos en Ecuador hacen distintas interpretaciones, pero desenfocan el problema del epicentro en la cárcel. Yo escribí un libro [Crisis carcelaria en Ecuador: matar y dejar matar] el año antepasado donde digo que es importante no olvidar lo que fueron las masacres carcelarias. Y no solamente en términos criminológicos, sino también políticos. Cerca de 700 personas privadas de la libertad fueron descuartizadas, desmembradas e incineradas en menos de dos años, y por parte de los políticos y de los gobiernos solo hubo negación. La Secretaría de Cárceles ni siquiera informaba de lo que estaba sucediendo, y el propio expresidente, el banquero Guillermo Lasso, decía públicamente que solo eran riñas entre bandas. Nada que preocupe a la “sociedad de bien”.

Pero esas masacres carcelarias configuraron hechos de violencia extrema que, poco a poco, se fue trasladando hacia las calles y contaminó a la sociedad. En Ecuador las cárceles no son un reflejo de la sociedad, es al revés: la sociedad es un reflejo de lo que ha venido sucediendo en las cárceles desde hace más de dos años, las masacres carcelarias configuraron un nuevo orden social.

El epicentro de esta violencia fue escalando de forma vertiginosa, vertical. Pues, materialmente, las cárceles son lugares de entrenamiento, de operación y de reclutamiento de las organizaciones criminales. Y así, la sangre de las cárceles pasó a la sociedad, y no solamente le pasó factura al nuevo orden social, sino también al nuevo orden económico. Las ciudades están cerradas, los comercios están cerrados, pierden ricos y pobres, son secuestrados ricos y pobres.

Hablaba usted de las causas…

Lo más complejo son las causas, causas próximas y causas finales, causas originarias. Estas tienen que ver con dos elementos. Uno es el papel de la cocaína. Y esto lo dice el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, publicado el año pasado en Viena. Recoge información de todo el mundo, de todas las policías del mundo, de cómo se ha expandido el mercado de la cocaína, de cómo intervienen nuevos actores, de cómo incluso ha logrado pudrir las bases sociales, ya no solo latinoamericanas, sino también africanas. Hay crimen organizado narcotraficante en África, donde antes no se veía eso.

El 40% de la cocaína colombiana sale por Ecuador

En ese marco general, Ecuador tiene algunos factores que se prestan para objetivamente coadyuvar a esta división internacional del crimen alrededor de la cocaína. En primer lugar, es vecino de Colombia, que tiene un serio problema de dispersión de organizaciones criminales; no solamente los grupos paramilitares, sino también los que no participaron del acuerdo de paz luego de desmantelar a las FARC. Todas esas organizaciones criminales encontraron en el Ecuador un nicho cercano y barato para catapultar la cocaína. Aproximadamente el 40% de la cocaína colombiana sale por Ecuador, gracias a otra característica, y es que Ecuador tiene puertos logísticamente más adecuados para el transporte, más cercanos, más modernos que los puertos colombianos del Pacífico.

Otro factor es el dólar, que facilita el tráfico de drogas. Ecuador es un país dolarizado, como se sabe, y el dólar facilita la intermediación a las organizaciones criminales. El dólar es un mecanismo no solo de intercambio y de coordinación de mercancías lícitas, sino también ilícitas, y entre esas, la cocaína. Es más fácil para las organizaciones criminales mexicanas trabajar solo con el dólar que convertir el peso mexicano a dólar y el dólar otra vez a peso colombiano.

¿Cuál es la relación en Ecuador entre la población pobre y la industria de la cocaína? Finalmente, ante la nada, puede ser una salida para su situación de pobreza.

Yo mencionaba que había un epicentro, que son las cárceles, pero las causas tienen dos elementos. Uno es la reconfiguración del tráfico internacional de cocaína y el papel de organizaciones criminales. Y el otro elemento es el empobrecimiento de las sociedades, como miseria planificada. Suena ilógico, pero si no se invierte en educación, se desinvierte en salud y se desmantelan las instituciones públicas, entonces se desmorona deliberadamente el Estado social de derecho y se están creando, a sabiendas, condiciones de pobreza que le quitan estructura social y oportunidades a la población. Esto es patente en Ecuador desde el gobierno neoliberal de Lenin Moreno. No fue algo implícito, fue explícito. Lenin Moreno despidió médicos y enfermeras, no solo antes de la pandemia, sino durante la pandemia, cuando los médicos y enfermeras que teníamos eran escasos y se estaba muriendo la gente. No construyó un solo hospital, eliminó el Ministerio de Justicia, que era el ministerio encargado de la administración de las cárceles, y lo convirtió en una secretaría que estaba al fondo a la derecha de otra secretaría que está al fondo a la derecha del Ministerio de Policía. Redujo el presupuesto para prisiones, algo que llamó la atención de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lasso dejó a la juventud a merced del narcotráfico

Hoy las prisiones se caen en pedazos. Los agentes de seguridad penitenciaria no han recibido capacitación, no hay pruebas de que merezcan confianza. Las cárceles quedaron a merced de la caridad pública. Lenin Moreno devolvió el neoliberalismo al Ecuador en un momento muy difícil, en un momento con pandemia y luego de la pandemia, donde lo que había que hacer era crear más Estado social de derecho.

Y el banquero Guillermo Lasso siguió implementando esas políticas, las radicalizó, y así dejó en 2022 al 26% de la población ecuatoriana en estado de pobreza, y a los otros en condición inestable. Lasso redujo los presupuestos sociales y le bajó las defensas al Ecuador, dejó a la juventud a merced del narcotráfico. Muchos jóvenes fueron reclutados para las dinámicas del tráfico internacional de drogas.

¿Qué papel juega Ecuador en el escenario mundial del tráfico de drogas?

Hay tres roles en la cadena de producción de las drogas. Uno es el de los países productores, que en el caso de América Latina son los países cultivadores. Hay otros tipos de países productores, como por ejemplo República Checa, que es un país productor de metanfetamina en Europa. En el otro extremo están los países de consumo, como son los países del Norte global: Estados Unidos, Canadá, Unión Europea. Y en medio de ellos están los países de tránsito. Ecuador siempre ha sido un país de tránsito.

Ecuador es el mayor proveedor de cocaína de Europa

Un país de tránsito significa que también es un país de almacenamiento, de distribución. Desde el Ecuador se decide si una droga va a los Estados Unidos, por ejemplo, por lancha o por contenedores, y si la otra va hacia Europa. Una cuestión a destacar es que la mayor cantidad de cocaína incautada proveniente de Ecuador no ha sido incautada en Estados Unidos, sino en Europa. Ecuador es el mayor proveedor de cocaína de Europa. No es Perú, no es Colombia, no es México; es Ecuador.

Todas estas bandas criminales tienen diversidad de actividades. Secuestros, las “vacunas”, como llaman en Ecuador al cobro de cupos por “protección”, también el sistema de préstamos a personas en pobreza, cobrados con intereses altísimos y bajo amenazas, llamado “gota a gota”, etc. No es solamente el narcotráfico.

Así es. En el caso ecuatoriano hay tres formas de medir la inseguridad en términos criminológicos. Primero, la tasa de homicidios. Ecuador ha devenido en el país más inseguro de América Latina en poco tiempo. Durante los gobiernos de Moreno y Lasso se incrementó la tasa de homicidios en un 850%. Eso significa que se disparó la tasa de homicidios, de 5,8 a 47 por cada 100.000 habitantes. Segundo, las encuestas sobre victimización ponen a la extorsión por delante. Tercero, las encuestas de inseguridad o percepción de inseguridad priorizan el robo en las calles.

Pero lo más peligroso no es el robo, es la extorsión que, a diferencia de los otros, es un delito no denunciado. Las personas que son extorsionadas no denuncian, porque si denuncian pueden ser asesinadas y, además, tampoco confían en la justicia.

¿Qué puede decirme de la participación de funcionarios públicos en esas actividades delictivas, dando cobertura y probablemente beneficiándose?

Hay crímenes de organizaciones abiertamente criminales que, en el caso del Ecuador, son los Negros, los Tiguerones, los Chones, etc. Luego también hay una criminalidad empresarial, los delitos de cuello blanco, que son los de corporaciones que actúan lícitamente en el mercado, pero cuyos capitales están contaminados de dinero ilícito; esta última es una criminalidad que poco se investiga. Y la otra es cuando el Estado también se convierte en organización criminal. Cuando se desarrolla el narcotráfico a niveles como los que tiene el Ecuador, estas tres formas de criminalidad cooperan, colaboran, y es lo que llamamos infiltración, generalmente del narcotráfico, en el Estado, pero también en las entidades privadas.

El presidente Noboa ha declarado oficialmente a Ecuador en situación de “conflicto armado interno”. Eso puede ser contraproducente. ¿Por qué hay ese debilitamiento de los sistemas de inteligencia, que suelen ser más eficaces?

El joven empresario bananero, presidente de Ecuador, decreta un estado de guerra y así les reconoce a los grupos delincuenciales el estatus de beligerantes. Allí donde están los narcos también hay escuelas, también hay tiendas, también hay hospitales públicos, también hay estaciones de policía. ¿Eso implica que el presidente los va a bombardear? Porque esa declaratoria es un reconocimiento de que hay dominio de territorio. La segunda es que al decirles que son beligerantes también les da el derecho a los criminales a declararle y hacerle la guerra al Estado ecuatoriano.

Lo que Ecuador necesita no son Rambos, necesita de Sherlock Holmes

Los militares, además, siempre quieren encontrar definiciones de objetivo militar. Y si eso está en una ley, en un decreto, en todo lo que tenga la firma del Gobierno, creen los militares que, por eso, están liberados para cometer ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, detenciones arbitrarias. Es un error jurídico con consecuencias, donde no se puso al Estado de derecho a resolver el problema. Eso no quiere decir que los militares no puedan ayudar, tienen que ayudar, pero la respuesta no es fundamentalmente militar. Esto se resuelve mejorando, fortaleciendo la investigación policialmente adecuada, fortaleciendo la persecución penal por parte de los fiscales, judicializando a los criminales. Es decir, en el marco del Estado de derecho. Pidamos, en ese marco, toda la cooperación internacional, a grupos de investigación de élite, a Scotland Yard, etc., existen muchos a quienes acudir. Pero es un problema que se tiene que resolver fundamentalmente desde lo policial. Lo que Ecuador necesita no son Rambos, necesita de Sherlock Holmes.

¿Cómo debió ser eso?

En un estado de excepción se puede limitar el derecho a la reunión, el derecho al libre tránsito, pero respetando los derechos humanos. Aunque esto último es lo que generalmente termina siendo demonizado. La magnitud de estos problemas hace que las personas pidan un Bukele. La gente piensa en dictaduras, quiere cambiar de un narcoEstado a un Estado fascista, a un Estado policial. Cuando se lee o escucha en redes sociales pedir que maten a esos criminales, que los lleven a una fosa común, pena de muerte, es entonces cuando vemos que –siguiendo a Theodor Adorno– el criptofascismo se convierte en fascismo. Así, en esta grave situación de inseguridad, calificada o nombrada por Noboa como de guerra, en medio de esta improvisación del Gobierno, donde también pide unidad nacional y, como en cualquier situación de guerra, pide que nos abracemos todas y todos los ecuatorianos, mientras tanto está privatizando y subiendo los impuestos indirectos para que esa guerra la paguen los pobres. O sea, más neoliberalismo con la declaratoria de guerra interna que tiene esas dos caras. Y es algo que se puede transformar en réditos políticos perversos, como una reelección.