Las protestas del 15-M de 2011 produjeron una profunda onda expansiva en la sociedad española. El movimiento conectó con una insatisfacción política muy extendida en la ciudadanía, una insatisfacción transversal, motivada por causas muy diversas, que iban del rechazo a los recortes realizados a consecuencia de las políticas de austeridad al hartazgo por la proliferación de escándalos de corrupción. La causa de los indignados cosechaba niveles elevados de apoyo popular en los estudios de opinión pública. Se cuestionaron prácticas, ideas y reglas que se habían dado por supuestas. De repente, se abrió un debate profundo sobre los límites y deficiencias del sistema político. Se criticó el bipartidismo, el sistema electoral, la Constitución, la Transición, los medios de comunicación tradicionales, todo pasó a ser objeto de revisión. Surgieron nuevos partidos. Los dos partidos clásicos, PP y PSOE, que habían sumado el 84% del voto en 2008, pasaron a obtener el 45,4% en abril de 2019, prácticamente la mitad.

PP y PSOE, que habían sumado el 84% del voto en 2008, pasaron a obtener el 45,4% en 2019

Parecían darse así las condiciones para que el sistema político corrigiera algunos de sus peores vicios. Y, sin embargo, trece años después del inicio del 15-M, podemos decir que la oportunidad se ha volatilizado. Los nuevos partidos se han desinflado o han desaparecido. De hecho, el bipartidismo ha recobrado fuerzas y consiguió el 65% de los apoyos en las elecciones del 23 de julio de 2023. No sólo no se han reformado algunas de las reglas y prácticas de nuestra democracia, sino que, hasta cierto punto, han empeorado, o al menos han continuado la tendencia descendente que ya se empezó a dibujar a comienzos de siglo, como este libro imprescindible de Jesús López-Medel muestra con gran precisión. Incluso podría aventurarse que el descrédito creciente de los partidos políticos ha llevado a estos a blindarse aún más y a hacerse más fuertes en algunas instituciones claves del Estado para resistir la presión popular. No se olvide que, como nos recuerdan periódicamente los eurobarómetros que realiza la Comisión Europea, menos del 10% de los ciudadanos españoles confía en los partidos políticos.

Que nada sustancial haya cambiado a lo largo de la última década es un fracaso de la sociedad civil. A pesar de la presión popular, de la formación de nuevos competidores (Podemos, Sumar, Ciudadanos, Vox), de los cientos de artículos que se han escrito sobre lo que andaba mal en el bipartidismo, PSOE y PP, por distintas razones en cada caso, han aguantado el chaparrón. No han salido indemnes, pero, en cierto sentido, han agudizado algunas de sus prácticas más discutibles con tal de no ser desplazados. También ha contribuido a ello el clima de polarización que se vive en nuestro país y en otros muchos; en medio de un enfrentamiento ideológico casi total, cada partido trata de agarrarse al poder utilizando todos los recursos disponibles, incluso aquellos que producen mayor erosión en el respeto de los ciudadanos al sistema.

Quizá la atención que se ha prestado a las puertas giratorias haya oscurecido algo que el autor de este libro llama “colonización” partidista de las instituciones

Durante los debates de la última década, la corrupción desempeñó un papel protagonista. Fueron los años de los grandes escándalos de la financiación irregular del PP, del saqueo de las cajas de ahorro, del fraude fiscal de Rodrigo Rato, de las tramas político-empresariales en Baleares, Valencia y Madrid, de los EREs de Andalucía, de las tarjetas black, de los chanchullos y comisiones ilegales de Juan Carlos I; en fin, prácticamente todo quedó manchado por la sombra de la corrupción. En ese contexto, se habló largo y tendido de las puertas giratorias. La prensa sacó innumerables historias de políticos que acababan en consejos de administración de grandes compañías del Ibex: muchos de ellos habían estado toda la vida en las instituciones y no tenían más que aportar que su agenda de contactos. Eran casos suculentos para los medios, pues conectaban bien con los casos de corrupción: no eran corrupción propiamente dicha, pero, en la medida en que había un enriquecimiento evidente, se parecía mucho, daba la impresión de que las grandes corporaciones “compraban” los favores que los políticos pudieran realizar. Desde entonces, se examinan con lupa este tipo de transiciones del Estado a la gran empresa.

No hay nada malo en la atención que se ha prestado a las puertas giratorias, pero quizá la cobertura de este fenómeno haya oscurecido algo que el autor de este libro llama “colonización” partidista de las instituciones del Estado. Estos casos no despiertan tanto interés, por varias razones. En primer lugar, porque las instituciones concernidas, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, la Defensoría del Pueblo y las agencias reguladoras independientes, no son bien conocidas por el gran público. En segundo lugar, las motivaciones de la colonización no son económicas, o al menos no son fundamentalmente económicas: aun siendo cierto que muchos de estos cargos públicos están mejor remunerados que los cargos representativos en el Gobierno o en el Congreso, la razón por la que los partidos intentan hacerse con el control de las instituciones antes mencionadas no es la de extraer rentas económicas, sino más bien garantizar ciertas esferas de impunidad, reduciendo la efectividad de los mecanismos de control horizontal. En tercer lugar, mucha gente no es consciente de las consecuencias que para el sistema político tiene que las instituciones de control queden en manos de los propios partidos, los sujetos que deberían ser controlados por dichas instituciones.

La colonización de las instituciones ha sido progresiva. Como muestra este libro con gran detalle, los problemas son relativamente recientes, comenzaron con el siglo y se han ido agudizando desde entonces. Cuanto más descarnada se ha vuelto la competición entre los dos partidos tradicionales, mayor ha sido la ambición colonizadora. Los partidos quieren controlar las instituciones para no ser controlados por ellas. Una vez que una institución cae bajo el dominio de un partido, el rival hará lo mismo en cuanto tenga oportunidad, entrando en un ciclo del que luego es difícil escapar. Hay también razones secundarias, pero no por ello menos relevantes, de la colonización: las plazas en estas instituciones son muchas veces recursos que utilizan los partidos para colocar a los suyos una vez que finalizan sus carreras en el Ejecutivo o en las Cortes. Exministros, exdiputados, ex secretarios de Estado, van encontrando acomodo en estos lugares. En la medida en que haya un número creciente de gente que a lo largo de su vida ha ido empalmando puestos públicos y no tiene un perfil con el que reingresar a la actividad privada o profesional, la demanda de puestos institucionales se vuelve más intensa y los partidos sienten la necesidad de colocar a su “gente”.

Los partidos no siempre colonizan las instituciones unilateralmente, a través de nombramientos discrecionales del Ejecutivo. En muchos casos, se trata de un reparto conjunto en las áreas de influencia. Así, por ejemplo, López-Medel señala el fraude que suponen los grandes acuerdos de “reparto de cromos”: se llega a un consenso simultáneo entre los dos partidos sobre la renovación de cargos en múltiples instituciones. Al haber tantos puestos en juego, es más sencillo encontrar un reparto que satisfaga a todas las partes. Actuando de esta manera, se pervierte el propósito original de exigir una mayoría cualificada en el Congreso para magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial. La mayoría cualificada se pensó como un mecanismo que serviría para elegir a candidatos que, por su prestigio y experiencia, pudieran resultar aceptables más allá de su orientación ideológica. En la práctica, lo que han hecho los partidos ha sido acordar una regla de respeto mutuo: cada partido acepta los nombramientos del otro, con independencia de lo adecuados que resulten, y de esta manera se supera la mayoría requerida. Si hay cuatro nombramientos en juego, típicamente dos van para el PSOE y otros dos para el PP. Este sistema es tan potente que Unidas Podemos, que nació denunciando estas prácticas viciadas, participó del mismo en algunas rondas recientes de nombramientos.

La manía baremadora de la Administración no es más que otra manifestación de la ausencia de unos criterios compartidos

Parte del problema radica en la incapacidad de los actores políticos para llegar a un entendimiento sobre lo que cuenta como un candidato de mérito y prestigio. En la Administración esta dificultad suele resolverse mediante el uso de baremos: se van dando puntuaciones numéricas a diversos aspectos de los candidatos. Como sabe todo aquel que haya tenido experiencia directa de este procedimiento, los números terminan siendo arbitrarios, son solamente una forma de dar una apariencia de objetividad a la decisión inicial de a quién se quiere dar el puesto. La manía baremadora de la Administración no es más que otra manifestación de la ausencia de unos criterios compartidos sobre lo que cuenta como un buen candidato para un puesto determinado. En la política no hay ni siquiera el recurso a los puntos, de modo que la selección depende abiertamente de relaciones de confianza y lealtad. Puesto que no hay manera de tener una conversación sobre las bondades de unos y otros, al final la cosa degenera en el intercambio de cromos: pon tú los tuyos, yo pongo los míos y aquí paz y después gloria.

Estas prácticas han ido derivando en un proceso cada vez más descarnado en el que los partidos colocan sistemáticamente a gente próxima. Este libro tiene la gran virtud de repasar con distanciamiento y elegancia la evolución de los nombramientos en las instituciones. Es un relato tan inapelable como demoledor. No se trata de denunciar en términos vagos una lógica de poder, sino de ir enumerando a quién y por qué se ha nombrado en cada cargo. Los nombres propios aparecen en las notas de página, que para muchos lectores serán tan jugosas como el texto principal. Por descontado, el hecho de que una persona aparezca nombrada en las notas no quiere decir que no tenga valía para el cargo, se trata tan sólo de recordar la forma en que los nombramientos tuvieron lugar. Los datos muestran que el perfil partidista de los candidatos ha ido ganando peso con el paso de los años.

El problema último no radica en las leyes o en las regulaciones, que en muchos casos son comparables a las de otros países, sino en la capacidad que tienen los partidos para pervertirlas y convertirlas en papel mojado. Es un asunto, ante todo, de (mala) práctica democrática, que resulta posible por la debilidad de nuestra sociedad civil y opinión pública.

La escritura de este libro es un gran servicio público y hay que agradecérselo a su autor, Jesús López-Medel.