Dice el pintor y escritor Ramón Fernández Palmeral, sobre el título de la obra homónima del maestro Miguel Hernández, que el rayo que no cesa “significa el vigor de las furias del mundo agresivo que rodean al poeta, convertido en fuerza cósmica y energía devastadora”.

No le faltaba razón al maestro, ni a la interpretación que hace Fernández Palmeral: vivimos rodeados de rayos que no cesan, de hechos que nos devastan y nos arrasan, contra los que intentamos luchar como buenamente se pueda.
Uno de esos rayos, el peor de todos, el que te arranca de aquellos a los que quieres, ha mantenido a una servidora ausente por un tiempo de esta columna que tanto disfruto escribiendo, pero el dolor por la pérdida no es buen compañero de las musas.

Como la vida tampoco cesa, casi sin darnos cuenta llega el verano y, con él, situaciones que se repiten y, dependiendo de cómo sople el viento político, se convierten en un problema o no. Este verano toca que las personas migradas en general, y los menores no acompañados en particular, se conviertan en un problema que abre los telediarios y provoca cismas políticos; nada nuevo, teniendo en cuenta la instrumentalización descarnada de las que son objeto las personas migradas. Permítanme que insista en el sustantivo “personas”, porque a la instrumentalización de la que son objeto se une también la deshumanización que les define como “inmigrantes” a secas, sin saber si hablamos de seres humanos, de plantas o de sillas.

La cosa es que en nuestro país se ha advertido hasta la saciedad al pueblo llano y soberano sobre la “amenaza inmigrante”, esa que “quita” el trabajo usando métodos aún desconocidos por los humanos, la que se beneficia de ayudas infinitas, colapsa el sistema sanitario, delinque más que El Lute en sus momentos más prolíficos y, a poco que te despistes, se mete en la cama con tu pareja y te echa de casa; desde el razonamiento basado en el sentido común y la actividad cerebral ordenada, esta amenaza resulta imposible de fundamentar y mucho menos defender, máxime cuando las leyes españolas y su desarrollo reglamentario consiguen que el acceso a la regularización de extranjeros pueda ser tan sencillo como lo fue derribar el muro de Berlín.

Pasen y lean. 

La “amenaza inmigrante” comienza en los países de origen de las personas migradas, cuando acuden a consulados y embajadas para hacer trámites –tan sencillos para un español– como realizar estudios en el extranjero, viajar como turistas a determinados destinos, visitar a los allegados o, por qué no, plantearse un futuro mejor en otro país. Lo que se encuentran entonces son muros infranqueables que los devuelve una y otra vez a realidades desesperantes y sin futuro, en el mejor de los casos. 

Ahí comienza a configurarse el viacrucis alternativo de las personas migradas, que les arroja a los itinerarios de muerte en que se han convertido el mar Mediterráneo o el desierto de Agadez. Aquellos que sobrevivan, aún tienen por delante el acceso al país de destino. En la memoria de todas, la tragedia acaecida en la playa de Tarajal en 2014 y más recientemente, en la valla de Melilla en 2022. Poco más que decir.

Una vez en territorio español, las personas migradas, ya sean menores no acompañados, adultos o mujeres gestantes, son tutelados por la comunidad autónoma de recepción o el gobierno central y cada caso será objeto de aplicación de la normativa en materia de extranjería y protección internacional (asilo). En todos los casos serán procesos largos y tediosos, quien lo intentó, lo sabe; quienes los gestionamos, también lo sabemos.

Difícilmente podrá “quitar” un puesto de trabajo quien no puede acceder al mercado laboral si no consigue un permiso para trabajar. 

En aplicación de la Ley 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que gobierna el régimen general de extranjería, los permisos de trabajo por cuenta ajena deben cumplir de inicio una serie de condiciones inexcusables: que no exista un nacional de España que pueda cubrir ese puesto de trabajo y que el extranjero se encuentre fuera del país, ya que debe entrar en España con el visado de trabajo expedido por el consulado español en su país de origen.

Esta situación general ha tenido y tiene excepciones, entre las que quiero destacar dos: por un lado, los ocho procesos de regularización masiva de extranjeros que se han llevado a cabo en España para responder a la necesidad urgente de mano de obra en sectores como la hostelería, la construcción o el sector servicios, el último de ellos en el año 2005 y por otro lado, la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, promulgada con el ánimo de atraer talento y capital extranjero a una España en plena crisis y que dio a luz a los famosos permisos Golden Visa para inversiones superiores a 500.000 euros o los permisos para trabajadores cualificados que acrediten salarios por encima de 40.000 euros anuales.

La irregularidad es otro rayo implacable que alimenta la deshumanización: la falta de documentación conlleva la alienación de la persona en sociedad

Quienes no se encuentren en alguno de estos supuestos o tenga vínculo con un español, se ve abocado a una estancia irregular en España de al menos dos o tres años para regularizar su situación a través de la figura del arraigo que, de nuevo, va unido a una oferta de trabajo; los que tampoco pueden acceder por esta vía, se ven irremediablemente condenados a una situación de irregularidad continuada.

Sigan leyendo.

La irregularidad es otro rayo implacable que alimenta la deshumanización: la falta de documentación, “los papeles”, el tan ansiado NIE (número de identificación de extranjeros) conlleva la alienación de la persona en sociedad: no poder abrir una cuenta bancaria, no disponer de tarjeta sanitaria o acceder a una vivienda y por supuesto, en modo alguno acceder a los servicios públicos, porque no existen como ciudadanos. A todo esto se le une la sensación de inseguridad y miedo constante que acompaña a las personas en situación irregular, a ser retenidas, expulsadas y devueltas al inicio del calvario que arrancó en el país de origen. 

Así, la irregularidad se convierte en el caldo de cultivo perfecto al que acuden a alimentarse buitres carroñeros a través de la economía sumergida y la explotación laboral, cometiendo delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros a sabiendas de que nadie va a denunciar.

En este marco de vulnerabilidad extrema ¿cómo puede una persona migrada ser una amenaza para cualquier nacional del país? Ofende contestar.

Y también ofende que la gestión de entrada de población migrante se nos plantee como un problema, especialmente en el caso de los menores, cuando hemos presenciado la gran capacidad organizativa de los poderes públicos ante situaciones de mayor requerimiento material.

Basta con recordar la solución urgente y diligente que se ha desarrollado en España ante el éxodo masivo de ciudadanos ucranianos que huyen de la invasión rusa

No es necesario aturullar con cifras y datos que no aportan claridad, basta con recordar la solución urgente y diligente que se ha desarrollado en España ante el éxodo masivo de ciudadanos ucranianos que huyen de la invasión rusa, entre los que también hay menores, personas de avanzada edad y enfermos; toca recordar cómo se habilitaron centros de recepción de personas en Madrid, Málaga, Barcelona y Alicante, puntos informativos presenciales, telemáticos y telefónicos, modos de identificación de personas vía sistema Interpol para quienes no pudieran acreditar su identidad y cómo se proveyó de ayudas a la vivienda, así como de permisos de residencia, trabajo y protección internacional concedidos en 24 horas. Estas medidas se han aplicado tanto a quienes se encontraban en Ucrania cuando estalló el conflicto, el 24 de febrero de 2022, como a aquellos que ya estaban en territorio español y no podían retornar a Ucrania o no disponían de recursos económicos; tanto es así, que a día de hoy se mantiene la renovación del permiso de residencia y trabajo para nacionales ucranianos por un año adicional.
No puedo dejar de hacer notar las diferencias entre los procesos descritos en la primera parte de esta columna y los que se acaban de detallar.

Las decisiones en materia migratoria vienen pertrechadas de racismo, xenofobia y aporofobia y sus víctimas están siendo la moneda de cambio para hacer reclamos presupuestarios o llamamientos patriótico

Entonces y ahora, entiendo que las medidas adoptadas para los ciudadanos ucranianos son las que corresponden legal y moralmente a cualquier persona que se encuentre en las mismas circunstancias; ni entonces ni ahora se han vuelto a aplicar, pese a la existencia de conflictos que han ocasionado éxodos de igual o mayor nivel, pero en países africanos o de mayoría musulmana. Vaya.

Las decisiones en materia migratoria vienen pertrechadas de racismo, xenofobia y aporofobia y sus víctimas están siendo la moneda de cambio para hacer reclamos presupuestarios o llamamientos patrióticos con los que contentar a los votantes ultras, que aunque también sufren para llegar a fin de mes –precisamente por obra y gracia de quienes les interpelan– al final son de aquí, y los de fuera no. Esto permite mirar desde abajo a quien está más abajo aún y hacer parte del trabajo sucio a los que siempre están por encima.

No son pocas las fuerzas e intereses creados que intervienen y se aprovechan de los movimientos migratorios y, desafortunadamente, no tiene visos de resolverse, porque no interesa que así sea; sin embargo, que no olviden que en todos lados hay rayos que no cesan y tampoco se espera que vayan a cesar, porque como afirma el escritor y analista camerunés Sani Ladan “a las personas migradas, les va la vida en ello”. A ellas, sí.